Fiscalía acusa a candidata del PAN Chihuahua de sobornar empresarios
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Fiscalía acusa a candidata del PAN en Chihuahua, Maru Campos, de cobrar sobornos a empresarios

La audiencia inicial de vinculación a proceso se había programado para este viernes 5 de marzo, pero, por tercera vez, se aplazó.
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5 de marzo, 2021
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La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, también es investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente haber cobrado “moches” y favores a proveedores de su gobierno como alcaldesa de la capital chihuahuense.

Se trata de una investigación distinta de la llamada “nómina secreta”, en la que Campos Galván es acusada de haber recibido sobornos millonarios de parte del exgobernador César Duarte cuando ella fungía como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local, previo a su periodo como alcaldesa.

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Ahora, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción la señala de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en la carpeta de investigación 19-2020-17757.

La alcaldesa con licencia, conocida comúnmente como Maru Campos, habría recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018.

Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia; la suma de cargos atribuidos a la candidata panista ronda 1 millón de pesos.

La acusación forma parte de la causa penal 3022/2020. La audiencia inicial de vinculación a proceso se había programado para este viernes 5 de marzo, pero, por tercera vez, se aplazó. La defensa de Campos Galván ha logrado diferir el proceso judicial por medio de suspensiones judiciales, en una estrategia legal semejante a la que siguen en el caso de la “nómina secreta”.

En respuesta a una solicitud de este medio, un vocero de la alcaldesa acusó que ésta ha sido víctima de un “linchamiento” mediático por parte de la Fiscalía previo a la audiencia; señaló que la candidata panista no tiene nada que ocultar y que confía en que no existen pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.

“Se están haciendo acusaciones, se está haciendo un linchamiento, no de ahorita, desde hace meses se le está acusando, se le está victimizando, sin haberle señalado formalmente las acusaciones”, indicó Arturo García Portillo, coordinador de la campaña de Maru Campos.

“La alcaldesa sabe perfectamente, y es lo que ha dicho una y otra vez, que ella no tiene nada de lo que se le señale, por eso compitió en una interna (del PAN), por eso es candidata, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”.

Nexos entre los competidores

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se sustenta en declaraciones de testigos y en irregularidades en contrataciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública 2018. 

Campos Galván habría ordenado la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas que, de acuerdo con la Auditoría, estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación.

Los proveedores involucrados son Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.

En 2018, tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA. El año anterior, en el ejercicio 2017, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.

Testigos colaboradores declararon a la Fiscalía que, durante los dos años, Maru Campos cobró, mes con mes, un “diezmo” que ascendió a 1 millón 319 mil 314 pesos, esto es, el 10% de los montos de los contratos sin IVA.

Los contratistas pagaron adicionalmente sobornos por 1.4 millones de pesos que fueron repartidos entre otros tres excolaboradres de Campos Galván que participaron en las licitaciones amañadas.

Se trata de Luis Orlando Villalobos Seáñez, que era director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el Ayuntamiento y que fue subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Chihuahua durante el sexenio de César Duarte.

También son señalados Félix Arturo Martínez Adriano, exdirector de Mantenimiento Urbano del Municipio (“City Manager”) e integrante del Comité de Adquisiciones, y Luis Carlos Piñón Balderrama, quien era coordinador de Administración en dicha Dirección de Mantenimiento Urbano, donde era subordinado de Martínez Adriano.

Estos funcionarios, previo a las licitaciones para los ejercicios 2017 y 2018, proporcionaron información privilegiada al grupo de empresas -a través de su intermediario, identificado como Miguel Alfredo Aragón Reta- para que pudieran cumplir con los requisitos técnicos y económicos y, así, asegurar las adjudicaciones.

Tras participar en el esquema de corrupción y cobro de sobornos, los tres exfuncionarios municipales se acogieron al “criterio de oportunidad” y ahora son coimputados colaboradores de la Fiscalía, a la que han rendido declaraciones en contra de Campos Galván. Uno de ellos, Félix Martínez Adriano (el ex “City Manager”), incluso ya es candidato a regidor del Ayuntamiento de Chihuahua en la planilla del abanderado del PAN que aspira a suceder a Maru Campos, Marco Bonilla.

Conforme la información recabada, el operador de las negociaciones al interior del municipio fue Orlando Villalobos, quien trató directamente con el bróker de las cinco compañías beneficiadas, Aragón Reta, un priista que fue candidato a regidor en 2016.

Además del intermediario, las empresas compartían a la misma contadora, Kenia Ochoa Venzor, esposa de José Luis Prieto Olivas, que en el periodo de las contrataciones era funcionario de la Secretaría de Economía estatal, según el informe de la Cuenta Pública 2018 elaborado por la Auditoría estatal.

El ente fiscalizador también encontró que las compañías coincidían en algunos nombres de sus propietarios, accionistas y trabajadores dados de alta ante el IMSS.

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Pago de favores

Una vez que el Ayuntamiento de Chihuahua benefició al grupo empresarial con los contratos en 2017, como un pago de favores, el bróker Miguel Alfredo Aragón Reta facilitó a Campos Galván una tarjeta de crédito que la alcaldesa utilizó para cubrir sus gastos personales, lo que configuraría el delito de cohecho.

Entre marzo de 2017 y octubre de 2018 -durante su gestión como funcionaria- dicha tarjeta fue utilizada para el pago de restaurantes, ropa, muebles y joyas por un valor aproximado de 1 millón de pesos.

La cuenta fue usada en Chihuahua, Monterrey y la CDMX, así como en ciudades de Estados Unidos, Italia y Francia, de acuerdo con la acusación.

 

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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