La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a la Interpol emitir fichas rojas para la búsqueda, localización y aprehensión de cuatro personas, entre ellas el exlíder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por el delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa.
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Otra persona, identificada como Adriana, fue detenida este miércoles, por presuntamente ser parte de las colaboradoras y subalternas de Gutiérrez de la Torre, “que publicaban anuncios de ofertas de trabajo en periódicos y portales de internet y reclutaban a mujeres para inducirlas a ofrecer servicios sexuales a su jefe”, detalló la fiscal Ernestina Godoy en un mensaje a medios.
La mujer fue trasladada al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla para quedar a disposición legal de la autoridad que la requirió, quien en las próximas horas determinará su situación legal.
La FGJCDMX señaló que solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda el congelamiento de las cuentas de las cinco personas vinculadas con el caso.
Godoy detalló que “los imputados, a través de medios impresos y electrónicos, contrataron directa e indirectamente espacios para la publicación de anuncios engañosos con el fin de facilitar que se llevaran a cabo las conductas señaladas en los tipos penales ya mencionados, ello con el objetivo de captar a las víctimas y con el fin de someterlas a la explotación”.
Hasta el momento, la Fiscalía ha cumplimentado 4 órdenes de cateo para diversos inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tlalpan, posiblemente relacionados con dichas personas.
La fiscal afirmó que la dependencia “no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo. La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le impute”.
“Las víctimas tienen en esta Fiscalía garantía de protección y acompañamiento. Acabar con la impunidad y la normalización de actos de violencia es una responsabilidad de la FGJCDMX. La entonces Procuraduría falló en su obligación de garantizar el acceso expedito a la justicia de las víctimas y en algunas de sus actuaciones estaban posibilitando que los delitos quedaran impunes”, concluyó.
