ONG pide a jueces revertir desaparición de fondo de víctimas
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Cuartoscuro

ONG promueve amparo contra desaparición de fondo de víctimas

La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.
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16 de febrero, 2021
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La extinción del fondo a través del cual se garantizaba contar año con año con un presupuesto exclusivo para la atención a las víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos ya llegó a los tribunales. La jueza federal Ana Luisa Priego Enriquez abrió un juicio de amparo para analizar si dicha reforma representa una violación a la Constitución. 

El proceso se puso en marcha gracias a una demanda presentada por la organización civil Centro Prodh, que interpuso este recurso luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejara pasar el plazo con el que contaba para promover una acción de inconstitucionalidad. 

La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. A su vez, un colectivo de 20 familias de personas desaparecidas también promovió un amparo contra dicha reforma.

“Ante la omisión de la CNDH de no haber presentado acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma, estos amparos adquieren especial relevancia para revisar las violaciones a derechos humanos que representan estas modificaciones a la Ley General de Víctimas” indicó la organización.

Cesas Contreras, abogado del área de atención integral del Centro Prodh, dijo que la gravedad de la reforma no es la extinción directa de un fondo que, en efecto, presentaba problemas y era revisable. El problema es que se eliminó toda la disposición legal que establecía que cada año el Poder Legislativo destinaría una partida específica para apoyar a las victimas.

“Se afectó el artículo de la ley que establecía que año con año se tiene que dar un recurso etiquetado específicamente para la atención a víctimas, que no podía disminuir del año anterior y que además no podría destinarse a otro fin. Y si consideramos que la Constitución es clara en que no se puede retroceder en el avance de derechos ya conquistados, consideramos que esto debe ser revisado por un juez” dijo.

Animal Político publicó el pasado 9 de febrero que los pagos de indemnizaciones por violaciones a derechos humanos y compensaciones por delitos, que se financiaban con dicho fondo, se desplomaron más de 80% en 2020, y en el caso de las victimas de los militares cayeron hasta un 100%

Familias de víctimas que exigen que no cesen los apoyos mantienen desde hace varios días plantones y una huelga de hambre en el exterior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación. La respuesta oficial, hasta ahora, es que se preparan nuevas reglas para que dichos apoyos no se pierdan.

“No tenemos conocimiento de que se haya convocado a las victimas para el diseño de esas supuestas reglas, pero además llega muy tarde porque esto debió ocurrir antes de la reforma. Y no cambia el hecho de que, en medio de una pandemia, de crisis económica, no se puede garantizar que haya un presupuesto para el próximo año (…) en los hechos, muchas personas no están recibiendo esos apoyos y sus trámites están suspendidos”, dijo Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh.

Retroceso y omisiones

La propuesta de desaparecer el fideicomiso de víctimas fue impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como parte de una estrategia para extinguir 109 fideicomisos que, según la iniciativa, resultaban onerosos y además estaban penetrados por la corrupción. En octubre las dos cámaras del Congreso aprobaron dicha iniciativa.

La propuesta subrayaba que la extinción del fideicomiso no afectaría a las víctimas, sin embargo, desde antes de que esto se aprobara los apoyos ya habían comenzado a desplomarse de forma coincidente con las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno. Tras la extinción del fideicomiso hubo ayudas que dejaron de entregarse.

Desde su creación en 2014 el denominado FAARI ya presentaba fallas de origen, según el análisis de diversos especialistas y del propio Centro Prodh. Excesiva burocracia y opacidad en su operación complicaban en muchas ocasiones una entrega rápida de los apoyos.

Aun con lo anterior, el fideicomiso del FAARI – operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas – se había convertido en un instrumento importante. Con el se había logrado, por ejemplo, financiar la búsqueda de víctimas de personas desaparecidas o los tratamientos de mujeres sobrevivientes de torturas sexuales. 

El Centro Prodh destacó que a través de los recursos del fondo se logró cumplir con una instrucción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reparar a víctimas del caso Atenco. También se compensó de forma subsidiaria a familias de personas que fallecieron en los derrumbes del sismo de 2017.

“El fideicomiso no era nada transparente y se había aprovechado de manera arbitraria para atender algunos casos. Pero haberlo borrado sin dejar salvaguardas preocupa. Aun con sus fallas representaba un piso del cual partir y mejorar” dijo María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.

En ese contexto la organización civil considera que la CNDH tendría que haber sido la primera en poner en marcha todos los recursos legales a su disposición para que ello no se consumara. Más aún si se toma en cuenta que el 8 de octubre de 2020 la Comisión manifestó públicamente su “preocupación” por la reforma la Ley de Víctimas, situación que reiteró en el informe anual de su titular, Rosario Piedra Ibarra.

“Nosotros hicimos un análisis y es claro que legalmente tenían las facultades para presentar una acción de inconstitucionalidad por esta reforma que vulnera derechos humanos y que transgrede el principio de progresividad de los derechos, entre varios más…por eso es bastante notable esta omisión de la CNDH”, dijo la abogada Melissa Zamora.

El Centro Prodh destacó que la CNDH reportó haber promovido 113 acciones de inconstitucionalidad en 2020, pero solo una de ellas fue en contra de una legislación a nivel federal. El resto fueron acciones contra normas o disposiciones locales. “Han decidido voltear para otro lado pero no hacer su trabajo…” señaló María Luisa Aguilar.

Un amparo inédito

Ante la falta de acción de parte de la CNDH, víctimas y organizaciones decidieron llevar por su cuenta la extinción del fondo de víctimas ante los tribunales. En San Luis Potosí, por ejemplo, un colectivo de 20 familias de personas desaparecidas promovió un amparo ante la amenaza que supone dejar de recibir los recursos del fondo.

En el caso del Centro Prodh, el juicio promovido puede dar paso a un resultado inédito. Ello, ya que la demanda no se interpuso a nombre de un grupo específico de víctimas, sino de manera general, partiendo de la base de que una reforma legal como la aprobada puede generar un perjuicio en conjunto para la sociedad.

La organización ya consiguió materializar un primer paso luego de que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México analizara las constancias iniciales y aceptara, el pasado 4 de febrero, dar trámite a la demanda promovida y abrir el juicio de amparo indirecto 7/2021.

“Si el amparo progresa podría tener efectos generales, es decir, aplicar para todos. Habría que ver qué tan garantista sería la sentencia, pero lo que buscamos es que se determine la inconstitucionalidad de la reforma y que se instruya a la Cámara de Diputados a encontrar una vía para garantizar los recursos a las víctimas”, dijo la abogada.

De acuerdo con los registros judiciales, el próximo 23 de marzo la jueza Priego Enríquez ha convocado a una audiencia para determinar si concede o no una suspensión definitiva, y para el 12 de mayo se ha programado la audiencia final en la que se determinará si se concede el amparo.

María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, reiteró que no se busca volver a un fideicomiso que no de resultados, pero sí garantizar, por lo menos, la obligación de que cada año se cuente con un recurso para las víctimas y que este no pueda ser recortado. A partir de ello, dijo, pueden diseñarse las reglas de operación que se quieran.

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¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
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El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


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