Citan a declarar a niñas; su padre pide custodia pese acusación de abuso
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Juez de Durango cita a declarar a niñas; su padre pide su custodia pese a acusación de abuso

Esta misma situación ocurrió cuando se presentaron a declarar por la violencia sexual, a pesar de que es una irregularidad que no se haya permitido la presencia de la madre y las niñas hayan pasado más de dos horas en un cubículo rindiendo declaración ante adultos.
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17 de mayo, 2021
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Un juzgado de lo familiar en Durango citó a dos niñas de 5 y 6 años a declarar este lunes solas ante una jueza, una agente del Ministerio Público y una tutriz (tutora legal designada por el juzgado), porque su papá, el empresario Mauricio N., está pidiendo quedarse con la patria potestad, a pesar de que está demandado por violación y abuso sexual contra ellas.

Hace nueve meses que el papá no las ve, que ni siquiera les habla por teléfono. La madre de las niñas interpuso la denuncia en agosto de 2020, después de un tiempo de notar comportamientos que eran signos de violencia sexual y que un peritaje médico confirmara lesiones anales en una de ellas.

Entonces se ordenó la suspensión de las convivencias y el padre ya ni siquiera intentó tener contacto con ellas; pero sin que se resuelva la denuncia penal, el juzgado familiar está avanzando en la demanda de él para quitarle la patria potestad a la mamá.

De hecho, Mauricio N. ya consiguió una evaluación psicológica que señala que sí es apto para su rol de padre y que no representa un riesgo para las niñas.

Valoración que contradice los resultados de un peritaje psicológico privado practicado a las pequeñas en las que identifican como figuras de riesgo no solo al papá, sino también al abuelo paterno, que la mamá mandó a hacer fuera del estado ante las sospechas de influyentismo, y el hecho de que ya fue declarado culpable por sustracción de menores cuando tras el divorcio trató de robarse a las niñas, en 2019.

El abuelo materno de las pequeñas, Gustavo Peyro, cuenta a Animal Político que a diferencia de cómo está avanzando la petición del papá, a su hija le negaron un intento por pedir que más bien él pierda la patria potestad y ella se quede con la custodia definitiva.

El abuelo acudió personalmente a declarar como testigo de que Mauricio N. no solo no ha tenido contacto con las niñas desde agosto, sino que tampoco ha aportado pensión alimenticia, y como su hija perdió su trabajo por dedicarse a seguir con la demanda, él es quien se ha hecho cargo económicamente de sus nietas en todos estos meses.

Sin embargo, explica que la jueza desechó esto y las alrededor de 30 pruebas que presentaron, con el argumento de que ya había un incidente por la patria potestad, el promovido por Mauricio N.

Así que para continuar con el proceso iniciado por él, este lunes la madre tuvo que presentar a las dos niñas en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), un lugar que está diseñado para que niñas y niños convivan con familiares bajo supervisión de autoridades.

Por protocolo, tuvieron una breve explicación de que podían decirle a las autoridades todo lo que quisieran sobre cómo se sienten y lo que piensan, o callar si no querían hablar de algo. Pero después tuvieron que entrar solas a la sala con jueza, MP, representante legal y psicólogos, mientras su mamá se quedó afuera.

Esta misma situación ocurrió cuando se presentaron a declarar por la violencia sexual, a pesar de que es una irregularidad que no se haya permitido la presencia de la madre y las niñas hayan pasado más de dos horas en un cubículo rindiendo declaración ante adultos. También en ese lugar se les hicieron en su momento valoraciones psicológicas que después un contradictamen independiente consideró que no habían estado bien aplicadas y que minimizaron los indicios de violencia sexual; pero esa opinión externa fue desechada.

El abuelo de las pequeñas cuenta preocupado que el papá, Mauricio N., es peligroso, que llegó al lugar y al ver que afuera estaba su excuñado grabando con su celular, comenzó a agredirlo y la policía terminó entrando al restaurante donde estaba también la tía de las niñas con su bebé.

Después del incidente y tras horas de declarar, las niñas comentaron que habían dicho que quieren seguir viviendo con su mamá porque su papá las tocaba. Pero por ahora no le dieron acceso a la familia a las grabaciones de lo que pasó ante la jueza.

Y mientras el caso fluye por el lado de lo familiar, la demanda penal no tiene avances ni se ha judicializado en estos nueve meses. Las medidas de protección giradas para las niñas y su madre vencieron desde noviembre, por lo que actualmente no hay restricciones contra el presunto agresor.

En ese mes y después de que Animal Político y otros medios dieran a conocer el caso, por fin le dieron a la mamá acceso a la carpeta de investigación, pero fue la única vez: a pesar de que es su derecho como víctimas, la Fiscalía General del Estado de Durango se lo ha negado.

Un oficio al que tuvo acceso este medio señala que no se le permite ver la carpeta para salvaguardar la identidad de las niñas, porque no se trata de un caso de violaciones graves de derechos humanos ni de lesa humanidad, que son razones para dar a conocer un expediente, y por último, porque el caso se ha dado a conocer en Facebook.

Efectivamente, la cuenta Justicia Para las Niñas en Durango se creó para exhibir las posibles irregularidades en el manejo de la investigación, por las que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al DIF estatal intervenir —aunque la mamá había acusado también a esa institución de revictimizarla a ella y a sus hijas cuando inició la demanda—.

Después de esa llamada de atención de la CNDH, cuenta el abuelo de las niñas, se ordenó que fueran a terapias al Hospital Psiquiátrico de Durango. Pero por recomendación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las pequeñas ya estaban recibiendo apoyo psicológico de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), una organización con reconocimiento internacional en el tratamiento de estos casos.

Así que el propio Hospital decidió que era mejor no saturar a las menores y que solo llevaran la terapia de la asociación civil. Sin embargo, la madre de las niñas ya fue apercibida por el juzgado para que suspenda la atención con Adivac.

Además, la pediatra de las niñas les contó que recibió presiones para decir que las lesiones que tiene una de ellas son por estreñimiento y uso de supositorios, en lugar de por la posible violación.

La familia se queja de que las autoridades han actuado para favorecer al papá, pese a la gravedad de las acusaciones, por los nexos políticos y económicos que tiene en el estado. Por ello reclaman que el caso se atienda de manera imparcial y poniendo por encima el bienestar de las menores.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

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La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

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En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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