El empresario Alonso Ancira y la exsecretaria de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga formalizaron ante un juez su intención de colaborar con las autoridades en los procesos iniciados en su contra por los casos Agronitrogenados y La Estafa Maestra. Se trata de una colaboración que, de cerrarse exitosamente, los dejaría a ambos en libertad sin llegar al juicio.
Autoridades federales y expertos penalistas consultados por Animal Político confirmaron el alcance de estas negociaciones y el arranque de las mismas, aunque advirtieron que en ambos casos aún restan por cumplir algunos requisitos clave.
En el proceso en contra de Robles el punto no resuelto está en la reparación del daño. La Fiscalía General de la República le exigía la devolución de cerca de cinco mil millones de pesos, mientras que su defensa considera que no procede el pago. Esa situación es la que ha complicado la fase final de la negociación.
En el caso del consejero presidente y copropietario Altos Hornos de México, si bien el empresario señaló que ha acordado con Pemex un acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares, la acusación en su contra por lavado de dinero es de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, la cual tendría que sumarse a dicho arreglo, lo que no está confirmado.
A continuación, se detalla el momento actual en el que se encuentran ambos casos y los puntos clave que deben resolverse para que ninguno llegue a juicio.
Caso Rosario Robles
Las imputaciones
La exsecretaria Rosario Robles está vinculada a proceso penal por dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisiones, bajo la hipótesis de no haber frenado la firma de convenios que las dependencias que encabezó realizaron con universidades públicas bajo el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.
De acuerdo con la acusación presentada ante el juez por escrito, pero que ayer ya no fue confirmada en audiencia ante la posibilidad de negociar una salida alterna, las omisiones permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
Por este caso Robles se encuentra presa desde hace año y medio en el penal de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México. Además, existe una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque la FGR no ha ejecutado dicha orden ante la posibilidad de llegar a un acuerdo.
La negociación
Desde diciembre pasado y por instrucciones de la exfuncionaria, los abogados de la defensa iniciaron un contacto formal con la FGR para buscar un acuerdo doble: un criterio de oportunidad como testigo colaboradora que permita cancelar la orden de aprehensión en su contra por crimen organizado; y un procedimiento abreviado en el caso iniciado por omisiones, que significa declararse culpable a cambio de una pena reducida.
El que ambos beneficios se logren es clave para las partes, dado que tanto el caso de crimen organizado así como el de omisiones están relacionados con los convenios de La Estafa Maestra. El pelear uno le restaría fuerza al otro.
Originalmente la FGR había solicitado una pena máxima de 21 años de prisión en contra de Robles sumado al pago de una reparación del daño superior a los cinco mil millones de pesos.
En el caso de la pena de prisión, fuentes que participan en el caso indicaron que FGR aceptó negociar la reducción de esta siempre y cuando no se retiren las agravantes.
Ello daría como resultado condenas máximas de 4 años por cada uno de los dos delitos, las cuales no se suman, sino que se compurgan de forma simultánea. El establecimiento de las penas mínimas por cada delito es una condición establecida en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, en lo que no hubo acuerdo previo es en retirar el reclamo de reparación del daño, situación que la defensa de Robles considera improcedente dado que el delito de omisiones que se le imputa es de naturaleza “formal”, es decir, sin una consecuencia directa material.
Fue ese punto el que impidió tener el acuerdo listo en la audiencia realizada el día de ayer, y lo que motivó que el juez del caso, Ganther Villar, ordenara agilizar el procedimiento.
¿Qué sigue?
Por instrucción del juez, la FGR tiene cinco días hábiles para realizar el contacto final con Robles y, de ser el caso, formalizar el acuerdo del procedimiento abreviado, el cual deberá contar con la autorización de un subprocurador o del propio titular de la FGR.
La presentación formal de dicho procedimiento abreviado deberá realizarse en la continuación de la audiencia intermedia programada para el próximo 27 de febrero. Si este es el caso, en esa misma sesión Robles podría aceptar su responsabilidad y que se le impongan las penas mínimas.
Una ventaja para la exfuncionaria es que ya lleva un año y medio presa, por lo que estaría cerca de cumplir más de la mitad de la pena que le impongan. Ese hecho, sumado a que la sanción no excedería de 4 años de cárcel, le permitirían recobrar anticipadamente su libertad, explicaron los penalistas consultados.
En caso contrario y de no haber acuerdo, la FGR deberá proceder con la formulación oral de la acusación en su contra y solicitaría fecha para juicio.
Por otro lado, aunque existe desde el año pasado una orden de aprehensión en contra de Robles por delincuencia organizada, la Fiscalía no la ha cumplimenta debido a la negociación de un posible criterio de oportunidad para este caso en específico. De prosperar la colaboración y volverse testigo colaboradora, esta orden sería cancelada.
Caso Alonso Ancira
El empresario Alonso Ancira, accionista y presidente del consejo de administración de la Altos Hornos de México, fue imputado por la FGR del delito de lavado de dinero al haberle pagado al exdirextor de Pemex, Emilio Lozoya, sobornos por más de tres millones u medio de dólares en 2012.
Esos pagos, según la indagatoria, fueron retribuidos posteriormente con la compra a sobreprecio por parte de Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos. El complejo —según auditorías posteriores— estaba en condiciones de chatarra y le ocasionaron a Petróleos Mexicanos pérdidas millonarias.
Tras considerar que la evidencia inicial era suficiente, un juez federal vinculó a proceso a Ancira por el referido delito y ordenó el encarcelamiento preventivo del empresario tras considerar que existe riesgo de fuga.
La negociación
Desde el año pasado, cuando Ancira aún se encontraba en España combatiendo la solicitud de extradición que finalmente fue consumada, el empresario y la defensa iniciaron acercamientos con el gobierno federal para pactar el posible pago de una compensación económica por la afectación que trajo a Pemex la adquisición de Agronitrogenados.
Dicha colaboración, según lo expuesto ante el juez, fructificó con un acuerdo inicial de carácter reparatorio acordado inicialmente entre la defensa y Petróleos Mexicanos, que se traduciría en el pago de 219 millones de dólares de Altos Hornos al Estado como compensación por el impacto del fraude.
¿Qué sigue?
El juez responsable del proceso contra Ancira concedió a la FGR un plazo de seis meses para completar la investigación en curso y definir si lo acusa formalmente o no de lavado de dinero. Ese es el lapso en el cual Ancira deberá acreditar el pago que su defensa ha mencionado.
Penalistas consultados por Animal Político explicaron que un acuerdo reparatorio entre las partes se traduciría en la detención del proceso penal en contra del imputado, al menos de forma temporal. Como consecuencia se levantaría la medida de prisión preventiva a Ancira y este saldría libre sin llegar a un juicio.
No obstante, los expertos advirtieron que en el caso específico del copropietario de Altos Hornos, la denuncia por lavado de dinero la promovió la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de inteligencia Financiera. Ello significa que cualquier posible negociación o acuerdo también deberá ser avalado por la unidad encabezada por Santiago Nieto.
Si el acuerdo prospera y los denunciantes se retiran, la FGR pedirá al juez que convoque a una audiencia para solicitar formalmente la cancelación o suspensión del proceso penal. De no ser ese el caso, la Fiscalía está obligada a continuar con la investigación para presentar ante el juez una acusación formal y solicitar —con pruebas— la apertura de un juicio.
Otra opción, indicaron los expertos, es que avanzada la fase de investigación Ancira busque un procedimiento abreviado como el de Robles, lo que podría significarle una pena mínima sin llegar a juicio.
