México incumple con certificación de policías: 46% no están evaluados
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México incumple con certificación de policías: más del 40% no están evaluados

Son 160 mil los policías que según la ley no podrían seguir en activo. Este martes concluyó la prórroga de 18 meses aprobada para que los estados terminaran de evaluarlos y solo Querétaro concluyó al 100%.
Cuartoscuro
11 de marzo, 2021
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Por segunda ocasión, México incumplió el plazo que se había establecido para certificar que los policías de todos los niveles desplegados en el país cuentan con el perfil, las habilidades y conocimientos para hacer ese trabajo. Más del 40 por ciento de los agentes siguen hoy sin esta evaluación que, en el papel, es una obligación legal desde hace cuatro años y medio.

En julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad había aprobado la última prórroga de 18 meses para que los estados y la federación consiguieran certificar a sus policías, luego de que el periodo original de tres años establecido para ello resultara insuficiente.

Dicha prórroga, que comenzó a correr el 10 de septiembre de 2019, venció el día de ayer pero, como prueban datos oficiales a los que Animal Político tuvo acceso a través de una solicitud de transparencia, el compromiso se ha incumplido nuevamente.

La información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arroja que, a nivel estatal, de los 305 mil 231 policías estatales, municipales y adscritos a las Fiscalías, 164 mil 534 cuentan con dicha certificación denominada Certificado Único Policial (CUP).

En proporción, significa que el 54 por ciento de los agentes ya cuenta con el CUP, mientras que un 46 por ciento no lo tienen y, de acuerdo con lo que la ley marca, no podrían seguir desempeñándose como policías.

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Si se desglosa por el tipo de corporación, el mayor rezago se advierte en las policías ministeriales adscritas a las fiscalías estatales. De sus 40 mil 290 elementos en total, solo 4 mil 944 cuentan con el CUP, que equivale a solo el 37.1 por ciento. En tanto, de los 131 mil 606 policías municipales en el país hay 73 mil 171 con CUP, que son 55.6 por ciento.

En cuanto a las policías estatales, del estado de fuerza reportado hasta febrero de 133 mil 335 elementos, un total de 76 mil 419 elementos están certificados, que equivalen al 57.3 por ciento.

Querétaro es la única de las 32 entidades federativas que ha cumplido al cien por ciento con la certificación de todos sus agentes estatales, municipales y ministeriales. Le siguen tres estados que se ubican entre un 80 y 90 por ciento de policías con el CUP: Campeche. Coahuila y Durango.

El resto de los estados se ubican en niveles por debajo del 80 por ciento. Guerrero es el estado mas rezagado de todos con 2 mil 118 policías certificados de los 8 mil 28 con los que cuenta, que significa un promedio de apenas 26.4 por ciento. Dicho de otra forma, solo la cuarta parte de los policías de Guerrero están calificados como aptos para desempeñarse como tales.

A Guerrero le sigue Baja California Sur en donde solo 834 policías de los 2 mil 719, que equivalen al 30.7 por ciento, cuentan con el CUP.

Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas e Hidalgo son las otras entidades en donde el porcentaje de policías certificados no supera el 40 por ciento del total.

La Ciudad de México, por su parte, reportó que ha conseguido certificar a 21 mil 23 policías preventivos que equivalen al 56 por ciento de todos sus policías. Es decir, poco más de la mitad de ellos. La cifra es mayor a los 15 mil 651 policías certificados según el SESNSP.

Aunque está lejos de legar al cien por ciento, la Secretaria de Seguridad Ciudadana capitalina dijo a Animal Político que en el actual sexenio se ha implementado una estrategia para agilizar la certificación, luego de que en 2018 se recibiera un grave rezago con apenas 4 mil policías evaluados. Estimó que al cierre de este año podría terminar la certificación de todos sus agentes.

 Y a nivel federal… peor

Las corporaciones federales de policía están aún más atrasadas en la certificación de sus elementos que las estatales.

Por ejemplo, de los 5 mil 352 agentes de investigación con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR), solo 654 tienen su Certificado Único Policial. Esto representa apenas un 12.2 por ciento del total del estado de fuerza de dicha institución.

Aún peor es el balance de la Guardia Nacional (GN) que este sexenio sustituyó a la Policía Federal. De un estado de fuerza de 88 mil 188 elementos en activo con los que contaban al cierre del año pasado, solo 8 mil 75 cuentan con dicho certificado. Es apenas el 9.6 por ciento de sus elementos.

Cabe recordar que la Guardia Nacional se ha ido conformando con expolicías federales – entre los que se ubican los que tienen el CUP – pero sobretodo con elementos de las fuerzas armadas reclutados por las secretarías de la Defensa y Marina. Un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que se trata de militares que carecen, incluso, de la formación básica para ser policía.

La ley que dio pie a la creación de la Guardia Nacional estableció un plazo especial de dos años a esta corporación para cumplir con la certificación de sus elementos. Dicho periodo vence el próximo 27 de mayo.

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Omisiones, pandemia… y corrupción

El 9 de septiembre de 2016 el Consejo Nacional de Seguridad aprobó los lineamientos para la emisión del CUP. El objetivo de era cumplir con la obligación constitucional que establece que en México todos los policías deben contar con una certificación que avale que tienen el perfil y la preparación para desempeñar esta función clave en la seguridad del país.

Se definió al CUP como un requisito obligatorio para poder ingresar a una fuerza policial y que, para obtenerlo, el aspirante debía superar cuatro tipo de evaluaciones: competencias, formación inicial, desempeño y control de confianza.

Los lineamientos aprobados en 2016 establecieron un periodo de tres años para que todas las corporaciones policiales del país depuraran sus filas, certificando a los elementos aptos y dando de baja a los que no lo fueran.

Sin embargo, para julio de 2019, a unas semanas de que venciera dicho plazo, menos del 30 por ciento de los agentes habían sido certificados. Ante ese escenario, el consejo nacional de Seguridad sesionó y autorizó una prórroga de 18 meses más para que se terminara el proceso. Como ya se describió, pese a que la cifra de policías certificados se duplicó en este lapso, no se logró llegar a la meta.

Mayra Hernández, experta en temas de seguridad pública y formación policial, advirtió que el fracaso del país en la certificación de sus policías es resultado de una combinación varios factores que van, desde los pocos recursos que se han destinado para ello, hasta problemas de corrupción.

Por principio de cuentas, señala que la capacitación de los policías nunca ha sido una prioridad presupuestal. En 2020, por ejemplo, de dos fondos federales que se entregaban a estados y municipios para acciones de seguridad, menos del 20 por ciento se etiquetaba para estos rubros. En cambio, se prefiere gastar en adquisición de equipos y materiales-

A ellos se suma que no ha habido una estrategia consistente de certificación. Incluso, pese a que la reforma de la Guardia Nacional obligaba a las entidades a acelerar la profesionalización de sus policías y reportar periódicamente su progreso, en los hechos esto se ha traducido en la presentación de informes con datos imprecisos o malhechos que nadie realmente revisa.

Y luego viene la corrupción. Ante el temor de perder su trabajo por no contar con el CUP, muchos policías han tenido que pagar a sus mandos para tener acceso a las evaluaciones.

“Policías que ganan 10 mil pesos mensuales han tenido que pagar hasta 55 mil para ser evaluados. Aquí habrá que ponerle lupa, para que la ausencia de CUP no termine siendo un negocio con cargo a las policías”, indicó la especialista.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana añadió que la pandemia sanitaria por el COVID-19 también ha traído algunas complicaciones. Dijo, por ejemplo, que cuenta con casi 4 mil 500 elementos que por distintas circunstancias son población vulnerable y, por lo tanto, no se les puede exponer ahora a las pruebas.

En este contexto y ante la falta de cumplimiento en la certificación, Hernández consideró que el Consejo Nacional de Seguridad debe sesionar de forma extraordinaria para aprobar una nueva prórroga – la tercera ya – para certificar a sus elementos. Esto con el objetivo de no dejar en situación de ilegalidad a los policías que no cuentan con el cup.

“Pero tiene que ser una prórroga con mayor corresponsabilidad. Que estados y municipios informen puntualmente cada mes sobre avances y cumplimiento para cumplir máximo en 1 año con la CUP. Y que también se imponga una corresponsabilidad financiera para que no haya pretextos y, por ejemplo, se asigne el 50 por ciento del Fortamun (fondo federal a municipios) para que las policías cumplan con el CUP”, dijo la especialista.

Autoridades federales consultadas por Animal Político señalaron que es altamente probable que se apruebe una prórroga para la certificación en esta misma semana.

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Cómo Uruguay pasó de ser una excepción en la pandemia de coronavirus al país con mayor tasa de casos nuevos en América Latina

A la cabeza de la región en cantidad de casos nuevos cada millón de personas, Uruguay enfrenta semanas "muy difíciles" en la pandemia luego de su relativa calma, sostienen expertos.
21 de marzo, 2021
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Cuando muchos en el mundo aún veían a Uruguay como una excepción latinoamericana en el control de contagios de COVID-19, el doctor Julio Medina lanzó una advertencia desde allí.

“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus”, tuiteó Medina, catedrático de enfermedades infecciosas en la Universidad de la República (Udelar), el 29 de noviembre.

Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección.

Uruguay pasó a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de covid-19 por cada millón de habitantes, según el promedio móvil de siete días de Our World in Data.

Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan preocupados el panorama uruguayo.

El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año.

Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay está en zona roja de riesgo según los parámetros de la Universidad de Harvard (a partir de 25 casos).

“Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas van a ser muy difíciles”, anticipa Medina en diálogo con BBC Mundo.

Entonces ¿a qué se debe esto?

Vacunación en Uruguay.

Getty Images
Uruguay, que ya ha comenzado a vacunar, registró el pasado domingo un récord de contagios diarios.

“Presos del propio éxito”

Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la pandemia.

Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por COVID-19, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay, de acuerdo a Our World in Data.

Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.

Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia.

Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra el COVID-19, a fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas por cada 100 personas (5,9), detrás de Chile (34,5).

Dos personas del equipo sanitario en Uruguay.

Getty Images
Uruguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en obtener vacunas, pero inocula a uno de los ritmos más rápidos de la región.

Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos obligatorios.

El presidente Luis Lacalle definió este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de otros países.

Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control, a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente actividades que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, comercio, escuelas presenciales, restaurantes…

https://www.youtube.com/watch?v=dDHHLysaCHg

Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebote de la misma.

Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas, que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano austral.

“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de lo que nos está pasando”, señala Medina.

Agrega que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del virus —definida como la P.1 y más transmisible— haya entrado a Uruguay por su frontera terrestre con Brasil.

Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr en ciudades fronterizas con Brasil,donde apenas una calle marca el límite binacional.

“Estamos convencidos de que (la P.1) debe estar en el país, simplemente todavía no logramos demostrarlo”, señala el infectólogo.

Y sostiene que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y usted tiene que ser más estricto”.

La liebre y la tortuga

El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria este martes en un Consejo de Ministros.

Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones, informaron medios locales.

Hospital en Montevideo.

Getty Images
Es probable que Uruguay anuncie más medidas restrictivas esta semana.

El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más restrictivas, como la prohibición de circulación.

Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), integrado por expertos como Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar reuniones sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales.

Y el lunes distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas.

“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Moratorio, un virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, el lunes.

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la misma red que “cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos”.

Enfermera en Uruguay.

Getty Images
Uruguay estableció un calendario singular de vacunación, sin comenzar por los mayores.

“La realidad ya no nos permite ser optimistas. Es una carrera entre el aumento de casos y el muy buen ritmo de vacunación. En este mes (entre hoy y mediados de abril) se juegan las finales. Es necesario adoptar medidas duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ventura, catedrático de la Universidad de Química de la Udelar.

Uruguay también ha adoptado un calendario singular de vacunación, sin comenzar por la población de mayor edad como hicieron otros países por ser grupo de riesgo.

Esto se debe a que, según expertos locales, las primeras vacunas que recibió el país, del laboratorio chino Sinovac, carecían de suficientes ensayos clínicos en mayores de 60 años.

El lunes el gobierno anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exactamente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios.

Medina destaca la importancia clave de vacunarse contra la covid-19, pero señala que, sin otras medidas, incluso una tasa alta de inoculación tendría escaso impacto en el momento actual del país.

“Esto no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advierte. “Nos va a ir ayudando más adelante”.


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