A casi siete años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento en el que señaló varios incumplimientos en la recomendación hecha por la misma instancia, como respuesta a los hechos, durante la administración pasada.
Informó que la recomendación de ese entonces no cumplió con los estándares internacionales en materia de DDHH, hizo una revictimización a los afectados, no se hicieron recomendaciones contundentes a las autoridades involucradas, entre otras cuestiones.
Pero para entender de dónde provienen los recientes señalamientos del organismo nacional, es preciso hacer un repaso a los hechos ocurridos desde 2014:
Línea de tiempo de investigación
Fue entre los días 27 y 28 de septiembre de 2014 cuando se desataron los hechos que desencadenaron en la desaparición de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero.
Según un comunicado emitido en 2020 por la Comisión, el mismo 27 de septiembre se inició con un expediente de queja que tenía por objetivo investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en esos días.
El 5 de octubre, continuó con el trámite de queja como una investigación de Violaciones Graves de Derechos Humanos, bajo el expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG.
Dos meses después, el 18 de diciembre de 2014, se creó la “Oficina Especial para el ‘Caso Iguala’”, con la que por primera vez, informó el organismo nacional, se atendía de manera prioritaria un caso específico y se instruía a realizar una investigación integral de los hechos.
Fue hasta el 28 de noviembre de 2018, la CNDH emitió la recomendación 15VG/2018, la cual estaba relacionada con la investigación de las violaciones graves a los derechos humanos ejercidas cuatro años atrás en Iguala.
La Oficina especializada fue declarada extinta el 29 de enero de 2019 por órdenes de la nueva presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra.
Parte de esta decisión migró el acompañamiento, atención y asesoramiento de las víctimas a la Primera Visitaduría General y la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos.
El 14 de febrero de 2020, un año después, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos recibió el expediente de seguimiento de la Recomendación 15VG/2018. Y a partir de un estudio de esta, se encontraron varios detalles negativos.
Incumplimiento, revictimización y omisión
El primero, según informó la propia CNDH a través de un pronunciamiento, fue que se incumplió con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ya que no se contempló la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Por otro lado, se revictimizó no solo a las víctimas directas, sino también a las indirectas, en especial a las de la comunidad de Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero.
La Comisión señaló que el expediente de queja reconoció la existencia de autoridades que tuvieron mayor participación en los hechos; no obstante, las recomendaciones hechas hacia estas no fueron lo suficientemente contundentes, ya que los puntos recomendatorios eran notoriamente desproporcionados a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
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En específico, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), recibió puntos recomendatorios que no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería, quienes, según indagatorias del organismo, tuvieron un papel protagónico en los hechos de 2014.
Tampoco se señaló como punto recomendatorio a la Fiscalía General de la República el garantizar el acceso a la información de las líneas de investigación que se fueran agotando, y a las que continúan en investigación.
De la misma forma se omitió entregar recomendaciones a instancias cuya participación fue constatada dentro de la misma Recomendación 15VG/2018, como lo son los Ayuntamientos de Huitzuco y de Tepecoacuilco de Trujano.
En un informe publicado por la CNDH en 2020 se mencionó que en la Recomendación se emitieron un total de 120 puntos recomendatorios dirigidos a 17 autoridades tanto del orden federal, como estatal y municipal. Igualmente, se otorgó una copia de conocimiento a cinco autoridades más, para que realizaran ocho acciones derivadas de los mismos puntos.
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Como suma, la Comisión planteó un total de 128 puntos recomendatorios, que le llegaron a autoridades como el Presidente de la República, entonces Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de Justicia (PGR), ahora FGR; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Gobierno de Guerrero, entre otros.
Continuando con los señalamientos a la Recomendación hechos por la CNDH, se señaló que no se escuchó a las víctimas, ni tampoco se respetaron sus derechos, dejándose de lado las demandas que hicieron las madres y padres de los normalistas.
A su vez, se señaló que se denigró, criminalizó y estigmatizó a la comunidad de a Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, al adjudicarle el tráfico de estupefacientes, con lo que reforzó y revictimizó el estereotipo negativo ante la opinión pública sobre los estudiantes y habitantes de esta localidad.
¿Qué acciones siguen?
Tras lo que detectó la CNDH, la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se reunió el pasado 21 de marzo con familiares y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en la Normal de Ayotzinapa
En esta, se hizo un balance de resultados de los puntos encontrados en el expediente del caso y se escucharon las peticiones y demandas de las madres y padres de las víctimas.
A través de su pronunciamiento, el organismo admitió que considera pertinente revisar su propia actuación, dando prioridad a la voz de los familiares de las víctimas y garantizando el respeto a sus derechos humanos.
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“Se concluirá con el seguimiento de los puntos que abonen al esclarecimiento y el paradero de los 43 normalistas, con la participación directa de las víctimas”.
También, manifestó su “más amplia colaboración y apertura” con las víctimas para brindarles facilidades que permitan esclarecer los hechos.
Parte de las acciones que se harán para ello serán juntas periódicas para el intercambio de información y entrega de avances, otorgarles acceso al expediente y a toda la información en poder de la CNDH y coadyuvar con las investigaciones que están abiertas.
Se involucrará también al Programa de Presuntos Desaparecidos, quien la búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos, “algo que se dio haber hecho hace casi siete años”, anunció el organismo.
