Corte hará que México atienda acciones que ordene ONU de desaparición
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Corte obligará a México a atender acciones que ordene el Comité vs Desaparición Forzada de ONU

El proyecto que se analiza este miércoles ampara a las familias de seis víctimas de desaparición, pero dejaría precedente para más casos. México es el segundo país con más acciones urgentes ordenadas por ONU, la mayoría incumplidas.
Cuartoscuro
21 de abril, 2021
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles un proyecto de sentencia que establece que las autoridades en México están obligadas a acatar las acciones urgentes de búsqueda e investigación que le ordene el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

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Dicho proyecto es resultado de la revisión de un amparo que promovieron las familias de seis jóvenes desaparecidos desde 2013 en Veracruz en contra de la negativa de la Fiscalía estatal, avalada en primera instancia por una jueza federal, de atender las acciones ordenadas por el referido Comité.

Los afectados recurrieron ante dicho comité en 2017 desesperados por la falta de resultados en una investigación que, siete años después, no ha dado con los probables responsables ni ha localizado a los desaparecidos. Es decir, que mantiene los casos totalmente impunes.

En respuesta el comité emitió más de una decena de acciones urgentes dirigidas a la Fiscalía en todos los casos, entre las que figuran darles pleno acceso a las indagatorias a las familias e incorporar sus pruebas y líneas de investigación. Pero todo ello está pendiente porque las autoridades locales han litigado para no reconocer la jurisdicción internacional.

En 2018 y por iniciativa del hoy presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el máximo tribunal atrajo el caso para analizarlo debido a la trascendencia que tiene la definición de si México debe acatar irrestrictamente o no las determinaciones de un organismo internacional como el Comité contra la Desaparición Forzada.

En ese contexto, el proyecto que se votará esta semana a cargo de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concluye que la Constitución en México reconoce las convenciones internacionales y tratados derechos humanos como parte del marco legal que prevalece en nuestro país, por lo que las disposiciones que de ella emanan sí son vinculantes.

“Suponer que las acciones urgentes no establecen obligaciones a cargo de las autoridades responsables, ni implican la necesidad de comunicar los resultados, es restar efecto útil a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, disminuir injustificadamente la esfera de protección de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado mexicano y contradecir las determinaciones del gobierno mexicano, quien no sólo adoptó, ratificó e incorporó a su régimen jurídico” señala el proyecto.

De acuerdo con la organización civil especializada en defensa de los derechos humanos I(DH)EAS, que ha acompañado a las familias afectadas, de aprobarse este proyecto de la Corte el beneficio se extendería más allá de las seis victimas que promovieron el amparo. Actualmente hay casi 400 casos con acciones urgentes emitidas por el referido Comité.

México es, de hecho, el segundo país en el mundo con más acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, solo detrás de Irak.

Formando Hogar: siete años de impunidad

Daniel, Karlo, Luis, Julián, Emiliano y Héctor desaparecieron en diciembre de 2013. Todos ellos eran vecinos de la colonia Formando Hogar, un barrio popular del puerto de Veracruz. 

Como en tantos otros casos ocurridos durante el gobierno de Javier Duarte, en su desaparición estuvieron involucrados elementos de la policía estatal quienes, según los testigos, se llevaron detenidos a los seis jóvenes. Fue la última vez que alguien pudo verlos.

Aunque las familias intentaron denunciar de inmediato los hechos, el Ministerio Público les pidió esperar 72 horas para que se considerara realmente desaparecidos a los jóvenes. Esa fue la primera de muchas irregularidades y negligencias que seguirían en los años posteriores con este caso.

Ante la falta de resultados, y con el apoyo de la organización I(DH)EAS, los familiares acudieron ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas el cual, en febrero de 2016, ordenó a las autoridades mexicanas implementar una serie de acciones urgentes para agilizar la búsqueda de los desaparecidos, y la identificación de los probables responsables. Un año después dichas acciones fueron reiteradas y ampliadas.

Entre lo ordenado por el comité se encuentra, por ejemplo, realizar un proceso de búsqueda integral y una investigación seria para dar con el paradero de las víctimas; tomar en cuenta la posible participación de policías de todos los niveles y militares en el caso; y agilizar la identificación de restos encontrados en fosas clandestinas.

También se instruyó a la Fiscalía dar cuenta a los familiares de la estrategia implementada para la búsqueda de los desaparecidos, así como permitirles el acceso a la averiguación previa abierta y a todos los avances del caso. Todo ello además de informar al comité de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de las disposiciones.

Pero no hubo caso. La Fiscalía estatal se negó a atender dichas acciones urgentes, motivo por el cual los familiares promovieron una demanda de amparo ante un juzgado federal en Veracruz en contra del fiscal General, del titular de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, y de los agentes del Ministerio Público implicados.

El 15 de mayo de 2018 la jueza resolvió amparar a los familiares, pero solo para efectos de que los agentes del MP responsables del caso agilizaran las diligencias. Sin embargo, dicha jueza se negó a reconocer la obligación de las autoridades mexicanas de acatar las acciones urgentes de Naciones Unidas, ni tampoco consideró responsables de las negligencias al fiscal General del Estado.

En ese contexto los familiares y sus abogados impugnaron la resolución de la jueza, lo que motivó que el caso fuera turnado a un tribunal federal y finalmente fuera atraído por la Suprema Corte.

Mientras tanto las investigaciones relacionadas con la desaparición de Daniel, Karlo, Luis, Julián, Emiliano y Héctor continúan estancadas, sin que a más de siete años de distancia se conozca su paradero y sin que tampoco haya personas detenidas.

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Los argumentos de la Corte

El proyecto del ministro Ortiz Mena que será sometido a votación de la Primera Sala este miércoles concluye no solo que México está obligado a acatar las disposiciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, sino que los mandos más altos de la Fiscalía estatal también son responsables de la impunidad que prevalece en el caso.

Contrario a lo decidido por la jueza, el proyecto destaca que tanto el fiscal General del Estado, así como el fiscal Especializado para la búsqueda de personas desaparecidas son, por línea de mando, corresponsables de los casos y no pueden deslindarse de las fallas de sus subordinados.

“Si la jueza de distrito encontró que existía una investigación que no satisfacía los estándares nacionales e internacionales que fueron desarrollados en la sentencia de amparo y que no se había emprendido con la urgencia necesaria la búsqueda del joven Emiliano, esas omisiones son, sin duda, atribuibles a los funcionarios de las entidades encargadas de la función indagatoria del Estado, en todos sus niveles, y la concesión del amparo debe, por supuesto, ampliarse a esas autoridades”, señala el proyecto.

En cuanto a las acciones urgentes ordenadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el proyecto del ministro Ortiz Mena recuerda que con anterioridad la Corte ya ha señalado que el Estado mexicano, al ratificar tratados internacionales, contrae obligaciones frente a la comunidad internacional. Se trata de disposiciones que no se pueden soslayar, y que están al nivel de las propias obligaciones constitucionales.

En ese contexto se enmarcan las acciones urgentes del referido comité las cuales son vinculantes para México, es decir, es obligatorio observarlas y atenderlas. Mas aún tratándose de temas de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad y condenado por múltiples organismos internacionales de los que México también forma parte.

“Esta Sala no alberga dudas respecto a la obligatoriedad de las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (…) Estas acciones, su cumplimiento y la supervisión judicial de dicho cumplimiento dan contenido específico a la obligación del Estado de garantizar el derecho de las personas a no ser sometidas a desaparición forzada y a la obligación de búsqueda y localización de una persona desaparecida”, concluye el proyecto.

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Venezuela le quita 6 ceros a su moneda y el bolívar soberano se convierte en bolívar digital

Con esta nueva reconversión, ya son 14 los ceros que se han quitado al bolívar en 14 años.
1 de octubre, 2021
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Bolívares venezolanos

Getty Images

A partir de este viernes, el bolívar soberano pasa a llamarse bolívar digital, con seis ceros menos.

De esta manera, el gobierno de Venezuela pone en marcha su decisión de apostar nuevamente en una reconversión monetaria para contrarrestar el proceso de hiperinflación que vive el país.

Solamente en lo que va año, el bolívar se ha depreciado más de un 70% y este viernes se necesitaban más de 4 millones 500 mil bolívares soberanos para comprar un dólar, según la plataforma venezolana Dolar Today.

El nuevo nombre “bolívar digital” se basa, según un comunicado del Banco Central de Venezuela (BCV), “en la profundización y desarrollo de la economía digital” en Venezuela.

La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, anunció el jueves que todo el sistema bancario nacional ya se encontraba preparado para quitarle seis ceros a la moneda.

Pero la medida ha sido criticada desde la oposición, que la considera como una muestra del “fracaso” de la política económica del gobierno de Nicolás Maduro.

“Podría perderse en seis meses”

El exdiputado opositor José Guerra aseguró hace dos semanas que la nueva reconversión monetaria se podría perder “en meses” si no se pone en marcha un programa contra la hiperinflación.

“Si esa actualización del cono monetario no va relacionada con un programa económico para acabar con la hiperinflación y hacer crecer la economía, esa reconversión monetaria se va a perder en meses, tal vez en un año”, explicó en un video difundido por la oposición.

“Las causas de la hiperinflación siguen estando ahí y el cono monetario pierde otra vez sus atributos para facilitar y hacer factible la transacción”, añadió.

En los últimos 14 años, Venezuela le ha quitado 14 ceros a su moneda.

En 2007 se eliminaron tres y nació el bolívar fuerte. Once años después se eliminaron cinco ceros y surgió el bolívar soberano.

Ninguno de estos procesos de reconversión logró parar la hiperinflación, que ha pasado a ser la más alta del mundo.

Una economía altamente dolarizada

No obstante, esta nueva reconversión se da en un contexto diferente. En la actualidad, la economía venezolana está altamente dolarizada.

La moneda preferida hacer pagos en efectivo es el dólar estadounidense, y en caso de utilizar bolívares, la mayoría prefiere utilizar tarjetas o transferencias electrónicas.

Ya a comienzos del año, escribía el excorresponsal en Venezuela de BBC Mundo Guillermo D. Olmo, se estimaba “que más de un 55% de las transacciones en el país se realizan en dólares”.

El cambio en la moneda ha sido descrito por las autoridades económicas como “un hito histórico necesario en un momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica”.

El BCV añadió que la introducción del bolívar digital no afectará el valor de la moneda y que “el tipo de cambio de referencia seguirá siendo el que determine el sistema de mercado cambiario venezolano”.


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