Opacidad y despliegue sin estrategia en la Guardia Nacional: ASF
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Cuartoscuro

Opacidad, nula formación inicial y despliegue sin estrategia en la Guardia Nacional, confirma Auditoría

La ASF destaca que pese a tratarse de una fuerza civil, el 70% de elementos de la Guardia Nacional son militares y la nueva fuerza carece de bases e infraestructura propia.
Cuartoscuro
21 de febrero, 2021
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Con militares transferidos a sus filas sin acreditar los cursos de formación inicial ni la certificación de que eran aptos para poder hacer ese trabajo; con recursos manejados sin reglas claras y en procesos poco transparentes; y con un despliegue masivo, pero sin atender ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva.

Así fue como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha a la nueva Guardia Nacional (GN), de acuerdo con las conclusiones de tres auditorias de desempeño y financieras realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dicha fuerza.

Lee: 47 elementos de la Guardia Nacional han sido detenidos por delitos que van del robo al feminicidio

Los informes de resultados dados a conocer como parte del análisis de la Cuenta Pública 2019 arrojan que el actual gobierno ha cumplido con la premisa básica de desplegar una fuerza de seguridad nacional superior en estado de fuerza a la ya extinta Policía Federal: en 2020 contaba ya con más de 90 mil elementos.

A su vez se cumplió con un diseño que en el papel luce completo: se trata de una fuerza conformada con apoyo de las fuerzas armadas pero que por definición debe ser una policía civil, y que contempla todos los requisitos y candados legales para ser profesional: exámenes, capacitaciones, certificaciones, servicio profesional de carrera, fuertes cláusulas anticorrupción, etcétera.

Sin embargo, en los hechos el proceso a cargo de la Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina ha incumplido con varias de las disposiciones legales planteadas. Se trata de anomalías que, según la ASF, deben corregirse para garantizar que la GN resulte útil en su labor de fortalecer la seguridad y combatir al crimen.

“Se identificó que existieron elementos asignados que no cumplieron con la totalidad de requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial; asimismo, también se observó que el despliegue operativo no se realizó en función de la incidencia delictiva como lo prevé la planeación de mediano plazo; por lo que si bien, la GN se encuentra en etapa de conformación; si no corrige las deficiencias, se corre el riesgo de que los elementos responsables de la seguridad pública no cuenten con una formación policial civil; y de que el despliegue de los efectivos no contribuya a la baja de incidencia delictiva”, concluyó la ASF.

Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias cuentan con un lapso de 30 días, desde que son notificadas, para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable, según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

A continuación, se detallan los principales hallazgos reportados por los auditores en los informes de resultados:

Estado de fuerza: nula formación policial

Los informes confirman que la Guardia Nacional es una corporación preponderantemente militar, pese a que por definición debería ser una policía civil. El reclutamiento de soldados y marinos son transferidos a esta nueva fuerza se ha convertido en la regla y no en la excepción.

Prueba de ello es que, de acuerdo con la ASF, de los 90 mil 162 elementos con los que contaba esta fuerza al cierre del primer cuatrimestre de 2020, el 71.3% (7 de cada 10), son en realidad policías militares y navales enviados desde el Ejército y la Armada.

Animal Político adelantó en agosto de 2020 que ni los nuevos reclutas de la GN eran civiles. En realidad, se trataba de personal reclutado, adiestrado y contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que luego era asignado a las filas de la guardia.

De hecho, el informe de la ASF confirma que la Guardia Nacional solo ha contratado por sí sola al 0.1% de su personal. El otro 28.7%  de sus elementos son expolicías federales transferidos a la GN cuando la Policía Federal fue desarticulada.

Pero mas allá del perfil militar, lo que la ASF destaca como un punto de alerta es la deficiencia en la formación de los militares uniformados como policías.

Por ejemplo, del universo de 33 mil 971 elementos de la Sedena transferidos a la GN al cierre de 2019, los auditores revisaron los expedientes de 380 efectivos a manera de muestra. Se corroboró que 346 de ellos equivalentes al 93.8% no contaban con la constancia haber pasado siquiera el curso inicial para ser policía.

De la misma muestra seleccionada, apenas 23 elementos equivalentes al 6.2%  contaba con el curso inicial acreditado. Además 11 elementos ya habían sido dados de baja.

En el caso de 9 mil 415 policías navales de la Secretaría de Marina asignados a la GN al cierre de 2019, los auditores analizaron una muestra de 370 efectivos y encontraron que 146 equivalentes al 40%  tampoco contaban con el curso básico de formación policial acreditado.

A lo anterior se suma que más del 95% de la muestra de soldados y marinos examinados por los auditores tampoco contaban con todos los requisitos que marca la ley para su ingreso.

En respuesta a estas observaciones la Guardia Nacional informó que al cierre de 2020 ya contaba con “avances en la impartición” del curso inicial para sus efectivos, pero sin precisar cifras de ello.

En cuanto a las evaluaciones de control de confianza y la certificación de que cuentan con el perfil y habilidades para realizar una función policial, ambos requisitos obligatorios para ser policía en México, el nivel de avance en la GN es nulo: ni un solo elemento contaba con estos procedimientos aprobados.

Por el momento esto no coloca a los guardias en una situación ilegal dado que la reforma que dio paso a la creación de la GN dio un margen de tolerancia de dos años para cumplir con las evaluaciones. No obstante, para los auditores llamó la atención el nulo avance en los procesos.

“Se requiere fortalecer el desempeño en cuanto a garantizar que el personal que integra e ingrese a la GN cumpla con los requisitos para formar parte de la misma, como lo son las evaluaciones de controles de confianza y con ello, obtener su Certificado Único Policial, como elemento indispensable para que la GN logre constituirse en una corporación de seguridad pública de carácter civil, con las capacidades necesarias y con personal profesional y disciplinado”, indicaron los auditores.

Entérate: Guardia Nacional acumula cinco casos de presunto abuso de la fuerza en solo 6 meses

Dudoso despliegue

El informe de los auditores destaca que si bien, la Guardia Nacional fue desplegada en distinta proporción en todo el país, no hay evidencia que acredite que esta movilización se ha hecho para atender algún fenómeno criminal en particular.

En su análisis la ASF destaca que al cierre de 2019 la nueva fuerza ya había sido delimitada a través de 32 coordinaciones territoriales y se avanzó en la puesta en marcha de 150 regiones de las 266 previstas en total. No obstante, los auditores destacaron que este despliegue no siguió una lógica de combate a zonas de alta criminalidad.

“Se verificó que la delimitación de las regiones de 2019 no se realizó en función de la incidencia delictiva de las entidades federativas, tal es el caso de Aguascalientes y Colima, entidades que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 registraron un total de 39,130 y 27,453 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por delitos del fuero común y federal y, para ese año, sólo se delimitó una región en cada estado”, indica el informe.

Los auditores emitieron una recomendación a la Guardia Nacional para que se afinen criterios que justifiquen el despliegue operativo y que, a su vez, esto permita definir una estrategia efectiva de combate al crimen.

La ASF también llamó la atención al hecho de que los cuarteles y bases operativas de la GN se estén construyendo en todo el país a cargo de la infraestructura de la Sedena. En ese sentido recomendó al gobierno que se analice la factibilidad de dotar de equipo propio a la GN para que al término de los cinco años planteados para su formación cuente con una infraestructura propia e independiente.

Dinero opaco e irregular

Otra advertencia hecha por los auditores tiene que ver con los recursos públicos que se han implementado para la conformación de la GN, sobre todo por la participación de varias dependencias en el procedimiento.  En su análisis, la ASF ha detectado inconsistencias como falta de reglas y acuerdo que garanticen que le dinero transferido se gaste adecuadamente.

Por ejemplo, los auditores encontraron omisiones en los registros relacionados con la transferencia de más de 15 mil millones de pesos y 202 mil bienes que pertenecían a Policía Federal y fueron enviados a la Guardia Nacional.

A su vez se han detectado inconsistencias o requisitos incumplidos en diversos procesos de adjudicación o firma de contratos. Por ejemplo, en la firma de dos convenios con la Universidad de Ciencias de la Seguridad del estado de Nuevo León para la formación de instructores no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado pues la documentación que justifica el procedimiento se realizó luego del pago.

A ellos se agregan múltiples pagos sin justificación o de los que no hay soporte documental suficiente, como 15 millones erogados en conceptos de supuestas compensaciones para cinco mil elementos que la dependencia debe aclarar en qué se gastaron.

“Es necesario dar mayor transparencia al proceso, en específico, a la transferencia de recursos a la Secretaría de Seguridad, así como a los transferidos por la Policía Federal”, concluyeron los auditores.

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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