La población que vive en las calles de México quedó fuera de todo programa de protección ante la pandemia de COVID-19. No tuvieron acceso a servicios de salud y tampoco apoyo económico, de empleo o vivienda.

Según un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los 32 gobiernos estatales del país pusieron en marcha 667 programas y acciones sociales para la atención de diferentes grupos de población en el marco de la pandemia, sin embargo, ninguno de ellos estuvo dirigido a personas en situación de calle.

Organizaciones sociales señalan que esta población aumentó en los últimos 12 meses en un ambiente de abandono por parte de la sociedad y de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Si esta población ya tenía poco o casi nada, con la llegada de la pandemia el abandono creció de distintas formas: el cierre de plazas públicas y el “quédate en casa” los dejaron sin espacios para vender sus productos o para pedir dinero. 

En la medida de lo posible, se han cuidado para no enfermar. Entre el temor a la COVID y la desinformación al respecto, continúan sus vidas en las calles, trabajando donde y como pueden para ganar lo suficiente para subsistir otro día.

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En la Ciudad de México, la metrópoli más grande del país desde el inicio de la pandemia se tomaron medidas específicas para las poblaciones callejeras, como el establecimiento de un albergue principal y dos emergentes, así como brigadas que recorrieron las calles para ofrecer apoyo, dice en entrevista con Animal Político, la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la capital, Almudena Ocejo.

Con ayuda de un camión donado al Gobierno de la Ciudad de México por Turquía, recorren algunas calles para ofrecer revisiones médicas y regalan gel antibacterial y cubrebocas. Hasta la fecha, Bienestar afirma que no han encontrado un solo caso de COVID entre las poblaciones callejeras.

Sobre las vacunas, la doctora Ocejo dice que habrá un proceso especial para personas en situación de calle, al interior de los albergues y Centros de Asistencia Social.

En el caso de Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla, titular del DIF estatal, explica que se ofrecieron despensas y se invitó a un albergue a personas en situación de calle, y que el gobierno local destinó 5 millones de pesos para que a lo largo de este año se atienda a esta población.

Las autoridades locales desconocen el número de personas que viven en las calles de Jalisco, sin embargo, estiman que “hubo un incremento de personas que se encuentran en la calle por la crisis. Nuestro equipo sale todos los días y encontramos a personas que perdieron su trabajo y sus ingresos y en la calle encontraron un medio de vida”.

De acuerdo con Martín Mancilla, Jalisco se encuentra diseñando un nuevo modelo de reinserción de personas en situación de calle, “para que quienes ya dejaron los vicios y están trabajando puedan tener una casa. Los vamos a dotar de un pequeño kit básico de vivienda para que se reincorporen con sus familias”. Pero hasta ahora solo es un proyecto.

A la fecha, afirman que no han detectado personas en situación de calle con COVID en Jalisco y que los servicios de salud están garantizados para ellas, incluida la vacuna.

Las versiones oficiales son cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil, quienes afirman que los apoyos han sido insuficientes y que no todas las personas que los necesitan han podido acceder a ellos.

El Colectivo Pro Derechos de la Niñez (CODENI), que trabaja con personas en situación de calle en la capital de Jalisco, señala que las personas que ya se encontraban en un estado de vulnerabilidad son quienes se encuentran en mayor riesgo de contagiarse de COVID y quienes peor han pasado la pandemia por diversas situaciones.

“Ante la falta de apoyo tienen que buscar otras opciones para obtener los recursos para subsistir, pese al cierre de actividades”, explica Amanda Cabrera, coordinadora de comunicación de CODENI.

La asociación ha brindado apoyo en despensas e información sobre cómo prevenir contagios de COVID, pero pese a ello, muchas familias “están sobreviviendo a duras penas, son casos dolorosos y desesperanzadores porque buscan la forma de conseguir dinero pero la precariedad aumenta rápido y sus condiciones se vuelven más difíciles”. Y en otros estados la situación es similar.

Sin acceso a servicios de salud en pandemia

De acuerdo con el único censo oficial sobre poblaciones callejeras del país, elaborado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, en 2017 había 6 mil 754 personas en situación de calle en la Ciudad de México, 4 mil 354 que vivían en espacios públicos y 2 mil 400 en albergues públicos y privados.

Sin embargo, Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, estima que a lo largo del último año el número de integrantes de las poblaciones callejeras ha aumentado, principalmente de niños y jóvenes, sin que se tenga certeza de cuántos son.

“La población se encuentra en una situación más compleja durante la pandemia, principalmente por el tema del trabajo. No pueden trabajar en el metro y cerraron algunos espacios en calle, lo que los deja con pocos recursos para sus rentas o comprar comida”, explica.

A un año del inicio de la pandemia, el balance de la asociación no es positivo: “Seguimos viendo una población que no cree en el virus, sin insumos preventivos necesarios y con las mismas condiciones históricas de no contar con acceso a los servicios de salud”.

Vanesa, de 37 años, corrobora esta versión. Vive con una decena de personas a las afueras de la estación de metro Hidalgo, en el centro de la capital, y comenta que no ha recibido visitas de las autoridades ni apoyos para sobrellevar la pandemia, más allá del que obtiene de sus propios compañeros de calle.

“Hubo un chico que se puso malo. Vino una ambulancia y ni lo revisó, solo nos dijo que supuestamente ya tenía el virus… pero como estamos en situación de calle no se lo quisieron llevar. Nosotros por nuestros propios medios lo llevamos al doctor en un consultorio de farmacia, nos cooperamos todos y lo apoyamos con sus medicinas”, relata.

Afortunadamente su compañero no tenía más que un resfriado y finalmente se recuperó. Para cuidarse de no enfermar, Vanesa dice que cuentan con cobijas y ropa que vecinos y asociaciones les regalan, “para cubrirnos del frío, así nos protegemos entre todos”. No tienen más.

Tampoco parece que vayan a tener acceso a las vacunas. José Gerardo, un hombre de 64 años que vive en una casita improvisada con telas, plásticos y sillas en un parque ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, se mantiene escéptico y ansioso por recibirla… pero aún no sabe si le tocará.

Apenas ve acercarse a un grupo de mujeres y hombres vestidos con un overol rojo, los recibe con una sonrisa. Son los educadores de la asociación El Caracol, que durante toda la pandemia se han dedicado a visitar a personas que viven en las calles para darles cubrebocas, gel antibacterial e información sobre cómo prevenir la COVID.

Mientras le regalan agua y jabón para que lave sus manos, una de las educadoras le pregunta si ha escuchado algo sobre la vacuna. Él asiente, dice que sabe que ya llegó a México y que tiene que inscribirse para que se la apliquen, pero no tiene internet, teléfono, ni computadora. Tampoco conoce su CURP, por lo que no puede registrarse.

Tiene documentos de identidad, pero cuenta que se los robaron en un operativo en el que la policía se llevó sus pertenencias. Eli, la educadora de Caracol, toma sus datos y le dice que volverán a visitarlo en unos días para proporcionarle su registro, en caso de que consigan ponerlo en la lista de espera para recibir una vacuna.

En tanto esto ocurre, el hombre dice que toma las medidas que puede para evitar contagiarse: “nos limpiamos un poquito cuando nos regalan agua, con eso alcanza para un medio bañito”.

Acerca de si ha recibido alguna visita por parte de las autoridades de la Ciudad de México para ofrecerle apoyo, José Gerardo señala que hasta ahora solo han ido a regalarle cobijas y a pedirle que se retire de donde vive.

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Los daños colaterales

La falta de programas dirigidos específicamente a apoyar a poblaciones callejeras va más allá de la precarización de su situación económica, el limitado acceso a servicios de salud y el riesgo al que se ven expuestos ante la falta de insumos básicos de higiene.

Las organizaciones sociales como El Caracol, Melel, CODENI y la Escuelita Móvil de Querétaro coinciden en que persiste la desinformación entre las poblaciones callejeras sobre el virus y el acceso a las vacunas, lo que se traduce en una falta de cuidados que los pone más en riesgo.

En el caso de Chiapas, Jenifer Haza de la asociación Melel, advierte que el hecho de que las cifras oficiales mostraran una tendencia baja de contagios de COVID en el estado ha provocado que, a la fecha, muchas de las personas que viven y trabajan en calle sean laxas con las medidas como el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, además de que en ocasiones no cuentan con espacios ni insumos para hacerlo.

Para Melel, las autoridades no han contado con planes específicos para apoyar a esta población, aunque el DIF de Chiapas señala que se ha apoyado a las personas con despensas.

En una encuesta realizada por Melel a 196 niños y jóvenes que trabajan vendiendo diversos productos en calles de San Cristóbal de las Casas, el 90% señaló sentirse preocupado por quedarse sin comida o sin ingresos, por ello es que deciden privilegiar la búsqueda de dinero antes que los temas educativos y de cuidado.

María, una comerciante informal que vive al día de un puesto de ropa y juguetes hechos a mano en San Cristóbal de las Casas, señala que en todo el año que va de la pandemia no ha recibido ofrecimientos de despensas ni apoyos del gobierno, únicamente de asociaciones como Melel.

“Ya va un año de que se cerraron los puestos. Hasta la fecha nos está afectando mucho porque no hay turistas, no hay quien compre aunque tengamos nuestro trabajito, y eso nos deja sin el dinerito que ganamos con la venta”, señala en entrevista.

Como consecuencia, su hijo también ha tenido que trabajar, descuidando sus estudios que de por sí se vieron afectados por la modalidad a distancia, pues no cuentan con computadora ni internet. María espera que en cuanto la situación económica mejore, él pueda volver a clases. Aunque sabe que su situación económica podría empeorar.

Esta es otra situación que preocupa a las asociaciones que apoyan poblaciones callejeras es el aumento del número de menores de edad en las calles, producto del abandono de los estudios a causa del cierre de las escuelas y de la precariedad económica de las familias.

Jessica Martínez, encargada de la Escuela Móvil de Querétaro, organización que desde hace 9 años recorre el centro de la ciudad para llevar dinámicas educativas a los menores, cuenta que este incremento en el número de niños y jóvenes en calle se ha dado sin que el gobierno haga algo para atenderles, aunque esta situación se presenta desde antes de la pandemia.

Querétaro, al igual que otros estados, cuenta con un albergue al que puede acudir la población de calle, sin embargo, como comenta Jessica Martínez, en la mayoría de las ocasiones las personas no quieren estar en él debido a que no les permiten salir a trabajar ni los reciben si van intoxicados por alguna droga.

“Para ellos no hay nada, lamentablemente, y no solo ahora. Desde hace años que trabajamos en calle tenemos problemas para que los atiendan, algunos han fallecido por negligencias y lo único que hacen es estarlos retirando”, comenta.

Aunque en este estado, según relatan los jóvenes, no solo les quitan sus cosas, sino las queman para que no puedan seguirse quedando en algunos sitios.

“Es como si los pensaran inmortales, que no les pasa nada, que no les duele o que por sus condiciones de vida no necesitan atención. Ellos viven el mismo aislamiento social de siempre, porque la gente no se les acerca, e incluso, de manera muy triste, ahora lo que comentan sorprendidos es que no han muerto de COVID, como si estuvieran esperando que así pasara”.