Indagan nuevo desvío de 3 mil 500 millones con Javier Duarte
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Investigan nuevo desvío de 3 mil 500 millones con Javier Duarte; el principal operador sigue prófugo

La nueva investigación contra Duarte se inició por una denuncia presentada por la ASF en febrero pasado, por irregularidades detectadas hace más de seis años en Veracruz.
Cuartoscuro
8 de marzo, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por el posible desvío de más de 3 mil 500 millones de pesos provenientes de diversos fondos federales que, en 2015, fueron transferidos a la administración del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El dinero fue extraído de las cuentas oficiales y nunca fue devuelto.

Con esto la suma de recursos posiblemente desviados en Veracruz ya supera los 66 mil millones de pesos. Es, por mucho, la entidad con el mayor monto de recursos públicos desaparecidos. Aunque la mayor parte del dinero mal manejado corresponde al periodo de Duarte, hay más de 2 mil 600 millones desaparecidos que ya corresponden al primer año del actual gobierno de Cuitláhuac García.

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La nueva indagatoria de la FGR surge de la denuncia que el pasado 17 de febrero presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el Ministerio Público en contra de los funcionarios que resulten responsables de este desvío detectado hace seis años, pero que hasta ahora fue denunciado.

El informe de resultados de la auditoría de inversiones físicas 1475-DF-DS que dio pie a la denuncia, concluyó que el gobierno de Duarte desvió de su cauce legal un total de 3 mil 525 millones de pesos provenientes de seis fondos federales, destinados a obras de infraestructura, saneamiento sanitario, asistencia en casos de desastres, entre otros.

Como fue recurrente en dicha administración los auditores encontraron que la tesorería de la Secretaría de Finanzas del Estado no transfería a los municipios los recursos que recibía, o los retiraba de los fideicomisos o cuentas autorizadas creada para ello. Esto con el supuesto objetivo de usar el dinero para cubrir otros gastos.

El retirar recursos federales de las cuentas autorizadas para ello es una práctica irregular pero relativamente frecuente en varios entidades. Sin embargo, lo grave en el caso de Veracruz – de acuerdo con los funcionarios de la ASF consultados por Animal Político – es que el dinero nunca se regresaba ni se probaba en que se había gastado.

El informe de la auditoría destaca, por ejemplo, la desaparición de 2 mil 750 millones de pesos del denominado Fondo de Contingencias Económicas que deberían destinarse justo a gastos emergentes, pero que la administración estatal retiró del banco sin probar para que lo usó.

“No se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe (…) los recursos se retiraron indebidamente de la cuenta específica y exclusiva para llevar el registro, control y rendición de los recursos para el fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado de Veracruz”, indican en su reporte los auditores.

Exactamente lo mismo sucedió con 104 millones 637 mil pesos del denominado Fondo Regional, y 30 millones de pesos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, que la administración de Duarte retiró de las cuentas autorizadas y nunca los devolvió.

Los auditores también identificaron que el gobierno de Veracruz indebidamente 143 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda federal le transfirió para que, a su vez, fueron dispersados hacia los fideicomisos públicos de Administración e Inversión de las Zonas Metropolitanas de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. Dicho recurso tampoco fue devuelto a la federación.

Sumado a lo anterior los auditores identificaron que, en algunos contratos de obras hidráulicas pagados con los recursos transferidos, se etiquetaron pagos por materiales que no se utilizaron ni localizaron, lo que permite presumir que se trató de una simulación para justificar la erogación de dichos recursos.

Implicado, perdonado y ahora prófugo

De acuerdo con el dictamen técnico incluido en la denuncia presentada ante la FGR, el principal responsable del manejo de los recursos públicos desviados en Veracruz es el extesorero de la Secretaría de Finanzas estatal y exdiputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá Saad.

Tanto en esta denuncia, como en las otras 61 que ya ha presentado la Auditoría en contra de la administración de Duarte (cifra récord para cualquier ente público del país), los auditores identifican a Tarek como el funcionario que autorizó el movimiento del dinero para fines ajenos a lo que estaba programado.

Sin embargo, pese al cúmulo de denuncias en su contra, la Fiscalía General no ha podido proceder en su contra debido a que en noviembre de 2018, unos días antes de que concluyera el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la entonces PGR le concedió un criterio de oportunidad gracias a una declaración en la que reconoció que los desvíos existían pero que se los había ordenado Javier Duarte.

El efecto de dicho criterio fue “exonerar” a Tarek Abdalá de 43 posibles cargos de peculado que para ese momento ya pesaban en su contra. Sin embargo, dicho criterio se le concedió sin reclamarle un solo peso de reparación del daño pese a que así lo exigía la ley, situación irregular que ahora es investigada por la FGR.

Actualmente el extesorero está prófugo de la justicia y su paradero se desconoce. Esto luego de que en abril de 2020 un juez del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en su contra a petición de la Fiscalía de dicha entidad, por su participación en el esquema de desvío de recursos a través de empresas fantasma que Animal Político reveló desde 2016.

Y aunque se le exoneró de cargos penales a nivel federal, Tarek tiene en curso 64 procesos administrativos impulsados por la propia ASF. Ocho de ellos ya fueron resueltos en contra de Tarek quien debe pagar 208 millones de pesos, cosa que tampoco ha hecho.

Lee más: Javier Duarte dice que declarará todo sobre Odebrecht y los sobornos que dio a campaña de EPN en 2012

¿Dónde está el dinero?

De acuerdo con datos del Sistema Abierto de Auditoría de la ASF, el monto de recursos observados por malos manejos en Veracruz y que deben ser regresados a la Secretaría de Hacienda asciende a 66 mil 336 millones de pesos. Es, por mucho, la entidad federativa con la mayor cantidad de dinero desaparecido.

La mayor parte de ese monto corresponde al periodo de gobierno de Javier Duarte con más de 58 mil millones de pesos. Pero a ellos ya se suman 2 mil 685 millones de pesos posiblemente desviados en el año 2019, el primero de la administración del actual gobernador Cuitláhuac García. A ellos se suman 2 mil 400 millones de los dos años del gobierno de Miguel Ángel Yunes.

Lo que hasta ahora no se ha podido esclarecer pese a las numerosas investigaciones emprendidas contra la administración de Duarte, es el destino final de los recursos desviados. Como ya se dijo, el principal operador de los malos manejos fue perdonado sin que esclareciera este hecho y actualmente está prófugo.

En el caso de Javier Duarte, aunque está preso y sentenciado desde hace tres años y medio su proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa fue por un caso ajeno a los desvíos reportados por la ASF. Exsecretarios de finanzas de su administración han sido vinculados a proceso, pero aún no hay condenas.

Lo anterior también ha ocasionado que la mayor parte de los recursos mal manejados no hayan sido devueltos al erario.

En 2018 Animal Político reveló que poco más de 3 mil 600 millones de pesos desviados terminaron en una amplia red de empresas fantasma implicadas en financiamiento ilegal a la campaña electoral del PRI en 2012, y a la adquisición de diversas propiedades.

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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