Reservan declaraciones de policías detenidos por masacre de Camargo
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Poder Judicial de Tamaulipas reserva las declaraciones de los policías acusados de la masacre de Camargo

Argumenta que el caso está bajo investigación y que la matanza de 19 personas todavía no puede ser clasificada como “grave violación a los derechos humanos”.
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Las declaraciones de los 12 policías que están en prisión por la masacre de Camargo, Tamaulipas, se mantendrán secretas por el momento.

Así lo determinó el Poder Judicial del estado norteño ante una solicitud de transparencia formulada por Animal Político. Los agentes de la Policía Estatal están acusados de los delitos homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad y fueron detenidos días después del hallazgo de 19 cuerpos calcinados, en su mayoría migrantes guatemaltecos que trataban de alcanzar Estados Unidos. 

Todos ellos declararon ante la jueza de Ciudad Victoria los días 3 y 8 de febrero y posteriormente quedaron vinculados a proceso dentro de la causa 23/2021 que investiga la masacre. La audiencia se celebró a puerta cerrada debido a la contingencia por COVID-19 y ahora las autoridades quieren guardar bajo llave su contenido.

Por el momento estas declaraciones seguirán bajo reserva durante cinco años o hasta que se firme una sentencia que no pueda ser recurrida. El Poder Judicial de Tamaulipas argumenta que dar publicidad a la carpeta de investigación podría perjudicar tanto a los acusados, que gozan de la presunción de inocencia, como a las víctimas, porque podría dañarse la investigación. 

“El hecho de hacer públicas las audiencias, y constancias procesales que integran la causa penal 23/2021, con motivo de la investigación y culminación de la misma realizada por la fiscalía, permitir el acceso al expediente a personas no autorizadas, podría generar un daño irreparable en la investigación y persecución del delito, que iría en perjuicio tanto de las víctimas u ofendidos, como de los imputados”, dice la juez en su resolución. 

En este sentido, reconoce el derecho de las víctimas y policías a conocer la verdad de lo que ocurrió, pero considera que, para ello, está prevista la investigación de la Fiscalía.

A su vez, advierte de que la publicidad de las declaraciones podría perjudicar a las pesquisas y facilitar la impunidad.

“La investigación podría verse obstaculizada, culminando en una sentencia absolutoria”, dice el Poder Judicial al justificar su reserva, y añade que la publicidad haría que se conociesen los datos que llevaron al auto de vinculación a proceso, cuando los acusados todavía gozan del principio de presunción de inocencia. 

A la espera de la CNDH 

Según la Ley de Transparencia del estado de Tamaulipas (al igual que ocurre en la ley federal) los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad no pueden ser declarados como reservados. Sin embargo, la jueza considera que hasta el momento, el asesinato de 19 personas no puede considerarse como una violación grave a los derechos humanos ya que el caso se encuentra todavía en fase de investigación complementaria. 

“No se puede emitir un pronunciamiento en ese sentido, esto es, si existen o no violaciones graves a derechos humanos, toda vez que el mismo se encuentra en etapa de investigación complementaria”, dice en su argumentación. 

Además, recuerda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó una investigación de oficio. “Con esto se hace notar que, para determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos, previamente se debe de tener la información completa, a fin de poder valorar si las particularidades del caso se ajustan a los criterios (cuantitativos o cualitativos) establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice.

La Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho se presentó ante las autoridades para ser parte del proceso, pero hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria. Esta organización ya representa a migrantes asesinados en su tránsito hacia el norte, como las víctimas de la matanza de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, o las fosas aparecidas en Cadereyta, Nuevo León, dos años más tarde. 

Todos los interrogantes pendientes

Hasta el momento, apenas hay datos sobre qué ocurrió en la comunidad de Santa Anita, Camargo, Tamaulipas. Los cuerpos de 19 personas calcinadas fueron encontrados el pasado 22 de enero. La mayoría de las víctimas, que ya han sido identificadas, son migrantes guatemaltecos que trataban de alcanzar Estados Unidos. Con ellos viajaban también ciudadanos mexicanos que, según la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, se dedicaban al tráfico ilegal de personas. 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó que cinco personas sobrevivieron al ataque y se encuentran actualmente en EU como testigos protegidos. 

Las familias de las víctimas fueron las primeras en dar la voz de alarma, ya que recibieron el aviso de los coyotes que les advirtieron que sus familiares habían sido asesinados. Ahora aguardan en Guatemala la repatriación de los cuerpos, que podría tener lugar dentro de las próximas dos semanas, una vez se complete el proceso de identificación. 

Tras la masacre fueron detenidos 12 policías estatales y ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron apartados de sus puestos después de que en el lugar del crimen apareciese una camioneta que meses antes fue asegurada en Nuevo León en un operativo contra el tráfico de personas. 

La zona en la que aparecieron los cuerpos está ubicada en medio del conflicto que mantienen desde hace años dos de los principales cárteles que operan en Tamaulipas. Por un lado, el Cártel del Golfo y, por el otro, el Cártel del Noreste, antigua escisión de Los Zetas. 

Las autoridades no explican cuál fue el móvil ni qué participación tuvieron los policías. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, se limitó a enumerar las acusaciones el día de los arrestos y apuntó a una explicación: la pugna entre grupos criminales por el control del territorio. No dijo por qué únicamente hay agentes detenidos ni cuál podría ser su rol, más allá de la sospecha de que alteraron la escena del crimen.

La masacre se produjo en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador El había asegurado que ya no se violaban los derechos humanos de los migrantes. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció las similitudes de este ataque con otras atrocidades del pasado como la masacre de San Fernando. Esta comparación, sin embargo, fue rechazada por el gobierno mexicano, que aseguró que en este caso “no habrá impunidad”. 

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Derrumbe en Miami: la carta en la que se advertía a propietarios de graves daños que sufría el edificio

Los expertos alertan que es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas sobre las causas y recuerdan que aunque las inspecciones determinaron "daños estructurales mayores", no alertaron sobre la posibilidad de un colapso inminente.
30 de junio, 2021
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A medida que pasan los días y los trabajos de rescate continúan en el edificio que colapsó parcialmente en Miami, las preguntas sobre cómo pudo derrumbarse un edificio de 12 plantas en cuestión de 11 segundos se multiplican.

Y también, comienzan a aparecer nuevas evidencias y detalles que ayudarán a los expertos a determinar con el tiempo las causas.

Desde el pasado fin de semana, medios de Estados Unidos han publicado documentos que dan cuenta de un deterioro notable en las instalaciones del Champlain Tower South.

Es el caso de una carta enviada en abril pasado a los propietarios de los apartamentos en la que se alertaba de que el “deterioro del concreto” se estaba “acelerando” y que el daño “comenzaría a multiplicarse exponencialmente”.

La carta, enviada por la presidenta de la asociación de propietarios de Champlain Towers South, Jean Wodnicki, tenía como objetivo explicar a los inquilinos por qué una renovación que en 2018 se había estimado en unos US$9 millones había aumentado a casi US$16 millones tres años después.

La recertificación

El Chaplain Towers South es un condominio de 12 plantas y más de 100 apartamentos ubicado frente al mar en el norte de Miami Beach.

El edificio fue terminado en 1981, según datos de la ciudad.

Dado que las normativas vigentes establecen que las construcciones de este tipo deben pasar una inspección a los 40 años para garantizar su habitabilidad, el edificio estaba siendo sometido a reparaciones para poder ser inspeccionado por peritos y obtener su recertificación, de acuerdo con autoridades locales.

Un consultor de ingeniería, Frank Morabito, había sido contratado en 2018 para hacer la evaluación inicial para el proceso y en su informe entonces indicó que había “abundantes grietas” y desprendimientos en el estacionamiento subterráneo del edificio.

La inspección detectó daños graves en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina -al punto de señalar que había “agotado su vida útil”- y problemas en la entrada que estaban “causando un daño estructural importante a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas”.

Para 2021, según mencionó Wodnicki en la carta del 9 de abril, el edificio estaba en peor estado.

“El daño observable, como en el garaje, ha empeorado significativamente desde la inspección inicial“, escribió en la carta, a la que tuvo acceso primero el diario USA Today.

“Cuando se puede ver visualmente el concreto desconchado (agrietado), eso significa que la barra de refuerzo que lo mantiene unida se está oxidando y deteriorándose debajo de la superficie”, alertó Wodnicki.

Otras advertencias

Wodnicki señaló también que “el deterioro del hormigón” se estaba “acelerando” y que “la situación del techo empeoró mucho”.

“Se han identificado nuevos problemas. Además, los costos aumentan cada año. Así es como hemos pasado de los US$ 9.128.433.60 estimados en el informe de 2018 de Frank Morabito, a la cifra mucho mayor que tenemos hoy”, explicó.

Wodnicki alertó además que era “imposible saber la extensión del daño en la barra de refuerzo subyacente” hasta que se abriera el concreto.

“A menudo, el daño es más extenso de lo que se puede determinar mediante la inspección de la superficie”, agregó.

La carta a los residentes presentaba una imagen más sombría sobre el estado del edificio que la que se les dio, según aseguran, después de la inspección de 2018.

Muchos de los que sobrevivieron al derrumbe aseguran que en aquel entonces se les dijo que el edificio estaba “en muy buenas condiciones”.

No está claro si los elementos señalados en la carta de Wodnicki están vinculados con el derrumbe.

rescate

AFP
Las tareas de rescate continúan.

Los expertos alertan que es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas sobre las causas y recuerdan que aunque las inspecciones determinaron “daños estructurales mayores”, no alertaron sobre la posibilidad de un colapso inminente.

Este tipo de daños es frecuente en edificios viejos y sobre todo en los que se encuentran en la zona frente al mar y esto no implica necesariamente que se encuentren en riesgo de colapso.


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