Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.
Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.
“Diez años hemos estado exigiendo información sobre lo que pasó, sobre quiénes participaron, cómo te hallaron, quiénes te hicieron lo que te hicieron. No quiero que se quede así. Me pongo a pensar ¿por qué no dan con los responsables?, si la mayoría vive en San Fernando y ahí en el expediente mencionan al coyote y a varios implicados. ¿Por qué no dan con los responsables? En el expediente se indica la participación de la policía, quienes recibían dinero del crimen organizado”, dijo Baudilio Castillo, padre de la víctima, en una carta pública dirigida a su hijo. En ella relata el duro trayecto de los últimos años y la escasa ayuda institucional, pero también la esperanza de que se haga justicia.
Baudillo recuerda, en entrevista telefónica con Animal Político, que apenas tienen información sobre los avances de las pesquisas. “En 2019 nos hicieron llegar una tarjeta informativa y recientemente tuvimos una reunión con autoridades. Pero seguimos esperando que nos den más datos”, aseguró. El hombre lleva diez años dedicado a buscar justicia: estudia los expedientes, analiza la información que llega a cuentagotas. Y sigue sin explicarse cómo los culpables no han sido sentenciados.
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“No se ha investigado la cooptación de autoridades”
Cuando se cumple una década del hallazgo de las fosas, familiares de las víctimas han hecho públicas diversas misivas en las que denuncian el maltrato institucional durante la última década, la falta de avances en las investigaciones y las irregularidades detectadas en las identificaciones y la investigación.
“Durante 10 años nos hemos enfrentado a un duro muro de impunidad sistémica, construido con miles de obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación. Las circunstancias en las que nuestros familiares, localizados en las fosas, fueron privados de la libertad y de la vida no han sido plenamente esclarecidas. Tampoco han sido identificados y enjuiciados todos los autores materiales e intelectuales de los hechos”, dice una de estas cartas, dirigida a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Giamattei Y Nayib Bukele, presidentes de EU, México, Guatemala y El Salvador, respectivamente.
“¿Cómo es posible que, diez años después, no haya personas sancionadas por esta masacre que arrebató la vida de nuestros seres queridos? Menos aún se ha investigado ni establecido la responsabilidad estatal por los hechos, ni la responsabilidad por cadena de mando por el involucramiento de agentes policíacos. No se ha investigado la cooptación de autoridades y corporaciones por el crimen organizado de carácter transnacional que opera incluso en territorio estadounidense”, añade la carta.
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66 cuerpos sin identificar
Las de las fosas de San Fernando es una de las peores masacres perpetradas contra migrantes en México. En los 46 enterramientos clandestinos fueron hallados los restos de 196 personas. A día de hoy quedan 66 por identificar. De los que sí se pudo conocer la identidad hay 91 mexicanos, 36 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un hondureño.
Las fosas fueron descubiertas menos de un año después del asesinato de los 72, otra de las matanzas que mostró la crueldad de México con aquellos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos. Tamaulipas se convirtió en el territorio más peligroso de uno de los países más peligrosos del mundo para los migrantes. Diez años después sigue siéndolo. En enero fueron hallados los restos de 19 personas en Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. De ellos, 16 eran guatemaltecos que buscaban alcanzar el norte.
Como denuncian las familias de las víctimas, una década después de las masacres se mantiene una impunidad absoluta. Las autoridades anunciaron la detención de 74 personas a las que vinculaban con Los Zetas, en aquel momento uno de los carteles más violentos de México. De ellos, 17 serían policías municipales de San Fernando, a los que se acusó de formar parte del narco, pero contra los que no existe acusación formal dentro del expediente, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a las familias de 21 de las víctimas.
Entre los delitos que se imputa a los consignados están el de homicidio, delincuencia organizada o tenencia de armas de uso exclusivo del ejército. Pero ni siquiera hay claridad sobre si los homicidios a los que se hace referencia en la investigación son los de las fosas de San Fernando.
“Sabemos que hay 74 procesados por los hechos, pero ninguno de estos ha sido sentenciado, no hay ninguna sentencia”, explicó Delgadillo. “Se ha solicitado y no está clarificado que las personas que estén siendo procesadas por el delito de homicidio lo sean por los 196”, añadió.
Tras los hallazgos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, presentó a decenas de personas a las que vinculó con Los Zetas. Entre ellos se encontraba Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “comandante Ardilla”, considerado jefe de la estructura criminal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y detenido en Nuevo Laredo en 2012. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales de que se había capturado a los responsables de aquellas atrocidades, diez años después no hay una sola sentencia que pueda probarlo.
Animal Político consultó con la FGR sobre el estado de la investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Sin reparación para las familias
La falta de sentencias condenatorias no es la única irregularidad denunciada por las familias. “Los procesos de identificación de nuestros familiares no se realizaron con ningún tipo de cuidado, sin pensar que se trataba de personas. Gobiernos anteriores nos entregaron restos sin ninguna explicación ni documento que acreditaran que eran nuestros familiares, realizaron cremaciones ilegales e, incluso, entregas equivocadas de cuerpos”, dice una de las cartas.
Tampoco México ha cumplido con la reparación integral a la que tienen derecho los familiares. “Tiene una enorme deuda con todas las familias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha puesto un sinfín de obstáculos para garantizar los derechos que la Ley de Victimas otorgan a victimas indirectas. El último pretexto es por la pandemia, porque están fuera del país”, explicó Rosmery Yax Canastuj, abogada guatemalteca que representa a las víctimas del país centroamericano.
Según relata, buscar las medidas de asistencia “ha sido un suplicio para las familias”. Y eso a pesar de que la ley les garantiza apoyos para la compra de alimentos, educación y salud, al margen de la indemnización.
Las fallas del Estado en la investigación y en la atención de las víctimas quedaron reflejadas en la recomendación 3VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En aquel documento, la institución constató el horror que se vivía en San Fernando, los secuestros en los autobuses para que las víctimas fuesen entregadas al crimen organizado y la complicidad de algunas autoridades. Sin embargo, todo esto quedó en saco roto ya que las recomendaciones no se han cumplido.
Para las familias y sus acompañantes esto es muestra de la incapacidad de México para cumplir con la investigación y la reparación. Por eso llevan años solicitando que se ponga en marcha una comisión especial con participación de instancias internacionales como la ONU. Algo similar a lo que ya funcionó en el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
Para Baudilio Castillo, que recibió los restos de su hijo en mayo de 2017, todavía queda mucho por hacer. Y así lo repite, en la carta dirigida al joven que marchó de Guatemala buscando una vida mejor, pero encontró la muerte en Tamaulipas. “Espero seguir luchando para que no sigan cometiéndose más crímenes contra las personas migrantes que transitan hacia los Estados Unidos, que haya justicia para todas las familias dañadas. Nosotros estamos vivos, peleando por nuestros hijos, peleando por aquellas personas que fueron masacradas, peleando por ti- Hasta que nos alcance la muerte, vamos a pedir justicia”.
