Contrato con Odebrecht dejó pérdidas de 1,250 mdp a Pemex
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Contrato con Odebrecht dejó pérdidas de 1,250 mdp a Pemex; FGR abre nueva investigación

Es la primera indagatoria penal por el daño al erario que causó contratar a la constructora brasileña y es distinta a la iniciada por los sobornos. UIF indaga además posible lavado de más de 3 mil millones de pesos.
Cuartoscuro
2 de marzo, 2021
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La adjudicación de contratos a la constructora Odebrecht durante la gestión de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos no solo significó favorecer a una empresa que había entregado sobornos para obtenerlos. También representó un pésimo negocio para Pemex que le ocasionó pérdidas superiores a los 1 mil 250 millones de pesos.

Así lo consigna una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que dio paso a la apertura de una nueva carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por los daños que dejó esta contratación irregular.

En 2017, la entonces PGR había iniciado una indagatoria por las operaciones de lavado de dinero y corrupción detrás del pago de sobornos de Odebrecht a Lozoya y otros funcionarios en México, pero esta es la primera investigación penal en curso por el quebranto que dejó uno de los contratos.

Se trató del proyecto para el tratamiento de aguas residuales y diversos trabajos de mantenimiento en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo, que Pemex adjudicó el 17 de febrero de 2014 a la constructora Norberto Odebrecht por un monto inicial de 1 mil 436 millones de pesos. Como es habitual, dicho contrato se concedió sin convocar a una licitación pública.

Lo que los auditores encontraron al profundizar en las condiciones de este proceso de contratación, de acuerdo con el informe de resultados de la auditoría 479-DE que dio pie a la denuncia interpuesta, fue un cúmulo de situaciones desventajosas y claramente irregulares, que derivaron en una pérdida para Pemex y para la hacienda pública por 1 mil 250 millones, 555 mil 400 pesos.

En total, la ASF documentó al menos ocho tipos de anomalías. Una de las más graves y recurrentes fue el haber cotizado los precios para esta adjudicación por encima de los precios del mercado –posiblemente de forma deliberada– generando precios unitarios y sobrecostos del orden de los 700 millones de pesos que favorecieron a la constructora brasileña en detrimento de Pemex.

Además, Odebrecht realizó servicios pactados en el contrato, pero con costos superiores a los establecidos en el mismo. Solo por ello Pemex le pagó 139 millones 923 mil pesos extra sin pedir mayores explicaciones, y sin establecer sanciones para la compañía.

Los auditores también identificaron que en el desarrollo de los trabajos la constructora brasileña presupuestó una mayor cantidad de insumos, herramientas y materiales a los que realmente se utilizaron, y que de nueva cuenta fueron cubiertos por Petróleos Mexicanos. Tan solo por un tramo de valla galvanizada y accesorios no utilizados se pagó 1 millón 287 mil pesos.

En síntesis: durante el periodo de ejecución de este contrato se realizaron múltiples pagos en exceso y/o improcedentes, sumado a penalidades no cobradas, que llevan a concluir a los auditores que, en general, Pemex “no cumplió las disposiciones legales y normativas” para este tipo de contrataciones.

Al contrastar ello con los sobornos confesados por exdirectivos de Odebrecht y por el propio Emilio Lozoya, la ASF y la FGR presumen que las irregularidades fueron deliberadamente pasadas por alto para favorecer irregularmente a dicha compañía en detrimento de la empresa productiva del Estado.

La denuncia formal de la ASF fue presentada el pasado 17 de febrero y la apertura de la carpeta de investigación ha quedado a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Autoridades federales señalaron que se esperan más denuncias sobre el daño patrimonial ocasionado por los contratos a Odebrecht en los próximos días.

Mega lavado de 3 mil millones

Otra investigación en curso relacionada con Odebrecht, y que se prevé de paso a una nueva denuncia ante la FGR, es la que realiza desde mediados del año pasado la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas operaciones de lavado de dinero que podrían alcanzar hasta los tres mil millones de pesos.

En octubre de 2020, Animal Político adelantó que los trabajos de inteligencia financiera ya habían permitido la identificación de un medio centenar de compañías presuntamente fantasma, mayoritariamente constituidas en México, a través de la cual se habrían triangulado recursos provenientes de la constructora brasileña y su estructura de sobornos.

De acuerdo con autoridades federales, la denuncia aún no se presenta debido a que se continúan documentando conexiones no solo entre empresas sino con personas físicas, entre ellas el propio Lozoya. Y la cantidad puede ser incluso mayor.

Se prevé que la denuncia de la UIF ante la FGR por las presuntas operaciones de lavado de dinero de Odebrecht en México se presente antes del cierre del primer semestre de 20201.

Lozoya: pacto sin resultados. Se acaba el tiempo

El próximo 7 de marzo vence el plazo que un juez federal le dio a la FGR para definir si acusa formalmente a Emilio Lozoya de lavado de dinero y asociación delictuosa y lo lleva a juicio. El exdirector de Pemex fue vinculado a proceso por dichos delitos desde julio de 2020, pero se encuentra en libertad.

Tanto los abogados de Lozoya como la FGR anunciaron, en su momento, que estaban negociando un criterio de oportunidad debido a la colaboración que el exdirector de Pemex ofreció para denunciar hechos de corrupción a gran escala en el gobierno pasado. Lozoya presentó una denuncia formal y entregó algunas pruebas. También ofreció testigos que ya rindieron declaración.

El beneficio del criterio de oportunidad para el exfuncionario, como confirmaron funcionarios federales a este medio, es que el proceso en su contra se suspenda temporalmente (sin ser cerrado definitivamente) mientras se espera que los juicios que se inicien a partir de sus denuncias deriven con sentencias efectivas y condenatorios.

Sin embargo, hasta ahora la información aportada por Lozoya no le ha permitido a la FGR obtener alguna vinculación a proceso en contra de las personas que denunció, por lo que la concesión del criterio sigue en duda.

En su momento, la Fiscalía intentó proceder en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, ambos implicados en los sobornos denunciados por Lozoya. Pero en ambos casos la FGR se desistió de las solicitudes que ya habían presentado ante los jueces.

En ese contexto, autoridades federales indicaron que se continúa valorando la decisión que se tomaría en el caso. Una posibilidad es que la defensa del exdirector de Pemex o los propios fiscales soliciten una ampliación de plazo al juez del periodo de investigación complementaria para tratar de avanzar en la obtención de resultados.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

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1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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