30 marinos son acusados de violaciones graves a derechos humanos
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Cuartoscuro

Víctimas esperaron tres años por la detención de 30 marinos señalados por desapariciones

La FGR pidió la orden de aprehensión por su presunta vinculación en los casos de José Luis Bautista Carrillo y Julio César Viramontes Arredondo.
Cuartoscuro
Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
13 de abril, 2021
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José Luis Bautista Carrillo, de 30 años, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 16 de mayo de 2018. Se encontraba en una fiesta en un yonque acompañado de su esposa y otros amigos, vendedores de coches como él, cuando irrumpieron los uniformados y se lo llevaron. Nadie lo volvió a ver. Su caso no es único. Tres meses antes, el 19 de febrero, Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, también desapareció después de ser embestido por un vehículo de marinos con las placas modificadas.

Ahora, tres años después de aquellos hechos, 30 elementos de la Armada están en prisión a la espera de que un juez de Reynosa, Tamaulipas, los vincule a proceso por desaparición forzada, según confirmaron fuentes ministeriales a Animal Político.

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR). Según un comunicado de la Semar, el 9 de abril fueron puestos a disposición de las autoridades, aunque la Armada aseguró erróneamente que se trataba de un caso de 2014.

Un día después, el 10, se celebraron las audiencias iniciales de formulación de imputación. En ellas, el personal de Marina y sus defensas solicitaron que su situación jurídica sea resuelta en el plazo constitucional de 144 horas.

Mientras el juez decide si los vincula a proceso, los 30 elementos navales fueron enviados a prisión preventiva hasta que su situación se aclare en la continuación de la audiencia, que será entre el miércoles y el jueves.

“Es una buena noticia, aunque hay que esperar por ver cómo se desarrolla el proceso”, dijo Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización que acompaña a las familias de las víctimas. Fue Ramos quien confirmó que las detenciones están vinculadas a los casos de Bautista Carrillo (6 detenidos) y Viramontes Arredondo (11 detenidos). Por el momento los allegados de las víctimas declinaron realizar declaraciones para no interferir en la decisión del juez. No obstante, Ramos señaló su principal deseo: “que los detenidos colaboren y permitan conocer el paradero de los desaparecidos”.

Decisión histórica

Estamos ante una decisión histórica. Nunca antes 30 elementos de la Marina habían sido sentados ante un juez acusados de graves violaciones a los Derechos Humanos y menos enviados a la cárcel, aunque sea a la espera de si se los vincula a proceso. Y eso que, solo en este caso, la FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación sobre la desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo entre febrero y junio de 2018.

Hasta ahora solo estaba judicializada la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo. En julio de 2020 un juez de Reynosa acusó a nueve marinos de desaparición forzosa pero no ordenó su detención. Entre los señalados se encontraba Salvador Gerónimo Ramírez, oficial al mando del operativo del día en el que el joven fue desaparecido.

Las acusaciones más duras contra los marinos por sus acciones en Nuevo Laredo se plasmaron en la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se señala directamente a la Armada de participar en la desaparición de 27 personas, de las que 12 fueron encontradas sin vida, por lo que hablaríamos también de ejecuciones extrajudiciales. En este documento se incluían los casos de Bautista Carrillo y Viramontes Arredondo. La Semar aseguró en un comunicado que aceptaba la recomendación y dijo colaborar en la búsqueda de las personas que, presuntamente, sus elementos habían desaparecido. Sin embargo, lo cierto es que no hay avances y ha transcurrido más de un año sin dar con el paradero de ninguno de los que faltan.

No se ha hecho pública la identidad de los detenidos ni su escalafón al interior de la Armada. Según publicó Animal Político, las responsabilidades por estos hechos llegarían hasta dos mandos clave: por un lado, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, antiguo jefe del grupo de operaciones especiales y un mando al que se vincula a operativos como la recaptura de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, en 2016. Por otro, Alfredo Reyes Mondragón, quien estuvo al frente de la base de operaciones de la Marina en Nuevo Laredo hasta junio de 2018, cuando la institución se retiró del municipio tras las acusaciones de perpetrar desapariciones forzosas.

Este medio trató de conocer los expedientes de los mandos vinculados a los operativos de Nuevo Laredo en 2018 y si habían continuado en la institución a pesar de ser señalados por la recomendación de la CNDH, pero la Semar los clasificó alegando que la información pondría en peligro a los oficiales y sus familias.

Testigo directo de la desaparición de su esposo

“Lo que quiero es que se judicialice mi caso y que se dicten las órdenes de aprehensión”, dijo Ericka Janeth Castro Martínez, de 30 años, en entrevista con Animal Político mantenida en octubre de 2020. Ella es la esposa de José Luis Bautista Carrillo y estaba con él cuando desapareció. Por eso sabe que fueron los marinos. Porque ella estaba ahí, en la fiesta en el yonque, cuando llegaron los marinos disparando. “Me siento cada día más desesperada y más decepcionada porque, en mi caso, hay demasiadas pruebas: hay videos, hay muchas fotos, mucha evidencia”, protestaba.

Su relato de los hechos es claro. Porque ella estaba ahí. “Llegaron tres patrullas de la Marina disparando, sometiéndonos, yo fui víctima también de sometimiento. Fue alrededor de una hora lo que estuvimos privados de la libertad. Y en cuestión de una hora comenzó a llegar multitud de gente, esposas de los señores que estaban ahí. Y fue de la manera en que se metieron y se hizo la revolución ahí, de la gente, empezó a buscar sus familiares” explicó.

Ahí se dio cuenta de que su marido ya no estaba. Los marinos se lo habían llevado en una de las tres camionetas en las que interrumpieron la fiesta. Ahí comenzó su pesadilla. Salió detrás de los militares, pero les perdió la pista. No volvió a ver a su esposo.

Como ella sabia quién se lo había llevado, cuenta Castro Martínez que acudió al cuartel a pedir explicaciones. “Siempre se burlaron de nosotros. Nos decían que ellos no llevaban a nadie, siendo que, en mi caso, como era un convivio grande de comerciantes, hubo hasta reporteros que llegaron. Hay fotos, hay videos de ese momento. Y en gran parte de las fotos y videos están los marinos. Ellos decían que no y que no, y ellos salen en las fotos, en los videos. Pero siempre hay una negativa de parte de ellos, dicen que ellos no fueron, pero yo fui testigo de cómo se lo llevaron”, afirma.

Durante las búsquedas por las quebradas cercanas a Nuevo Laredo, la mujer llegó a encontrar los restos de otros dos desaparecidos: Francisco Javier Alfaro Ortega, de 32 años, y Margarita Teresa Torres Reyes, de 23, a quienes sus familiares trataban de encontrar desde el 24 de abril de 2018.

“Mi esperanza sigue en pie. Yo pienso que un día lo voy a encontrar, vivo”, decía Castro Martínez sobre el hombre a quien conoció doce años atrás y con quien tuvo dos hijos, que ahora tienen diez y ocho años de edad.

“Nos criminalizaron a las familias”

A Ericka Arredondo, de 43 años, le avisaron que los marinos se habían llevado a su hijo, Julio César Viramontes Arredondo, tras un supuesto accidente el 19 de febrero de 2018. Ella estaba en Houston, Texas, Estados Unidos, pero regresó rápidamente a México para ver qué había ocurrido. Preguntó en el cuartel, en los hospitales y con la policía, pero nadie le dio una sola pista. La única certeza era la que le dieron los testigos del choque: “se lo llevaron los marinos”.

A partir de entonces comienza ese peregrinar maldito y sin resultados. Primero, buscando con su familia por los alrededores de Nuevo Laredo. Después, acompañada por el comité de Derechos Humanos.

“En vez de investigar a los marinos, que en este caso eran los culpables, nos empezaron a criminalizar a nosotros, a nuestros familiares, diciendo que eran del crimen organizado, que andaban mal y que algo hicieron”, dijo en entrevista con Animal Político celebrada en octubre de 2018.

Su preocupación principal es saber qué ocurrió con su hijo. “Yo sólo quiero saber, a veces ya no busco culpables, a veces sólo quiero que me digan dónde está, dónde lo dejaron, si le hicieron algo, si está vivo, si está muerto. Ellos tienen que saber dónde está, ellos… yo todo lo que quiero es que hablen, que me digan dónde está mi hijo”, aseguró.

El caso de su Viramontes Arredondo, que dejó dos hijos de 6 y 8 años, fue el primero que llevó a un juez a señalar a los marinos por desaparición forzosa. La carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000312/2018 apuntaba a la responsabilidad de nueve marinos por presunta desaparición forzosa, aunque ahora la acusación se ha ampliado a once.

En aquel momento, Arredondo no entendía por qué el juez dejó en libertad a los marinos y temía que pudiesen desaparecer. “Para mí hubiera sido mejor que estuvieran presos y así obligarlos a hablar. A mí lo que más me importa es saber dónde está mi hijo”, dijo.

Las 47 desapariciones forzosas de Nuevo Laredo son uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de la Marina.

En un primer momento las autoridades negaron la mayor, aunque para junio de 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto ya había anunciado que 265 elementos navales habían sido desplazados desde Tamaulipas hasta Ciudad de México. En este periodo se multiplicaron las voces que señalaban a la Armada: desde la ONU hasta la CNDH, pasando por Amnistía Internacional (AI).

Desde entonces, la sospecha acompañó a los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES), la unidad de élite que se encarga de los grandes operativos contra el crimen organizado en México. El miedo de las familias de los desaparecidos siempre ha sido la impunidad. Ahora se abre una puerta para sus dos principales objetivos: conocer el paradero de sus seres queridos y que se castigue a aquellos que se los llevaron.

 

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Coronavirus en México: los pueblos que se niegan a vacunarse contra COVID

En muchas aldeas remotas del estado sureño de Chiapas las tasas de vacunación son de apenas el 2%.
21 de julio, 2021
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En noviembre de 2019, Pascuala Vázquez Aguilar tuvo un extraño sueño sobre su aldea Coquiltéel, enclavada entre los árboles en las montañas del sur de México.

Una plaga había llegado al pueblo y todos tenían que correr hacia el bosque. Se escondían en una choza cobijada por robles.

“La plaga no podía alcanzarnos allí”, dice Pascuala. “Eso es lo que vi en mi sueño”.

Unos meses después, la pandemia se apoderó de México y miles de personas morían cada semana. Pero Coquiltéel, y muchos otros pueblos indígenas pequeños del suereño estado de Chiapas, resultaron relativamente ilesos.

Aunque esto ha sido una bendición para sus pobladores, también presenta un problema.

Casi el 30% de los mexicanos ha recibido una dosis de la vacuna contra la covid-19 a julio, pero en el estado de Chiapas la tasa de vacunación es menos de la mitad.

En Coquiltéel y en muchas aldeas remotas del estado, probablemente se acerca apenas al 2%.

La semana pasada, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó la baja tasa de vacunación en Chiapas y dijo que el gobierno debe hacer más esfuerzos para enfrentar esta situación.

“La gente no confía en el gobierno”

Pascuala es funcionaria de salud para 364 comunidades de la zona y recibió su vacuna.

Suele visitar el pueblo y los alrededores, y le preocupa traer la covid-19 de regreso a su familia y amigos que, como la mayoría de sus vecinos, no están vacunados.

Los miembros de estas comunidades están influenciados por las mentiras y rumores que circulan por WhatsApp.

Pascuala ha visto mensajes que dicen que la vacuna matará a la gente en dos años, que es un complot del gobierno para reducir a la población o que es una señal del diablo que maldice a quien la recibe.

Profesores son vacunados en Chiapa

AFP
Casi el 30% de los mexicanos ha recibido una dosis de la vacuna contra la covid-19 hasta el momento, pero en el estado de Chiapas la tasa de vacunación es menos de la mitad.

Este tipo de desinformación se está difundiendo por todas partes, pero en pueblos como Coquiltéel puede ser particularmente preocupante.

“La gente no confía en el gobierno. No ven que haga nada bueno, solo ven mucha corrupción”, dice Pascuala.

El municipio de Chilón, donde se encuentra la aldea de Coquiltéel, está compuesto predominantemente por indígenas descendientes de la civilización maya.

En Chiapas se hablan más de 12 idiomas tradicionales oficiales. El primer idioma en Coquiltéel es el tzeltal y solo algunas personas hablan español.

La comunidad indígena de esta parte de México tiene una larga historia de resistencia a las autoridades centrales, que culminó con el levantamiento zapatista de 1994.

“El gobierno no consulta a la gente sobre cómo quiere ser ayudada”, dice Pascuala. “La mayoría no cree que la covid-19 exista”.

Este no es solo un problema en México o en América Latina, está sucediendo en todo el mundo.

En el norte de Nigeria, a principios de la década de 2000 y más tarde en algunas zonas de Pakistán, la desconfianza en las autoridades hizo que parte de la población boicoteara la vacuna contra la polio.

Algunas de estas comunidades creían que la vacuna había sido enviada por Estados Unidos como parte de la llamada “guerra contra el terrorismo”, para causar infertilidad y reducir su población musulmana.

“Hay un terreno fértil para los rumores y la desinformación donde ya existe una falta de confianza en las autoridades y tal vez incluso en la ciencia”, dice Lisa Menning, científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investiga las barreras para la vacunación.

“Hay brechas de información y quizás campañas de comunicación mal diseñadas que históricamente se han dirigido a estas comunidades”, agrega.

Medicina herbal

Nicolasa Guzmán García pasa gran parte de su día en Coquiltéel cuidando a sus gallinas y cultivando vegetales para su familia. Ella cree que la covid-19 es real, pero no siente la necesidad de vacunarse.

“No salgo mucho de mi casa. No viajo a la ciudad, estoy enfocada en cuidar de mis animales”, dice.

La mujer cree que su estilo de vida tradicional protege a la comunidad, pues esta come alimentos frescos y saludables, toma aire fresco y hace ejercicio.

Y como muchas comunidades indígenas en América Latina, los tzeltales practican una mezcla de catolicismo y su antigua religión espiritual.

Mujer con síntomas de covid

AFP
Los miembros de estas comunidades están influenciados por mentiras y rumores que circulan por WhatsApp.

“No puedo decir si esta vacuna es buena o mala, porque no sé cómo se hizo, quién la hizo y qué contiene”, dice Nicolasa.

“Yo misma preparo mi medicina tradicional, tengo más confianza en ella”.

Su medicina es una mezcla de tabaco seco, alcohol casero y ajo que ayuda a los problemas respiratorios, y una especie de bebida hecha con flores de caléndula mexicana o agua de la planta de ruda para la fiebre.

El médico Gerardo González Figueroa ha tratado a las comunidades indígenas en Chiapas durante 15 años y dice que la confianza en la medicina herbal no es solo una tradición sino una necesidad, porque las instalaciones médicas a menudo están demasiado lejos.

Para él, si bien hay algunos la dieta tradicional pro, el estilo de vida y las prácticas curativas, lo extremadamente preocupante son las bajas tasas de vacunación.

“No creo que los esfuerzos del gobierno mexicano hayan sido lo suficientes para involucrar a toda la sociedad”, dice.

“Estas instituciones han estado actuando de manera paternalista. Es como ‘ve y ponte las vacunas'”.

Una persona aplica gel a pobladores

AFP

El gobierno federal ha dicho que su programa de vacunación es un éxito, con una disminución de la mortalidad del 80% en medio de la tercera ola de covid-19 que se extiende por las áreas urbanas más densamente pobladas de México.

¿Cómo aumentar las tasas vacunación?

Pascuala cree que las autoridades se rindieron con demasiada facilidad cuando vieron que la gente de estos pueblos rechazaba vacunarse.

“Es un falso binario pensar en la oferta y la demanda como cosas separadas”, dice Lisa Menning, de la OMS.

La científica explica que, en marzo, algunas encuestas hechas en Estados Unidos reflejaban que las comunidades de color también dudaban en vacunarse, hasta que las autoridades hicieron un gran esfuerzo para que la inoculación fuera accesible.

Ahora, las tasas de vacunación en estas comunidades son mucho más altas.

“Tener un acceso fácil, conveniente y realmente asequible a buenos servicios, donde haya un trabajador de salud que esté realmente bien capacitado y sea capaz de responder a cualquier inquietud y responda de una manera muy cariñosa y respetuosa, eso es lo que marca la diferencia”, afirma.

Vacuna contra la covid

Getty Images

“Lo que funciona mejor es escuchar a las comunidades, asociarse con ellas, trabajar con ellas”, agrega.

Coquiltéel es una de los millones de pequeñas comunidades rurales de todo el mundo en las que esto es muy deficiente.

Por ahora, todo lo que puede hacer Pascuala es seguir intentando convencer a la gente de que se vacune y está centrando sus esfuerzos en los que deben salir de sus pueblos, como los camioneros.

Pero hasta que todos estén vacunados, solo le queda confiar en otros poderes.

“Gracias a Dios vivimos en una comunidad donde todavía hay árboles y donde el aire todavía está limpio”, dice.

“Creo que de alguna manera, la Madre Tierra nos está protegiendo”.


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