Un grupo de 80 personas consiguió un nuevo amparo de suspensión provisional contra las obras del Tren Maya, por el riesgo que hay de que se realicen desalojos forzosos.
El Juzgado Primero de Distrito en Campeche ordenó a las autoridades encargadas de la construcción y ejecución del proyecto abstenerse de realizar todas las actividades de la primera etapa del denominado “Proceso de Relocalización Consensuada”.
De acuerdo con la denuncia las comunidades amenazadas son los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real.
Desde 2020, las familias en riesgo conformaron el Colectivo Tres Barrios. En su primera denuncia, el año pasado, el colectivo señaló que el “Proceso de Relocalización Consensuada” realizado por ONU-Habitat en contratación de Fonatur, “es en realidad un proceso de desalojo forzoso puesto que no se les está dando más alternativas que abandonar sus barrios”.
De acuerdo con el colectivo, el juicio de esa primera denuncia, presentada en abril de 2020, sigue aún en curso. Mientras que para la segunda denuncia se conformó un grupo de 80 personas, siendo éstas las que consiguieron el amparo.
Las familias aclaran que si bien a la fecha no se ha desalojado a ninguna persona, el supuesto proceso de relocalización inició con información confusa y bajo la premisa de que el desalojo de sus barrios era “inminente”.
Un desalojo forzoso a diferencia de uno común, explican, es una violación al derecho a la vivienda prohibida por el derecho internacional, la cual consiste en obligar a personas a abandonar sus viviendas sin que haya una causa prevista en la ley o sin que se haya ordenado judicialmente o sin que se les haya permitido defenderse en juicio.
Las familias agregan que ni la Constitución, ni ninguna legislación faculta a las autoridades a desalojar barrios enteros para un proyecto turístico.
Sumado a las demandas, el pasado 19 de diciembre, el Colectivo Tres Barrios entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta exponiendo su caso, solicitando que las vías del tren existentes sean relocalizadas y no ellos.
La carta fue recibida por el mandatario durante su visita a Campeche, pero a la fecha no ha dado respuesta.
La suspensión provisional del “Proceso de Relocalización Consensuada” será hasta el próximo 9 de marzo, cuando el Juzgado decida si mantiene la medida hasta que concluya el juicio.
