El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de reformas a la Ley de Hidrocarburos entre las que se propone que las autoridades puedan suspender permisos de privados “a fin de garantizar los intereses de la Nación” o cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Según el documento enviado a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo propone una modificación al artículo 57, para establecer que, además de la ocupación temporal y la intervención, previstas en la legislación actual, se incluya la suspensión del permiso “a fin de garantizar los intereses de la Nación”.
Además, se incorpora el artículo 59 Bis que da facultad a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para “suspender los permisos expedidos en los términos establecidos de esta Ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Este tipo de permisos son otorgados para el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento de gas natural, la exportación e importación de hidrocarburos, así como el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público.
López Obrador argumentó que estos cambios se deben a que las amenazas y riesgo a la seguridad energética “podrían tener un impacto sobre la agenda de seguridad nacional del Estado mexicano”.
“Es necesario impulsar una política energética que permita a la Federación actuar eficazmente ante los riesgos mencionados, mediante la suspensión de permisos que hubiere otorgado”, comentó.
Para el especialista en energía Ramsés Pech, estos cambios pueden “lacerar las inversiones de privados que estén bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá”, además de que, en el caso del artículo 59, se debe explicar a qué se refiere con peligro inminente para seguridad nacional, energética y económica.
Otro de los cambios, al artículo 56, busca revocar los permisos de quienen reincidan en “la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente” y por el “incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de Hidrocarburos y Petrolíferos”.
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La reforma también propone cambios a los artículos 51, 53 y 86 de la Ley de Hidrocarburos.
“Los cambios son muy ambiguos, y dejan a la nación inmersa en problemas legales ante instancias internacionales ante posibles juicios, además de crear una incertidumbre mayor en el mercado de comercialización de petrolíferos”, acusó Pech.
