La Fiscalía General de la República (FGR) se negó revelar los nombres de las corporaciones de seguridad a la que pertenecen los policías y funcionarios que figuran como probables responsables en 522 denuncias por posible tortura presentadas a nivel federal en los primeros 18 meses del actual sexenio.
Lo anterior pese a que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) le había ordenado a la FGR hacer una búsqueda exhaustiva de dicha información tras considerar que son datos que debería tener en su poder.
A través de una solicitud de transparencia presentada desde el año pasado, Animal Político había requerido a la FGR conocer la cifra de denuncias por tortura a nivel federal y la identificación de las autoridades que aparecen como probables responsables. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara en uno de sus informes que la tortura en su gobierno se ha erradicado, algo que Amnistía Internacional desmintió.
En noviembre de 2020, la FGR entregó parte de la información. Los datos confirmaron que, en efecto, los casos de tortura continuaban ocurriendo en el país y que entre diciembre de 2018 y julio de 2020 se habían presentado 522 nuevas denuncias por la posible comisión de este delito.
Sin embargo, la Fiscalía no proporcionó la identidad de las corporaciones a las que pertenecen los elementos denunciados ni hizo mención alguna sobre ello. Por ese motivo se promovió una queja ante el INAI argumentando que no se había proporcionado ese dato ni otros solicitados.
En el transcurso del procedimiento de revisión que quedó radicado en el expediente RRA 12799/20, la FGR a través de su Fiscalía Especializada en la investigación del Delito de Tortura amplió la información solicitada, pero siguió sin identificar a las autoridades denunciadas.
En ese contexto, la resolución del INAI elaborada por el magistrado Oscar Guerra Ford y aprobado de forma unánime por el pleno, determinó que la Fiscalía no había hecho una búsqueda exhaustiva ya que, por ejemplo, no había consultado con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), que es el principal receptor de la información estadística, ni a otras áreas administrativas que podrían poseer dicha información
Por ese motivo el Instituto determinó modificar la respuesta proporcionada por la FGR y le instruyó a que realice una búsqueda amplia de los datos solicitados y a que proporcione dicha información.
No encontramos los datos: FGR
A través de un oficio fechado el 23 de marzo, la Fiscalía reportó el cumplimiento de la orden girada por el INAI y sostuvo que realizó una búsqueda exhaustiva sobre las autoridades denunciadas como responsables en los más de 500 casos iniciados en el actual sexenio. La respuesta: que no los encontró.
“Posterior a la búsqueda exhaustiva de lo peticionado las unidades administrativas no cuentan con información coincidente con lo señalado según las atribuciones conferidas a las mismas”, respondió la Fiscalía.
Este hecho, sin embargo, contrasta con una parte de la información que sí entregó la misma Fiscalía durante la ampliación de los datos que hizo tras la queja inicial. La FGR informó de dos casos que ya habían sido judicializados y señaló que los implicados eran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Federal.
La Fiscalía sí conoce la corporación a la que pertenecen los probables responsables pues, además, son datos que quedan asentados en las denuncias que se presentan y en las carpetas de investigación que se inician a partir de ellas.
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¿Qué pasó con las denuncias?
De las 522 nuevas carpetas de investigación iniciadas por posible tortura entre diciembre de 2018 y julio de 2020, en solamente tres de ellas las indagatorias habían avanzado lo suficiente como para ser presentadas ante un juez e iniciar el proceso correspondiente. Esto al cierre del año pasado.
Lo anterior representa una efectividad de apenas el 0.6% en el esclarecimiento de los casos denunciados. Y respecto a los casos judicializados solamente uno ha llegado a una sentencia condenatoria, por lo que la impunidad que prevalece es de casi 100%.
Aunque la FGR sostiene que ha “resuelto” centenares de carpetas abiertas, no lo hace enviándolos ante un juez y señalando a probables responsables, sino archivándolos o declarándose “incompetente” para investigar.
Por ejemplo, de 620 casos de tortura que la FGR reportó como “resueltos” o determinados en los primeros 18 meses de este sexenio (incluye casos atrasados de años anteriores), en 331 de ellos –más de la mitad– se declaró incompetente para seguir con las investigaciones, y turnó el asunto a alguna otra fiscalía.
En otras 145 carpetas de investigación la decisión fue que no había evidencia suficiente para probar que se había cometido un delito y por lo tanto los casos se cerraron definitivamente sin proceder penalmente en contra de alguien.
A ellos se suman 140 expedientes más que fueron archivados de forma temporal hasta que haya nueva evidencia que permita continuar con las indagatorias, o que fueron acumulados, pero quedaron congelados por distintas razones.
Solo tres de todas estas carpetas de investigación resueltas fueron casos enviados ante un juez; es decir casos judicializados.
