Hermanos González murieron por asfixia, revela Fiscalía de Jalisco
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Hermanos González murieron por asfixia, dice Fiscalía de Jalisco; no hay avance en investigación

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, refirió que ya se habían logrado ‘avances sustanciales’ en el esclarecimiento de los hechos, pero por cuestiones de sigilo y ‘para asegurar el éxito de la investigación’ no se revelaría más información.
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13 de mayo, 2021
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La Fiscalía de Jalisco señaló que la muerte de los hermanos José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno, quienes fueron hallados sin vida después de ser sustraídos a la fuerza de su hogar en Guadalajara, fue causada por asfixia mecánica, según el reporte forense.

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, refirió que ya se habían logrado ‘avances sustanciales’ en el esclarecimiento de los hechos, pero por cuestiones de sigilo y ‘para asegurar el éxito de la investigación’ no se revelaría más información.

Como parte de la indagatoria para encontrar a los responsables del asesinato de los jóvenes se hicieron operativos en distintos puntos del estado, como los municipios de San Cristóbal de la Barranca, Zapopan y Tlaquepaque.

La madrugada de este lunes 10 de mayo fueron localizados sin vida los hermanos González Moreno, cuya desaparición fue reportada el pasado 7 de mayo.

La Fiscalía informó sobre el hallazgo de los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer, en San Cristóbal de la Barranca, sobre el  kilómetro 27, carretera Federal 23. A poco más de 60 kilómetros de donde fueron secuestrados los jóvenes.

Al mediodía del lunes, autoridades de la Fiscalía confirmaron que los cuerpos pertenecían a José, Luis y Ana, que aparecieron cubiertos con varios tipos de telas.

En el lugar del hallazgo también se encontró una manta, en la que se leía un mensaje amenazante al gobierno del estado. 

“Hace alusión a que no se esté mandando a personal civil a hacer investigaciones (…) cierran el mensaje diciendo ‘Esto le va a pasar a los que hagan lo mismo’”, explicó Solís Gómez.

El fiscal señaló que no había intención de secuestro a los hermanos; sin embargo, se tienen dos hipótesis sobre los hechos que desencadenaron su sustracción forzosa.

La primera coincidencia, señaló, fue un conflicto armado entre personal de la Fiscalía – que prestaba servicio de escolta a un sujeto, cuya identidad no se reveló – y un grupo armado.

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Los hechos ocurrieron en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a las 23:00 horas del viernes 7 de mayo, a tan solo media hora de diferencia con la privación de los jóvenes.

El sujeto custodiado poseía dos domicilios: uno en donde se sostuvo el enfrentamiento y otro a unos metros de la casa de los hermanos González Moreno.

La Fiscalía no descartó la posibilidad de que se hubiera confundido a los jóvenes con sus propios elementos, en relación con el acontecimiento en Tlaquepaque.

Gerardo Octavio Solís tampoco eliminó la posibilidad de que la privación de libertad hubiera sido un ataque directo, aunque destacó que los jóvenes no estaban vinculados a actividades criminales.

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Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, condenó el asesinato de los hermanos y envió condolencias a los familiares; señaló que era un golpe más de la delincuencia contra el pueblo del estado.

“La amenaza directa al Gobierno plasmada en una lona encontrada junto a los cuerpos de los jóvenes no nos va a intimidar. Es evidente que con estos ataques quieren someter al gobierno. No lo van a lograr”.

Aseguró que le daría seguimiento personal al ‘terrible caso’ y se comprometió a encontrar a los culpables: “Ojalá que todos entendamos que el enemigo es el crimen organizado y que frente a ellos tenemos que estar unidos, sin mezquindades, sin politiquerías”.

El día de la desaparición

Fue aproximadamente a las 22:40 horas que los hermanos fueron sustraídos de su domicilio, en la colonia San Andrés, en Guadalajara. 

Al menos ocho sujetos que portaban armas largas entraron a la residencia de los hermanos y amagaron a otros familiares, para después llevarse a los jóvenes.

Autoridades señalaron que los hombres iban encapuchados, con chalecos antibalas, pasamontañas y con armas de calibre grueso. Al menos uno de ellos portaba las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Después de sustraer a los jóvenes por la fuerza, los subieron a una camioneta tipo familiar de color rojo, en donde se los llevaron.

Desde el momento de su desaparición, familiares, amigos y compañeros comenzaron a difundir peticiones de búsqueda. La Universidad de Guadalajara, donde José Alberto era estudiante de la carrera de Geografía, emitió un comunicado en el cual pidió la localización con vida de los tres hermanos.

El documento, firmado por el Consejo de Rectoras y Rectores, exigió la búsqueda inmediata de los jóvenes y señaló que los hechos retrataban el clima de inseguridad que padece el estado de Jalisco, así como la indefensión de la población frente al crimen organizado.

“El Estado ha vuelto a fallar. Hoy la comunidad estudiantil estamos de luto. Nos acaban de confirmar que los hermanos José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen Moreno fueron encontrados sin vida”, escribió Javier Armenta en redes sociales, director de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara.

José Alberto González Moreno, de 29 años, era estudiante de Geografía en la Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Según El Occidental, también era ex chelista de la orquesta de la institución.

El mismo medio informó que Luis Ángel González Moreno tenía 32 años y acababa de abrir un negocio de serigrafía. Como su hermano menor, era músico y tocaba el violín. Y Ana Karen, la más chica de 24 años de edad, laboraba en una empresa dedicada a colocar plástico en los asientos de automóviles, de Guadalajara.

Con información de El Occidental.

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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