El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) presentará una denuncia formal en contra de los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que resulten responsables por haberse negado a transparentar la carpeta de investigación del caso Odebrecht.
Lo anterior luego de que la FGR informó al INAI que no elaborará una versión pública del caso pese a haber perdido los amparos que tramitó en contra de esa instrucción. Se trata de una decisión definitiva tras tres años de litigio en el que ni la PGR en el sexenio Enrique Peña Nieto ni la FGR en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quisieron abrir el expediente.
La denuncia del INAI se presentará ante el Órgano Interno de Control de FGR, el cual es autónomo y no está subordinado a la Fiscalía. El OIC integrará el expediente y una vez reunidos los elementos necesarios notificará a la Fiscalía de Asuntos Internos para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.
Animal Político fue notificado esta semana por el INAI de la decisión de proceder legalmente en contra de la Fiscalía a través de un oficio firmado por el Director de Cumplimiento y Responsabilidades del INAI, Andrés Calero Aguilar. Cabe recordar que este medio de comunicación promovió 2 de las 12 solicitudes de información que dieron pie a todos estos procedimientos.
En dicho documento el funcionario informa que la Fiscalía fue requerida hasta en dos ocasiones este año para que cumpliera con la apertura de varios datos clave de la indagatoria y la elaboración de una versión pública, luego de que jueces federales desestimaron todos los amparos que promovió en contra de ello. Se le advirtió, incluso, que podría haber multas y otras sanciones.
Pero no hubo caso. La Fiscalía dirigida por Alejandro Gertz Manero dijo que no era posible cumplir con dicho propósito bajo el argumento de que el caso ya estaba en manos del Poder Judicial, luego de que fuera procesado el exdirector de Pemex. Además, dijo que no ha sido notificada de la resolución de los amparos.
Para el INAI dichos argumentos no tienen sustento ya que las resoluciones de los amparos sí fueron notificadas desde hace meses, sumado a que la carpeta de investigación es un documento en poder de la Fiscalía y como sujeto obligado de la ley de transparencia le corresponde cumplir con lo instruido por el pleno del instituto.
“Al no existir impedimento jurídico para cumplir con lo instruido, se concluye que persiste el incumplimiento del sujeto obligado (PGR-FGR) a la resolución remitida por el Pleno de este Instituto (…) túrnese copia certificada del expediente respectivo a efecto de que se elabore y presente la denuncia respectiva, por la probable violación a lo dispuesto en el artículo 186, fracción XV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, indica el oficio del INAI.
De acuerdo con autoridades federales, se prevé que la presentación de la referida denuncia quede formalizada a más tardar en junio y a partir de ello se inicien las indagatorias.
Odebrecht: opacidad transexenal
A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países del continente, en México las investigaciones oficiales relacionadas con los sobornos y la corrupción de funcionarios impulsada por la constructora brasileña Odebrecht se ha mantenido mayormente en el sigilo. La negativa para transparentar datos comenzó en el sexenio pasado, pero se ha mantenido durante la actual administración.
Fue en enero de 2017 cuando la entonces PGR, dirigida en ese momento por el procurador Raúl Cervantes, abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 para investigar la posible corrupción de Odebrecht. Esto luego de que directivos de la constructora confesaron en Estados Unidos que habían sobornado a funcionarios mexicanos.
A finales de 2017 Cervantes anunció su salida de la PGR, pero dijo que el caso Odebrecht estaba prácticamente resuelto. Sin embargo, nada ocurrió en los siguientes meses. En 2018 varias personas, entre ellas Animal Político, solicitaron vía transparencia conocer datos y avances de la indagatoria, así como los nombres de quienes estaban siendo indagados y sus declaraciones.
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La PGR, ya con Alberto Díaz Beltrán al frente de la institución, se negó a entregar cualquier dato de la indagatoria bajo el argumento de que era una carpeta de investigación en curso y, por tanto, información reservada. Este medio y otros solicitantes promovieron quejas en contra de dicha negativa, lo que llevó el caso al pleno del INAI.
En 2018 y 2019 los comisionados del Instituto resolvieron de forma unánime doce recursos de revisión en los que concluyeron que los datos tenían que entregarse e incluso elaborarse una versión pública del expediente; esto ya que se trata de un asunto de corrupción y de interés público, excepciones que contempla la ley para desclasificar una indagatoria penal.
Para no cumplir con esta instrucción, la PGR puso en marcha una serie de demandas de amparo en contra del INAI. Inicialmente obtuvo suspensiones provisionales y definitivas que le permitieron alargar el no cumplimiento.
La transformación, a principios de 2019, de la PGR a una institución en el papel autónoma denominada FGR, no trajo consigo un cambio de postura frente al caso Odebrecht. Ya con Gertz Manero al frente, la Fiscalía continuó litigando en tribunales contra el INAI, promoviendo incluso nuevos amparos.
El comisionado del INAI, Francisco Acuña, reveló en una entrevista concedida el año pasado a Animal Político, que en 2019 sostuvieron una reunión directamente con el fiscal Gertz Manero para explicarle la importancia de que el caso se transparentara a través de versiones públicas que no afectaran la indagatoria. Sin embargo, no hubo una respuesta positiva.
A finales de 2020 y luego de muchas posposiciones y quejas que alargaron los procesos, un tribunal federal desechó el último de los amparos que la FGR promovió en contra de las determinaciones del INAI. Los jueces consideraron que, en efecto, la instrucción del Instituto era constitucional y que la Fiscalía estaba obligada a transparentar la indagatoria.
Sin embargo, y aun sin recursos judiciales a su favor, la FGR no ha cumplido con dicha determinación, por lo que el INAI decidió proceder con la denuncia formal ya mencionada.
“A la fecha no tenemos certeza de que forma parte de esa averiguación, no tenemos seguridad de cuantas actuaciones, no sabemos a ciencia cierta cuántos delitos se están persiguiendo, no sabemos qué número de funcionarios públicos de cualquier tipo de jerarquía están involucrados, no sabemos cuantas actuaciones se han acumulado en casi 4 años, no sabemos casi nada”, dijo en la referida entrevista Acuña.
¿En qué estado se encuentra el caso?
Las investigaciones por la presunta corrupción desplegada por Odebrecht en México continúan en desarrollo sin que, hasta el momento, se conozcan todos sus alcances.
Por el momento ya han sido procesados el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y su madre, Gilda Margarita Austin Solis, acusados de lavar dinero proveniente de sobornos de la constructora brasileña. Pero ninguno de ellos está preso gracias a que han decidido colaborar con las autoridades.
También se giraron órdenes de aprehensión en contra de la hermana y esposa de Lozoya, las cuales no se han cumplimentado.
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La única persona encarcelada es el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle, a quien se le acusa de haber recibido sobornos en el sexenio pasado para agilizar la aprobación de la reforma energética. Dichos sobornos se habrían ordenado por el gobierno federal con dinero de la constructora.
La FGR continúa con las indagatorias pues de acuerdo con la propia declaración de Lozoya, en el caso están involucrados los niveles más altos del gobierno anterior, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
A su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda alista una denuncia por el presunto lavado de más de tres mil millones de pesos provenientes de Odebrecht a través de medio centenar de empresas fantasma y prestanombres en México.
