Corrupción en aduanas: Presuntos sobornos y empresas fantasma
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Presuntos sobornos por más de mil millones, empresas fantasma y nexos con el narco: la corrupción en aduanas

La FGR inició 10 carpetas de investigación en contra de exadministradores de aduanas que, según Hacienda, habrían permitido acceso ilegal de mercancías, combustible, drogas y armas al país.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel, Zedryk Raziel y Francisco Sandoval
14 de abril, 2021
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Operaciones bancarias por más de mil millones de pesos provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados como prestanombres; apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.

Estos son algunos de los presuntos actos de corrupción que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda identificó al revisar el entorno financiero de una decena de oficiales de comercio exterior aduanales que, en los últimos meses, fueron denunciados penalmente ante la FGR por posible lavado de dinero y actos de corrupción.

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Los implicados, como Animal Político dio a conocer en una primera parte de esta nota, habían sido designados ya en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que fuera el primer administrador general de aduanas, Ricardo Peralta, quien según denuncias internas en el SAT presuntamente conocía de estos supuestos actos de corrupción.

En sus denuncias, la UIF advierte que las operaciones inusuales en el entorno a los administradores serían resultado de “delitos predicados” o previos. En concreto: presuntos sobornos por haber permitido actividades ilícitas en las aduanas que tenían a su cargo, y que van desde contrabando o huachicoleo, hasta posible narcotráfico, tráfico de armas y de personas.

Las cuentas bancarias involucradas en estas operaciones fueron bloqueadas a solicitud de la UIF, mientras que la FGR inició por cada caso una carpeta de investigación que en este momento siguen en integración. Todos los administradores implicados fueron removidos de sus cargos en las aduanas y a la par se les iniciaron indagatorias internas en el SAT y en la Secretaría de la Función Pública.

Animal Político tuvo acceso a los hallazgos de presunta corrupción detectados por la UIF en varios de los casos denunciados, a partir de los cuales establecieron las posibles operaciones de lavado de dinero.

A continuación, se mencionan los puntos clave en varios de ellos:

Tijuana, Tecate y Mexicali: un cártel aduanal

La UIF denunció penalmente a los administradores de las aduanas de Tijuana, Eva María Viridiana Soria Amador; de Mexicali, Raymundo Humberto Jiménez Lázaro; y de Tecate, David Pérez Tejada Padilla. Todos fueron separados de sus cargos a finales de diciembre pasado.

De acuerdo con las denuncias penales, estas personas estaban coludidas con otro exadministrador de nombre Alejandro Miramontes Armenta – quien también se encuentra bajo investigación de la UIF – con el objetivo de consolidar una presunta red de corrupción en las aduanas gracias al cual se permitió el ingreso desde autos chocolate, pero también de armas de fuego.

“El 70% de las armas que llegan a nuestro país tiene que ver con los ingresos vía Estados Unidos. Y entran a través de mecanismos como por ejemplo autos chocolate en Mexicali. Nosotros confirmamos este hecho y también denunciamos a un agente aduanal implicado en esa operación”, dijo Santiago Nieto.

De acuerdo con fuentes federales, el funcionario denunciado es Roberto Ruiz Armas, que a través de su empresa Automotores 2017 SA de CV ha ganado más de 161 millones de pesos en operaciones de introducción de autos usados de manera ilegal – sin cubrir impuestos – en los últimos años. Se trata de los llamados “autos chocolate”.

La UIF identificó antecedentes de operaciones inusuales en el entorno de los administradores denunciados, que le hacen sospechas de operaciones de lavado de dinero.

En el caso de Soria Amador se denunció, por ejemplo, la compra de un cheque de caja por 5 millones de pesos y unos días después la adquisición un departamento en la colonia Anáhuac de Ciudad de México por 5.7 millones de pesos. También se identificó que su hermano recibió 5.7 millones de pesos en sus cuentas de los cuales retiró cinco millones.

Ello sumado a otro depósito de seis millones de pesos en un lapso de cuatro meses entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.

Tras ser removida de su cargo como administradora aduanera, Soria Amador fue nombrada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de dicha entidad. Ello pese a que fue destituida a nivel federal por “pérdida de confianza” y denunciada penalmente.

Respecto a Tejeda Padilla, quien también fue diputado federal por el Partido Verde, lo primero que llamó la atención de la UIF fue su alta calificación en un modelo de riesgo con el que cuenta la unidad para identificar posible lavado de dinero: 7.39 de 10 puntos posibles. Al revisar las sus operaciones se encontró la supuesta venta de una casa valuada en 10 millones en un solo millón de pesos. Familiares suyos, entre ellos un hermano, han sido indagados por posible corrupción.

Y en el caso de Jiménez Lázaro, la UIF también lo identificó con un foco de alerta al calificar con 6.93 en el modelo de riesgo. El 4 de marzo de 2020 Banamex emitió hacia el gobierno una alerta por operaciones inusuales sobre esta persona. Inteligencia Financiera identificó 650 mil pesos en una de sus cuentas no reportados, y operaciones por mas de medio millón de pesos sobre otro familiar.

Querétaro: empresas fachada y prestanombres

De acuerdo con la UIF, el administrador de la aduana de Querétaro, Jorge Aurelio Brito Sevenello, acumula varios años de operaciones inusuales en su entorno, que continuaron una vez que este asumió el referido cargo. Se presume que ese dinero proviene, al menos en una parte, de posibles sobornos.

El dinero habría llegado a Brito Sevenello desde empresas fantasma a través de depósitos o cheques en efectivo que luego eran dispersados con prestanombres.

“En Querétaro ya fue removido el administrador aduanal porque aquí lo que se encontró fue una red de empresas fachada que utilizaban incluso a la madre y al padre de este administrador aduanal (…) Es un esquema de corrupción. La hipótesis es que eran pagos de favores para permitir negocios en la aduana”, señaló en entrevista el titular de la UIF, Santiago Nieto.

En el entramado de operaciones inusuales se ubica la empresa Nueva visión Asesores Empresariales SA de CV, compañía que pese a no tener ninguna actividad probada ha facturado operaciones por más de 830 millones de pesos tan solo entre 2014 y 2019. Su principal accionista es un señor de casi 60 años sin perfil empresarial.

La UIF detectó que dicha compañía envió millonarias cantidades a través de diversas vías al entorno de Brito Sevenello. Por ejemplo, realizó transferencias a una persona de nombre Carlos Pérez Castaños (un señor de más de 80 años) quien supuestamente emitió 230 cheques por un monto de 14.5 millones a Jorge Antonio Brito Tenorio, padre del exadministrador de la aduana.

A su vez, la misma empresa depositó 21 millones de pesos a través de 21 cheques a María de los Ángeles Sevenello, madre de Brito Sevenello. Con la misma mecánica transfirió 3.6 millones de pesos a Brito Tenorio.

Nueva visión Asesores Empresariales SA de CV también transfirió cerca de 50 millones de pesos a al menos otras tres empresas presuntamente fachada, las cuales después enviaron el dinero a las cuentas del padre del exadministrador.

Jorge Aurelio Brito Sevenello fue removido de su cargo en septiembre del año pasado luego de que la UIF lo denunciara penalmente.

Guanajuato: presunto lavado y narco

Los trabajos de Inteligencia Financiera en torno al entonces administrador de la aduana de Guanajuato, Carlos Ignacio Franco Salgado, permitieron identificar no solo operaciones inusuales sino incluso posibles nexos con la delincuencia organizada.

“En Guanajuato es el administrador que también denunciamos y pedimos su remoción. Uno de sus hermanos está relacionado con el grupo del narcotraficante Caro Quintero de acuerdo con las listas OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU). Tiene transferencias internacionales por varios millones de pesos, cheques, adquisición de bienes inmuebles, altos pagos de tarjetas American Express por 22 millones”, dijo Santiago Nieto.

Entre los hallazgos presentados en la denuncia penal, justamente destaca que el hermano del exadministrador recibió dinero vía transacción de empresas que la OFAC y la propia UIF tienen identificadas como posibles lavadoras de dinero de un cartel del narcotráfico.

También se observaron operaciones sospechosas en el entorno de Franco Salgado como movimientos en cheques por 1.4 millones de pesos, retiros en efectivo por un millón y medio, pagos de 4 millones de pesos a una tarjeta American Express, inversión en un inmueble por dos millones, entre otros.

Franco Salgado dejó su cargo en la aduana de Guanajuato el 31 de agosto de 2020, luego de permanecer 20 meses en dicho puesto.

Lee más: Denuncian corrupción y lavado en aduanas de Progreso, Tuxpan y Mexicali; hay 4 más en la mira

Corredor Tamaulipas: “huachicol” y corrupción

En este caso la UIF denunció penalmente a Ricardo Díaz de la Serna García, Jesús Eduardo Mucharraz Herrera y José Luis Avendaño Salinas, que se desempeñaban como administradores de las aduanas de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, todas en Tamaulipas. En todos los casos se encontraron operaciones inusuales que según dicha unidad podrían representar lavado de dinero.

En el caso específico de Díaz de la Serna, Hacienda identificó varias empresas que le transfieren recursos a este exfuncionario sin que haya una justificación aparente. A Mucharraz Herrera se le detectaron transacciones a través de una empresa gasera por más de cien mil dólares a una cuenta en Pakistán.

“Es una mecánica en estos casos: la constitución de empresas que se constituyen de manera inmediata para depositar los recursos en esas empresas y después sacarlos a través de cheques, de dinero en efectivo y de otras operaciones. Son empresas listas para dispersar los recursos y en algún momento regresarlos a los propios administradores”, indicó Nieto.

A manera de hipótesis, las autoridades federales han establecido que en el caso de Tamaulipas los pagos de los presuntos sobornos serían para permitir otros presuntos actos de corrupción, entre otras cosas, el ingreso de combustible desde Estados Unidos a México sin cubrir los impuestos correspondientes. Esto para luego revender dicho combustible a precios inferiores en territorio nacional.

Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 fueron presentadas 20 denuncias ante la FGR en contra de operadores de tractocamiones que transportaban gasolina y diesel contrabandeada desde Estados Unidos a través de las aduanas, según información ministerial a la que tuvo acceso Animal Político.

La FGR aseguró vehículos con un total de mil 110 toneladas de combustible y abrió las carpetas de investigación correspondientes contra los detenidos.

Lázaro Cárdenas y Progreso

La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga a los que fueran administradores de las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Jaime Nova Palma, y de la aduana de Progreso, Yucatán, Guillermo Cesar Calderón León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el caso de Nova Palma, lo que detectaron las autoridades es que su hermano recibió cerca de 50 millones de pesos provenientes de una red de más de 40 empresas presuntamente fantasma. Dicho hermano abrió a su vez una cuenta de inversión donde el beneficiario era, precisamente, el administrador de la aduana.

“Lo que se puede presumir es que el hermano estaba metiendo dinero a esa cuenta donde eventualmente el administrador de la aduana es el beneficiario y recibiría todo ese dinero. Sería dinero proveniente de posibles sobornos”, señala la denuncia.

Y en el caso de Calderón León, la UIF identificó operaciones en casinos donde el se habría beneficiado de considerable sumas de dinero, que la unidad presume es resultado de posible lavado de dinero.

“Este fue de los primeros casos en ser denunciados. Le encontramos actividades en la aduana de Progreso que no correspondían a actividades lícitas. Por ejemplo, el tráfico de cocaína dentro de tiburones que venían de Costa Rica a Progreso y de Progreso a Miami”, dijo Nieto.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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