En los hechos, México aplicó al menos 33 estrategias para enfrentar la pandemia de COVID-19, con los resultados que ya conocemos, al tener el país uno de los niveles más alto de mortalidad en el mundo por esa enfermedad, desempleo y aumento de la pobreza.
El gobierno federal estableció un plan de apoyos y a su vez cada estado el suyo, a partir de la precariedad financiera y social que tenían cuando les impactó la pandemia, su capacidad o su decisión de endeudarse, pero también por su alineación política.
De ese modo se tuvo una respuesta diferenciada y dispersa para apoyos económicos, sanitarios y sociales, aunque en general también insuficiente, con tropiezos, falta de ayuda a grupos vulnerables y en su mayoría opaca en el gasto, sin que el gobierno federal fomentara o lograra generar cohesión, según analistas y estudios consultados.
“El abanico de respuestas estatales fue muy variado y refleja un problema de federalismo, y eso es una mala noticia porque no hubo una coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, de cómo responder a la pandemia, en vez de tener una distribución clara donde se hubiera dicho cómo iba a responder cada ámbito de gobierno, e iba a hacerse responsable de ciertas tareas específicas”, dijo Guillermo M. Cejudo, investigador y coautor de un estudio del CIDE sobre la respuesta estatal.
“No hay un enfoque de cooperación, entre estados, federación y municipios, ahora mismo están todos los incentivos para que los gobernadores compitan entre sí”, dijo el especialista en finanzas públicas, Carlos Brown.
“Si no hay comunicación entre los distintos niveles de gobierno, pues es una fórmula para el desastre. Es lo que ha pasado”, agregó.
La falta de coordinación incluso fue al interior de los estados, ya que Coneval identificó que sólo 32% de las acciones o programas de los gobiernos estatales se aplicaron en coordinación con los gobiernos municipales.
Un ejemplo de la disparidad en el país: en los 6 estados gobernados por Morena se terminó por establecer a lo largo de 2020 el uso obligatorio de cubrebocas -mientras que su eficacia para prevenir COVID era cuestionada por el gobierno federal-.
Sin embargo, en esas entidades no se impusieron multas o cárcel por no utilizarlo.
En cambio esto sí ocurrió en estados como Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Yucatán, Zacatecas, Querétaro, Nayarit, Colima y Guanajuato, aunque no se tienen estudios definitivos sobre cómo esas medidas coercitivas pudieron incidir en la tendencia de contagios.
Gobernadores de esta última lista de estados, por cierto, conformaron durante el año pasado la llamada Alianza Federalista, reclamando al gobierno federal su mal manejo de acciones ante la pandemia y que era necesario hacer más pruebas de detección del virus.
Otro ejemplo: según el análisis de Coneval, con datos del periodo de marzo a agosto, Yucatán fue el estado que activó más programas para proteger el empleo formal ante la pandemia, con 20, aunque el Consejo también apuntó que el implementar más cantidad de acciones no era sinónimo de efectividad.
Por otro lado, estados como Chiapas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz aplicaron solo 3, y la Ciudad de México sólo uno, entidad que en cambio fue una de las que dio más apoyos para el empleo informal.
Yucatán, gobernado por el PAN, fue el estado que más aumentó su deuda en un año, ante el impacto de la pandemia.
Según explicó el funcionario Rafael Hernández Kotasek, secretario de Planeación del Gobierno de Yucatán, pidieron por ejemplo un crédito de 1,500 millones de pesos luego de que el gobierno federal bajara los recursos para estados el año pasado, y que esa entidad enfrentara dos huracanes y tres tormentas tropicales, además del daño económico por la pandemia.
“Si tuvimos que adquirir deuda, es porque también sabemos que en el corto plazo entre más podamos amortiguar el impacto de esta pandemia, así sea con estos créditos, pues más rápida será la recuperación”, mencionó.
El mismo funcionario dijo que pudo haber sido diferente la relación con el gobierno federal, con más estímulos fiscales y coordinación. “Tal vez una estrategia que pudiera complementar los esfuerzos de un estado, definitivamente pudo haber logrado un mayor impacto”.
Según los datos de Hacienda y analizados por el Instituto Belisario Domínguez, Yucatán pasó de una deuda de 4,147 millones de pesos en 2019 a una de 8,281 a finales de 2020. Un aumento del 99.7%, es decir, se duplicó.
Le siguieron Jalisco (33.8%), San Luis Potosí (25%), Guanajuato (21.2%), Colima (20.8%) y Durango (19.1%), en niveles de aumento (son entidades donde gobierna la oposición y vinculados con la llamada Alianza Federalista).
Otros estados, por el contrario, redujeron su deuda el año pasado, como Querétaro, Tabasco, Sinaloa, e Hidalgo.
El secretario de Finanzas de Jalisco, Héctor Rafael Pérez Partida, dijo en entrevista que créditos que solicitaron el año pasado, como uno de 6,200 millones de pesos, se enfocaron en “reactivación económica, de que hubiera actividad, de construcción de infraestructura, que pudiera contener el impacto”.
El tema de Salud, dijo, se atendió principalmente a través de reasignaciones de partidas ya existentes. Pérez Partida defendió que la estrategia de la entidad dio resultados, para atemperar un daño aún mayor. El año pasado, Jalisco se ubicó ‘a media tabla’ en el tema de generación y pérdida de plazas, con una baja de 32 mil empleos formales. Solo Baja California, Chihuahua y Tabasco lograron aumentos en generación de empleo formal, según esta gráfica de México, ¿cómo vamos?
“Las asimetrías en las respuestas ante la pandemia dependen fuertemente de la capacidad financiera que tienen los estados”, refirió Carlos Brown, recordando que las entidades federativas generan únicamente el 12% de sus ingresos, y el resto de los recursos provienen del acuerdo de coordinación fiscal con la Federación.
“Aunque no solo es un tema de capacidad financiera, también es un tema de capacidad institucional”, y la respuesta estatal ante la COVID también se quedó corta, agregó.
En una encuesta que hizo el INEGI sobre el impacto económico de la pandemia, de mayo a junio de 2020, cuando se dio la primera gran ola de COVID, sólo 7.8% de las empresas en el país habían recibido algún tipo de apoyo.
Estados como Chihuahua, Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas anunciaron desde el inicio de la pandemia un “paquete” amplio de medidas e instrumentos para atender los efectos de la pandemia por COVID.
“Hay otros, como Tabasco, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero; que decidieron esperar para ir incorporando medidas e instrumentos conforme se manifestaban los efectos del problema o que decidieron dar una respuesta más limitada, y que se manifiesta en un número bajo de instrumentos anunciados”, señaló un estudio del CIDE con datos hasta julio.
El mismo análisis indicó que los apoyos fiscales, económicos y sociales otorgados por los estados lucían insuficientes, por los montos y la cobertura de beneficiarios.
Casi la mitad de los instrumentos (48%) tuvieron como meta de beneficiarios a 10 mil personas o menos, 30% eran para atender entre 10 mil y 50 mil personas, 4% para entre 50 mil y 100 mil personas, y 17% para más de cien mil.
En términos de familias u hogares, 50% contempló atender a menos de 50 mil, 11% entre 50 mil 100 mil familias y hogares, y 39% a más de cien mil hogares.
“Las medidas que se emplearon terminaron siendo insuficientes y no es sorprendente, porque como documentamos, la inmensa mayoría de medidas era de una escala muy chica, que aportaban unos cuantos millones de pesos nada más, o llegaban a unas decenas de miles de personas cuando la magnitud de lo que estaba sucediendo era amplia”, señaló Guillermo M. Cejudo, coautor del estudio del CIDE.
El mismo analista dice que otro problema, la falta de información clara sobre los programas y montos de ayuda aplicados, impide hacer una evaluación precisa sobre algún plan de acción estatal, en comparación con otros.
“No me atrevería a decir de manera categórica si algún estado lo hizo bien o lo hizo mal justo por el tema de la transparencia. No sabemos si lo que no transparentaron era muy bueno o era muy malo, y la falta de información lo vuelve incomparable”.
Opacidad, falta de indicadores
En su mayoría, los programas o acciones emprendidos por los gobiernos locales ante COVID han carecido de un padrón de beneficiarios o el mismo no es público. Tampoco ha predominado el que cuenten con reglas de operación o estrategias de evaluación, según los estudios consultados.
Para la mayoría de los apoyos o programas anunciados por los estados también se desconoce el monto destinado y en ocasiones, incluso, de dónde provinieron los recursos, si de las finanzas de los estados o lo que les asigna la federación.
“Encontramos que había un déficit muy serio sobre transparencia. En muchos casos no podíamos saber ni siquiera cuánto era el monto que se estaba asignando o las reglas para acceder a los apoyos”, comentó el profesor del CIDE, que también es miembro investigador del Coneval.
“La emergencia se puede volver pretexto para la opacidad”, agregó.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó en su estudio “La política pública frente a la COVID-19: Recomendaciones para América Latina y el Caribe” que si los países no controlan el desvío y uso ineficiente de recursos perderán oportunidades para mitigar el impacto de la crisis en la sociedad.
“Es fundamental mantener altos niveles de transparencia en los gastos y contrataciones, y demostrar un fuerte compromiso y capacidad de investigar abusos”.
En México, sólo 11 de las 32 entidades aplicaron estrategias de evaluación para la mayoría de sus programas o apoyos creados para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19. Sin embargo, la mayoría de las evaluaciones no se encuentran disponibles públicamente para su consulta.
Lo mismo sucede con las reglas de operación. Aunque 15 entidades afirmaron que la mayoría de sus apoyos cuenta con una serie de puntos que indican fechas y montos de su aplicación, al ser cuestionados por el Coneval ninguno pudo proveer de alguna o suficientes fuentes de información.
Para ejemplificar las contradicciones que se registran entre los anuncios, aplicación y transparencia de los programas de apoyo frente a la pandemia elegimos dos entidades, una al sur y otra al norte del país: Chiapas y Sonora.
Chiapas es el estado con el mayor porcentaje de población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica, con casi 70%. También, junto a Campeche, ha sido la entidad que ha estado en semáforo epidemiológico de color verde por más tiempo durante la pandemia. Y tiene la menor tasa de defunciones por COVID-19 de todo el país.
Aún así Victorino Morales, experto en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey en Chiapas, señaló que la política pública en cuanto a atención del COVID en ese estado “sólo deja ver un desastre donde no sabemos cómo actuar con grupos de pueblos originarios ni con la gente de menores recursos”.
Coneval reportó que entre marzo y agosto de 2020 en Chiapas se crearon 12 apoyos para atender la pandemia.
De ellos, solo uno estuvo destinado a la atención de pueblos originarios, con el que se entregaron ambulancias en 13 municipios indígenas. Ese fue un programa nuevo, pero cuyo origen de recursos se mantuvo como “no disponible”.
“En este año hay elecciones y por lo que ha pasado en el estado sí se deja ver como que hubo una motivación electoral para aplicar en tal o cual lugar un apoyo”, señala Victorino Morales.
En la información que el gobierno de Chiapas dio al Coneval sobre el apoyo de las ambulancias se indica que “son muestra clara del compromiso institucional de su gobierno de brindar un mejor servicio de salud pública a todas y todos”.
En Chiapas se entregaron tres apoyos para pequeñas y medianas empresas pero se desconoce el padrón de beneficiarios, las reglas de operación y solo de uno se publicó la estrategia de evaluación.
Sonora es la tercera entidad con mayor tasa de muertes por COVID-19, después de la Ciudad de México y Baja California. Pero también es uno de los estados donde menos programas de apoyo se crearon para hacer frente a la pandemia.
Ahí se aplicó un apoyo para “familias con mayores carencias sociales, que habitan en zonas de atención prioritaria de localidades de mayor concentración poblacional” y que sufrieron una disminución de ingresos o pérdida de empleo.
A ellos se les dio “una entrega única de dos paquetes alimentarios conformado por 24 artículos de la canasta básica, cada uno”.
Y aunque se indicó que “la evidencia” para diseñar el programa fueron “las zonas de atención prioritaria”, también se explicó que “debido a las medidas de sana distancia no se integró padrón de personas beneficiarias”, pero que en la distribución de los paquetes participaron “fiscalizadores estatales”.
A nivel nacional dos entidades indicaron tener el mayor número de los apoyos dedicados a la economía de las mujeres durante la pandemia: Jalisco y el Estado de México. Sin embargo, en este último solo se reportó el adelanto de la entrega de un programa ya existente, Salario Rosa.
En Jalisco, un programa de atención a mujeres incluyó “apoyos económicos y una tableta”. Otro, solo apoyaría a entre 10 y 40 mujeres emprendedoras. Este “buscaba mantener y conservar las micro y pequeñas empresas de mujeres”, pero solo estuvo vigente entre julio y agosto de 2020.
Ni Chiapas ni Sonora generaron apoyos específicos para las mujeres. Guillermo M. Cejudo insistió en que ellas y personas de bajos recursos, indígenas o trabajadores temporales debían ser grupos estratégicos para los apoyos “y no solo brindarles cobijas o despensas”.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) uno de los retos durante esta pandemia era justo encontrar “maneras rápidas de colaboración entre todos los actores económicos y mejorar la colaboración y coordinación de los tres niveles de gobierno, y transparentar ante la ciudadanía las decisiones de las autoridades”.
