Con la obtención de nuevos datos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió ante la Fiscalía General de la República la denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que algunos de los nuevos datos incluso los recibieron de Tamaulipas.
Santiago Nieto no ofreció mayores detalles sobre la ampliación de la denuncia.
“En línea con el proceso de declaración de procedencia que sigue @Mx_Diputados y como resultado de la recepción de nuevos datos sobre el caso, provenientes incluso de Tamaulipas, la UIF amplió denuncia ante @FGRMexico contra Francisco “G”, para aportar nuevos elementos”, escribió Nieto en su cuenta de Twitter.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Fue en febrero pasado, cuando la FGR solicitó el desafuero del gobernador para poder procesarlo por dichos delitos.
Por su parte, García Cabeza de Vaca respondió que las denuncias en su contra son producto de una persecución política ordenada desde Palacio Nacional.
Hace un mes, el 22 de marzo, la UIF acusó al gobernador de hacer negocios con la empresa española Acciona Energía, una socia de Odebrecht que ha sido indagada y sancionada por haber cometido actos de corrupción en países de Latinoamérica y Europa.
La acusación señala que una compañía mexicana vinculada al mandatario panista, Enerxiza Wind, se asoció con Acciona Energía para, de manera ventajosa, ganar en 2016 la licitación para la construcción y operación del parque eólico El Cortijo, que genera energía limpia para después venderla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según la investigación, Cabeza de Vaca tiene participación en Enerxiza Wind a través de un presunto prestanombres identificado como Baltazar Higinio Reséndez Cantú, que funge como accionista de la compañía.
Esta acusación forma parte de la información aportada por la UIF a la FGR para sustentar la solicitud de desafuero.
