10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia
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10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar

Familias de las víctimas exigen justicia en cartas públicas dirigidas a López Obrador y a los presidentes de EU, Guatemala y El Salvador.
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Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.

Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.

“Diez años hemos estado exigiendo información sobre lo que pasó, sobre quiénes participaron, cómo te hallaron, quiénes te hicieron lo que te hicieron. No quiero que se quede así. Me pongo a pensar ¿por qué no dan con los responsables?, si la mayoría vive en San Fernando y ahí en el expediente mencionan al coyote y a varios implicados. ¿Por qué no dan con los responsables? En el expediente se indica la participación de la policía, quienes recibían dinero del crimen organizado”, dijo Baudilio Castillo, padre de la víctima, en una carta pública dirigida a su hijo. En ella relata el duro trayecto de los últimos años y la escasa ayuda institucional, pero también la esperanza de que se haga justicia.

Baudillo recuerda, en entrevista telefónica con Animal Político, que apenas tienen información sobre los avances de las pesquisas. “En 2019 nos hicieron llegar una tarjeta informativa y recientemente tuvimos una reunión con autoridades. Pero seguimos esperando que nos den más datos”, aseguró. El hombre lleva diez años dedicado a buscar justicia: estudia los expedientes, analiza la información que llega a cuentagotas. Y sigue sin explicarse cómo los culpables no han sido sentenciados.


Lee: Activistas y familiares colocan antimonumento en recuerdo a las víctimas de la masacre de San Fernando

“No se ha investigado la cooptación de autoridades”

Cuando se cumple una década del hallazgo de las fosas, familiares de las víctimas han hecho públicas diversas misivas en las que denuncian el maltrato institucional durante la última década, la falta de avances en las investigaciones y las irregularidades detectadas en las identificaciones y la investigación.

“Durante 10 años nos hemos enfrentado a un duro muro de impunidad sistémica, construido con miles de obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación. Las circunstancias en las que nuestros familiares, localizados en las fosas, fueron privados de la libertad y de la vida no han sido plenamente esclarecidas. Tampoco han sido identificados y enjuiciados todos los autores materiales e intelectuales de los hechos”, dice una de estas cartas, dirigida a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Giamattei Y Nayib Bukele, presidentes de EU, México, Guatemala y El Salvador, respectivamente.

“¿Cómo es posible que, diez años después, no haya personas sancionadas por esta masacre que arrebató la vida de nuestros seres queridos? Menos aún se ha investigado ni establecido la responsabilidad estatal por los hechos, ni la responsabilidad por cadena de mando por el involucramiento de agentes policíacos. No se ha investigado la cooptación de autoridades y corporaciones por el crimen organizado de carácter transnacional que opera incluso en territorio estadounidense”, añade la carta.

66 cuerpos sin identificar

Las de las fosas de San Fernando es una de las peores masacres perpetradas contra migrantes en México. En los 46 enterramientos clandestinos fueron hallados los restos de 196 personas. A día de hoy quedan 66 por identificar. De los que sí se pudo conocer la identidad hay 91 mexicanos, 36 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un hondureño.

Las fosas fueron descubiertas menos de un año después del asesinato de los 72, otra de las matanzas que mostró la crueldad de México con aquellos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos. Tamaulipas se convirtió en el territorio más peligroso de uno de los países más peligrosos del mundo para los migrantes. Diez años después sigue siéndolo. En enero fueron hallados los restos de 19 personas en Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. De ellos, 16 eran guatemaltecos que buscaban alcanzar el norte.

Como denuncian las familias de las víctimas, una década después de las masacres se mantiene una impunidad absoluta. Las autoridades anunciaron la detención de 74 personas a las que vinculaban con Los Zetas, en aquel momento uno de los carteles más violentos de México. De ellos, 17 serían policías municipales de San Fernando, a los que se acusó de formar parte del narco, pero contra los que no existe acusación formal dentro del expediente, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a las familias de 21 de las víctimas.

Entre los delitos que se imputa a los consignados están el de homicidio, delincuencia organizada o tenencia de armas de uso exclusivo del ejército. Pero ni siquiera hay claridad sobre si los homicidios a los que se hace referencia en la investigación son los de las fosas de San Fernando.

“Sabemos que hay 74 procesados por los hechos, pero ninguno de estos ha sido sentenciado, no hay ninguna sentencia”, explicó Delgadillo. “Se ha solicitado y no está clarificado que las personas que estén siendo procesadas por el delito de homicidio lo sean por los 196”, añadió.

Tras los hallazgos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, presentó a decenas de personas a las que vinculó con Los Zetas. Entre ellos se encontraba Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “comandante Ardilla”, considerado jefe de la estructura criminal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y detenido en Nuevo Laredo en 2012. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales de que se había capturado a los responsables de aquellas atrocidades, diez años después no hay una sola sentencia que pueda probarlo.

Animal Político consultó con la FGR sobre el estado de la investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Sin reparación para las familias

La falta de sentencias condenatorias no es la única irregularidad denunciada por las familias. “Los procesos de identificación de nuestros familiares no se realizaron con ningún tipo de cuidado, sin pensar que se trataba de personas. Gobiernos anteriores nos entregaron restos sin ninguna explicación ni documento que acreditaran que eran nuestros familiares, realizaron cremaciones ilegales e, incluso, entregas equivocadas de cuerpos”, dice una de las cartas.

Tampoco México ha cumplido con la reparación integral a la que tienen derecho los familiares. “Tiene una enorme deuda con todas las familias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha puesto un sinfín de obstáculos para garantizar los derechos que la Ley de Victimas otorgan a victimas indirectas. El último pretexto es por la pandemia, porque están fuera del país”, explicó Rosmery Yax Canastuj, abogada guatemalteca que representa a las víctimas del país centroamericano.

Según relata, buscar las medidas de asistencia “ha sido un suplicio para las familias”. Y eso a pesar de que la ley les garantiza apoyos para la compra de alimentos, educación y salud, al margen de la indemnización.

Las fallas del Estado en la investigación y en la atención de las víctimas quedaron reflejadas en la recomendación 3VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En aquel documento, la institución constató el horror que se vivía en San Fernando, los secuestros en los autobuses para que las víctimas fuesen entregadas al crimen organizado y la complicidad de algunas autoridades. Sin embargo, todo esto quedó en saco roto ya que las recomendaciones no se han cumplido.

Para las familias y sus acompañantes esto es muestra de la incapacidad de México para cumplir con la investigación y la reparación. Por eso llevan años solicitando que se ponga en marcha una comisión especial con participación de instancias internacionales como la ONU. Algo similar a lo que ya funcionó en el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Para Baudilio Castillo, que recibió los restos de su hijo en mayo de 2017, todavía queda mucho por hacer. Y así lo repite, en la carta dirigida al joven que marchó de Guatemala buscando una vida mejor, pero encontró la muerte en Tamaulipas. “Espero seguir luchando para que no sigan cometiéndose más crímenes contra las personas migrantes que transitan hacia los Estados Unidos, que haya justicia para todas las familias dañadas. Nosotros estamos vivos, peleando por nuestros hijos, peleando por aquellas personas que fueron masacradas, peleando por ti- Hasta que nos alcance la muerte, vamos a pedir justicia”.

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Encuentran restos de 215 niños en una fosa común dentro de una escuela en Canadá

La fosa común fue hallada durante una inspección de una antigua escuela residencial para jóvenes indígenas.
29 de mayo, 2021
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Una fosa común con los restos de 215 niños fue hallada en un internado creado para integrar a miembros de la comunidad indígena de Canadá.

Se trata de antiguos estudiantes de la Kamloops Indian Residential School en Columbia Británica, en el oeste de Canadá, que cerró en 1978.

El hallazgo fue anunciado por la jefa de la comunidad aborigen Tk’emlups te Secwepemc.

El primer ministro Justin Trudeau calificó el hallazgo como un “doloroso recordatorio” de un “capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país”.

Los dirigentes de la comunidad se encuentran trabajando con especialistas en museos y la oficina forense para establecer las causas y el momento exacto de las muertes, que actualmente se desconocen.

Rosanne Casimir, jefa de la comunidad en la ciudad de Kamloops en Columbia Británica, afirmó que el hallazgo preliminar ponía en evidencia una pérdida impensable que nunca fue documentada por los administradores de la escuela.

Estas escuelas de Canadá funcionaban como internados obligatorios administrados por el gobierno y las autoridades religiosas durante los siglos XIX y XX con el objetivo de integrar por la fuerza a los jóvenes indígenas.

Justin Trudeau

Getty Images
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lamentó el hallazgo en el antiguo internado.

El internado Kamloops era el más grande de todo este sistema, que se conoció con el nombre de Sistema Escolar de Residencias Indígenas.

Inaugurado bajo la administración católica en 1890, llegó a contar con hasta 500 estudiantes cuando alcanzó su punto máximo en la década de 1950.

El gobierno central asumió la administración de la escuela en 1969, utilizándola como residencia para estudiantes locales hasta 1978, cuando fue cerrada.

¿Qué se sabe de los restos?

Según los voceros de Tk’emlups te Secwepemc, los restos fueron encontrados con la ayuda de un georradar durante una inspección de la escuela.

“Hasta donde sabemos, las muertes de estos niños nunca fueron documentadas”, aseguró Casimir. “Algunos de ellos tenían apenas 3 años”.

“Buscamos una manera de confirmar los hechos con el más profundo respeto y amor por esos niños perdidos y sus familias, entendiendo que Tk’emlups te Secwepemc es el lugar de descanso final para estos menores”.

Kamloops Indian Residential School, British Columbia

Reuters
El análisis de los restos aún continúa.

También señalaron que se habían acercado a las comunidades cuyos niños habían asistido a esta escuela.

Y afirmaron que esperan obtener resultados preliminares a mediados de junio.

La directora forense de la Columbia Británica, Lisa Lapointe, le explicó a la emisora ​​canadiense CBC que se encuentran “en las primeras etapas del proceso de recopilación de información”.

Reacciones

Las reacciones han sido de conmoción, dolor y arrepentimiento.

“Las noticias sobre los restos que se encontraron en la antigua escuela residencial de Kamloops me rompen el corazón“, escribió Trudeau en un tuit.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1398325696431263745

La ministra de Relaciones Indígenas de Canadá, Carolyn Bennett, dijo que las escuelas residenciales eran parte de una política colonial “vergonzosa” y que el gobierno estaba comprometido a “conmemorar a esas almas inocentes perdidas”.

Por su parte, Terry Teegee, el jefe regional de la Asamblea de Naciones Originarias, calificó el hallazgo de esos cuerpos como un “trabajo urgente” que “refresca el dolor y la pérdida” de las comunidades de la región.

Esos puntos de vista fueron compartidos por otros grupos indígenas, incluida la Autoridad de Salud de las Naciones Originarias (FNHA, por sus siglas en inglés).

“Lamentablemente, esta situación no es una sorpresa e ilustra los impactos dañinos y duraderos que el sistema escolar residencial continúa teniendo en las personas de las naciones originarias, sus familias y comunidades”, señaló su director ejecutivo, Richard Jock, en un comunicado.

¿Qué eran las escuelas residenciales?

Desde aproximadamente 1863 hasta 1998, más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias e inscritos en estas escuelas.

A menudo, a los niños no se les permitía hablar su idioma ni practicar su cultura, y muchos eran maltratados y abusados.

Una comisión lanzada en 2008 para documentar los impactos de este sistema arrojó que un gran número de niños indígenas nunca regresó a sus comunidades de origen.

El histórico informe Verdad y Reconciliación, publicado en 2015, determinó que la política equivalía a un “genocidio cultural”.

En 2008, el gobierno canadiense se disculpó formalmente por el sistema.

El Proyecto Niños Desaparecidos documenta las muertes y los lugares de entierro de los niños que murieron mientras asistían a estas escuelas. Hasta la fecha, se han identificado más de 4.100 menores, según explica.


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