Joven revela otro abuso sexual de diputado de Morena; hay más casos
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Migrante poblano revela otro abuso sexual de diputado de Morena; hay varios casos más, advierte activista

La presunta agresión ocurrió en unos baños de vapor hace cuatro años en Puebla, cuando Huerta era candidato. Ya es el tercer caso que trasciende públicamente.
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24 de abril, 2021
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“Raúl”, un joven de 20 años originario de Puebla reveló que hace cuatro años, cuando aún era un menor de edad, fue víctima de un presunto abuso sexual perpetrado en unos baños de vapor por el hoy diputado federal, Saúl Huerta Corona. Tras ese hecho y por temor a represalias, tuvo que migrar fuera del país hacia California.

El modus operandi descrito por este joven sobre la forma en como el diputado lo cooptó y engañó – con promesas de trabajo y el uso de una posible droga – coincide con el del menor que esta semana denunció penalmente al legislador de Morena por una agresión sexual en un hotel de la Ciudad de México. 

Raúl (seudónimo del joven para proteger su identidad) confesó la presunta agresión que sufrió a Carlos Orea, fundador y dirigente de la Casa del Migrante Poblano en California, después de que se enteró que el legislador federal había sido detenido por una agresión similar.

Lee: Diputado de Morena Saúl Huerta renuncia a reelección tras acusaciones de abuso sexual

Orea, con autorización del joven, compartió con Animal Político la entrevista telefónica que sostuvo con este en la que confirma la agresión que sufrió. Previamente Orea había hablado con el padre de la víctima y acordó asesorarlos para que pueda presentar una denuncia en el consulado en México.

Para el activista no hay duda de que el caso de Raúl es solo una de varias agresiones más que habría perpetrado Huerta Corona en el pasado, pero que no se denunciaron por pena o por temor de las víctimas.

“El diputado vivió cerca de 20 años en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán (Puebla) y ahí todo esto ya era un secreto a voces. Se sabía desde que era candidato para diputado. Había versiones de los abusos, pero por temor ninguno de los jóvenes se atrevió a delatarlo. Hay varios casos, pero los tenía amenazados”, dijo Orea en entrevista.

El jueves, en su noticiero en Milenio Televisión, la periodista Azucena Uresti reveló la denuncia de otro joven que señala que padeció un intento de abuso de parte del legislador el año pasado, por lo que hasta ahora suman tres los casos que han trascendido públicamente.

Esta el la entrevista con el joven migrante.

El abuso en el Temazcal

De acuerdo con la narración de Raúl recabada por Orea, la agresión de la que él fue víctima ocurrió hace cuatro años, cuando Saúl Huerta Corona aún estaba en campaña para la diputación federal, y donde era común que usara a jóvenes para repartir los volantes en los que se promocionaba.

Así conoció a Raúl, con el que fue entablando una relación de amistad y al que le ofreció que lo apoyaría de distintas formas e incluso con un trabajo como su chofer cuando él ya fuera diputado. Fue este acercamiento lo que dio paso a la agresión narrada por el joven migrante en la localidad de San Francisco Totimehuacán.

“El me drogó con algo y después me dijo que íbamos a ir a unos baños de temazcal (baños de vapor), que iban a ser dos separados. Yo entré a uno que me dijo y luego él se metió también y ahí ocurrió todo…” dijo el joven.

Raúl narra – con la voz entrecortada – que después de la agresión el legislador lo siguió buscando e insistiéndole en que trabajara con él como chofer, cosa que él ya no quería hacer.

Leer mas: Diputado de Morena detenido por presunto abuso sexual, queda libre por fuero y hasta vota en sesión

“Yo pensé en denunciarlo (ante el Ministerio Público) pero tenía temor porque era un político (…) también me amenazó y me dijo que no le dijera nada a mis padres porque les iba a pasar algo malo” cuenta Raúl.

Ante el temor y la vergüenza por lo ocurrido, el joven le reveló al activista que prefirió irse de su localidad y migrar hacia los Estados Unidos, donde ya lleva más de tres años. Actualmente reside en la localidad de Ontario, California. 

Carlos Orea dijo en entrevista que a través de la Casa del Migrante apoyarán a Raúl para que ahora pueda presentar la denuncia penal en contra del legislador. Señaló que se están asesorando con abogados para poder recurrir al consulado de México en California y hacer el trámite correspondiente.

En la llamada con el joven, Orea le comentó que aunque han pasado cuatro años aún es posible emprender alguna acción legal y que él tiene derecho a que le reparen el daño que se le acusó. Raúl dice que está de acuerdo, pero que no le interesa obtener algún beneficio económico, sino que se haga justicia.

“No quiero dinero solo quiero que se haga justicia y lo metan a la cárcel porque seguirá haciendo esto, seguirá haciéndolo a otros jóvenes de 15 años y no puede ser”, respondió el joven.

Tres y contando…

Con la revelación de Raúl suman tres los casos de presuntos abusos sexuales cometidos por el diputado federal que han trascendido públicamente. En todos existen coincidencias respecto al modus operandi.

El primer caso – que dio paso a la detención por algunas horas del legislador – ocurrió la madrugada del pasado 21 de abril, cuando un joven de 15 años denunció a policías capitalinos que había sufrido un abuso sexual dentro del Hotel Exe Cities, ubicado en la llamada “Zona Rosa” de la Ciudad de México.

El menor narró que colaboraba con Huerta porque le había ofrecido un puesto de trabajo en su equipo y porque le prometió que le ayudaría a costear sus estudios universitarios. El adolescente declaró que el día de los hechos, el diputado le compartió una bebida que le hizo sentirse mal, y aprovechando esa situación lo llevó a un hotel en la “zona rosa” donde consumó el abuso.

Pese a ser detenido en el cuarto de hotel, la Fiscalía capitalina tuvo que liberar horas mas tarde a Huerta Corona luego de que sus abogados argumentaron que contaba con el fuero constitucional por tratarse de un diputado federal. Así se hizo, aunque la indagatoria continúa.

Entérate: Diputado acusado de abuso sexual: ‘Es su vida personal’, dice coordinador de Morena; que pida licencia: secretaria general

Un día después la periodista Azucena Uresti reveló en su noticiero un segundo caso ocurrido en septiembre del año pasado y en el que, con un modus operandi similar, un menor de edad sufrió un presunto intento de abuso de parte del legislador.

La víctima con el seudónimo de “Ernesto”, narró que vino a México a invitación del legislador, quien prometió enseñarle cómo funcionaba el Congreso. Tras salir de la Cámara de Diputados el legislador lo llevó a un bar cerca del Monumento a la Revolución, donde le dieron una bebida que tras ingerirla le causó un mareo.

Ernesto añadió que el legislador lo llevó a un hotel para que descansara, pero se sorprendió cuando eligió la misma habitación para ambos. Después Huerta se metió al baño y salió desnudo. Cuando intentó abrazarlo el joven le tiró un golpe y se fue de la habitación.

“Yo no soy el único que ha pasado por esto. Hay otros chicos que han pasado por esto y lo han sufrido… espero que se haga justicia y que este tipo de” dijo Ernesto.

Indagatoria avanza; proceso es inminente

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con la integración de la carpeta de investigación por abuso sexual agravado en contra del legislador Saúl Huerta Corona. De acuerdo con autoridades ministeriales, el hecho de que fuera liberado no afecta el desarrollo de la indagatoria.

Explicaron que, por el momento, las diligencias siguen con el levantamiento de testimonios que se consideran claves, entre ellos el del personal del hotel donde ocurrieron los hechos. Desde el jueves se recabaron además los videos de cámaras de seguridad del establecimiento y de las calles aledañas.

De forma paralela la víctima de 15 años continúa recibiendo asesoría especializada y peritos se le practican las evaluaciones psicosociales correspondientes para certificar las afectaciones. También recibirá apoyo de las áreas de atención a víctimas.

Gabriel Regino, experto penalista, dijo en entrevista con Animal Político que este tipo de investigaciones pueden concluirse en una fase inicial en un lapso no mayor de dos semanas. Una situación que podría alargarla es que la Fiscalía reciba nuevas denuncias y decida esperar hasta verificar esos hechos.

No obstante, aunque la Fiscalía logre concluir en mayo la fase inicial de las investigaciones, no puede acusarlo directamente ante un juez ni solicitarle una orden de captura en su contra.

En este contexto, Regino explica que hay dos alternativas en el caso. Una de ellas es que la Fiscalía decida proceder penalmente en contra del legislador cuando aún cuenta con el fuero. Para ello tendrá que solicitarle al Congreso de la Unión un juicio de procedencia para que le sea retirada la protección constitucional. 

Será una especie de minijuicio en San Lázaro donde el legislador también podrá presentar sus pruebas. Es un proceso similar al que está en curso con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

La otra opción es esperar a que concluya el periodo de Huerta como diputado en el próximo mes de agosto, fecha a partir de la cual ya puede ser detenido e imputado directamente ante un juez penal.

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía, cualquiera que sea el escenario el proceso penal en contra del exdiputado es inminente. Y dado que el abuso sexual en contra de un menor es un delito grave, su encarcelación en cuanto sea procesado sería automática.

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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