45 activistas han sido asesinados durante el gobierno de AMLO: Red TDT
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45 activistas han sido asesinados durante el gobierno de AMLO; “hay una crisis de derechos humanos”: Red TDT

De las personas defensoras asesinadas en este gobierno, diez eran activistas del medio ambiente, seis eran defensores de la tierra y la comunidad; y otras seis personas defensoras de los derechos de la diversidad sexual.
Archivo Cuartoscuro
15 de abril, 2021
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En los dos primeros años del gobierno de López Obrador un total de 45 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México, arrojando un promedio de casi dos activistas muertos cada mes. 

Así lo documenta la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) – conformada por 85 organizaciones de la sociedad civil en 23 estados – en un informe anual que presentó este jueves sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México. 

En el estudio, la Red TDT destaca que, a pesar de que el mensaje lanzado desde el Gobierno Federal es que en el país ya no se cometen violaciones a derechos humanos, sobre el terreno documentaron que las agresiones y asesinatos en contra de activistas, si bien es una problemática que viene de años y sexenios atrás, es una práctica que continúa vigente en el actual gobierno. 

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“Mucho de lo que se ha dicho en este nuevo gobierno es que ya no está pasando nada. Pero sobre el terreno pasa otra cosa. Hay que reconocer que hay una crisis de derechos humanos en el país, y que las agresiones en contra de los activistas no han cesado. La defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de muy alto riesgo en México”, subrayó en entrevista con Animal Político Marianna Mendoza, coordinadora del área de protección de la Red TDT. 

Ante este contexto de ataques y homicidios, el informe denuncia que la respuesta gubernamental ha estado marcada por la “inacción del Estado” mexicano, y por una constante “criminalización y estigmatización” por parte de los tres niveles de gobierno y del sistema de procuración de justicia en contra de la labor de las personas activistas que defienden el territorio de sus comunidades ante mega proyectos de infraestructura y de minería, el agua y el medioambiente, así como los derechos de la mujer y de la diversidad sexual, entre otros. 

De las 45 personas defensoras asesinadas en este gobierno, 10 eran activistas del medio ambiente, entre los que están Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca en Michoacán; seis eran defensores de la tierra y la comunidad, entre los que se halla el líder comunal de Texcoco Benito Peralta; y otras seis personas defensoras de los derechos de la diversidad sexual, entre las que está María Elizabeth Montaño, la doctora que se dedicaba a buscar una buena atención médica para la población transexual.

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Por entidades donde se cometieron las agresiones llama la atención el caso de Oaxaca, donde en estos dos años del nuevo gobierno se registraron hasta 11 asesinatos de activistas, seguido de Chiapas, con cinco, y Chihuahua con otros cinco. 

“Oaxaca siempre ha estado dentro del top 5 de agresiones a activistas. Pero en estos dos últimos años se ha detectado que los ataques se incrementaron muchísimo”, recalcó Marianna Mendoza. 

Guerrero (4 asesinatos), Morelos (4), Veracruz (3), Baja California (3) y Michoacán (2), son otros de los estados más peligrosas para ejercer la defensa de los derechos humanos. 

Enfrentan amenazas, acoso, y criminalización

Al margen de los homicidios, el informe de la Red TDT destaca que hay un patrón de agresiones en contra de activistas y defensoras que se oponen a los megaproyectos de infraestructura del nuevo gobierno y de gobiernos estatales. 

Un ejemplo, plantea el documento, es el caso del Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica Huexca, el cual fue aprobado el 25 de febrero de 2019 por medio de una consulta popular que, sin embargo, no contó con la participación de los más afectados, tal y como documentó Animal Político en esta nota. 

El informe también recuerda que el activista Samir Flores, uno de los férreos opositores a este proyecto por su impacto en el medio ambiente, fue asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019, mientras que las agresiones contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) “se multiplican día con día”. 

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“Las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales”, recalca el informe, que insiste en que el presidente de México, López Obrador, “demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos”. 

Además, el estudio plantea que la criminalización de los activistas se lleva a cabo con el apoyo de las instancias de procuraduría de justicia del país. Y pone como ejemplo de un “caso grave” el de Kenia Hernández, defensora indígena actualmente presa, a quien “se le ha iniciado procesos con pruebas falsas en al menos tres fiscalías estatales”.

“El sistema de justicia penal funciona perfectamente cuando se trata de criminalizar la protesta y a las personas defensoras de derechos humanos, pero es lento y disfuncional cuando se trata de perseguir los delitos en su contra”, hizo hincapié Marianna Mendoza, de la Red TDT. 

Aquí puedes leer el informe completo.

  


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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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