Jorge Alberto Rivera Cardoza, de 42 años, murió por disparos de la Guardia Nacional el pasado 8 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Manejaba su vehículo muy cerca del puente internacional cuando recibió un balazo en la cabeza desde una patrulla que estaba en medio de una persecución. En el mismo hecho perdió la vida otra mujer, Martha Leticia Salinas Arriaga, que venía caminando cuando quedó atrapada por el coche de la primera víctima al chocar con otro. Los familiares de ambos recibieron una oferta por parte del cuerpo militar: si firmaban un convenio por el que renunciaban a que la Fiscalía General de la República (FGR) siguiera adelante con la investigación recibirían una compensación de un millón de pesos.
Este procedimiento se ha repetido en los últimos casos de civiles muertos a manos del Ejército, como los dos asesinados en Nuevo Laredo en febrero y marzo o el guatemalteco tiroteado en Chiapas a finales del mes pasado. El sistema es el siguiente: la familia de la víctima recibe la visita de un integrante de la Secretaría de la Defensa (Sedena) o de la Guardia Nacional que le ofrece una cuantiosa indemnización. A cambio, la familia debe firmar un documento en el que renuncia a seguir el procedimiento en contra de los oficiales.
En este caso la oferta fue de un millón de pesos aproximadamente, más los gastos funerarios y una partida extra para apoyo psicológico.
“Me ofrecieron un millón para no poner denuncia”, dice Viridiana Promotor, de 35 años, viuda de Rivera Cardoza, con quien compartía dos hijos: Jorge Alberto, de 9 años, e Ilze Regina, de 6.
Cuenta la mujer que tardaron tres días en entregarle el cuerpo de su esposo. Que el primero de ellos, cuando estaba en el Servicio Médico Forense (Semefo), apareció una persona uniformada que se identificó como miembro de la Guardia Nacional y otras tres que dijeron ser de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dice que mantuvo varias reuniones y que terminó por firmar los documentos.
Promotor asegura que no sabe ni qué firmó durante aquellos días, que estaba confundida. “Me dieron a entender que si les denunciaba yo iba a pisar la cárcel por denunciarles”, afirma. “En otro papel decía que no iba a proceder. Pero yo no traía cabeza. Y yo hice lo que ellos me dijeron que hiciera, porque pensaba que tenía que hacerlo para que me entregasen el cuerpo”, dice.
En un principio ambas familias suscribieron el convenio con las autoridades. Sin embargo, Promotor dice que se arrepintió después de enterrar a su esposo en el Panteón de Los Ángeles, ahí mismo en Nuevo Laredo. Le habían citado para recibir el cheque en las oficinas de la FGR, pero decidió no acudir. “Quiero que se haga justicia, que paguen los que lo hicieron”, afirma.
Animal Político consultó a la Guardia Nacional sobre el protocolo en casos en los que sus agentes provocan víctimas civiles y por qué se ofreció este dinero a los familiares, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Fuentes extraoficiales conocedoras del procedimiento negaron que hubiese presiones para firmar el documento. Según estas fuentes, el proceso es el siguiente: en un primer momento son los funcionarios de la CEAV los que explican a la familia todas las opciones. La disyuntiva está entre aceptar la indemnización inmediata o seguir con la investigación, un proceso largo y desgastante. En caso de que acepten la oferta de los militares, estos aparecen para concretar los detalles. En el acuerdo también participa el facilitador de la FGR. Al final, los que firman son los familiares de las víctimas, la Fiscalía y el cuerpo militar responsable. En este caso, sin embargo, la FGR solo intervino en el acuerdo con la familia de la mujer, de Salinas Arriaga. Con los allegados de Rivera Cardoza el pacto lo suscribió únicamente la Guardia Nacional.
No sabemos cuántos casos se han resuelto de este modo, ni cuánto dinero ha desembolsado Sedena o la Guardia Nacional o cuántos agentes han eludido una investigación. Animal Político documentó que Sedena indemnizó a 187 víctimas en los últimos diez años a través de un procedimiento opaco que evitaba la intervención de otras instituciones.
“La ley dice que tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Nunca vi un caso así. No se debería permitir que fuese así”, asegura Michael Chamberlin, exdirector de Vinculación y Reparaciones Colectivas de la Ceav. “En mi experiencia se tienen discusiones con Marina y Ejército sobre a quién le toca pagar, pero nunca a cambio de no seguir una investigación”, asegura.
“No andaba en nada malo”
“En vez de ayudar nos están matando a nuestros familiares, que son personas inocentes. Mi esposo no andaba metido en nada malo”, dice Promotor. En el momento en el que su esposo fue asesinado apareció junto a su vehículo una bolsa con radios, algo de droga y un arma. Testigos del suceso aparecieron en diversos videos denunciando que la Guardia Nacional los había sembrado. Estos mismos pobladores confrontaron a los agentes que se encontraban en el lugar y realizaron protestas contra la impunidad de los uniformados. La FGR nunca dijo qué hacía el arma y la droga ahí en el suelo.
En esto también el caso se parece a otros anteriores ocurridos en Nuevo Laredo. A Javier, de 26 años y asesinado por militares en febrero, los uniformados también le acusaron de estar armado. Jacob, de 20, murió tiroteado cuando acompañaba a su esposa a hacerse una ecografía. Los soldados hablaron de una agresión previa. A Elvin Mazariegos, el guatemalteco de 30 años que fue tiroteado a unos kilómetros de la frontera en Chiapas, también quisieron acusarlo de sacar un arma. Hasta que el propio secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que había sido un error de un soldado.
En este caso, la mujer de Rivera Cardoza se pregunta que por qué iban a querer indemnizarle si su esposo tenía culpa de algo. Así que decidió seguir adelante por la vía judicial a pesar de lo que había firmado. Puso el caso en manos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y confía en que se presenten pruebas que sirvan para saber qué agente disparó y por qué.
Aunque ahora su gran preocupación es saber cómo saldrá adelante. Rivera Cardoza trabajaba en una oficina de tramitación aduanera muy cerca del lugar en el que lo mataron y él era el que llevaba el dinero a la casa. Por el momento recibe ayuda de la familia de su esposo. “Tengo que poner en orden todo, pensar en qué hacer y cómo hacerle”, dice. Por ahora sus hijos están con las clases en línea, pero ella tendrá que empezar a trabajar y no quiere dejarlos solos. “Tengo que buscar la manera de cómo sobrevivir”, dice.
Luego tocará hacer frente al luto. El suyo y el de sus hijos. “Me tiene afectada en la cuestión de por qué. Cómo, si él no andaba en cosa mala. No hay explicación, no puedo dar una respuesta”, dice.
Nuevo Laredo lleva años marcado por la violencia, tanto del crimen organizado (este es el feudo del Cartel del Noreste, una escisión de Los Zetas) como de las fuerzas estatales.
La semana pasada, 30 marinos fueron vinculados a proceso por la desaparición forzosa de cuatro personas en 2018. La Unidad de Operaciones Especiales de la Semar está en el punto de mira de 34 carpetas de investigación abiertas por la FGR por 47 casos de desaparición, de los que al menos 12 aparecieron muertos.
Con la marcha de la Marina del municipio fronterizo a mediados de 2019 no cesó la violencia. En los últimos dos años el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo tiene documentadas al menos nueve ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. Estas son las primeras víctimas que se atribuyen a la Guardia Nacional.
