Juez ordena a la FGR iniciar investigación sobre masacre de Camargo
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Juez ordena a la FGR iniciar investigación sobre masacre de Camargo

La decisión del juez obliga a la FGR a abrir una investigación en los próximos tres días. A partir de ahí deberá verificar si existen delitos federales. Esta iniciativa tendrá que ser del conocimiento de las víctimas indirectas.
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El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, Gerardo Eduardo García Salgado, determinó que la Fiscalía General de la República deberá iniciar una carpeta de investigación sobre la masacre de Camargo, Tamaulipas, en los próximos tres días. Hasta el momento la investigación estaba en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) ya que la institución que dirige Alejandro Gertz Manero había rechazado asumir las competencias a pesar de contar con agentes especializados como los de la Unidad Especial de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. 

Tras la masacre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó similitudes con otras matanzas contra migrantes perpetradas en Tamaulipas, como la muerte de los 72 en San Fernando en 2010. Aseguró que la diferencia estaba en que ahora no habría “impunidad”. Sin embargo, desde ese momento las autoridades federales se mantienen al margen de la investigación, dejando que sea la fiscalía estatal la que se haga cargo. 

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho presentó una demanda ante la FGR alegando que también existen delitos del ámbito federal que deben ser investigados. La respuesta de la institución que dirige Alejandro Gertz Manero fue negativa, y alegó que el caso se iba a quedar en Tamaulipas.

La decisión del juez obliga a la FGR a abrir una carpeta de investigación en los próximos tres días. A partir de ahí deberá verificar si existen delitos federales. Esta iniciativa tendrá que ser del conocimiento de las víctimas indirectas, que son los familiares de los 16 migrantes guatemaltecos y de tres mexicanos que, se presume, trabajaban ayudando a cruzarlos al otro lado. 

Entre los argumentos esgrimidos por el juez están que los agentes del Ministerio Público no pueden omitir su deber de iniciar una investigación ni descartar su competencia, que la existencia de una investigación estatal no impide que las autoridades federales inicien sus propias pesquisas y que nos encontramos ante una grave violación de los derechos humanos. 

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero, cuando fueron hallados 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas. De ellos, 16 correspondían a migrantes guatemaltecos que se encontraban en tránsito hacia Estados Unidos. De hecho, fueron sus familiares los que avisaron de la masacre después de recibir la llamada de los coyotes advirtiendo que habían sido atacados. Posteriormente se supo que al menos cinco migrantes sobrevivieron al ataque por ir en un vehículo distinto y que se encuentran en Estados Unidos, donde prestaron declaración como testigos protegidos. 

Apenas diez días después de la masacre fueron detenidos 12 policías estatales que permanecen en prisión acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad documental, ya que la FGJE sospecha que alteraron pruebas en el lugar del crimen.

En el lugar apareció también una camioneta Toyota Sequoya que meses antes fue asegurada en un operativo contra el tráfico de personas en Nuevo León. Debido a esto, ocho agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron apartados de su puesto. 

La masacre de Camargo está rodeada de incógnitas. Por el momento solo se sabe que hay 12 policías estatales en prisión y que fueron vinculados a proceso. Sin embargo, no se ha conocido el contenido de sus declaraciones ante el juez ya que el Poder Judicial clasificó el contenido de las audiencias

Los cuerpos de los 16 migrantes fueron repatriados a Guatemala el pasado 15 de marzo. La mayoría de ellos eran indígenas mam de Comitancillo, en departamento de San Marcos, una zona pobre y rural del noroeste del país centroamericano con mucha tradición de migración hacia Estados Unidos. 

“Esta resolución es un importante precedente a fin de reconocer la dimensión social de las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos, que nos afectan a todos como sociedad, así como establecer con claridad las obligaciones de las autoridades fiscales en torno a la investigación de los delitos, cuyo avance no puede depender de la información que aporten víctimas o demandantes”, dijo en un comunicado la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que recordó que “la verdad y la justicia son un derecho fundamental de las victimas y de la sociedad que debe ser garantizado a cabalidad por el Estado mexicano”.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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