¿Robles y Ancira libres? Esto les falta para cerrar sus casos sin ir a juicio
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¿Robles y Ancira libres? Estos son los pasos que faltan para cerrar sus casos sin ir a juicio

Tanto la exfuncionaria como el empresario formalizaron ante un juez su decisión de evitar un juicio y colaborar con las autoridades declarándose culpables o devolviendo dinero. Ambos recobrarán su libertad si la negociación resulta exitosa.
Cuartoscuro
11 de febrero, 2021
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El empresario Alonso Ancira y la exsecretaria de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga formalizaron ante un juez su intención de colaborar con las autoridades en los procesos iniciados en su contra por los casos Agronitrogenados y La Estafa Maestra. Se trata de una colaboración que, de cerrarse exitosamente, los dejaría a ambos en libertad sin llegar al juicio.

Autoridades federales y expertos penalistas consultados por Animal Político confirmaron el alcance de estas negociaciones y el arranque de las mismas, aunque advirtieron que en ambos casos aún restan por cumplir algunos requisitos clave.

En el proceso en contra de Robles el punto no resuelto está en la reparación del daño. La Fiscalía General de la República le exigía la devolución de cerca de cinco mil millones de pesos, mientras que su defensa considera que no procede el pago. Esa situación es la que ha complicado la fase final de la negociación.

En el caso del consejero presidente y copropietario Altos Hornos de México, si bien el empresario señaló que ha acordado con Pemex un acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares, la acusación en su contra por lavado de dinero es de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, la cual tendría que sumarse a dicho arreglo, lo que no está confirmado.

A continuación, se detalla el momento actual en el que se encuentran ambos casos y los puntos clave que deben resolverse para que ninguno llegue a juicio.

Caso Rosario Robles

Las imputaciones

La exsecretaria Rosario Robles está vinculada a proceso penal por dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisiones, bajo la hipótesis de no haber frenado la firma de convenios que las dependencias que encabezó realizaron con universidades públicas bajo el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.

De acuerdo con la acusación presentada ante el juez por escrito, pero que ayer ya no fue confirmada en audiencia ante la posibilidad de negociar una salida alterna, las omisiones permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Por este caso Robles se encuentra presa desde hace año y medio en el penal de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México. Además, existe una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque la FGR no ha ejecutado dicha orden ante la posibilidad de llegar a un acuerdo.

La negociación

Desde diciembre pasado y por instrucciones de la exfuncionaria, los abogados de la defensa iniciaron un contacto formal con la FGR para buscar un acuerdo doble: un criterio de oportunidad como testigo colaboradora que permita cancelar la orden de aprehensión en su contra por crimen organizado; y un procedimiento abreviado en el caso iniciado por omisiones, que significa declararse culpable a cambio de una pena reducida.

El que ambos beneficios se logren es clave para las partes, dado que tanto el caso de crimen organizado así como el de omisiones están relacionados con los convenios de La Estafa Maestra. El pelear uno le restaría fuerza al otro.

Originalmente la FGR había solicitado una pena máxima de 21 años de prisión en contra de Robles sumado al pago de una reparación del daño superior a los cinco mil millones de pesos. 

En el caso de la pena de prisión, fuentes que participan en el caso indicaron que FGR aceptó negociar la reducción de esta siempre y cuando no se retiren las agravantes.

Ello daría como resultado condenas máximas de 4 años por cada uno de los dos delitos, las cuales no se suman, sino que se compurgan de forma simultánea. El establecimiento de las penas mínimas por cada delito es una condición establecida en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo, en lo que no hubo acuerdo previo es en retirar el reclamo de reparación del daño, situación que la defensa de Robles considera improcedente dado que el delito de omisiones que se le imputa es de naturaleza “formal”, es decir, sin una consecuencia directa material.  

Fue ese punto el que impidió tener el acuerdo listo en la audiencia realizada el día de ayer, y lo que motivó que el juez del caso, Ganther Villar, ordenara agilizar el procedimiento.

¿Qué sigue?

Por instrucción del juez, la FGR tiene cinco días hábiles para realizar el contacto final con Robles y, de ser el caso, formalizar el acuerdo del procedimiento abreviado, el cual deberá contar con la autorización de un subprocurador o del propio titular de la FGR.

La presentación formal de dicho procedimiento abreviado deberá realizarse en la continuación de la audiencia intermedia programada para el próximo 27 de febrero. Si este es el caso, en esa misma sesión Robles podría aceptar su responsabilidad y que se le impongan las penas mínimas.

Una ventaja para la exfuncionaria es que ya lleva un año y medio presa, por lo que estaría cerca de cumplir más de la mitad de la pena que le impongan. Ese hecho, sumado a que la sanción no excedería de 4 años de cárcel, le permitirían recobrar anticipadamente su libertad, explicaron los penalistas consultados.

En caso contrario y de no haber acuerdo, la FGR deberá proceder con la formulación oral de la acusación en su contra y solicitaría fecha para juicio.

Por otro lado, aunque existe desde el año pasado una orden de aprehensión en contra de Robles por delincuencia organizada, la Fiscalía no la ha cumplimenta debido a la negociación de un posible criterio de oportunidad para este caso en específico. De prosperar la colaboración y volverse testigo colaboradora, esta orden sería cancelada.

Caso Alonso Ancira

El empresario Alonso Ancira, accionista y presidente del consejo de administración de la Altos Hornos de México, fue imputado por la FGR del delito de lavado de dinero al haberle pagado al exdirextor de Pemex, Emilio Lozoya, sobornos por más de tres millones u medio de dólares en 2012.

Esos pagos, según la indagatoria, fueron retribuidos posteriormente con la compra a sobreprecio por parte de Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos. El complejo —según auditorías posteriores— estaba en condiciones de chatarra y le ocasionaron a Petróleos Mexicanos pérdidas millonarias.

Tras considerar que la evidencia inicial era suficiente, un juez federal vinculó a proceso a Ancira por el referido delito y ordenó el encarcelamiento preventivo del empresario tras considerar que existe riesgo de fuga.

La negociación

Desde el año pasado, cuando Ancira aún se encontraba en España combatiendo la solicitud de extradición que finalmente fue consumada, el empresario y la defensa iniciaron acercamientos con el gobierno federal para pactar el posible pago de una compensación económica por la afectación que trajo a Pemex la adquisición de Agronitrogenados.

Dicha colaboración, según lo expuesto ante el juez, fructificó con un acuerdo inicial de carácter reparatorio acordado inicialmente entre la defensa y Petróleos Mexicanos, que se traduciría en el pago de 219 millones de dólares de Altos Hornos al Estado como compensación por el impacto del fraude.

¿Qué sigue? 

El juez responsable del proceso contra Ancira concedió a la FGR un plazo de seis meses para completar la investigación en curso y definir si lo acusa formalmente o no de lavado de dinero. Ese es el lapso en el cual Ancira deberá acreditar el pago que su defensa ha mencionado.

Penalistas consultados por Animal Político explicaron que un acuerdo reparatorio entre las partes se traduciría en la detención del proceso penal en contra del imputado, al menos de forma temporal. Como consecuencia se levantaría la medida de prisión preventiva a Ancira y este saldría libre sin llegar a un juicio.

No obstante, los expertos advirtieron que en el caso específico del copropietario de Altos Hornos, la denuncia por lavado de dinero la promovió la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de inteligencia Financiera. Ello significa que cualquier posible negociación o acuerdo también deberá ser avalado por la unidad encabezada por Santiago Nieto.

Si el acuerdo prospera y los denunciantes se retiran, la FGR pedirá al juez que convoque a una audiencia para solicitar formalmente la cancelación o suspensión del proceso penal. De no ser ese el caso, la Fiscalía está obligada a continuar con la investigación para presentar ante el juez una acusación formal y solicitar —con pruebas— la apertura de un juicio.

Otra opción, indicaron los expertos, es que avanzada la fase de investigación Ancira busque un procedimiento abreviado como el de Robles, lo que podría significarle una pena mínima sin llegar a juicio.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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