Polevnsky busca ser diputada de Morena; tiene abiertas 2 investigaciones
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Yeidckol Polevnsky busca ser diputada plurinominal de Morena; aún tiene pendientes dos indagatorias

Colaboradores de Polevnsky confirmaron que, a través de un representante legal, la exdirigente efectuó su registro como aspirante por la Quinta Circunscripción electoral, a la que pertenece el Estado de México.
Cuartoscuro
2 de febrero, 2021
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Con dos investigaciones abiertas en su contra por presunto ejercicio indebido de recursos públicos —una de la FGR y otra del INE—, la exsecretaria general de Morena Yeidckol Polevnsky se registró como aspirante a diputada federal de su partido por la vía plurinominal.

Colaboradores de Polevnsky confirmaron a Animal Político que, a través de un representante legal, la exdirigente efectuó su registro como aspirante por la Quinta Circunscripción electoral, a la que pertenece el Estado de México, donde tiene su domicilio.

Te puedes interesar: INE indaga a Yeidckol Polevnsky por pagos irregulares de 398 mdp en Morena

Una vez que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena revise y apruebe su solicitud de registro, Polevnsky —quien ha sido senadora de la República y secretaria general de Morena— aparecerá en la lista de candidatos a diputados de representación proporcional (plurinominales).

Es previsible que a Polevnsky se le asigne uno de los primeros lugares en las listas, lo que prácticamente garantiza su acceso a la Cámara de Diputados y, con ello, a la protección constitucional del fuero de que gozan los legisladores.

Las fuentes consultadas señalaron que la morenista buscaría perfilarse como coordinadora de su bancada en San Lázaro. 

“La diputación es algo que ella se merece por todo lo que ha hecho por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador”, afirmaron.

Este medio buscó directamente a Polevnsky para preguntarle sobre sus nuevas aspiraciones políticas, pero no atendió la solicitud.

La militancia de Polevnsky junto a López Obrador a lo largo de casi dos décadas le permitió acceder a puestos importantes de la función pública y ascender a la máxima dirección del partido hoy en el poder. 

Su trayectoria política ha estado envuelta en polémicas (por ejemplo, se dio a conocer que se benefició de la condonación de impuestos millonarios durante el peñismo), y su gestión en Morena concluyó con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos malos manejos de recursos públicos.

Dicha denuncia acusa que, poco antes de ser destituida de la dirigencia de Morena —en enero de 2020—, Polevnsky personalmente autorizó un pago fast-track de 398 millones de pesos a dos proveedores por bienes que no se entregaron y obras que nunca se llevaron a cabo. Los pagos beneficiaron a dos empresas de Grupo Ebor, del empresario Enrique Borbolla García, amigo de Polevnsky.

En junio, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de la morenista por posible peculado y corrupción.

Paralelamente a la indagatoria de la Fiscalía, el Instituto Nacional Electoral (INE) le inició un procedimiento oficioso para investigar la transacción de los 398 millones de pesos a las empresas de Grupo Ebor, un pago que el partido intentó ocultar en su contabilidad para burlar a la autoridad.

El árbitro electoral advirtió que presentará una denuncia ante la FGR si concluye que hubo un delito en el manejo de los recursos públicos, con lo que Polevnsky sumaría dos procesos ante la Fiscalía.

Fuentes del INE prevén que dicho expediente no quede listo antes del registro formal de las candidaturas, pero confiaron en que se concluya previo a la jornada electoral del 6 de junio.

Política empresarial

Polevnsky suele definirse como política y empresaria. Antes de militar con López Obrador, había sido dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). 

En 2004 fue designada como candidata externa del PRD a la gubernatura del Estado de México, contienda que perdió frente al priista Enrique Peña Nieto. Abanderada de nuevo por el partido del sol azteca, en 2006 fue elegida senadora de la República por mayoría relativa.

A partir de 2012, Polevnsky no ocupó ningún cargo público ni partidista, pero trabajó en la construcción de la tercera campaña presidencial de López Obrador. Fue hasta 2015 que la mexiquense asumió la secretaría general del recién creado partido Morena, y dos años después tomó las riendas como presidenta en funciones.

Aun cuando tenía derecho a un pago de honorarios por el desempeño de su cargo en la dirección de Morena, Polevnsky aseguraba que no cobraba por su trabajo partidista —que hacía como “voluntaria” del movimiento obradorista— y que vivía de sus “rentas”.

Ningún ciudadano sabría, sin embargo, qué actividades le generaban rentas a la morenista, ni a cuánto ascendían esos ingresos. La única declaración patrimonial de Polevnsky es la que entregó al Senado en su paso como legisladora, pero su contenido no es público, pues, año con año, la mexiquense solicitó reservar por completo la información relativa a sus bienes, ingresos e inversiones, según los documentos en poder de Animal Político.

En octubre de 2019, se dio a conocer que el SAT le condonó impuestos por 16.4 millones de pesos en 2013. Polevnsky refutó que ese adeudo se le había generado por un “error” en el registro de su régimen fiscal, y que la autoridad fiscalizadora accedió a cancelarle el cobro al aclararse la equivocación.

Como dirigente de Morena (dos años como secretaria general y dos como presidenta en funciones), Polevnsky atravesó turbulencias y críticas internas. 

Por ejemplo, en mayo de 2019, en medio de las elecciones estatales de Tamaulipas, fue captada abordando una aeronave privada para hacer un viaje que habría tenido un costo estimado de 23 mil dólares. No se conoció si el partido, o ella, pagó el servicio, o si se trató de una donación ilegal de campaña, pues ni Polevnsky ni Morena accedieron a transparentar la información.

En 2017, poco antes de los comicios estatales en cuatro estados, se filtró una conversación telefónica entre la entonces dirigente y un hijo de López Obrador en la que ambos abordaban, supuestamente, la contratación de una empresa para justificar castos de campaña del partido. Polevnsky señaló que el audio fue sacado de contexto.

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Países como Colombia o México 'no tienen alternativa' a seguir con la guerra contra las drogas: expresidente Rafael Pardo

El colombiano Rafael Pardo fue uno de los políticos que tuvo que lidiar con la lucha contra el tráfico de narcóticos, una guerra dirigida por Estados Unidos que, según él, países como Colombia o México no tienen otra opción que acoger.
21 de junio, 2021
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Han pasado 50 años y la guerra contra las drogas sigue sin ganarse.

Este mes se cumple medio siglo desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declarara una lucha frontal contra el tráfico ilegal de estupefacientes.

Una política interna de Washington que marcó profundamente a Colombia, México y otros países de América Latina.

El político colombiano Rafael Pardo es quizá una de las personas que más de cerca vivió esa guerra en la región.

Con 30 años entró al gobierno como consejero de paz y entre 1991 y 1994 fue ministro de Defensa durante el gobierno de César Gaviria.

Desde ahí tuvo que enfrentar al poderoso cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar. En esos años el narco fue detenido como parte de una amnistía, se escapó de la cárcel y mantuvo una lucha violenta contra el Estado que dejó cientos de víctimas y terminó con su muerte en 1993.

Rafael Pardo

AFP
Rafael Pardo ha sido miembros del establecimiento político durante décadas en Colombia, pero además ha sido escritor de varios libros, entre ellos “La guerra sin fin”.

Pardo luego fue periodista, candidato a la presidencia y a la alcaldía de Bogotá, ministro de Trabajo y ficha clave del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su libro “Guerra sin fin” sobre el tráfico de narcóticos se publicó el año pasado por la editorial Planeta.

A propósito del aniversario del anuncio de Nixon, Pardo habló con BBC Mundo.


Usted hizo parte fundamental del establecimiento político que luchó contra el narco durante décadas. ¿Cree que se equivocaron en algo?

En los años 80 ya había pasado el boom de la marihuana y empezaba el de la cocaína. Los carteles estaban en auge. Hoy ya no existen. Pablo Escobar y su cartel de Medellín ya no están y el cartel de Cali fue extraditado.

Cuando era ministro de Defensa, entre el 91 y el 94, fumigamos la amapola y Colombia hoy es un productor marginal de ese producto base para la producción de heroína.

La prioridad era librarnos de narcoterrorismo y nos libramos.

¿Tenían o tienen países como Colombia o México una opción distinta a seguir y apoyar la política antidrogas de Washington?

Nuestros países no tenían ni tienen alternativa a seguir con la guerra contra las drogas.

Es clave, antes y ahora, estar en sintonía con Estados Unidos, porque su influencia nos marca en todo sentido: económico, militar y político.

Y en este gobierno (de Estados Unidos) de Joe Biden no se muestra ningún signo de cambio.

¿Qué impacto tuvo el narcotráfico en la economía colombiana?

La revaluación del peso es uno, y eso le restó competitividad a la economía legal, porque quitó los incentivos para exportar. Colombia sería un país más próspero si no hubiera narcotráfico.

El dólar callejero está tradicionalmente más bajo que el dólar en las casas de cambio o en los bancos.

Pero además hay un efecto cultural. La riqueza fácil, la idea de que todo vale para enriquecerse, marcó a este país. Hasta en los colegios hay cierta admiración por los narcos.

El narcotráfico ha sido una desgracia para Colombia.

Campesino cocalero

AFP

Sabemos que no solo en Colombia, sino en Perú y México, importantes dirigentes políticos recibieron dinero de esa industria. ¿Hasta qué punto el narcotráfico se convirtió en un eje de la política?

Hay un ejemplo en Colombia que prefiero no nombrar. Mejor sí lo nombro: Ernesto Samper (presidente entre el 94 y el 98 cuya campaña presidencial recibió dineros del narco).

¿Quién se ha beneficiado de la guerra contra las drogas?

Los narcos y las agencias antidrogas.

En Colombia se han intentado todo tipo de estrategias para sustituir cultivos ilegales por legales. Pero ¿tiene sentido seguir insistiendo en esas estrategias mientras las drogas sean el negocio más rentable para un campesino?

Sustituir es la opción más sostenible para los campesinos, que son el eslabón más débil, el que menos gana. No hay un solo campesino rico. Solo sobreviven.

Las ganancias no están ahí, sino en los intermediarios.

Pero ¿sustituir es mejor opción que legalizar?

No es tan sencillo. Hay que atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas: pobreza, informalidad, exclusión.

Luego romper el prohibicionismo con políticas de descriminalización a pequeñas dosis y de salud pública que ataquen la adicción.

Eso debe ir de la mano de cooperación internacional, porque un país productor no supera este trauma solo.

Guerra contra las drogas

AFP

¿Cuánta responsabilidad se le puede atribuir al narcotráfico en la persistencia de problemáticas como la criminalidad, la sobrepoblación carcelaria o la corrupción en América Latina?

La criminalidad está altamente relacionada con la droga.

La sobrepoblación carcelaria tiene que ver con jóvenes que en su mayoría son acusados de tráfico de drogas.

La corrupción en sentido estricto no tiene que ver con drogas, pero la cultura del “todo vale” es un incentivo para la corrupción.

¿Qué opina de la iniciativa del gobierno de Iván Duque de volver a hacer aspersiones con glifosato para erradicar cultivos de coca?

Estoy a favor de la aspersión para el cultivo de amapola, que es una mata más débil. Pero la coca es más fuerte. La amapola requiere de una aspersión mientras que la coca requiere múltiples aspersiones.

Estados Unidos, que ha estado 19 años en Afganistán, no ha fumigado nunca. Probablemente en Afganistán no tienen en cuenta los efectos cancerígenos, sino que reconocen que la efectividad no está probada.

Considerando los afectos cancerígenos del glifosato, el proyecto de Duque es una locura.

Primero porque su efectividad es nula. Segundo porque va a generar una agitación social en las zonas productoras.

Y tercero porque va a repercutir en costosas demandas legales al presidente, al ministro de Defensa y, en últimas, al Estado.

Es más fácil y más barato sustituir.


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