Corrupción en aduanas: Presuntos sobornos y empresas fantasma
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Presuntos sobornos por más de mil millones, empresas fantasma y nexos con el narco: la corrupción en aduanas

La FGR inició 10 carpetas de investigación en contra de exadministradores de aduanas que, según Hacienda, habrían permitido acceso ilegal de mercancías, combustible, drogas y armas al país.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel, Zedryk Raziel y Francisco Sandoval
14 de abril, 2021
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Operaciones bancarias por más de mil millones de pesos provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados como prestanombres; apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.

Estos son algunos de los presuntos actos de corrupción que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda identificó al revisar el entorno financiero de una decena de oficiales de comercio exterior aduanales que, en los últimos meses, fueron denunciados penalmente ante la FGR por posible lavado de dinero y actos de corrupción.

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Los implicados, como Animal Político dio a conocer en una primera parte de esta nota, habían sido designados ya en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que fuera el primer administrador general de aduanas, Ricardo Peralta, quien según denuncias internas en el SAT presuntamente conocía de estos supuestos actos de corrupción.

En sus denuncias, la UIF advierte que las operaciones inusuales en el entorno a los administradores serían resultado de “delitos predicados” o previos. En concreto: presuntos sobornos por haber permitido actividades ilícitas en las aduanas que tenían a su cargo, y que van desde contrabando o huachicoleo, hasta posible narcotráfico, tráfico de armas y de personas.

Las cuentas bancarias involucradas en estas operaciones fueron bloqueadas a solicitud de la UIF, mientras que la FGR inició por cada caso una carpeta de investigación que en este momento siguen en integración. Todos los administradores implicados fueron removidos de sus cargos en las aduanas y a la par se les iniciaron indagatorias internas en el SAT y en la Secretaría de la Función Pública.

Animal Político tuvo acceso a los hallazgos de presunta corrupción detectados por la UIF en varios de los casos denunciados, a partir de los cuales establecieron las posibles operaciones de lavado de dinero.

A continuación, se mencionan los puntos clave en varios de ellos:

Tijuana, Tecate y Mexicali: un cártel aduanal

La UIF denunció penalmente a los administradores de las aduanas de Tijuana, Eva María Viridiana Soria Amador; de Mexicali, Raymundo Humberto Jiménez Lázaro; y de Tecate, David Pérez Tejada Padilla. Todos fueron separados de sus cargos a finales de diciembre pasado.

De acuerdo con las denuncias penales, estas personas estaban coludidas con otro exadministrador de nombre Alejandro Miramontes Armenta – quien también se encuentra bajo investigación de la UIF – con el objetivo de consolidar una presunta red de corrupción en las aduanas gracias al cual se permitió el ingreso desde autos chocolate, pero también de armas de fuego.

“El 70% de las armas que llegan a nuestro país tiene que ver con los ingresos vía Estados Unidos. Y entran a través de mecanismos como por ejemplo autos chocolate en Mexicali. Nosotros confirmamos este hecho y también denunciamos a un agente aduanal implicado en esa operación”, dijo Santiago Nieto.

De acuerdo con fuentes federales, el funcionario denunciado es Roberto Ruiz Armas, que a través de su empresa Automotores 2017 SA de CV ha ganado más de 161 millones de pesos en operaciones de introducción de autos usados de manera ilegal – sin cubrir impuestos – en los últimos años. Se trata de los llamados “autos chocolate”.

La UIF identificó antecedentes de operaciones inusuales en el entorno de los administradores denunciados, que le hacen sospechas de operaciones de lavado de dinero.

En el caso de Soria Amador se denunció, por ejemplo, la compra de un cheque de caja por 5 millones de pesos y unos días después la adquisición un departamento en la colonia Anáhuac de Ciudad de México por 5.7 millones de pesos. También se identificó que su hermano recibió 5.7 millones de pesos en sus cuentas de los cuales retiró cinco millones.

Ello sumado a otro depósito de seis millones de pesos en un lapso de cuatro meses entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.

Tras ser removida de su cargo como administradora aduanera, Soria Amador fue nombrada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de dicha entidad. Ello pese a que fue destituida a nivel federal por “pérdida de confianza” y denunciada penalmente.

Respecto a Tejeda Padilla, quien también fue diputado federal por el Partido Verde, lo primero que llamó la atención de la UIF fue su alta calificación en un modelo de riesgo con el que cuenta la unidad para identificar posible lavado de dinero: 7.39 de 10 puntos posibles. Al revisar las sus operaciones se encontró la supuesta venta de una casa valuada en 10 millones en un solo millón de pesos. Familiares suyos, entre ellos un hermano, han sido indagados por posible corrupción.

Y en el caso de Jiménez Lázaro, la UIF también lo identificó con un foco de alerta al calificar con 6.93 en el modelo de riesgo. El 4 de marzo de 2020 Banamex emitió hacia el gobierno una alerta por operaciones inusuales sobre esta persona. Inteligencia Financiera identificó 650 mil pesos en una de sus cuentas no reportados, y operaciones por mas de medio millón de pesos sobre otro familiar.

Querétaro: empresas fachada y prestanombres

De acuerdo con la UIF, el administrador de la aduana de Querétaro, Jorge Aurelio Brito Sevenello, acumula varios años de operaciones inusuales en su entorno, que continuaron una vez que este asumió el referido cargo. Se presume que ese dinero proviene, al menos en una parte, de posibles sobornos.

El dinero habría llegado a Brito Sevenello desde empresas fantasma a través de depósitos o cheques en efectivo que luego eran dispersados con prestanombres.

“En Querétaro ya fue removido el administrador aduanal porque aquí lo que se encontró fue una red de empresas fachada que utilizaban incluso a la madre y al padre de este administrador aduanal (…) Es un esquema de corrupción. La hipótesis es que eran pagos de favores para permitir negocios en la aduana”, señaló en entrevista el titular de la UIF, Santiago Nieto.

En el entramado de operaciones inusuales se ubica la empresa Nueva visión Asesores Empresariales SA de CV, compañía que pese a no tener ninguna actividad probada ha facturado operaciones por más de 830 millones de pesos tan solo entre 2014 y 2019. Su principal accionista es un señor de casi 60 años sin perfil empresarial.

La UIF detectó que dicha compañía envió millonarias cantidades a través de diversas vías al entorno de Brito Sevenello. Por ejemplo, realizó transferencias a una persona de nombre Carlos Pérez Castaños (un señor de más de 80 años) quien supuestamente emitió 230 cheques por un monto de 14.5 millones a Jorge Antonio Brito Tenorio, padre del exadministrador de la aduana.

A su vez, la misma empresa depositó 21 millones de pesos a través de 21 cheques a María de los Ángeles Sevenello, madre de Brito Sevenello. Con la misma mecánica transfirió 3.6 millones de pesos a Brito Tenorio.

Nueva visión Asesores Empresariales SA de CV también transfirió cerca de 50 millones de pesos a al menos otras tres empresas presuntamente fachada, las cuales después enviaron el dinero a las cuentas del padre del exadministrador.

Jorge Aurelio Brito Sevenello fue removido de su cargo en septiembre del año pasado luego de que la UIF lo denunciara penalmente.

Guanajuato: presunto lavado y narco

Los trabajos de Inteligencia Financiera en torno al entonces administrador de la aduana de Guanajuato, Carlos Ignacio Franco Salgado, permitieron identificar no solo operaciones inusuales sino incluso posibles nexos con la delincuencia organizada.

“En Guanajuato es el administrador que también denunciamos y pedimos su remoción. Uno de sus hermanos está relacionado con el grupo del narcotraficante Caro Quintero de acuerdo con las listas OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU). Tiene transferencias internacionales por varios millones de pesos, cheques, adquisición de bienes inmuebles, altos pagos de tarjetas American Express por 22 millones”, dijo Santiago Nieto.

Entre los hallazgos presentados en la denuncia penal, justamente destaca que el hermano del exadministrador recibió dinero vía transacción de empresas que la OFAC y la propia UIF tienen identificadas como posibles lavadoras de dinero de un cartel del narcotráfico.

También se observaron operaciones sospechosas en el entorno de Franco Salgado como movimientos en cheques por 1.4 millones de pesos, retiros en efectivo por un millón y medio, pagos de 4 millones de pesos a una tarjeta American Express, inversión en un inmueble por dos millones, entre otros.

Franco Salgado dejó su cargo en la aduana de Guanajuato el 31 de agosto de 2020, luego de permanecer 20 meses en dicho puesto.

Lee más: Denuncian corrupción y lavado en aduanas de Progreso, Tuxpan y Mexicali; hay 4 más en la mira

Corredor Tamaulipas: “huachicol” y corrupción

En este caso la UIF denunció penalmente a Ricardo Díaz de la Serna García, Jesús Eduardo Mucharraz Herrera y José Luis Avendaño Salinas, que se desempeñaban como administradores de las aduanas de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, todas en Tamaulipas. En todos los casos se encontraron operaciones inusuales que según dicha unidad podrían representar lavado de dinero.

En el caso específico de Díaz de la Serna, Hacienda identificó varias empresas que le transfieren recursos a este exfuncionario sin que haya una justificación aparente. A Mucharraz Herrera se le detectaron transacciones a través de una empresa gasera por más de cien mil dólares a una cuenta en Pakistán.

“Es una mecánica en estos casos: la constitución de empresas que se constituyen de manera inmediata para depositar los recursos en esas empresas y después sacarlos a través de cheques, de dinero en efectivo y de otras operaciones. Son empresas listas para dispersar los recursos y en algún momento regresarlos a los propios administradores”, indicó Nieto.

A manera de hipótesis, las autoridades federales han establecido que en el caso de Tamaulipas los pagos de los presuntos sobornos serían para permitir otros presuntos actos de corrupción, entre otras cosas, el ingreso de combustible desde Estados Unidos a México sin cubrir los impuestos correspondientes. Esto para luego revender dicho combustible a precios inferiores en territorio nacional.

Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 fueron presentadas 20 denuncias ante la FGR en contra de operadores de tractocamiones que transportaban gasolina y diesel contrabandeada desde Estados Unidos a través de las aduanas, según información ministerial a la que tuvo acceso Animal Político.

La FGR aseguró vehículos con un total de mil 110 toneladas de combustible y abrió las carpetas de investigación correspondientes contra los detenidos.

Lázaro Cárdenas y Progreso

La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga a los que fueran administradores de las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Jaime Nova Palma, y de la aduana de Progreso, Yucatán, Guillermo Cesar Calderón León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el caso de Nova Palma, lo que detectaron las autoridades es que su hermano recibió cerca de 50 millones de pesos provenientes de una red de más de 40 empresas presuntamente fantasma. Dicho hermano abrió a su vez una cuenta de inversión donde el beneficiario era, precisamente, el administrador de la aduana.

“Lo que se puede presumir es que el hermano estaba metiendo dinero a esa cuenta donde eventualmente el administrador de la aduana es el beneficiario y recibiría todo ese dinero. Sería dinero proveniente de posibles sobornos”, señala la denuncia.

Y en el caso de Calderón León, la UIF identificó operaciones en casinos donde el se habría beneficiado de considerable sumas de dinero, que la unidad presume es resultado de posible lavado de dinero.

“Este fue de los primeros casos en ser denunciados. Le encontramos actividades en la aduana de Progreso que no correspondían a actividades lícitas. Por ejemplo, el tráfico de cocaína dentro de tiburones que venían de Costa Rica a Progreso y de Progreso a Miami”, dijo Nieto.

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¿Por qué tantos niños mueren en Brasil por COVID-19?

La pandemia no da tregua en Brasil y estudios muestran que las cifras oficiales pueden ser menores respecto a la cantidad de niños fallecidos por el virus. Una madre relata como perdió a su hijo porque no consiguió que la enfermedad fuera detectada a tiempo.
15 de abril, 2021
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Un año después de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, las muertes en Brasil se encuentran en su punto máximo.

Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia de que la COVID-19 rara vez mata a niños pequeños, en la nación sudamericana han fallecido más de 800 menores por esa enfermedad, según cifras oficiales. Y esas cifras pueden ser mayores, de acuerdo a estudios.

Uno de esos casos tiene que ver el hijo de un año de la profesora Jessika Ricarte, al que un médico se negó a realizar una prueba bajo el argumento de que sus síntomas no se ajustaban al perfil del coronavirus.

Dos meses después, el menor murió por complicaciones asociadas con la enfermedad. Sucedió en Tamboril, una ciudad en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil.

La historia

Luego de un par de años de intentos y tratamientos de fertilidad fallidos, Ricarte casi había renunciado a tener una familia hasta que quedó embarazada de Lucas.

“Su nombre proviene de ‘luminoso’. Y fue una luz en nuestra vida. Demostró que la felicidad era mucho más de lo que imaginamos”, cuenta.

El primer cumpleaños de Lucas.

Jessika Ricarte
El primer cumpleaños de Lucas.

Primero sospechó que algo andaba mal cuando Lucas, que siempre tenía buen apetito, dejó de sentir hambre.

Jessika se preguntó entonces si era debido a que le estaban saliendo los dientes.

La madrina de Lucas, una enfermera, sugirió que podría tener dolor de garganta. Pero después de que desarrolló fiebre, luego fatiga y dificultad para respirar, la madre lo llevó al hospital y pidió que le hicieran la prueba de COVID-19.

“El médico puso el oxímetro. Los niveles (de oxígeno) de Lucas eran del 86%. Ahora sé que eso no es normal”, dice Jessika.

Como no tenía fiebre, el médico dijo: “No se preocupe, no hay necesidad de una prueba de COVID-19. Probablemente sea solo un dolor de garganta leve”.

Le afirmó a Jessika que el coronavirus era raro en los niños y solo le dio algunos antibióticos.

A pesar de las sospechas de la madre, no había ninguna opción para que Lucas hiciera una prueba en laboratorios privados en ese momento.

Y Ricarte relata que algunos de sus síntomas se disiparon al final de su tratamiento de antibióticos de 10 días, pero el cansancio permaneció.

Lucas

Jessika Ricarte
Jessika tomaba videos de su hijo y las enviaba a familiares porque estaba preocupada por su condición.

“Le envié varios videos a su madrina, a mis padres, a mi suegra, y todos decían que estaba exagerando, que debía dejar de ver las noticias, que me estaba volviendo paranoica. Pero yo sabía que mi hijo no era el mismo, que no respiraba normalmente”, recuerda.

Inesperado

Era mayo de 2020 y el contagio del coronavirus estaba creciendo. Dos personas ya habían muerto en la ciudad donde vive Ricarte.

“Todos se conocen aquí. La ciudad estaba en shock“, afirma.

Israel, el esposo de Jessika, estaba preocupado de que una visita al hospital pudiera aumentar el riesgo de que ella o el hijo de ambos se infectaran con el virus.

Pasaron las semanas y Lucas se volvió cada vez más somnoliento. Finalmente, el 3 de junio, el pequeño vomitó una y otra vez después de almorzar y Ricarte entendió que tenía que hacer algo.

Regresaron al hospital donde el médico examinó a Lucas para evaluar si se trataba de un contagio de COVID-19.

La madrina de Lucas, que trabajaba allí, le dio la noticia a la pareja de que el resultado de la prueba era positivo.

“En ese momento, el centro de salud ni siquiera tenía un reanimador clínico”, dice Jessika.

El menor fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátricos en la ciudad de Sobral, a más de dos horas de distancia, donde le diagnosticaron una afección llamada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS, por su sigla en inglés).

Se trata de una respuesta inmune extrema al virus que puede causar inflamación severa de órganos vitales.

Niños

Los expertos dicen que el síndrome, que afecta a los niños hasta seis semanas después de que se infectan con el coronavirus, es un fenómeno raro.

Sin embargo, la reconocida epidemióloga de la Universidad de Sao Paulo Fatima Marinho dice que, durante la pandemia, está viendo más casos de PIMS que nunca antes.

Lucas

Jessika Ricarte

Cuando Lucas fue intubado, a Jessika no se le permitió quedarse en la misma habitación. Llamó a su cuñada para intentar distraerse de la preocupación.

“Podíamos escuchar el sonido de la máquina (de la unidad de cuidados intensivos), el ‘bip’. Hasta que la máquina se detuvo y escuchamos ese pitido constante. Y sabemos que eso sucede cuando la persona muere. Después de unos minutos, la máquina comenzó a funcionar nuevamente y comencé a llorar”, cuenta.

La doctora Manuela Monte, la pediatra que trató a Lucas durante más de un mes en la unidad de cuidados intensivos de Sobral, afirmó que le sorprendió que la condición del niño fuera tan grave porque no tenía ningún factor de riesgo.

La mayoría de los menores afectados por coronavirus tienen enfermedades o trastornos (afecciones existentes como diabetes o problemas cardiovasculares) o sobrepeso, según Lohanna Tavares, infectóloga pediátrica del Hospital Infantil Albert Sabin en Fortaleza, la capital del estado de Ceará.

Pero ese no fue el caso de Lucas.

Durante los 33 días que Lucas estuvo en cuidados intensivos, a Jessika solo se le permitió verlo tres veces.

Lucas's parents, Israel and Jessika

BBC

Lucas necesitaba inmunoglobulina, un medicamento muy caro, para desinflamar su corazón.

Afortunadamente un paciente adulto que había comprado donó una ampolla sobrante al hospital.

Lucas estaba tan enfermo que necesitó recibir una segunda dosis. Desarrolló una erupción en su cuerpo y tenía fiebre persistente. Necesitaba apoyo para respirar.

Luego el niño comenzó a mejorar y los médicos decidieron sacarle el tubo de oxígeno. Hicieron videollamadas a Jessika e Israel para que no se sintiera solo cuando recuperara la conciencia.

“Cuando escuchó nuestras voces se puso a llorar“, relata la madre.

Era la última vez que la pareja vería a su hijo reaccionar. Durante la siguiente videollamada “tenía la mirada paralizada”.

El hospital solicitó una tomografía computarizada y descubrió que Lucas había tenido un derrame cerebral.

Pese a ello, a la pareja se le dijo que Lucas se recuperaría bien con la atención adecuada y que pronto sería trasladado a una sala general.

Cuando Jessika e Israel fueron a visitarlo, el médico estaba tan esperanzado como ellos, cuenta la mujer.

“Esa noche, puse mi celular en silencio. Soñé que Lucas se me acercó y me besó la nariz. Y el sueño fue un gran sentimiento de amor, gratitud y me desperté muy feliz. Luego vi mi celular y vi las 10 llamadas que había hecho el médico”, narra.

Jessika

BBC
Jessika Ricarte

El doctor encargado le dijo a Jessika que la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno de Lucas habían bajado repentinamente y que había muerto temprano esa mañana.

Ella está segura de que si le hubieran hecho una prueba cuando ella la solicitó, a principios de mayo, habría sobrevivido.

“Es importante que los médicos, incluso si creen que no es coronavirus, hagan el examen para eliminar la posibilidad”, dice.

Indica que “un bebé no dice lo que siente, así que todo depende de las pruebas“.

Un menor en una sala de cuidados intensivos

BBC
Un menor en una sala de cuidados intensivos.

Jessika cree que la demora en el tratamiento adecuado agravó la condición de su hijo.

“Lucas tuvo varias inflamaciones, el 70% del pulmón estaba comprometido, el corazón aumentó en un 40%. Era una situación que podría haberse evitado”, indica.

La doctora Monte está de acuerdo. Ella dice que aunque una situación de PIMS no se puede prevenir, el tratamiento es mucho más exitoso si la condición se diagnostica y se trata temprano.

“Cuanto antes hubiera recibido atención especializada, era mejor. Llegó al hospital ya críticamente enfermo. Creo que podría haber tenido un resultado diferente si lo hubiéramos tratado antes”, señala.

Jessika ahora quiere compartir la historia de Lucas para ayudar a otras personas que pueden prevenir esa clase de síntomas críticos en los menores.

“En el caso de todos los niños que conozco y fueron salvados por alguna advertencia mía, la madre me dice: ‘Vi tus publicaciones, llevé a mi hijo al hospital y ahora está en casa’. Es como si fuera una parte de Lucas“, cuenta.

Los médicos usan teléfonos móviles para que los menores puedan verse con sus familiares.

BBC
Los médicos usan teléfonos móviles para que los menores puedan verse con sus familiares.

El problema

Existe la idea errónea de que los niños corren cero riesgo de un contagio de coronavirus, según Fatima Marinho, quien también es asesora principal de la ONG de salud Vital Strategies.

La investigación de la doctora sostiene que un número sorprendentemente alto de niños y bebés fueron afectados por la enfermedad.

Entre febrero de 2020 y el 15 de marzo de 2021, la COVID-19 mató al menos a 852 niños de Brasil, incluidos 518 bebés menores de un año, según cifras del Ministerio de Salud de ese país.

Pero la experta estima que más del doble de esta cantidad de niños murieron a causa de esa enfermedad dado que, señala, existe un problema grave de bajo registro debido a la falta de pruebas que reduce las cifras.

Marinho revisó el exceso de muertes por síndrome respiratorio agudo durante la pandemia y encontró que hubo al menos 10 veces más muertes que en años anteriores.

Considerando esas estimaciones sostiene que el virus mató a un aproximado de 2.060 niños menores de nueve años, incluidos 1.302 bebés.

¿Qué está pasando?

Los expertos señalan que la gran cantidad de casos de coronavirus en Brasil, el segundo en cantidad de contagios más alto del mundo, elevó la probabilidad de que bebés y niños se vean afectados.

“Por supuesto, cuantos más casos tengamos y, por ende, más hospitalizaciones, mayor será el número de muertes en todos los grupos de edad, incluidos los niños. Pero si se controlara la pandemia, este escenario evidentemente podría minimizarse“, explica Renato. Kfouri, presidente del Departamento Científico de Inmunizaciones de la Sociedad Brasileña de Pediatría.

Dr Cinara Carneiro

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Dra Cinara Carneiro

Una tasa de infección tan alta sobrepasó el sistema de salud de Brasil. En todo el país, el suministro de oxígeno está disminuyendo, hay escasez de medicamentos básicos y en muchas unidades de cuidados intensivos de todo el país simplemente no hay más camas.

El presidente Jair Bolsonaro todavía se opone a los encierros estrictos y se estima que la tasa de infección está siendo impulsada por la variante llamada P.1, considerada más contagiosa y posiblemente surgida en el norte de Brasil.

En marzo murió el doble de personas que en cualquier otro mes de la pandemia y la tendencia al alza continúa.

Otro problema que impulsa las altas tasas de contagios en los niños es la falta de exámenes.

Marinho dice que para los menores es usual que el diagnóstico llegue demasiado tarde, cuando ya están gravemente enfermos.

“Tenemos un grave problema en la detección de casos. No tenemos suficientes pruebas para la población en general, menos aún para los niños. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, hay un retraso en la atención del menor”, explica.

Esto no se debe solo a que exista poca capacidad de prueba, sino también a que es más fácil pasar por alto, o diagnosticar erróneamente, los síntomas de los niños que padecen COVID-19, ya que la enfermedad tiende a presentarse de manera diferente en las personas más jóvenes.

Una salubrista en Brasil

Departamento de Salud de Ceará

“Un niño tiene mucha más diarrea, mucho más dolor abdominal y dolor en el pecho que el visto en un cuadro clásico de COVID-19. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, cuando el menor llega al hospital está en una condición grave y puede complicarse y morir”, señala Marinho.

Problemas sociales

Aunque todo esto también se trata de pobreza y acceso a la atención médica.

Un estudio de 5 mil 857 pacientes con COVID-19 menores de 20 años, realizado por pediatras brasileños dirigido por la Facultad de Medicina de Sao Paulo identificó tanto las enfermedades de base como las vulnerabilidades socioeconómicas como factores de riesgo para el peor resultado en menores.

Marinho está de acuerdo en que este es un factor importante.

“Los más vulnerables son los niños afrodescendientes y los menores de familias muy pobres, ya que tienen más dificultades para acceder al auxilio. Estos son los niños con mayor riesgo de muerte”, indica.

Ella dice que esto se debe a que las condiciones de vivienda hacinadas hacen que sea imposible distanciarse socialmente cuando se infectan, y porque las comunidades más pobres no tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos local.

Estos niños también corren riesgo de desnutrición, lo que es “terrible para la respuesta inmunológica”, afirma Marinho.

Cuando se detuvieron las subvenciones en medio de la pandemia, millones volvieron a entrar en graves problemas de subsistencia.

“Pasamos de 7 millones a 21 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en un año. Así que la gente también pasa hambre. Todo esto tiene un impacto en la mortalidad”, afirma la experta.

Braian Sousa, líder de la investigación de la Universidad de Sao Paulo, dice que su estudio identifica ciertos grupos de riesgo entre los niños a los que se debe dar prioridad para la vacunación. Aunque actualmente, no hay vacunas disponibles para menores de 16 años.


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