Veracruz, Guanajuato y Guerrero, los más peligrosos para candidatos
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Cuartoscuro

Veracruz, Guanajuato y Guerrero, los más peligrosos para candidatos en las elecciones 2021

El actual proceso electoral se perfila como el más violento en el siglo. Van 450 ataques, entre ellos, 34 asesinatos de aspirantes o candidatos.
Cuartoscuro
27 de mayo, 2021
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El actual proceso electoral se perfila como el más violento del que haya registro en el presente siglo. Más de 450 candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular han sido blanco de agresiones de distinta índole, desde amenazas o intimidaciones, hasta secuestros y asesinatos.

La cifra específica de candidatos y aspirantes a un puesto de elección popular que han perdido la vida asciende a 34. Veracruz, Guanajuato y Guerrero concentran la mayor cantidad de casos.

Lee: Candidatos sufren secuestro, homicidio y ataques en la semana previa a la elección

Así lo revelan los datos de una medición detallada realizada por la consultora Etellekt que serán presentados en un informe el próximo fin de semana. Dicha consultora ha monitoreado desde hace dos décadas la inseguridad y otros fenómenos paralelos a los procesos electorales.

De acuerdo con los datos de la consultora, los 34 asesinatos de aspirantes o candidatos a un cargo público se han concentrado en 16 de las 32 entidades federativas del país.

Veracruz es la entidad que concentra la mayor parte de los casos con ocho, que equivalen al 23.5% del total.

Guanajuato y Guerrero son las entidades que siguen con cuatro candidatos asesinados en su territorio, respectivamente. Les sigue Oaxaca con tres candidatos asesinados, y Jalisco, Quintana Roo y Baja California con dos cada una de ellas.

Los otros nueve homicidios de candidatas y candidatos se distribuyen en Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Morelos.

Cabe señalar que marzo es el mes que hasta ahora registra el mayor número de candidatos asesinados con diez en total. Fue precisamente el mes en el que el gobierno federal decidió desplegar una estrategia especial de protección a los candidatos ante el embate de la violencia.

Si a la lista de candidatos asesinados les sumamos los 54 militantes de partidos políticos que también han sido blanco de homicidios en el actual proceso electoral, la cifra de estados con casos se eleva a 22.

De los 88 políticos asesinados entre candidatos y militantes, 16 eran integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que lo ubica como el partido con más casos. Le sigue Morena con 15 candidatos y militantes asesinados entre sus filas.

El Partido Acción Nacional (PAN) acumula 12 víctimas, los mismos que el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mientras tanto, diez integrantes o candidatos del Partido Verde Ecologista de México también han sido asesinados, al igual que ocho pertenecientes a Movimiento Ciudadano (MC). El resto se distribuye entre los otros partidos.

Esta semana se registraron dos nuevas agresiones: el ataque contra personal de logística del candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, Tamaulipas; y una agresión también con armas de fuego a la camioneta en la que viajaba el candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, Guerrero.

Además del asesinato de la candidata a alcaldesa de Movimiento Ciudadano, Alma Barragán, ocurrido durante un acto de campaña en Moroleón, Guanajuato.

“Ya llevamos más de 720 agresiones que se han cometido contra políticos en general y candidatos en más de 400 municipios en el actual proceso. Vamos a superar fácilmente las 774 agresiones que se registraron en la elección de hace tres años que fue la más violenta. Del total de agresiones 450 han sido directamente contra candidatos y aspirantes. Y llevamos 34 homicidios, cerca de los 48 registrados hace tres años”, dijo en entrevista Rubén Salazar Vázquez, director de Etellekt.

Pero los 34 homicidios de candidatos son una fracción del total de vidas que se han perdido en el actual proceso electoral que arrancó el pasado 7 de septiembre. A ellos se suman, según los datos de la consultora, 54 integrantes de partidos políticos, 99 servidores públicos, diez colaboradores de candidatos y 34 familiares que también han sido asesinados.

“En total llevamos 231 víctimas letales relacionadas con la política, con el servicio público, más los aspirantes y candidatos. Todo eso en el actual proceso electoral”, añadió Salazar Vázquez.

Locales y de oposición, el principal blanco

Tres de cada cuatro candidatos y políticos que han sido asesinados en el actual periodo electoral pertenecían a partidos opuestos al oficial en el municipio o estado en el que ocurrieron los hechos. El 90% de las víctimas eran personas que competían por un cargo en el ámbito municipal: alcaldes, regidores, síndicos, diputaciones locales.

De acuerdo con David Saucedo, consultor experto en temas de seguridad y delincuencia organizada, el que los blancos de los ataques sean políticos y candidatos locales tiene dos posibles explicaciones.

La primera es que se ataca a candidatos que representan “una amenaza política” en contra de los candidatos que el crimen organizado sí está apuntalando. En muchas ocasiones dicha amenaza la representan candidatos de oposición que prometen cambios o combate a la corrupción frente a un gobierno oficial sobre el cual ya tienen control determinado grupo criminal.

La otra hipótesis es que se trate de candidatos que sí tienen vínculos con grupos criminales y que al ser identificados por organizaciones rivales los amedrentan o asesinan.

Independientemente de cual sea el escenario, añade Saucedo, lo que esto demuestra es la capacidad que tiene el crimen organizado para influir en cómo se conforman los gobiernos en los niveles primarios del gobierno.

“Los cárteles buscan establecer relaciones de dominio y mantener el estatus quo de un determinada zona o gobierno donde ya tienen cooptadas a las autoridades. Para ellos es preferible mantener las alianzas con quienes ya están al frente. Y aunque es duro decirlo se trata básicamente de una narcodemocracia”, dijo Saucedo.

El común denominador: la impunidad

Animal Político ha documentado que pese a la gravedad de lo que significa un homicidio, en México la mayoría quedan impunes. Más del 90% de las investigaciones iniciadas por asesinatos cometidos en la última década no han culminado con el culpable condenado y encarcelado.

Los ataques letales registrados ahora en contra de candidatos no son la excepción.

Rubén Salazar considera que el motor detrás de toda esta violencia es justamente la impunidad. En concreto señala a las fiscalías de los estados, las cuales no solo no indagan a profundidad los homicidios, sino que tampoco verifican las condiciones en que ciertos candidatos beneficiados claramente por las amenazas o agresiones desatadas contra sus adversarios, logran ganar la elección y llegar a un cargo.

“Aunque es cierto lo que se dice de que la delincuencia pone candidatos, pues esos candidatos se registran ante un partido y hay que preguntarse quién se está beneficiando de eso. Y las fiscalías deberían identificar quien ganó a través de la violencia. Ubicarlos y sancionarlos pero no se hace, lo que priva es la impunidad y la indiferencia”, subraya Salazar.

Saucedo advierte que incluso hay muchos casos que ni siquiera llegan a convertirse en denuncias ante el Ministerio Público y son ignorados por las autoridades. Solo aquellos crímenes que cobran relevancia mediática llegan a tener mayor probabilidad de contar con detenidos, aunque tampoco son esclarecidos.

De acuerdo con datos oficiales, hasta la semana pasada las fiscalías de los estados habían iniciado 148 carpetas de investigación por distintos tipos de agresiones denunciadas por candidatos o aspirantes durante el actual proceso electoral.

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Los países donde más aumentó la pobreza extrema durante la pandemia (y los dos donde insólitamente bajó)

Pese a que la economía de América Latina sufrió una contracción de 7.7% en 2020 en medio de una de las peores recesiones de las últimas décadas, hubo dos países que lograron disminuir el nivel de pobreza y extrema pobreza.
21 de mayo, 2021
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Con la pandemia de covid-19 se disparó la pobreza y la extrema pobreza en Latinoamérica.

Eso, a pesar de los paquetes de estímulo fiscal con que los gobiernos trataron de mitigar los efectos más devastadores de la crisis.

En la mayoría de los casos, los gobiernos se endeudaron para inyectar fondos de emergencia en los sistemas de salud y entregar ayudas directas a las familias más vulnerables y a las empresas más afectadas por una recesión que hizo que la actividad económica cayera 7,7% en 2020.

La pobreza llegó a su nivel más alto en los últimos 12 años, afectando a un 33,7% de la población, es decir, uno de cada tres latinoamericanos lo está pasando muy mal.

Pero el mayor retroceso histórico ocurrió entre los “pobres extremos”, aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

La pobreza extrema alcanzó su mayor nivel en las últimas dos décadas: 12,5% de la población, según las proyecciones hechas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

Una estadística que quizás no dice mucho, pero que en la práctica es sinónimo de hambre.

Una de cada ocho personas se va a la cama con el estómago vacío. La mayoría no tiene agua potable, ni electricidad. Con suerte consigue un techo improvisado para cubrirse de la lluvia o el sol.

Y uno de los efectos más graves de vivir con hambre está relacionado con las secuelas que deja a largo plazo, como el irreparable deterioro en el desarrollo cognitivo y físico de los niños.

Niño en la calle, México

Getty Images
“Todo lo que se había avanzado en este siglo para disminuir la extrema pobreza se perdió durante la pandemia”, dice Alberto Arenas.

“Todo lo que se había avanzado en este siglo para disminuir la extrema pobreza se perdió durante la pandemia”, le dice a BBC Mundo Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

¿Dónde aumentó más la pobreza extrema?

El aumento de la pobreza extrema depende de la situación en la que se encontraba el país al momento en que llegó la pandemia, qué tan grave fue la situación de salud pública y de qué manera reaccionó el gobierno para enfrentar la crisis, señalan expertos.

Los países de Latinoamérica donde más subió la extrema pobreza en 2020 son: México, Honduras y Ecuador, según las proyecciones hechas por la Cepal.

Países con mayor aumento de la pobreza extrema en 2020. América Latina (en porcentajes) [ México aumentó de 10,6 a 18,3 ] [ Honduras subió de 20 a 26,1 ],[ Ecuador subió de 7,6 a 12,8 ], Source: Fuente: Proyección Cepal (comparación 2019-2020), Image:

Comparando 2019 y 2020, en México la extrema pobreza se disparó de 10,6% a 18,3%.

En Honduras el aumento fue de 20% a 26,1%, mientras que en Ecuador subió de 7,6% a 12,8%.

“Hay una relación entre la extrema pobreza y las transferencias monetarias hechas por los gobiernos”, dice Arenas, refiriéndose al dinero que el Estado le entrega directamente a las personas más vulnerables.

“Si no fuera por las transferencias monetarias los indicadores sociales serían mucho peores”, apunta, agregando que es importante mantenerlas.

La paradoja de Brasil y Panamá

Los únicos países donde bajó la pobreza y la extrema pobreza son Brasil y Panamá

Mientras en Brasil la extrema pobreza cayó de 5,5% a 1,4%, en Panamá registró una disminución de 6,6% a 6,4%.

Países donde bajó la pobreza extrema . América Latina (en porcentajes) [ Brasil cayó de 5,5 a 1,4 ] [ Panamá disminuyó de 6,6 a 6,4 ], Source: Fuente: Proyección Cepal (comparación 2029-2020), Image:

A diferencia de lo que ocurrió en aquellos países donde las ayudas fiscales fueron menores -ya sea porque no tenían más posibilidades de endeudarse o porque el gobierno tomó la decisión de seguir una política más austera-, Brasil y Panamá focalizaron gran parte de sus desembolsos en los sectores de menores ingresos.

Eso se explica, entre otras razones, porque en la región más de la mitad de los trabajadores son informales. Por lo tanto, para llegar a ellos, la manera más eficiente en esta emergencia, dicen los expertos, era optar por la política de entregarles dinero.

Paradójicamente en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro tuvo por mucho tiempo una actitud negacionista frente a la pandemia, al final del día fue el gobierno que más recursos destinó a enfrentar la pandemia como porcentaje del PIB.

Una decisión aún más compleja si se considera que Brasil es el país con la mayor deuda pública de la región.

Familia caminando con comida, Brasil

Getty Images
En los dos extremos de las ayudas fiscales por la pandemia está Brasil y México: mientras Brasil destinó cerca de un 8% de su PIB, México solo gastó un 0,7% del PIB.

Y es que las decisiones de gasto de esta envergadura no solo tienen un carácter técnico.

Desde un punto de vista político, por ejemplo, mientras los programas sociales estuvieron vigentes en Brasil, la popularidad del mandatario subió.

Y en la medida que esos estímulos comenzaron a ser retirados, la popularidad del presidente comenzó a bajar.

Los paquetes de estímulo fiscal

Las ayudas fiscales en Latinoamérica variaron sustancialmente de un país a otro. Los dos extremos fueron Brasil y México: mientras Brasil destinó cerca de un 8% de su PIB, México apenas gastó un 0,7%.

Hombre en Honduras

Getty Images
El aumento de la pobreza extrema depende de cómo estaba el país en el momento en que llegó la pandemia, qué tan grave fue la situación de salud pública y de qué manera reaccionó el gobierno para enfrentar la crisis.

Esos desembolsos incluyen gasto público y medidas de alivio tributario (que se consideran como ingresos no percibidos por el fisco en relación al pago de impuestos).

Este tipo de medidas fiscales representaron en promedio un 4,5% del PIB, considerando a las mayores economías de la región, le dice a BBC Mundo Jorge Roldos, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Aparte de esos recursos, explica Roldos, los países también gastaron cerca de un 3,5% del PIB en el financiamiento de créditos “blandos” y garantías, principalmente a pequeñas y medianas empresas (que suelen llamarse medidas de apoyo a través de instrumentos de liquidez).

Niña en la calle, México

Getty Images
Los paquetes de estímulo fiscal destinados a apoyar familias, empresas y el gasto de emergencia en salud, lograron contener en parte el aumento de la pobreza y la indigencia, pero no pudieron detener su aumento.

En aquel escenario, la pobreza y la pobreza extrema se dispararon en medio de una profunda recesión económica, lo cual significa que los gobiernos recibieron menos ingresos y, al mismo tiempo, tuvieron más gastos.

El resultado ha sido un aumento de la deuda y del déficit fiscal, que probablemente se convertirán en uno de los mayores desafíos que enfrentarán los países de la región cuando acabe la emergencia.


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