Ilustradores desmienten a SEP: no colaborarán en actual proceso de libros
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Ilustradores desmienten a la SEP: no colaborarán en actual proceso de libros, sino en futuros proyectos

Los ilustradores dijeron que no participarán en el proceso de producción de los libros que se presentarán en agosto, pues la SEP mantuvo la postura de no pagar por los servicios.
Cuartoscuro
13 de abril, 2021
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Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que acordó con ilustradores rediseñar los libros de texto, sólo será para futuros proyectos y no para el proceso de renovación de los 18 nuevos ejemplares que se repartirán en el ciclo escolar que inicia en agosto próximo, debido a que por la premura imposibilita la participación y a que la dependencia reiteró su decisión de no pagar por dicho trabajo.

Con el comunicado titulado “acuerdan Educación e ilustradores mantener trabajo conjunto para el rediseño de los Libros de Texto Gratuitos”, tras una reunión con representantes del gremio que protestaron porque la dependencia no pagaría por dicho trabajo, la SEP daba a entender que los ilustradores pasaron de la inconformidad al apoyo en menos de una semana, y trabajarían en la creación de los nuevos libros.

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Sin embargo, la declaración fue “desafortunada y la desmentimos categóricamente”, dice Octavio Jiménez, uno de los ilustradores participantes en la reunión encabezada por la secretaria de Educación, Delfina Gómez; Marx Arriaga, titular de la Dirección de Materiales Educativos y la subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández.

De hecho, los ilustradores se enteraron del boletín al momento en que se difundió en medios, pero la dependencia no les avisó que lo haría, ni mucho menos les mostró el contenido, pese a que los aludía. Más aún, la redacción resultó ambigua y no es lo que acordaron en la reunión y su respectiva minuta, que fue elaborada por los artistas gráficos y que fue reenviada sin ninguna modificación por la subsecretaria Velda Hernández.

Así lo explica Ricardo Peláez Goycoichea, uno de los participantes en la reunión y una de las voces más activas en este movimiento, ilustrador de libros para niños, autor de la historieta de El complot mongol y La Conquista, historia mínima de México, entre otros.

Los ilustradores no participarán en el actual proceso, “nosotros ni ganas ni necesidad. Si decidieron mantener esa convocatoria, por supuesto que de esos resultados, la responsable es SEP. Nosotros no nos metemos a eso. Si hubo quien decidió aceptar en esos términos es responsabilidad de ellos y si la SEP mantuvo esta convocatoria tiene que asumir las consecuencias de lo que salga de ahí”, dice en entrevista con Animal Político.

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En tanto, en un comunicado publicado esta tarde, los ilustradores afirman que en la minuta tras la reunión, “no se dice en ninguna parte que aceptáramos las condiciones de trabajo sin paga, por lo tanto desmentimos categóricamente las interpretaciones que le han dado algunos medios al boletín de la SEP”.

Esto porque siguen insistiendo en “la remuneración económica justa y amparada por contratos es un elemento indispensable que no está sujeto a negociación bajo ninguna circunstancia en los procesos de elaboración de los materiales educativos”.

Entre los acuerdos de la reunión está incluir las aportaciones del gremio para futuras convocatorias, más no para el proceso actual, pues Max Arriaga, titular de Materiales Educativos de la SEP, reiteró que este año no pagarán por el trabajo debido a la ‘veda electoral’, explica Jiménez a Animal Político.

Aunque la SEP publicó en su boletín que “en una reunión encabezada por la titular de la dependencia, los ilustradores manifestaron su voluntad de continuar adelante con este proceso, comprometidos con las niñas, niños y adolescentes del país”.

Jiménez explica que entre los acuerdos estuvo realizar foros para lograr futuras convocatorias con “justicia y equilibrio”, con “respeto en la calendarización del trabajo”, y por supuesto, un pago justo para quienes participen en el desarrollo editorial.

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Esto luego que en marzo pasado la SEP lanzó dos convocatorias, una para creadores de contenidos y otra para ilustradores, para hacer los 18 nuevos libros de Español, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y atlas, de tercero a sexto grado de primaria; pero en ambos casos sin pago de por medio.

A raíz de ello, los ilustradores encabezaron una protesta en redes sociales con las etiquetas #LaIlustraciónSePaga y #NoVivimosDelAplauso y el 27 de marzo, a través de una carta, solicitaron diálogo con la SEP y su titular, Delfina Chávez, y el director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, pero no fueron escuchados.

Intentaron en dos misivas más, del 1 y 3 de abril, y en ambas plantearon solicitudes, compromisos y las propuestas de temas para una primera reunión, según la carta firmada por “Creadores gráficos”.

El 7 de abril recibieron respuesta de la SEP para una reunión que se realizó este lunes 12 y en la que sintieron apertura por parte de los funcionarios, explica Octavio Jiménez, miembro de la Asociación mexicana de ilustradores (AMDI), autor del web comic “Mercado Negro Comics”, “Nuestros derechos serán justicia”, “Historias de autodefensas” e “Historia de México X”, entre otros.

En el encuentro de casi dos horas, y de la que existe una minuta, los funcionarios reiteraron que no habría pago por el trabajo, que el calendario de entrega para el actual proceso es inamovible, pero se comprometieron a ser “transparentes” para mostrarles los nuevos libros, aunque no hubo un compromiso de hacerlo antes de su impresión.

También plantearon la realización de foros para escuchar al gremio y trabajar en conjunto para el diseño de las futuras convocatorias que tengan “lineamientos que se apeguen en el equilibrio y la justicia del trabajo, en pagos, en tiempos, no pueden salir igual que esta”, dice Jiménez.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

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“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

Getty Images
Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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