Las denuncias penales por posibles desvíos de recursos públicos presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el Ministerio Público federal han disminuido más del 80% durante los casi tres años de gestión del actual auditor Superior, David Colmenares Páramo.
El descenso en los casos denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) es producto de una decisión deliberada del auditor Colmenares – citado a comparecer hoy ante el Congreso – bajo el argumento de que era necesario presentar menos denuncias, pero mejor sustentadas.
Sin embargo, de acuerdo con datos de la Fiscalía, más del 80% de las denuncias presentadas en la actual gestión continúan sin ser judicializados y ninguna ha terminado en una sentencia condenatoria. En los casos donde ha habido un mayor avance como la Estafa Maestra, esto se ha conseguido por la conformación de grupos especiales de trabajo en la fiscalía.
Mientras tanto, la cifra de recursos federales desviados en el país ya asciende a los 670 mil millones de pesos. Hay casos como el de Veracruz donde las denuncias se cuentan por decenas, pero donde no se ha conseguido recuperar un solo peso.
Los datos oficiales de la propia ASF muestran que en los casi tres años de gestión de Colmenares (18 de marzo de 2018 a la fecha) se han presentado un total de 129 denuncias penales ante la Fiscalía. Esta cifra es inferior a lo que la Auditoría solía denunciar antes en un solo año.
En 2017 por ejemplo, el año previo a la llegada de Colmenares, la Auditoria había presentado 170 denuncias ante el Ministerio Público de la Federación. Entre 2013 a 2015 la cifra anual de denuncias nunca descendió de los 130 casos.
Pero 2018, el primer año con Colmenares, la cifra de denuncias disminuyó a 65. De ellas 11 ya se habían presentado antes de que el entonces nuevo auditor asumiera el cargo en marzo de ese año.
Para 2019 la cifra de denuncias presentadas bajó a solo 31 y en 2020 fueron 32. Se trata de los totales anuales más bajos de la ultima década. En comparación con 2017, el último año con el auditor anterior, se trata de una reducción del 82 por ciento en la frecuencia de las denuncias.
¿A quienes sí han denunciado?
De las 129 denuncias que la ASF ha presentado en la gestión de Colmenares, 47 – que equivalen a más del 35% – son por malos manejos de recursos en gobiernos estatales y municipales, mientras que el resto corresponden a instancias federales.
La antigua SAGARPA es la dependencia federal con mas denuncias en el periodo de Colmenares con un total de 41 casos por diversos desvíos. Le sigue la Sedatu con 13 denuncias, todas ellas relacionadas con el esquema de La Estafa Maestra en el periodo de Rosario Robles.
La ASF ha presentado cinco denuncias en contra de instituciones públicas como universidades por convenios vinculados con La Estafa Maestra. Luego se ubican dependencias como Diconsa o Secretaría de Cultura con dos cuatro denuncias cada una.
La Auditoria también ha presentado dos denuncias penales en contra de Petróleos Mexicanos y sus filiales, una de ellas relacionada con el presunto fraude en la compra de plantas de fertilizantes en Veracruz durante la gestión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que dejó perdidas millonarias a la empresa productiva del Estado.
Impunidad de antes… y de ahora
Cuando la ASF considera que el dinero mal manejado o desviado de una determinada partida no va a ser devuelto, o que la irregularidad no puede ser corregida, procede con la presentación de una denuncia de hechos ante la FGR. Ello ya que el desviar dinero de su curso legal representa un potencial quebranto a la hacienda pública y, por tanto, un delito.
Las denuncias tienen como objetivo deslindar responsabilidades y proceder en contra de los funcionarios que resulten responsables; que se esclarezca el destino de los recursos; que se identifique la comisión de otros posibles delitos; y que se repare el daño causado.
Sin embargo, la mayor parte de los casos iniciados a partir de las denuncias de la Auditoría no han llegado a sentencia, y los desvíos permanecen impunes.
En noviembre de 2017 Animal Político dio a conocer que, de 870 denuncias presentadas hasta ese momento por la Auditoría, solo 10 habían llegado a manos de los jueces y no existía ni una condena. Tampoco había personas detenidas. El entonces titular de la ASF, Juan Manuel Portal, argumentaba que los pocos recursos humanos de la PGR y las cargas de trabajo entorpecían las investigaciones.
Tras ser designado auditor superior, David Colmenares realizó una evaluación interna que concluyó que en años anteriores la ASF había privilegiado la cantidad de denuncias sobre la calidad de estas, por lo que instruyó cambiar la estrategia: menos denuncias, pero más sólidas. Esa fue la explicación que la ASF dio a Animal Político luego de que este medio informara por primera vez de una caída de denuncias en junio de 2019.
Pero aun con el cambio de estrategia los niveles de impunidad son similares. Autoridades de la FGR indicaron que, con excepción de un proceso abreviado en Chiapas relacionada con la Estafa Maestra, no se han conseguido en juicio sentencias condenatorias a partir de las denuncias de los auditores.
En donde ha habido algunos avances es en la judicialización de casos de alto impacto que llevaban años rezagados, como los desvíos en Veracruz con Javier Duarte, o los registrados en el sexenio del expresidente Peña Nieto con “La Estafa Maestra”. Esto ha sido gracias a la formación de grupos conjuntos de trabajo, no a la cantidad de denuncias presentadas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, que desde 2019 es responsable de atender la mayor parte de las denuncias de la ASF, ha conseguido judicializar cinco casos y está próxima a enviar a un juez a otros 12. Ello gracias a un programa de atención prioritaria.
Aun con lo anterior la proporción de casos que se han conseguido enviar a un juez exitosamente frente al universo de denuncias presentadas sigue por debajo del 20 por ciento. Dicho de otra forma, 8 de cada 10 casos iniciados por la denuncia de los auditores ni siquiera ha llegado a mano de los jueces. Y al no haber condenas la impunidad es del 100%.
Animal Político solicitó a la ASF la relación completa de casos que se han judicializado y de las sentencias que se han obtenido a partir de las denuncias presentadas en la actual administración, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
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Y los desvíos crecen…
De acuerdo con datos del Sistema Público de Auditorías de la ASF el monto de recursos federales desviados o mal manejados y cuyo destino final no se ha esclarecido asciende a 670 mil millones 141 mil pesos. Esto en el periodo del año 2000 a 2019.
De ese total 472 mil 954 millones de pesos que equivale al 70.5% corresponde al gasto federalizado, es decir, a recursos federales enviados a los estados y municipios quienes a su vez eran los responsables de usarlo legalmente. Los 197 mil 187 millones de pesos restantes, el 29.5%, son del presupuesto de las dependencias y organismos federales.
El 2018, último año del sexenio pasado, es el que concentra la mayor cantidad anual de dinero observado como faltante, con un total de 152 mil 958 millones de pesos. Por lo que respecta al 2019, primer año del actual sexenio, la cifra de dinero por esclarecerse asciende a 98 mil 974 millones de pesos.
De los malos manejos registrados en los estados, el Gobierno de Veracruz concentra por mucho el mayor monto: más de 66 mil millones de pesos desviados principalmente en la administración del exgobernador Javier Duarte. Por estos casos se han presentado ya 86 denuncias, pero hasta ahora no hay condenados y el dinero no se ha recuperado.
En noviembre de 2018, ya en la gestión de Colmenares, la ASF avaló un criterio de oportunidad que la PGR concedió al principal operador de los desvíos de recursos: el que fuera tesorero de Duarte y diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá. Hoy dicho “perdón legal” se encuentra bajo investigación federal, ya que se le concedió sin reparar el daño que causó y sin regresar un solo peso.
Michoacán es la segunda entidad con el mayor monto de dinero desviado con 39 mil 553 millones de pesos y 30 denuncias penales presentadas; y en tercer sitio se ubica el estado de México con 20 mil 425 millones de pesos no esclarecidos y ocho denuncias presentadas.
