Opacidad y despliegue sin estrategia en la Guardia Nacional: ASF
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Cuartoscuro

Opacidad, nula formación inicial y despliegue sin estrategia en la Guardia Nacional, confirma Auditoría

La ASF destaca que pese a tratarse de una fuerza civil, el 70% de elementos de la Guardia Nacional son militares y la nueva fuerza carece de bases e infraestructura propia.
Cuartoscuro
21 de febrero, 2021
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Con militares transferidos a sus filas sin acreditar los cursos de formación inicial ni la certificación de que eran aptos para poder hacer ese trabajo; con recursos manejados sin reglas claras y en procesos poco transparentes; y con un despliegue masivo, pero sin atender ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva.

Así fue como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha a la nueva Guardia Nacional (GN), de acuerdo con las conclusiones de tres auditorias de desempeño y financieras realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dicha fuerza.

Lee: 47 elementos de la Guardia Nacional han sido detenidos por delitos que van del robo al feminicidio

Los informes de resultados dados a conocer como parte del análisis de la Cuenta Pública 2019 arrojan que el actual gobierno ha cumplido con la premisa básica de desplegar una fuerza de seguridad nacional superior en estado de fuerza a la ya extinta Policía Federal: en 2020 contaba ya con más de 90 mil elementos.

A su vez se cumplió con un diseño que en el papel luce completo: se trata de una fuerza conformada con apoyo de las fuerzas armadas pero que por definición debe ser una policía civil, y que contempla todos los requisitos y candados legales para ser profesional: exámenes, capacitaciones, certificaciones, servicio profesional de carrera, fuertes cláusulas anticorrupción, etcétera.

Sin embargo, en los hechos el proceso a cargo de la Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina ha incumplido con varias de las disposiciones legales planteadas. Se trata de anomalías que, según la ASF, deben corregirse para garantizar que la GN resulte útil en su labor de fortalecer la seguridad y combatir al crimen.

“Se identificó que existieron elementos asignados que no cumplieron con la totalidad de requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial; asimismo, también se observó que el despliegue operativo no se realizó en función de la incidencia delictiva como lo prevé la planeación de mediano plazo; por lo que si bien, la GN se encuentra en etapa de conformación; si no corrige las deficiencias, se corre el riesgo de que los elementos responsables de la seguridad pública no cuenten con una formación policial civil; y de que el despliegue de los efectivos no contribuya a la baja de incidencia delictiva”, concluyó la ASF.

Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias cuentan con un lapso de 30 días, desde que son notificadas, para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable, según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

A continuación, se detallan los principales hallazgos reportados por los auditores en los informes de resultados:

Estado de fuerza: nula formación policial

Los informes confirman que la Guardia Nacional es una corporación preponderantemente militar, pese a que por definición debería ser una policía civil. El reclutamiento de soldados y marinos son transferidos a esta nueva fuerza se ha convertido en la regla y no en la excepción.

Prueba de ello es que, de acuerdo con la ASF, de los 90 mil 162 elementos con los que contaba esta fuerza al cierre del primer cuatrimestre de 2020, el 71.3% (7 de cada 10), son en realidad policías militares y navales enviados desde el Ejército y la Armada.

Animal Político adelantó en agosto de 2020 que ni los nuevos reclutas de la GN eran civiles. En realidad, se trataba de personal reclutado, adiestrado y contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que luego era asignado a las filas de la guardia.

De hecho, el informe de la ASF confirma que la Guardia Nacional solo ha contratado por sí sola al 0.1% de su personal. El otro 28.7%  de sus elementos son expolicías federales transferidos a la GN cuando la Policía Federal fue desarticulada.

Pero mas allá del perfil militar, lo que la ASF destaca como un punto de alerta es la deficiencia en la formación de los militares uniformados como policías.

Por ejemplo, del universo de 33 mil 971 elementos de la Sedena transferidos a la GN al cierre de 2019, los auditores revisaron los expedientes de 380 efectivos a manera de muestra. Se corroboró que 346 de ellos equivalentes al 93.8% no contaban con la constancia haber pasado siquiera el curso inicial para ser policía.

De la misma muestra seleccionada, apenas 23 elementos equivalentes al 6.2%  contaba con el curso inicial acreditado. Además 11 elementos ya habían sido dados de baja.

En el caso de 9 mil 415 policías navales de la Secretaría de Marina asignados a la GN al cierre de 2019, los auditores analizaron una muestra de 370 efectivos y encontraron que 146 equivalentes al 40%  tampoco contaban con el curso básico de formación policial acreditado.

A lo anterior se suma que más del 95% de la muestra de soldados y marinos examinados por los auditores tampoco contaban con todos los requisitos que marca la ley para su ingreso.

En respuesta a estas observaciones la Guardia Nacional informó que al cierre de 2020 ya contaba con “avances en la impartición” del curso inicial para sus efectivos, pero sin precisar cifras de ello.

En cuanto a las evaluaciones de control de confianza y la certificación de que cuentan con el perfil y habilidades para realizar una función policial, ambos requisitos obligatorios para ser policía en México, el nivel de avance en la GN es nulo: ni un solo elemento contaba con estos procedimientos aprobados.

Por el momento esto no coloca a los guardias en una situación ilegal dado que la reforma que dio paso a la creación de la GN dio un margen de tolerancia de dos años para cumplir con las evaluaciones. No obstante, para los auditores llamó la atención el nulo avance en los procesos.

“Se requiere fortalecer el desempeño en cuanto a garantizar que el personal que integra e ingrese a la GN cumpla con los requisitos para formar parte de la misma, como lo son las evaluaciones de controles de confianza y con ello, obtener su Certificado Único Policial, como elemento indispensable para que la GN logre constituirse en una corporación de seguridad pública de carácter civil, con las capacidades necesarias y con personal profesional y disciplinado”, indicaron los auditores.

Entérate: Guardia Nacional acumula cinco casos de presunto abuso de la fuerza en solo 6 meses

Dudoso despliegue

El informe de los auditores destaca que si bien, la Guardia Nacional fue desplegada en distinta proporción en todo el país, no hay evidencia que acredite que esta movilización se ha hecho para atender algún fenómeno criminal en particular.

En su análisis la ASF destaca que al cierre de 2019 la nueva fuerza ya había sido delimitada a través de 32 coordinaciones territoriales y se avanzó en la puesta en marcha de 150 regiones de las 266 previstas en total. No obstante, los auditores destacaron que este despliegue no siguió una lógica de combate a zonas de alta criminalidad.

“Se verificó que la delimitación de las regiones de 2019 no se realizó en función de la incidencia delictiva de las entidades federativas, tal es el caso de Aguascalientes y Colima, entidades que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 registraron un total de 39,130 y 27,453 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por delitos del fuero común y federal y, para ese año, sólo se delimitó una región en cada estado”, indica el informe.

Los auditores emitieron una recomendación a la Guardia Nacional para que se afinen criterios que justifiquen el despliegue operativo y que, a su vez, esto permita definir una estrategia efectiva de combate al crimen.

La ASF también llamó la atención al hecho de que los cuarteles y bases operativas de la GN se estén construyendo en todo el país a cargo de la infraestructura de la Sedena. En ese sentido recomendó al gobierno que se analice la factibilidad de dotar de equipo propio a la GN para que al término de los cinco años planteados para su formación cuente con una infraestructura propia e independiente.

Dinero opaco e irregular

Otra advertencia hecha por los auditores tiene que ver con los recursos públicos que se han implementado para la conformación de la GN, sobre todo por la participación de varias dependencias en el procedimiento.  En su análisis, la ASF ha detectado inconsistencias como falta de reglas y acuerdo que garanticen que le dinero transferido se gaste adecuadamente.

Por ejemplo, los auditores encontraron omisiones en los registros relacionados con la transferencia de más de 15 mil millones de pesos y 202 mil bienes que pertenecían a Policía Federal y fueron enviados a la Guardia Nacional.

A su vez se han detectado inconsistencias o requisitos incumplidos en diversos procesos de adjudicación o firma de contratos. Por ejemplo, en la firma de dos convenios con la Universidad de Ciencias de la Seguridad del estado de Nuevo León para la formación de instructores no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado pues la documentación que justifica el procedimiento se realizó luego del pago.

A ellos se agregan múltiples pagos sin justificación o de los que no hay soporte documental suficiente, como 15 millones erogados en conceptos de supuestas compensaciones para cinco mil elementos que la dependencia debe aclarar en qué se gastaron.

“Es necesario dar mayor transparencia al proceso, en específico, a la transferencia de recursos a la Secretaría de Seguridad, así como a los transferidos por la Policía Federal”, concluyeron los auditores.

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Rusia y Ucrania: por qué Biden cruzó una peligrosa línea al comentar que Putin 'no puede seguir en el poder'

Las declaraciones fuera de guion del presidente estadounidense sobre su homólogo ruso han tensado las relaciones entre ambos países.
28 de marzo, 2022
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El presidente de EU, Joe Biden, hizo la semana pasada una serie de declaraciones fuera de guion que elevaron la temperatura de las relaciones entre su país y Rusia.

Su comentario improvisado el sábado en la parte final de lo que en Polonia consideraron un “gran discurso”, cuando sugirió la destitución del presidente Vladimir Putin, pudo haber tenido graves consecuencias.

En su discurso ante una multitud de funcionarios y dignatarios del gobierno polaco en el Castillo Real de Varsovia, el presidente de EE.UU. advirtió una vez más que el mundo se encuentra en medio de un conflicto decisivo en nuestra era entre democracias y autocracias.

Prometió que la OTAN defenderá “cada centímetro” del territorio de sus estados miembros. También que brindará un apoyo continuo a Ucrania, aunque señaló que el Ejército estadounidense no se enfrentará a las fuerzas rusas allí.

Fue un discurso de confrontación, aunque mesurado, en línea con el que mantienen desde hace meses las autoridades estadounidenses, comenzando por el secretario de Estado, Antony Blinken.

Al final, justo antes de los agradecimientos y la despedida, Biden comentó sobre su homólogo ruso: Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder”.

Ahí estalla la bomba.

“Este discurso, y los comentarios referidos a Rusia, son asombrosos, por usar términos educados”, declaró el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov. Biden, afirmó, “no entiende que el mundo no se limita a Estados Unidos y gran parte de Europa”.

Putin y Peskov

Getty Images
Peskov, portavoz del gobierno de Putin, criticó el comentario de Biden.

Y entonces EE.UU. recula.

“El punto del presidente era que no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre sus vecinos o la región”, alegó un funcionario de Washington. “No estaba debatiendo el poder de Putin en Rusia, o un cambio de régimen”.

La línea entre condenar y pedir un cambio de régimen

La rapidez con la que se emitió la “aclaración”, de la que luego se hizo eco Blinken, sugiere que el gobierno de EE.UU. comprende el peligro inherente de las palabras de Biden.

Horas antes el presidente de Estados Unidos había llamado “carnicero” a Putin; y la semana pasada pareció adelantarse al procedimiento diplomático de su propia administración al acusar al líder ruso de crímenes de guerra.

En ambos casos los comentarios de Biden provocaron condenas y advertencias de Moscú de que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia se estaban deteriorando hasta el punto de ruptura.

Hay una línea entre condenar al líder de una nación -la retórica a veces sobrecalentada de la diplomacia- y pedir su destitución; una línea que tanto los estadounidenses como los soviéticos respetaban incluso en el apogeo de la Guerra Fría; una línea que Biden, en principio, ha cruzado.

Frecuentemente se acusa a los países poderosos de imponer a los débiles un “cambio de régimen”.

Esto, sin embargo, no suele ser lo que una nación con armas nucleares exige a otra.

El domingo incluso algunos aliados de Estados Unidos intentaban distanciarse de los comentarios de Biden.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que el líder estadounidense estaba poniendo en peligro las negociaciones de armisticio entre Rusia y Ucrania.

“Queremos detener la guerra que Rusia ha creado en Ucrania sin una escalada”, afirmó. “Si esto es lo que queremos hacer no debemos agravar las cosas, ni con palabras ni con acciones”.

En Washington, los líderes del Congreso también expresaron su preocupación. El republicano de Idaho Jim Risch, el de mayor rango en su partido en el comité de relaciones exteriores del Senado, calificó los comentarios de Biden como una “horrible metedura de pata”.

“Dios mío, desearía que lo ciñeran al guion”, declaró. “Decir, o incluso como hizo él, sugerir que tu política es de cambio de régimen, causa un gran problema. Esta administración ha hecho todo lo posible para detener la escalada. No hay mucho más que puedas hacer para aumentarla que pedir un cambio de régimen”.

Un historial de comentarios improvisados

Joe Biden y Barack Obama en 2012

Getty Images

Es conocida la tendencia de Biden a hacer comentarios improvisados que pueden ponerlo en situaciones difíciles.

Estos han dañado anteriores candidaturas presidenciales y en ocasiones han sembrado la frustración entre los funcionarios de la administración Obama cuando era vicepresidente. Sin embargo, tales comentarios no son del todo accidentales. Pueden revelar lo que siente Biden aún si su cabeza -y las de quienes lo rodean- preferirían que se callara.

A veces son una fortaleza política, escribe Tom Nichols de la publicación The Atlantic, que permite a Biden conectarse auténticamente con las emociones del pueblo estadounidense.

Pero en este momento actual de crisis diplomática, cuando unas palabras mal elegidas pueden acarrear consecuencias importantes, también se consideran una debilidad.

“Es difícil culpar a Biden por no contener su conocido temperamento después de hablar con las personas que han sufrido la barbarie de Putin”, escribe Nichols. “Pero las palabras de todos los líderes mundiales importan en este momento, y ninguna más que las del presidente de Estados Unidos”.

Es posible que Biden crea que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están tan dañadas que no se repararán mientras Putin esté en el poder. Sin embargo, decirlo explícitamente podría dificultar el objetivo inmediato de Estados Unidos: poner fin a la guerra en Ucrania y preservar la integridad territorial de la nación.

La guerra en Ucrania no transcurre como Putin pretendía. Su ejército está atascado en amargos combates y las bajas van en aumento. Su economía está sufriendo el peso de las sanciones económicas. Rusia está cada vez más aislada del resto del mundo.

La situación tiene potencial para llevar a la desescalada que piden EE.UU. y sus aliados, pero también podría hacer que Putin se desespere más. Y si el líder ruso cree que su poder está en juego, y piensa que EE. UU. persigue ese objetivo de forma abierta, es posible que el giro que tome la crisis a partir de ahora no sea precisamente el de la paz.


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