Una magistrada y cuatro magistrados del Tribunal Electoral federal se desmarcaron del presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas, y lo dejaron solo en su disputa contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que lo señala de manipular una votación y acuerdos aprobados en el Consejo de Administración del órgano jurisdiccional.
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Ayer, primero, la magistrada Janine Otálora, expresidenta de la Sala Superior, y los magistrados Reyes Rodríguez e Indalfer Infante suscribieron una carta en la que manifestaron su respaldo a los representantes del CJF en el Consejo de Administración: Loretta Ortiz, Bernardo Bátiz y Jorge Cruz Ramos.
Posteriormente, otros dos magistrados electorales, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata -dos antiguos aliados de Vargas- secundaron el pronunciamiento, destacando que su lealtad está con el Poder Judicial y que ellos siempre se han conducido con legalidad.
El conflicto comenzó el pasado jueves 4 de marzo, tras una sesión del Consejo de Administración, el órgano encargado del manejo de los recursos del tribunal y en el que participan los tres consejeros de la Judicatura, así como Vargas -en su calidad de presidente de la Sala Superior- y el magistrado Felipe Fuentes.
Tras dicha sesión, se publicó en Milenio un trascendido en el que el consejero de la Judicatura Jorge Cruz Ramos fue señalado de intentar alterar la votación de una sesión de la Comisión de Administración del 28 de enero.
Para el grupo opositor a Vargas era un hecho que dicho trascendido provenía de la oficina del magistrado presidente. Al interior del tribunal es recordado un enfrentamiento entre el magistrado y el consejero Cruz Ramos, cuando éste se opuso a un proyecto de Vargas para que el tribunal gastara 27.5 millones de pesos en la compra de camionetas blindadas.
La respuesta de la Judicatura no dilató. El viernes, el CJF, el órgano encargado de vigilar la actuación de los jueces y magistrados federales, publicó un comunicado en el que señaló que en la sesión de la Comisión de Administración del día anterior ocurrió exactamente lo contrario: que Vargas intentó desconocer y manipular un acuerdo adoptado previamente, que daba certeza al uso de los recursos del tribunal.
El lunes, Vargas atacó de nuevo. La Sala Superior emitió un comunicado y publicó mensajes desde la cuenta institucional del TEPJF en los que acusó a la Judicatura de formar parte de una estrategia que pone “en riesgo el adecuado funcionamiento de la institución”.
En la carta suscrita ayer, la magistrada Otálora y los magistrados Rodríguez, Infante, Fuentes y De la Mata sostuvieron que el comunicado y los mensajes de Twitter publicados el lunes no fueron sometidos a la consideración de los integrantes del pleno del tribunal y que, de hecho, no suscribían su contenido.
“Consideramos al Poder Judicial de la Federación como una fuente de legitimidad, puesto que su misión ha sido siempre la de favorecer una justicia electoral que sirva a la ciudadanía y a la democracia de México”, indica la carta.
Vargas protagonizó otro escándalo en su corta trayectoria como presidente de la Sala Superior. En diciembre, el magistrado intentó desconocer la votación del pleno respecto de la paridad de género en la postulación de candidaturas a los gobiernos estatales.
