Los cuatro países con mayor exceso de mortalidad (Ecuador, Bolivia, Perú y México), de entre los considerados en un estudio, tienen un “sistema de salud familiarista, en el que la salud, reposa sobre las familias”, señalaron.
Un sistema de salud deficiente y sin cobertura total, comorbilidades, pocos recursos para hacer pruebas, gestión y mensajes erráticos de las autoridades de Salud, derivados de mensajes confusos de las autoridades sanitarias internacionales, poco financiamiento, alta politización y un plan de vacunación errático se enlistan entre los factores para que México tenga tantas muertes.
Así lo señalaron varios expertos, durante el conversatorio sobre el estudio de caso para evaluar la respuesta de México a la pandemia de COVID-19, que desarrolló un grupo de especialistas de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, a petición del Panel Independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), encargado de analizar cómo han actuado las naciones durante la crisis sanitaria.
En este estudio se asienta que México es uno de los cuatro países, de entre alrededor de 60 que se consideraron, con peor desempeño en cuanto a exceso de mortalidad. Los autores aseguran que con una mejor gestión se hubieran podido evitar unas 190 mil muertes por todas las causas (no solo por COVID sino también por falta de atención a otros padecimientos), de las más de 300 mil que se habían logrado documentar hasta el final de 2020.
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Durante el conversatorio sobre el estudio, los participantes fueron a fondo en las posibles causas de esto. Ilán Bizberg, profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México (Colmex), señaló que los países que han tenido mayor exceso de mortalidad en la pandemia tienen al menos una característica en común, el gasto de bolsillo en salud, es decir: lo que la gente debe pagar por atenderse, está entre el 30% y 40% (de todo lo que se desembolsa por enfermedades tanto por parte del gobierno como de las personas).
Esto refleja que no existe una cobertura médica suficiente para toda la población, no solo porque un 20% no la tiene, sino también porque la gente prefiere acudir a los servicios privados, ante las deficiencias y retrasos en los públicos.
Los cuatro países con mayor exceso de mortalidad (Ecuador, Bolivia, Perú y México), de entre los considerados en este estudio, especificó Bizberg, tienen un “sistema de salud familiarista, en el que la salud reposa sobre las familias. Son sistemas donde una gran parte de la población no está cubierta, donde una parte del gasto es del bolsillo (México es el campeón con 50% de gasto de bolsillo), y el gasto de gobierno en salud es bajo, entre 4, 5 o 6% del PIB”.
En la pandemia, aseguró Bizberg, esto ha conducido a que los contagiados no hayan acudido a los servicios de salud hasta cuando ya era demasiado tarde y que muchos hayan fallecido en sus hogares, porque saben que ir al hospital significa tiempos de espera, servicios deficientes y, sobre todo, gastos.
Y es que en México, subrayó, no se ha hecho una inversión suficiente en el sistema de salud en los últimos 30 años, este es fragmentado, deficiente e insuficiente.
Los países del continente que lo hicieron mejor, como Uruguay, ejemplificó el especialista del Colmex, fueron los que tienen cobertura de servicios médicos gratuitos para la población del 100%, mayor gasto de salud con respecto al PIB (9%) y bajo gasto en el sector privado de la salud y en el de los individuos.
“Medio siglo de precariedad en el sistema de salud, que se refleja en la inequidad en el acceso y pobre calidad, es lo que mide la gravedad del impacto del problema hoy en México”, sentenció, por su parte, Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la UNAM.
Gestión errática y polarización
Una de las críticas más fuertes que hace el estudio de caso es que las autoridades actuaron tarde, descoordinadas y mal ante la emergencia sanitaria. Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Salud Global, de la Universidad de California en San Francisco, (UCSF) y uno de los autores del estudio de caso, señaló que hubo falta de previsión por parte del gobierno mexicano y de anticipación para responder de forma adecuada a la pandemia, así como fallas en la incorporación de conocimiento científico e incapacidad para reconocer errores y corregir las políticas públicas.
Aunque, Ponce de León, del PUIS, indicó que, respecto a la demora en la respuesta y lo errático, conviene discutir temas, como el papel, precisamente de la instancia a la que se le entregó el estudio, la OMS, como reguladora de la respuesta mundial, regional y nacional.
“Como es costumbre la OMS no evaluó con corrección (el riesgo al que se enfrentaba el mundo) y no comunicó con claridad el problema. Se tenían noticias desde noviembre de 2019 (sobre el virus), confirmadas en diciembre. El anuncio oficial China lo hace el 31 diciembre y es hasta cuatro semanas después, el 31 de enero, cuando la Organización declara la emergencia. Tarde y débil el mensaje”, subrayó Ponce de León.
También criticó que la pandemia se consideró un asunto meramente médico: “mientras la Secretaría de Salud intentaba organizar su actividad, el resto del gabinete observaba inmóvil. Esta pandemia involucra a todos los sectores de la sociedad. En cuanto se dio la alerta todos debieron activar protocolos. No fue así. No sabían qué hacer y nadie les explicó”.
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Sergio Aguayo, habló sobre la politización en la pandemia. “Estamos atrapados en dos bandos: la vía federal (Hugo López Gatell, subsecretario del Salud, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador) y sus críticos de todo tipo, muy presentes desde hace más de un año. Las preguntas serían ¿qué destino tienen temas prioritarios en el ambiente que tenemos en México? ¿Es posible un diálogo fructífero que mejore las políticas públicas, pero pensando en el interés general y no solo en las filias y las fobias que se tengan con la 4T?”.
Lo lógico frente a la presentación de este estudio de caso, ejemplificó, hubiera sido una respuesta (por parte del gobierno). En lugar de eso hubo silencio durante nueve días, y después la respuesta vino a través de una entrevista concedida a un portal, señaló. “Una entrevista con un tono beligerante y rudo (por parte del subsecretario de Salud), en el que acusa por parte de Sepúlveda resentimiento ideológico y negocios afectados”.
En lugar de esa respuesta en una entrevista, afirmó Aguayo, el gobierno debió convocar, por lo menos y si no va a haber diálogo público entre los especialistas, a una rueda de prensa, con todos los medios nacionales e internacionales, donde se presentaran explicaciones claras.
Ponce de León también destacó que ha habido interpretaciones de la actuación de las autoridades sanitarias y los efectos de la pandemia marcadas por la polarización. El de pruebas, por ejemplo, dijo, ha sido un tema sobrevalorado. “Se establece una relación entre el número de pruebas y la elevada mortalidad. Esto es un tanto desorientador. Las pruebas tenían al principio una limitada utilidad, desde el punto de vista epidemiológico, para establecer una intervención práctica, porque el resultado podía tardar hasta 10 días. Demasiado tarde para cualquier intervención”.
Además, “para hacer una intervención en base a pruebas se requiere una infraestructura que no existe en el país”, complementó.
Los expertos invitados al conversatorio coincidieron en otros dos factores que se deben atender y que están impactando en los resultados frente a la pandemia: el impacto de la alta incidencia de comorbilidades (obesidad, sobre peso, diabetes, hipertensión) que agravaron los cuadros de COVID en el país, y lo errático de la política de vacunación.
“La mejor noticia que tenemos hoy, en el peor de nuestros momentos, tiene una implementación con acento en lo electoral, con el rendimiento que puede dar el sector educativo, por ejemplo, en bloques de votación para las futuras elecciones”, afirmó Ponce de León.
