45 activistas han sido asesinados durante el gobierno de AMLO: Red TDT
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45 activistas han sido asesinados durante el gobierno de AMLO; “hay una crisis de derechos humanos”: Red TDT

De las personas defensoras asesinadas en este gobierno, diez eran activistas del medio ambiente, seis eran defensores de la tierra y la comunidad; y otras seis personas defensoras de los derechos de la diversidad sexual.
Archivo Cuartoscuro
15 de abril, 2021
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En los dos primeros años del gobierno de López Obrador un total de 45 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México, arrojando un promedio de casi dos activistas muertos cada mes. 

Así lo documenta la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) – conformada por 85 organizaciones de la sociedad civil en 23 estados – en un informe anual que presentó este jueves sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México. 

En el estudio, la Red TDT destaca que, a pesar de que el mensaje lanzado desde el Gobierno Federal es que en el país ya no se cometen violaciones a derechos humanos, sobre el terreno documentaron que las agresiones y asesinatos en contra de activistas, si bien es una problemática que viene de años y sexenios atrás, es una práctica que continúa vigente en el actual gobierno. 

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“Mucho de lo que se ha dicho en este nuevo gobierno es que ya no está pasando nada. Pero sobre el terreno pasa otra cosa. Hay que reconocer que hay una crisis de derechos humanos en el país, y que las agresiones en contra de los activistas no han cesado. La defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de muy alto riesgo en México”, subrayó en entrevista con Animal Político Marianna Mendoza, coordinadora del área de protección de la Red TDT. 

Ante este contexto de ataques y homicidios, el informe denuncia que la respuesta gubernamental ha estado marcada por la “inacción del Estado” mexicano, y por una constante “criminalización y estigmatización” por parte de los tres niveles de gobierno y del sistema de procuración de justicia en contra de la labor de las personas activistas que defienden el territorio de sus comunidades ante mega proyectos de infraestructura y de minería, el agua y el medioambiente, así como los derechos de la mujer y de la diversidad sexual, entre otros. 

De las 45 personas defensoras asesinadas en este gobierno, 10 eran activistas del medio ambiente, entre los que están Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca en Michoacán; seis eran defensores de la tierra y la comunidad, entre los que se halla el líder comunal de Texcoco Benito Peralta; y otras seis personas defensoras de los derechos de la diversidad sexual, entre las que está María Elizabeth Montaño, la doctora que se dedicaba a buscar una buena atención médica para la población transexual.

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Por entidades donde se cometieron las agresiones llama la atención el caso de Oaxaca, donde en estos dos años del nuevo gobierno se registraron hasta 11 asesinatos de activistas, seguido de Chiapas, con cinco, y Chihuahua con otros cinco. 

“Oaxaca siempre ha estado dentro del top 5 de agresiones a activistas. Pero en estos dos últimos años se ha detectado que los ataques se incrementaron muchísimo”, recalcó Marianna Mendoza. 

Guerrero (4 asesinatos), Morelos (4), Veracruz (3), Baja California (3) y Michoacán (2), son otros de los estados más peligrosas para ejercer la defensa de los derechos humanos. 

Enfrentan amenazas, acoso, y criminalización

Al margen de los homicidios, el informe de la Red TDT destaca que hay un patrón de agresiones en contra de activistas y defensoras que se oponen a los megaproyectos de infraestructura del nuevo gobierno y de gobiernos estatales. 

Un ejemplo, plantea el documento, es el caso del Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica Huexca, el cual fue aprobado el 25 de febrero de 2019 por medio de una consulta popular que, sin embargo, no contó con la participación de los más afectados, tal y como documentó Animal Político en esta nota. 

El informe también recuerda que el activista Samir Flores, uno de los férreos opositores a este proyecto por su impacto en el medio ambiente, fue asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019, mientras que las agresiones contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) “se multiplican día con día”. 

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“Las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales”, recalca el informe, que insiste en que el presidente de México, López Obrador, “demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos”. 

Además, el estudio plantea que la criminalización de los activistas se lleva a cabo con el apoyo de las instancias de procuraduría de justicia del país. Y pone como ejemplo de un “caso grave” el de Kenia Hernández, defensora indígena actualmente presa, a quien “se le ha iniciado procesos con pruebas falsas en al menos tres fiscalías estatales”.

“El sistema de justicia penal funciona perfectamente cuando se trata de criminalizar la protesta y a las personas defensoras de derechos humanos, pero es lento y disfuncional cuando se trata de perseguir los delitos en su contra”, hizo hincapié Marianna Mendoza, de la Red TDT. 

Aquí puedes leer el informe completo.

  


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Dondequiera hay cadáveres: cómo la segunda ola de la pandemia está devastando al estado más poblado de India

Con una población más grande que la de Brasil, el estado indio de Uttar Pradesh está siendo arrasado por la pandemia de COVID-19.
21 de abril, 2021
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India está siendo azotada por una severa segunda ola de covid-19 y muchos estados están luchando para hacer frente al aumento de casos.

Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, se encuentra entre los más afectados y su gente está sufriendo a pesar de que las autoridades insisten en que la situación está bajo control, como informa la periodista de la BBC Geeta Pandey.

El padre de Kanwal Jeet Singh, Niranjan Pal Singh, de 58 años, murió el viernes en una ambulancia cuando lo transportaban de un hospital a otro.

Cuatro hospitales lo habían rechazado por falta de camas.

“Fue un día desgarrador para mí”, explicó por teléfono desde su casa en la ciudad de Kanpur.

“Creo que si hubiera recibido tratamiento a tiempo, habría vivido. Pero nadie nos ayudó, la policía, las autoridades sanitarias o el gobierno”.

Con un total de 851,620 infecciones y 9,830 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado, Uttar Pradesh no lo había hecho tan mal durante la primera ola que devastó a muchos otros estados indios.

Pero la segunda ola lo ha llevado al borde del colapso.

Las autoridades dicen que la situación está bajo control.

Pero imágenes perturbadoras de centros de pruebas abarrotados, hospitales que rechazan pacientes y piras funerarias ardiendo las 24 horas del día en los campos de cremación en la capital del estado, Lucknow, y otras ciudades importantes como Varanasi, Kanpur y Allahabad, han sido noticia nacional.

Con 240 millones de habitantes, Uttar Pradesh es el estado más poblado de India.

Es hogar de uno de cada seis indios. Si fuera un país separado, sería el quinto más grande del mundo por población, solo por detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia.

Políticamente, el estado también es el más importante de India: tiene la mayor cantidad de diputados (80) en el Parlamento, incluido el primer ministro Narendra Modi, quien, aunque es de otro estado, compite desde aquí.

Sin embargo, esta influencia política le ha traído poco desarrollo.

El estado tiene 191,000 casos activos en este momento y se informa de miles de nuevas infecciones diariamente, aunque se cree que las cifras son mucho más altas.

Esto ha puesto la frágil infraestructura de salud del estado en el centro de atención.

Entre los enfermos se encuentran el ministro principal del estado, Yogi Adityanath, varios de sus colegas de gabinete, decenas de funcionarios gubernamentales y cientos de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Los videos que compartió un periodista local en Kanpur muestran a un hombre enfermo tirado en el suelo en el estacionamiento del hospital Lala Lajpat Rai administrado por el gobierno.

A poca distancia, un anciano se sienta en un banco. Ambos han dado positivo por covid, pero el hospital no tiene camas para acomodarlos.

Afuera del hospital de Kanshiram, administrado por el gobierno, una joven lloró al explicar que dos hospitales se habían negado a admitir a su madre enferma.

“Dicen que se han quedado sin camas. Si no tienes cama, ponla en el suelo, pero al menos dale un tratamiento. Hay muchos pacientes como ella. He visto a varias personas que han sido rechazadas como nosotros”.

“El primer ministro dice que hay camas. Por favor, muéstrenme dónde están. Por favor, ayuden a mi madre”, dijo sollozando desconsoladamente.

“No vino nadie”

La situación en la capital, Lucknow, es igualmente terrible.

Sushil Kumar Srivastava fue fotografiado sentado en su automóvil, conectado a un cilindro de oxígeno mientras su desesperada familia lo llevaba de un hospital a otro.

Cuando le encontraron una cama, ya era demasiado tarde.

Su hijo Ashish estaba demasiado devastado para hablar. “Sabes lo que pasó. No estoy en condiciones de hablar”, expresó con la voz quebrada.

La nota escrita a mano en hindi del juez retirado Ramesh Chandra, solicitando ayuda después de que las autoridades no pudieran sacar el cuerpo de su esposa de su casa, fue compartida por cientos de personas en las redes sociales.

“Mi esposa y yo dimos positivo para el corona(virus). Desde ayer por la mañana, llamé a las líneas telefónicas de ayuda del gobierno al menos 50 veces, pero nadie vino a entregar ningún medicamento ni a llevarnos al hospital”.

“Debido al descuido del gobierno”, escribió, “mi esposa murió esta mañana”.

hospital administrado por el gobierno en Noida.

BBC
Gente esperando una prueba de covid frente a un hospital administrado por el gobierno en Noida.

Hace años que perdí la esperanza, por las malas instalaciones médicas que hay en este estado. Aquí es donde se encuentra mi aldea ancestral y conozco las dificultades de encontrar un médico o una ambulancia, incluso en tiempos normales.

Con una pandemia arrasadora, las dificultades se han exacerbado.

En la ciudad santa de Varanasi, que también es parte del distrito electoral del primer ministro Modi, reside Vimal Kapoor desde hace mucho tiempo.

Su madre de 70 años, Nirmala Kapoor, murió de covid en un hospital el jueves pasado. Describe la situación como “bhayavah”: aterradora.

“He visto a demasiadas personas morir en ambulancias. Los hospitales están rechazando a los pacientes porque no hay camas, las farmacias se han quedado sin medicamentos esenciales de covid y el oxígeno es escaso”.

Hospitals have been overrun in many cities

BBC
Los hospitales no pueden atender a todos los pacientes.

Kapoor señala que cuando llevó el cuerpo de su madre al campo de cremación, se encontró con un “lashon ka dher”, una pila de cuerpos.

El costo de la leña para la pira se ha multiplicado por tres y la espera para tener un lugar en la cremación ha aumentado de 15 a 20 minutos a entre cinco y seis horas.

“Nunca había visto algo así antes. Dondequiera que mires, ves ambulancias y cadáveres”, dijo.

Las historias de muertes y familias devastadas por la covid-19 abundan a medida que las infecciones continúan incrementándose.

El domingo el estado registró 30.596 nuevos casos, el recuento más alto en un solo día.

Incluso esto, dicen activistas y políticos de la oposición, no da una imagen real de la propagación de la infección.

Acusan al estado de mantener bajo el recuento de casos y muertes al no llevar a cabo suficientes pruebas y al no incluir datos de laboratorios privados.

Y la afirmación parece estar sustentada.

Ghaziabad in Uttar Pradesh

Getty Images
Un fallecido por covid cremado en Ghaziabad en Uttar Pradesh.

Muchas personas con las que hablé dijeron que no se habían hecho la prueba o que sus resultados positivos no se habían incluido en el sitio del gobierno estatal.

Desde Lucknow, Ajay Singh, de 62 años, me envió el análisis positivo de la prueba de su esposa, la cual no se menciona en los registros estatales.

Y ni Singh, que murió en Kanpur, ni la madre de Kapoor, que murió en Varanasi, fueron incluidos en el recuento estatal de víctimas.

Sus certificados de defunción no mencionaron el coronavirus como la causa de la muerte.

Los medios indios también han cuestionado los datos del gobierno, con informes de un desajuste entre el número oficial de muertes y los cuerpos en los crematorios de Lucknow y Varanasi.

Anshuman Rai, director de Heritage Hospitals, un grupo privado que dirige colegios médicos y hospitales en el estado, describe la situación como “extraordinaria”.

“La razón por la que los servicios no funcionan es porque demasiados trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras, mensajeros y técnicos de laboratorio, se están enfermando”, indica.

“En un momento en que deberíamos estar trabajando al 200%, ni siquiera podemos hacerlo al 100% porque el sector de la salud depende totalmente de la mano de obra”.

Los críticos culpan al gobierno estatal y federal por no anticipar la segunda ola.

Dicen que hubo una pausa entre septiembre y febrero cuando los servicios de salud y la infraestructura podrían haberse reforzado, el estado podría haber creado bancos de oxígeno y abastecerse de medicamentos, pero desaprovecharon la oportunidad.

Y con el virus propagándose rápidamente, es poco probable que las cosas mejoren pronto.


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