La búsqueda de desaparecidos en México no la detiene ni el COVID-19
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

La búsqueda de desaparecidos en México no la detiene ni el COVID-19

Contra viento y marea, desierto y horror, familiares y organizaciones civiles continúan realizando el trabajo que correspondería a las autoridades. La fe y la solidaridad mantienen “en pie” a los colectivos de búsqueda de desaparecidos a lo largo y ancho del país: un territorio sembrado de fosas clandestinas.
Cuartoscuro
Por Aranza Flores, Asunción Cabrera, Kenia Sotelo, Sandra Ramírez y Xareni Márquez, becarias; Paris Martínez y Violeta Santiago, reporteres/ Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM
26 de marzo, 2021
Comparte

A Jorge Aguiluz le desaparecieron a su hijo de 23 años el 30 de marzo de 2014 en Navolato, Sinaloa. Inmediatamente comenzó a buscarlo. Al año siguiente, en Las Aguamitas, un lugar cercano al pueblo costero donde vivía, encontró un cráneo. Las autoridades lo enviaron a la Ciudad de México para las pruebas de identificación. Era su hijo.

Don Jorge le dio sepultura. Aunque encontró a su muchacho, permaneció cerca de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Con ellos recorrió diversas partes de un país que en 2021 sumaría más de 86 mil desapariciones reconocidas oficialmente, además de cuatro mil fosas clandestinas.

Lee: 10 años del Movimiento por la Paz: convertir la “espera” en esperanza

Si bien es cierto que las desapariciones de personas y el hallazgo de fosas comenzaron mucho antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, los casos han aumentado en este sexenio. Según datos de la institución oficial de búsqueda de desaparecidos en México y dependiente de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los estados de Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas encabezaron la lista de “personas desaparecidas y no localizadas” durante los primeros 22 meses del gobierno de López Obrador.

En el mismo periodo, las entidades con el mayor número de fosas clandestinas fueron Veracruz, con 180; Sinaloa, con 153, y Colima, con 149. Mientras que el registro de cuerpos exhumados lo encabeza Jalisco, donde se recuperaron 605 cuerpos; le siguen Sinaloa, con 253; Colima, con 232, y Sonora, con 143.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, del que Corriente Alterna tiene una copia, del 1° de diciembre de 2018 al 20 de marzo de 2021 se cuentan 19,204 personas desaparecidas y no localizadas. Las cifras nunca habían sido tan altas. Durante los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2015) hubo 13,379 desaparecidos, es decir, alrededor de 30% menos.

El 2019 fue el peor año del que exista registro: la CNB informó que hubo 8,345 reportes de personas sin localizar. Mientras se denuncian más desapariciones, también hay menos localizaciones. Con Peña Nieto, en los primeros 28 meses se localizó a 71% de las personas desaparecidas (26,951); con López Obrador, apenas se ha encontrado a 56% (24,138).

Buscar a los desaparecidos contra viento y marea

La desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas son un problema tan extendido en México que, a pesar de la pandemia de COVID-19, la CNB acompañó durante 2020 a los colectivos de búsqueda en 26 de las 32 entidades del país.

La dinámica no podía detenerse por la emergencia sanitaria. Pese a los riesgos de contagio, con altas probabilidades de un desenlace fatal, los familiares de desaparecidos no podían interrumpir la faena. Contra toda adversidad, muchas buscadoras estaban más que dispuestas a enfrentar el desafío.

Porque el riesgo no era una posibilidad remota. Lo encarnó don Jorge Aguiluz, el rastreador de fosas que solía ser un sencillo pescador en Navolato, Sinaloa.

En una fotografía tomada cuando participó en la primera Brigada Nacional de Búsqueda, en 2016 –la primera búsqueda de fosas clandestinas en México–, Aguiluz aparece sentado sobre un tronco, en pose de “pensador”, rodeado de piedras que parecen calaveras y otates que parecen huesos. Todo es verde a su alrededor.

La imagen, publicada en Facebook, está acompañada de unas palabras. Alguien se pregunta en qué andará pensando hoy don Jorge Aguiluz: “¿Pensará en el sonido del mar, donde realizaba su vida de pescador, feliz, hasta que la delincuencia lo tocó?”.

Es un epitafio. Don Jorge ya no puede seguir buscando. Falleció de COVID-19 en febrero de 2021.

Veracruz: fosas clandestinas, no sólo ‘frutsis’ y ‘gansitos

—¡Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos! —le gritó Araceli Salcedo Jiménez a Javier Duarte mientras él trataba de ignorarla con una sonrisa.

Era 2015, cuando el entonces gobernador declaraba que en Veracruz “hablamos de robos a negocios, de que se robaron un ‘frutsi’ y unos ‘pingüinos’ en el Oxxo”. Ese era el discurso de Javidú para evadir la discusión sobre la creciente violencia en el estado.

Araceli Salcedo, de 48 años, ha pasado casi una década buscando a Fernanda Rubí. Lleva una cuenta precisa de los ocho años y siete meses desde aquel 7 de septiembre de 2012, cuando desaparecieron a su hija de 21 años, en Orizaba.

Hoy, el exgobernador Javier Duarte está en la cárcel condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa y el gobierno estatal lo encabeza Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena.

La entidad ostenta el primer lugar nacional de entierros clandestinos, con 504. En Veracruz hay más fosas que municipios. Ante la magnitud del problema, el cambio de gobierno representó una esperanza para los grupos de buscadoras.

Después de tomar posesión en diciembre de 2018, García Jiménez se pronunció por el reconocimiento de las víctimas de desaparición en Veracruz. Programó reuniones mensuales de trabajo, pero las canceló a raíz de la pandemia. Los colectivos protestaron afuera del Palacio de Gobierno, pero no encontraron respuesta. El gobernador no los recibió.

—Fue una burla, porque las únicas veces que nos recibió fue como candidato. Posteriormente, al colectivo de Orizaba-Córdoba y a una servidora no nos recibe absolutamente para nada —añade Araceli.

La emergencia sanitaria terminó por sepultar las acciones de búsqueda en Veracruz. Los colectivos no pueden salir a buscar de forma independiente, porque necesitan los permisos y acompañamiento de la Fiscalía; las autoridades son las únicas que pueden realizar el protocolo de exhumación.

Fiscalía y el gobierno estatal convocaron a reuniones virtuales con el argumento de que el COVID-19 les impedía trabajar en campo. Ante la inactividad, el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, dirigido por Araceli Salcedo, decidió continuar la búsqueda cuando la entidad aún se encontraba en semáforo rojo.

—Las autoridades siguen con que no van a tener más reuniones presenciales porque todavía estamos en pandemia, pero mi hija, mi hija no sabe de pandemia.

Hace unas semanas, en febrero de 2021, las buscadoras recibieron varios mensajes anónimos, por diferentes vías, que revelaban la ubicación de fosas. Eso las condujo a Campo Grande, localidad de Ixtaczoquitlán, municipio enclavado en la zona de las Altas Montañas, cerca de Orizaba.

La parcela, llena de árboles de mango, palos mulatos y palmeras, yace en un valle entre dos cerros. La vida sobre la tierra contrasta con el horror que guarda. Si el colectivo de Araceli no hubiera salido, ahí seguirían los restos de diez personas. Y las que faltan por encontrar. Los mismos pobladores insisten en que “por aquí y un poco más allá” hay más entierros clandestinos.

Araceli ha llegado a pensar que los restos están mejor bajo tierra que en la Dirección de Servicios; de la Fiscalía General del Estado. El clima es templado casi todo el año, aunque a veces el calor puede llegar a los 36 grados. Por eso, la tierra y la humedad, a veces la roca, ayudan a conservar el tejido –los tatuajes, por ejemplo–, lo cual facilita la identificación. En cuanto los cuerpos son extraídos de las fosas, el calor de la zona acelera su descomposición.

Habla desde la experiencia. Araceli comenta que los 18 cuerpos extraídos en Los Arenales, en 2019, debieron haber sido enviados a las instalaciones de Servicios Periciales en Xalapa, dotadas de más capacidad de conservación; pero no: siguen en Orizaba, sin ningún cuidado. Las buscadoras temen que a los nuevos hallazgos les espere la misma suerte.

Hasta ahora, ninguna de las buscadoras de su grupo ha enfermado de COVID-19, pese a los trabajos en campo. Araceli no usa gel antibacterial: compra alcohol en volumen en una vinatería y se limpian las manos con él. Usan cubrebocas y toman distancia en el campo. No le preocupan las aglomeraciones; los primeros días eran como 100 personas, entre policías y funcionarios, pero con el transcurrir de las jornadas apenas quedaron ellas y un puñado de autoridades.

Todavía les queda trabajo por delante. El terreno donde escarban mide más o menos una hectárea. Y ya han recibido información de otras fosas en los alrededores.

La situación inquieta al gobierno de Cuitláhuac García, señala Araceli. Los hallazgos parecen evidenciar que las desapariciones forzadas y las fosas sucedieron durante esta administración; no son remanentes de gobiernos anteriores.

—Esto sigue y sigue y sigue pasando. O sea, no porque ellos digan “venimos a acabar con esto” ya se solucionó el problema. No es cierto. Por eso ellos no quieren que sigamos buscando, porque seguimos evidenciando.

Te puede interesar: “Muertas en vida ya estamos”: la pandemia agrava la precariedad de madres de desaparecidos

Las nuevas fosas de Guanajuato y sus desaparecidos

La violencia en Guanajuato no estalló ayer. Lo dice Yadira González Hernández. Más allá del teléfono se escucha el barullo de las voces de la Brigada de Búsqueda. Esa noche, ella duerme en una funeraria de una comunidad de Michoacán, donde empezarán a buscar por primera vez. Unos días antes de eso pasó varias semanas en Guanajuato con el colectivo Unidas Siempre Buscando.

Yadira ha ido a búsquedas en todo el país. Desde que a su hermano Juan se lo llevaron de su negocio de venta de autos en Querétaro, muy cerca de los límites con Guanajuato, el coraje ha sido su brújula:

—Aprendí a que, en vez de que me diera miedo, una injusticia social me diera rabia.

Los casos de desaparición en Guanajuato se remontan a 2014, incluso antes, pero se dispararon entre 2018 y 2020. La Comisión Nacional de Búsqueda informó que en estos últimos dos años se registraron 1,216 desapariciones en la entidad, por lo que ocupa el segundo sitio con más personas desaparecidas en el país.

Antes de 2019 no había registro de fosas clandestinas en el estado. En 2020 los colectivos encontraron un centenar, donde yacían los restos de más de 150 personas, entre Irapuato, Silao, Cortázar, Salvatierra y Acámbaro.

El gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, no tuvo más remedio que admitir la existencia de estas fosas, aun cuando la Fiscalía General del Estado intentó negar el fenómeno desde 2018.

Antes del 5 de julio de 2020, Rodríguez Vallejo no asistía a las mesas de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, el hallazgo de fosas en Silao e Irapuato lo hizo cambiar de postura. Hasta entonces, el discurso oficial era el de apoyar a los colectivos; aunque, con la excusa del COVID-19, se intentaba frenar sus labores de búsqueda.

—Es que el COVID… Es que no se puede hacer ahorita la búsqueda porque Secretaría de Salud… Es que no te puedo dar la búsqueda porque no hay insumos… Es que estamos en semáforo rojo… —Yadira repite el rosario de excusas con el que la autoridad respondía a sus solicitudes.

Por un momento funcionó. Se limitó el aforo de las buscadoras, pero ellas encontraron la manera de seguir trabajando, a pesar del riesgo. Las medidas sanitarias eran posibles en campo, aunque no en el transporte: en una camioneta, una docena de personas apretadas apenas tenía espacio entre sí. El miedo no respondía sólo a la posibilidad de enfermar, sino a que la autoridad se enterara y les cancelara las búsquedas.

Entre febrero y marzo de 2021 los colectivos llegaron a un rancho en El Sauz Villaseñor, una comunidad rodeada de parques industriales. La fachada era ostentosa, había una bodega enorme, dotada de baños y una barra larguísima. A un costado de la nave, varias galeras y establos vacíos. También había un palenque con una construcción dentro: las manchas de sangre, los impactos de bala y algunas inscripciones en las paredes: “se los va a cargar la chingada por hocicones”, “Cártel de Jalisco”… les permite inferir que se trataba de una “casa de seguridad” de la delincuencia. Eso y los restos de veinte personas enterradas en las fosas que descubrieron a un costado de la construcción.

El rancho estaba a veinte minutos de Celaya. Tal cercanía con la ciudad es, para Yadira, sinónimo de “impunidad, descaro, tratos, alianzas con el gobierno”. Luego, encima de la desaparición y la muerte, el trato inhumano a las víctimas prosiguió con las autoridades.

Una de las fosas descubiertas la noche de un viernes quedó abierta, con la exhumación pendiente; cuando regresaron, el lunes, los restos habían desaparecido. Yadira no tiene idea de dónde están resguardados o qué hizo con ellos la Fiscalía General del Estado. Y mientras ella participaba en un plantón para denunciar las irregularidades, mientras protestaban, la Fiscalía aprovechó para sacar otro cuerpo enganchado de un pozo de sondeo (para extraer agua).

—Los colgaban con una garrucha, con una polea, amarrados, y los jalaban con una camioneta.

—¿Por qué hacían eso?

—El fiscal, Carlos Zamarripa, nos dijo que no había otra manera de hacer el trabajo, porque no cabía nadie en ese tubo como para poder entrar y extraerlos. Que eso, para él, no era un trato indigno.

Aunque depende de la Fiscalía para que los peritos procesen las fosas, extraigan los restos y los resguarden, lo cierto es que los colectivos son quienes presionan para que se hagan las búsquedas, investigan dónde hay fosas y revisan el terreno para dar con puntos positivos.

—Con pandemia, sin pandemia, con dinero, sin dinero, con fideicomisos, sin fideicomisos, con López Obrador, sin López Obrador… Con el gobierno que sea, los desaparecidos tienen que ser buscados. Nos queda claro que las instituciones no los van a buscar y, entonces, tenemos que buscarlos nosotros.

Sonora, donde las buscadoras hacen el trabajo de las autoridades

Buscar en el desierto es una lucha contra el reloj. En otras partes del país, los cuerpos pueden durar meses gracias a la humedad de la tierra. Pero en zonas arenosas y rocosas, como en Sonora, el calor destruye hasta el ADN de los huesos.

El clima también modifica la dinámica de búsqueda.

—Lo de menos es el cansancio y el terreno, pero el calor lo impide —cuenta Cinthya Maritza Gutiérrez Medina, líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, fundado en 2018.

En la zona de Guaymas el calor se vuelve insoportable de abril a agosto: hasta 46 grados a la sombra. Las búsquedas inician a las 5 de la mañana y paran antes del mediodía para evitar un golpe de calor.

Además del sol, en 2020 el coronavirus se convirtió en un nuevo enemigo para las Guerreras. Por un tiempo se quedaron en casa, difundiendo en Facebook algunas de las 600 fichas de personas desaparecidas en Guaymas y los alrededores, o dando seguimiento a los resultados de ADN de los cuerpos que ya habían encontrado.

Pero, muy pronto, el confinamiento se hizo insoportable. Necesitaban salir. Con todo y riesgos, las 40 familias que conforman el colectivo formaron un grupo de entre 10 y 12 personas. Así fue que volvieron a los desiertos sonorenses: guardando distancia y usando mascarilla todo el tiempo, guantes, gel antibacterial.

Según el mapa construido por A dónde van los desaparecidos, de 2006 a 2016 en Sonora se localizaron 86 fosas con 96 cuerpos. Sin embargo, de acuerdo con la CNB, tan sólo entre 2018 y 2020 se hallaron los restos de 143 cuerpos. Es decir, que en dos años se ha duplicado el número de hallazgos realizados en una década entera. Sonora es hoy la cuarta entidad con más cuerpos extraídos de fosas clandestinas a nivel nacional.

Sin embargo, en Sonora, donde gobierna la priista Claudia Pavlóvich Arellano, las autoridades no buscan. La sociedad civil suple las labores de búsqueda y las autoridades, simplemente, proveen resguardo.

En ese contexto, Patricia Flores Armenta, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, destaca que la pandemia se volvió una excusa para restringir las búsquedas.

Patricia busca a dos hijos. Alejandro desapareció en 2015, en Los Mochis, y Marco Antonio, el 4 de mayo de 2019, en Bahía del Kino. El COVID-19 no le preocupa. Se ha enfermado y recuperado.

En cambio, señala que hay una “pandemia de violencia” que se suma a la indiferencia de las autoridades: desconocen qué hace la Fiscalía del Estado con los restos que no se han entregado, y tampoco hay apoyos económicos, pues ellas costean todo.

—No ha habido ningún beneficio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninguno. Es hora en que él no voltea a ver a los ojos a las familias de los desaparecidos.

El trabajo en plena crisis sanitaria ha sido apabullante. Las Madres Buscadoras han encontrado fosas entre Nogales y Hermosillo.

En febrero de 2021, Patricia recibió una llamada anónima y se trasladaron a la carretera 36, de la costa de Hermosillo. Encontraron una osamenta incompleta, sin cráneo. El pantalón, la billetera, la dentadura y el tiempo parecían coincidir con su hijo Marco Antonio. Se tumbó, impotente, frente al grupo de huesos. Otra compañera le había ayudado a recogerlos sin saber que, en realidad, era su hijo y no el de Patricia.

A Patricia le dolió enterarse que la prueba de ADN era negativa para ella, pero le reconfortó saber que su compañera encontró un poco de paz. La esperanza es potente, dice, y está segura de que algún día le revelarán dónde están sus hijos y los recuperará.

En Guaymas y Obregón, el colectivo de Cynthia, Guerreras Buscadoras, también ha encontrado nuevas fosas clandestinas. Pero, a principios de 2021, dieron con crematorios clandestinos, “hornos”, en la zona del Valle de Guaymas.

—Son hoyos que hacen alrededor de los cerros, en piedras, y están utilizando, al parecer, sopletes con fuerte cantidad de temperatura… Solo quedan fragmentos y de esos fragmentos es casi imposible identificar el ADN. Nos afecta bastante porque pueden decir la cantidad de cuerpos, pero no sacarles su ADN —explica Cinthya—. Casi son puras cenizas las que estamos encontrando.

Pese al cruel descubrimiento, el ánimo se sobrepone. Cinthya habla con sus compañeras y las motiva diciéndoles que no dejará de buscar hasta que encuentre el cuerpo de su hijo.

Gustavo Ángel Godínez Gutiérrez tenía 15 años e iba en tercero de secundaria cuando fue desaparecido el 30 de junio de 2017. Fanático del fútbol, tenía cuatro trofeos como campeón goleador. Cinthya busca a su hijo y a otro muchacho con el que desapareció. Lo último que supo fue que una patrulla de la Policía Municipal los detuvo. Este año su hijo cumpliría 19.

Las condiciones son adversas y el desierto, enorme. Del mismo tamaño, Cinthya les pide a sus hermanas de búsqueda tener fe.

—La fe nos tiene de pie.

La intimidación, estrategia oficial contra organismos civiles

Yadira González, buscadora de Querétaro y Guanajuato, refiere que la pandemia “le cayó como anillo al dedo” a la administración federal con el tema de las búsquedas de desaparecidos.

Anaís Palacios, abogada y defensora de derechos humanos, explica que las búsquedas de desaparecidos han continuado, pese a la contingencia sanitaria, porque todavía hay muchos restos humanos enterrados. El COVID-19, subraya, se convirtió en una excusa que abona a otras ya existentes: el clima, los trámites legales, los permisos para buscar en predios o la falta de personal.

Además, lamenta que la actitud oficial contra los defensores de derechos y otras organizaciones civiles no ha dejado de ser hostil, incluso durante la “4T”.

Anaís, quien participó en los grupos que surgieron a raíz del paso de la caravana del Movimiento por La Paz en Veracruz, destaca que existe una estrategia “cuatroteísta de eliminar a los intermediarios, a las organizaciones de la sociedad civil”. Desde campañas de descrédito, acoso o vigilancia, las situaciones afectan al acompañamiento de los colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Pone como ejemplo una noche de noviembre de 2019. Había dado acompañamiento a una víctima en la Fiscalía de Xalapa, Veracruz. Salió tarde de las oficinas y se dirigió a Coatepec, en los alrededores de la capital. Notó que la seguía una patrulla de la Guardia Nacional.

De repente, a la altura de la desviación hacia Pacho Viejo, la camioneta aceleró, le marcó el alto y le cerró el paso obligándola a detenerse. Bajaron cuatro elementos; los dos que iban en la batea le apuntaron con sus armas largas.

No era la primera vez que sentía sobre ella la presión de la Policía o de la Marina. Pudo continuar su camino, pero el miedo quedó ahí, sembrado.

“Te enfrentas a una serie de obstáculos que coartan tu trabajo y la posibilidad de seguir avanzando, de seguir acompañando, de seguir señalando”, dice Anaís al recordar. Luego sentencia: “Tienes al aparato estatal soplándote en la nuca”.

Esta investigación fue realizada por la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM /Corriente Alterna

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Rusia y Ucrania: las extremas medidas de seguridad que buscan proteger al presidente Putin

Cientos de guardaespaldas que lo vigilan día y noche, un chequeo exhaustivo de lo que come y toma, y la ausencia de los teléfonos inteligentes son algunas medidas que se toman para resguardar la seguridad del presidente ruso.
23 de marzo, 2022
Comparte

Nada es improvisado en la vida de Vladimir Putin.

Cada paso que da el presidente de Rusia es vigilado de cerca por cientos de guardaespaldas que lo acompañan las 24 horas del día.

Su comida es preparada sigilosamente y todo lo que bebe debe ser chequeado previamente por sus asesores más cercanos.

Y es que el antiguo oficial de la KGB —el servicio de seguridad soviético— sabe muy bien de las amenazas que hay a su alrededor, sobre todo en tiempos de guerra.

Putin está liderando la invasión de su país a Ucrania y esto supone algunos riesgos adicionales hacia su seguridad.

Pero… ¿Quiénes están realmente a cargo de protegerlo? ¿Y cuáles son las algunas de las medidas que se toman para mantenerlo a salvo? Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.

Extenso equipo de seguridad

Dentro de los múltiples servicios de seguridad que operan actualmente en Rusia, hay uno que está especialmente dedicado a proteger al presidente y a su familia: el Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia.

Este escuadrón depende del Servicio Federal de Protección de Rusia (FSO), que tiene su origen en la antigua KGB, y que también protege a otros funcionarios de alto rango rusos, entre ellos, al Primer Ministro, Mikhail Mishustin.

De allí vienen los hombres vestidos de negro con auriculares en las orejas que le hacen sombra al presidente día y noche.

Según Russia Beyond, un medio de propiedad del gobierno ruso, cuando estos agentes lo acompañan en actividades al exterior, se organizan en cuatro círculos.

El círculo más cercano está compuesto por sus guardaespaldas personales.

El segundo círculo está integrado por guardias que pasan desapercibidos entre el público. El tercero, rodea el perímetro de la multitud, evitando que entren personas sospechosas.

Y el cuarto y último, son francotiradores situados en los techos de los edificios circundantes.

Un francotirador del FSO ubicado en una de las paredes del Kremlin, en el centro de Moscú.

Getty Images
Un francotirador del FSO ubicado en una de las paredes del Kremlin, en el centro de Moscú.

Estos agentes también lo acompañan cuando Putin se traslada de un lugar a otro.

“A Putin no le gustan los helicópteros; se suele trasladar con una caravana masiva, con motociclistas, muchos autos grandes negros, camiones, etc. Para este tramo, se bloquea cualquier dron que pueda haber en el espacio aéreo y se detiene el tráfico”, explica a BBC Mundo Mark Galeotti, experto en seguridad rusa y director de Mayak Intelligence, una consultora que se dedica a analizar los asuntos de seguridad de este país.

El Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia es apoyado por la Guardia Nacional de Rusia, o Rosgvardia, que fue formada por el propio Putin hace solo seis años y que algunos la han calificado como una suerte de “ejército personal” del mandatario.

Es independiente de las Fuerzas Armadas rusas y, aunque su misión oficial es asegurar las fronteras, combatir el terrorismo y proteger el orden público, entre otras, en la práctica una de sus tareas más importante es proteger a Putin de eventuales amenazas.

“Todos saben que son en gran medida guardaespaldas personales de Putin”, dice a BBC Mundo Stephen Hall, académico experto en Rusia de la Universidad de Bath, Reino Unido.

“Y el presidente está muy protegido por ellos y por el resto de los servicios de seguridad”, añade.

Viktor Zolotov, un antiguo guardaespaldas de Putin, dirige la Guardia Nacional.

Getty Images
Viktor Zolotov, un antiguo guardaespaldas de Putin, dirige la Guardia Nacional.

Actualmente, quien dirige la Guardia Nacional es Viktor Zolotov, un antiguo guardaespaldas de Putin. Él es un aliado leal al presidente y en los últimos años ha aumentado en alrededor de 400.000 los efectivos que forman parte de esta fuerza de seguridad.

“Es un número enorme, las unidades de seguridad para presidentes como el de Estados Unidos no están ni cerca de esa cifra”, indica Hall.

¿Qué medidas se toman para proteger a Putin?

Aunque es difícil saber hasta qué punto llegan las medidas que buscan proteger a Putin, el propio Kremlin y expertos en seguridad rusa han entregados algunas luces al respecto.

Uno de los asuntos que es tratado con más precaución es la comida.

De acuerdo con Mark Galeotti, ante el temor de envenenamiento, Putin cuenta con un catador personal que chequea todo lo que el mandatario va a comer.

El presidente Putin en una cena oficial.

Getty Images

“Es parte de un estilo que más se acerca a un monarca medieval que a un presidente moderno”, le dice a BBC Mundo.

Además, cuando viaja fuera de Rusia, el equipo del presidente se encarga de todo lo que consume.

“Se llevan toda la comida y bebida que él va a consumir. Así, por ejemplo, si hay un brindis oficial con champaña, él toma de la botella que su equipo le trae, no de la del resto”, explica Galeotti.

Stephen Hall, por su parte, afirma que sus guardaespaldas personales observan de cerca cómo le cocinan para evitar cualquier riesgo.

Teléfonos inteligentes

Otra de las medidas que buscan protegerlo es el bloqueo de los teléfonos inteligentes dentro del Kremlin.

El propio presidente ruso ha confirmado que no usa estos aparatos.

En 2020, en una entrevista con la agencia estatal de noticias rusa TASS, lo admitió señalando además que, si se quería conectar con alguien, existía una línea oficial para hacerlo.

Sus asesores también lo han admitido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho en repetidas ocasiones que Putin no usa móbiles pues “no tiene demasiado tiempo”.

Pero lo cierto es que entre las razones que explican la reticencia de Putin a usar esta tecnología es que desconfía profundamente de Internet.

En el pasado, de hecho, ha indicado que Internet es un “proyecto de la CIA” —la agencia de inteligencia estadounidense— y ha llamado a los rusos a no realizar búsquedas por Google pues considera que los norteamericanos están monitoreando toda la información.

“Putin apenas usa Internet, es bien sabido que no le gustan los teléfonos. Y bueno, seamos honestos, desde el punto de vista de la seguridad, Putin tiene toda la razón. Los teléfonos inteligentes no son muy seguros”, señala Galeotti.

Ante esto, el académico afirma que Putin se informa a través de archivos de papel que le entregan sus asesores.

El presidente ruso no usa teléfonos inteligentes.

Getty Images
El presidente ruso no usa teléfonos inteligentes.

“Comienza su día con tres documentos informativos de seguridad. Uno es de lo que está pasando en el mundo, otro es de lo que está pasando en Rusia y, el tercero, es sobre lo que está sucediendo dentro de la élite”, comenta.

“Para él, esta es la información más importante y la que va a definir su día”.

“Recuerdo haber hablado con diplomáticos y personeros del ministerio de Relaciones Exteriores que me dijeron estar frustrados porque si ellos tienen una información que choca con la de sus servicios de inteligencia, Putin tenderá a asumir que sus espías tienen la razón y que los diplomáticos están equivocados”, agrega.

Aislamiento y pandemia

Actualmente, el acceso a Vladimir Putin es extremadamente limitado.

Los pocos líderes que se reúnen con él, deben hacerlo respetando varios metros de distancia. Recordada es la cita con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, quien debió sentarse en el otro extremo de una larga mesa.

Parte de estas medidas son herencia de la pandemia de coronavirus que terminaron por aislarlo aún más.

La reunión entre Putin y Macron

Getty Images

Según el servicio ruso de la BBC, entre las medidas que se han implementado durante este período se encuentran: una cuarentena obligatoria de dos semanas a cualquier persona que quiera verlo; riguroso régimen de control médico, que incluye periódicos test PCR, para todos quienes lo rodean; y la reducción casi total de su asistencia a eventos públicos.

El 15 de marzo recién pasado, el secretario de prensa del gobierno ruso, Dmitry Peskov, confirmó que todas las medidas anti-covid relacionadas con la seguridad de Putin continúan intactas hasta que los “expertos” lo “consideren apropiado”.

Y es que en Rusia su salud personal es vista como un asunto de seguridad nacional.

En entrevista con el programa Today de BBC Radio 4, el general James Clapper —que supervisó la CIA, el FBI, la NSA y se desempeñó como uno de los principales asesores del presidente Barack Obama— confirmó que Putin ha estado aislado.

“Putin ha estado en gran medida aislado, particularmente en los últimos dos años con la pandemia, y lo que agrava es el hecho de que tiene muy pocas personas que realmente tienen acceso a él, lo que hace que sea muy difícil recopilar inteligencia en la que tienes fe y confianza”, dijo.

Una visión similar tiene Galeotti. “Putin vive muy aislado. El círculo de personas que lo rodea ha disminuido drásticamente“, indica.

Vladimir Putin bajándose de un auto junto a su guardaespaldas.

Getty Images

“Ya no viaja por el país y su aparición en eventos públicos es bastante inusual. Los guardias de seguridad son de las pocas personas con las que Putin tiene una relación personal”, señala.

Según Galeotti, esto explica, en parte, por qué muchos de ellos han sido nombrados posteriormente en altos cargos (como es el caso de Viktor Zolotov, en la Guardia Nacional).

Algunos analistas en inteligencia afirman que las extremas medidas de seguridad que rodean a Putin se explican en parte por una “paranoia” genuinamente rusa.

Otros, dicen que el mandatario, con su experiencia en la KGB, sabe mejor que nadie lo importante que es resguardar su propia seguridad.

Sea como sea, todo indica que su protección y aislamiento solo va en aumento. Y que, tal como dice Galeotti, en el Kremlin se hacen las cosas “como Putin quiere que se hagan”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=mgQpEqOidTY&t=195s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.