A 2 meses del plazo límite, 90% de Guardia Nacional no ha sido evaluada
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A 2 meses del plazo límite, el 90% de la Guardia Nacional no ha sido evaluada

Con el fin de no frenar el despliegue prometido por AMLO, el Congreso dio un plazo de dos años para que los elementos de la Guardia Nacional fueran examinados y en su caso aprobados, pero el avance es mínimo. Además, persiste reclutamiento exclusivamente militar.
Cuartoscuro
17 de marzo, 2021
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Nueve de cada 10 elementos de la Guardia Nacional (GN) que actualmente están desplegados en el país haciendo labores de policía, no han presentado y aprobado las evaluaciones que acrediten que tienen el perfil, conocimientos, aptitudes y habilidades para poder hacer ese trabajo.

Se trata de una situación que para cualquier corporación de policía sería ilegal sino fuera porque a la Guardia Nacional se le dio un plazo de dos años para que cumplimentara ese proceso y, con ello, no frenar su despliegue inicial. Pero a dicho plazo le quedan solo dos meses y el avance es mínimo.

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Así lo confirman datos oficiales actualizados a los que Animal Político tuvo acceso a través de solicitudes de transparencia. La información también confirma que la Guardia Nacional, pese a ser por definición una policía civil, sigue alimentándose exclusivamente de militares reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con los datos proporcionados, hasta febrero pasado estaban desplegados en el país 100 mil 528 elementos en total, de los cuales 59 mil 565 son policías militares provenientes de la Defensa Nacional, 15 mil 211 son efectivos provenientes de la Secretaría de Marina, y 25 mil 752 son expolicías federales transferidos de dicha corporación al momento de su desaparición.

De ese total, solo 9 mil 31 elementos cuentan con el denominado Certificado Único Policial (CUP) vigente que acredita que son aptos para poder realizar una función de policía. En proporción, se trata de menos del diez por ciento de todo el estado de fuerza de esta corporación.

El CUP es la certificación diseñada para cumplir con la disposición del articulo 21 de la Constitución Política que establece, literalmente, que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema”.

Para el caso de la GN se hizo una excepción temporal. El artículo 4to transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, publicada el 27 de mayo de 2019, dio un plazo máximo de dos años para que los elementos asignados a esta corporación contaran con la referida certificación. 

Esto con el objetivo de que se pudiera integrar rápidamente un estado de fuerza de guardias que, salvando este requisito, pudiera ser desplegado en el país como lo había comprometido públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al ritmo en que la certificación en la GN ha avanzado hasta ahora se requerirían cerca de dos décadas para completar la evaluación de todos los elementos. Para obtener el CUP, un policía debe acreditar que ha superado exitosamente cuatro tipos de evaluaciones: competencias, formación inicial, desempeño y control de confianza.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicado en febrero pasado había advertido ya que no hay certeza de que los militares que están siendo transferidos a la Guardia Nacional superaron de forma satisfactoria la formación inicial que todo policía del país debe cumplir.

Siguen solo militares

Los datos proporcionados por la Guardia Nacional también confirman que esta nueva fuerza se sigue nutriendo exclusivamente de militares, no de civiles.

La dependencia indicó que desde su puesta en marcha se han reclutado a 35 mil 600 nuevos elementos a dicha corporación, los cuales se suman a los mas de 60 mil efectivos transferidos originalmente desde las fuerzas armadas y la expolicía federal.

Ninguno de los nuevos elementos fue captado y reclutado por la Guardia Nacional, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal. En realidad, todos provienen de las instituciones castrenses: 29 mil 263 de la Sedena y 6 mil 337 de la Secretaría de Marina.

Los nuevos elementos son contratados por dichas secretarías y luego son “separados” de sus obligaciones castrenses para laborar en la Guardia Nacional. Sus derechos laborales y protección social quedan a cargo de la Defensa y la Marina. 

Los actuales mandos de la GN también son, en su totalidad, elementos provenientes de las fuerzas armadas. Las bases e instalaciones de dicha corporación en el país también han sido gestionadas y adquiridas por el Ejército Mexicano.

La reforma constitucional que dio pie al nacimiento de la Guardia Nacional define a esta fuerza como una institución de seguridad publica de carácter civil, como cualquier otra. No obstante, dicha reforma también dio un plazo de cinco años al gobierno del presidente López Obrador para auxiliarse en las fuerzas armadas.

Organizaciones civiles especializadas en temas de policía como Causa en Común, y especialistas como Alejandro Hope, han advertido en diversos momentos que la formación 100 por ciento castrense de la Guardia además de contravenir su carácter civil, puede poner en riesgo su consolidación como una institución independiente.

CDMX, con el mayor despliegue

La Ciudad de México es la entidad del país que concentra actualmente el mayor número de elementos de la Guardia Nacional en el país: prácticamente 1 de cada 10 efectivos están en la capital del país. La cifra, de acuerdo con los datos proporcionados pro la corporación, era de 12 mil 751 efectivos hasta febrero pasado en la ciudad.

El estado de México es la segunda entidad con el mayor despliegue de guardias con 9 mil 638 elementos, y le sigue Guanajuato con 6 mil 855 guardias. Después se ubica Jalisco con 5 mil 831 efectivos y Oaxaca con 5 mil 231 elementos.

En tanto, las entidades con menos elementos de la Guardia Nacional asignados son Aguascalientes, Tlaxcala y Campeche, todas con menos de mil efectivos en su territorio.

En su informe publicado en febrero, la ASF también cuestionó la forma en que se ha decidido desplegar a la Guardia en el país, señalando que no parece haber una lógica estratégica o de combate a las zonas de mayor incidencia criminal.

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Muere un guardia al mes, en promedio

Los datos oficiales obtenidos por este medio muestran que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 un total de 24 elementos de dicha corporación han perdido la vida a causa de agresiones de grupos criminales o accidentes, mientras se encontraban desplegados en el país. Se trata, en promedio, de al menos un agente caído cada mes.

Del total de elementos caídos, la mitad de ellos perdieron la vida tras ser agredidos por presuntos integrantes de grupos criminales. Estos casos han ocurrido en estados como Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Querétaro.

Los otros doce agentes murieron como resultado de accidentes automovilísticos principalmente. También se registra un fallecimiento por caída de una azotea y dos guardias mas que perdieron la vida calcinados en Baja California.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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