Lo que se sabe de la mafia rumana que opera en México clonando tarjetas
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Cuartoscuro

Lo que se sabe de la mafia rumana que opera hace años en México clonando tarjetas

Se estima que de 2014 a 2019, la banda de rumanos robó alrededor de mil 200 millones de dólares a través de diversos cajeros automáticos.
Cuartoscuro
13 de febrero, 2021
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Hace casi seis años, en septiembre de 2015, el diario birtánico Daily Mail reveló los primeros indicios de un grupo criminal extranjero dedicado a la clonación de tarjetas a través de cajeros automáticos, en zonas turísticas de Quintana Roo. 

La investigación, hecha por el experto en ciberseguridad Brian Krebs, señala que por lo menos 19 cajeros automáticos ubicados en la Riviera Maya estaban intervenidos con dispositivos de Bluetooth que permitían el robo de los datos bancarios.

Leer más: De Rumania a Cancún: los bandidos globales que roban cajeros en la Riviera Maya

Según el artículo, la información robada era vendida con el fin de clonar tarjetas y efectuar compras por internet. Con este sistema, los criminales habrían obtenido hasta 5 millones de dólares mensuales.

Los dispositivos colocados podían almacenar los datos de hasta 32 mil personas y se encontraban en cajeros de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, los sitios más visitados de Quintana Roo. 

En aquel entonces, Daily Mail denominó a este grupo criminal como la ‘Mafia Rusa’ por el presunto lugar de origen de los criminales. 

Tras esta publicación, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación sobre el caso descubriendo que en realidad se trataba de una red de criminales rumanos.

En junio de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la organización Quinto Elemento Lab, presentó una investigación en la que reveló que la organización criminal originaria de Rumania, en realidad llegó a México desde marzo de 2014 y se extendió a otros estados como Jalisco y Guanajuato. 

Desde entonces hasta mediados de 2019, según la investigación de MCCI, el grupo delictivo robó alrededor de mil 200 millones de dólares a través de diversos cajeros automáticos. 

De acuerdo con MCCI, en 2014, la banda rumana se estableció en México como una empresa llamada Top Life Servicios y firmó un contrato con el banco Multiva para instalar cajeros automáticos en diversos puntos turísticos. Fue a través de esos cajeros que efectuaron el robo de datos durante años. 

Las tarjetas clonadas eran usadas para sacar dinero en otros países. Además de México, los integrantes de la banda operaban desde países como Indonesia, India, Barbados, Paraguay, Japón y Taiwán. 

Investigación internacional

Al tratarse de una banda con sede en diversos países y que afectaba a turistas nacionales e internacionales, la investigación del caso la tomó la Fiscalía General de la República, en México, y agencias como el FBI en Estados Unidos. 

En 2019, las autoridades mexicanas clausuraron todos los cajeros automáticos operados por el grupo criminal e iniciaron una investigación en contra del empresario de origen rumano, Florián Tudor, al estar presuntamente relacionado la banda delictiva. 

Tudor fue detenido a mediados de 2019 en Quintana Roo y liberado horas después al no encontrar sustento para retenerlo.

Igualmente, las autoridades de Rumania lograron la detención de algunos de los integrantes del grupo criminal. Uno de ellos declaró a Fiscalía de su país que controlaban alrededor de 10 cajeros y que cada uno de ellos copiaba alrededor de mil tarjetas al mes. 

“Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes”, se lee en la declaración, a la cual tuvo acceso MCCI. 

Por su parte, el empresario Florián Tudor, a través de una carta enviada a Animal Político en mayo de 2020, negó tener relación alguna con los criminales rumanos y dijo que desde hace años se le ha querido involucrar con la mafia rumana. 

“Ese estigma ha servido para desprestigiarme y discriminarme, desde el año 2015 hasta la fecha, por diversos medios informativos, y que a través de éstos he sido objeto de varias extorsiones a la fecha (…) Esa mafia de rumanos es el grupo de los hermanos Marcu, a los cuales ya he denunciado anteriormente”, se lee en la carta recibida por este medio. 

Incluso, Tudor denunció ante la FGR diversos abusos e irregularidades cometidos por agentes federales durante el cateo hecho a su casa como parte de la investigación.

Los hermanos Marcu a los que se refiere Tudor, son viejos conocidos suyos que con el paso del tiempo se convirtieron en sus rivales. En la investigación de MCCI se menciona que uno de ellos, de nombre Constantin Marcu, fue asesinado en 2018 frente a la casa de Tudor por uno de sus escoltas, quien aseguró haberlo hecho en legítima defensa. 

En ese momento, la versión que Fiscalía General de Quintana Roo dio a los medios locales fue que Marcu fue atacado a disparos porque había intentado secuestrar a un primo de Tudor, además de que se dedicaba a extorsionar a empresarios. 

Al momento la FGR no ha brindado mayor información sobre la investigación de Florián Tudor. 

Retienen a rumanos y congelan cuentas

A inicios de febrero, el caso de la mafia rumana retomó importancia luego de que decenas de ciudadanos de Rumania, que dijeron ser turistas, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún. 

Las autoridades mexicanas confiscaron sus documentos y argumentaron que realizaron esta acción porque las personas de origen rumano no pudieron comprobar los motivos de su viaje. 

El Instituto Nacional de Migración señaló que tras la revisión de documentos descubrieron que algunas personas contaban con alerta de viaje. 

Luego de tres días, las autoridades mexicanas permitieron la entrada a nuestro país a 136 turistas rumanos, mientras que 4 fueron repatriados.

Eduardo Albor, cónsul honorario de Rumania en Quintana Roo, agradeció la intervención de la Cancillería de México y del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Gonzalez, para el libre paso de los ciudadanos rumanos. 

En tanto, el encargado de negocios de Rumania en México y Centroamérica, Ionuț Vâlcu, acudió al aeropuerto de Cancún para supervisar que se respetaran los derechos de sus conciudadanos. 

Por su parte, las autoridades mexicanas no emitieron ninguna información sobre el motivo por el cual los ciudadanos fueron retenidos y sus documentos revisados. 

Un día después de la liberación de los turistas rumanos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, habló sobre el caso de la mafia rumana. 

El funcionario informó que por un acuerdo con el gabinete de seguridad nacional del gobierno federal, la dependencia a su cargo bloqueó las cuentas de 79 personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y rumana, “que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”. 

En los días posteriores se conocieron algunos nombres de las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas. Entre ellos hay empresarios y políticos, de acuerdo con un documento de Hacienda al que tuvo acceso Reforma

Algunos de los políticos, funcionarios y empresarios que aparecen en la lista de la UIF son: José de la Peña Ruíz de Chávez, diputado local de Q. Roo por el partido Verde; José Luis Jonathan Yong, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez; Jonathan Medina Nava, exfiscal del fuero común en el estado, y Adrián Nicolae Cosmin, socio del empresario Florian Tudor. 

Luego de conocer esta información, el Consejo Estatal del PVEM en Quintana Roo anunció la destitución de José de la Peña Ruíz de Chávez, quien también era coordinador de la bancada del Partido Verde y presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso estatal. 

Apenas este jueves, José de la Peña Ruíz de Chávez informó que se encuentra en la Ciudad de México en atención a la notificación de la UIF. 

“Contrario a los que muchos pensarían estoy atendiendo la investigación de manera formal y frontal (…) Una investigación de la cual les digo con la frente en alto; que no tengo, no he tenido, ni tendré relación, amistad o negocios con presuntos grupos y personas criminales”, escribió. 

Otro de los nombres que circuló como unos de los políticos con cuentas bloqueadas fue el de René Bejarano, actual aspirante a diputado federal por Morena, sin embargo esta información fue desmentida por él mismo y por el titular de la UIF, Santiago Nieto. umania

Con información de Reforma (suscripción necesaria), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Por Esto de Quintana Roo.

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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