Citan a declarar a niñas; su padre pide custodia pese acusación de abuso
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Juez de Durango cita a declarar a niñas; su padre pide su custodia pese a acusación de abuso

Esta misma situación ocurrió cuando se presentaron a declarar por la violencia sexual, a pesar de que es una irregularidad que no se haya permitido la presencia de la madre y las niñas hayan pasado más de dos horas en un cubículo rindiendo declaración ante adultos.
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17 de mayo, 2021
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Un juzgado de lo familiar en Durango citó a dos niñas de 5 y 6 años a declarar este lunes solas ante una jueza, una agente del Ministerio Público y una tutriz (tutora legal designada por el juzgado), porque su papá, el empresario Mauricio N., está pidiendo quedarse con la patria potestad, a pesar de que está demandado por violación y abuso sexual contra ellas.

Hace nueve meses que el papá no las ve, que ni siquiera les habla por teléfono. La madre de las niñas interpuso la denuncia en agosto de 2020, después de un tiempo de notar comportamientos que eran signos de violencia sexual y que un peritaje médico confirmara lesiones anales en una de ellas.

Entonces se ordenó la suspensión de las convivencias y el padre ya ni siquiera intentó tener contacto con ellas; pero sin que se resuelva la denuncia penal, el juzgado familiar está avanzando en la demanda de él para quitarle la patria potestad a la mamá.

De hecho, Mauricio N. ya consiguió una evaluación psicológica que señala que sí es apto para su rol de padre y que no representa un riesgo para las niñas.

Valoración que contradice los resultados de un peritaje psicológico privado practicado a las pequeñas en las que identifican como figuras de riesgo no solo al papá, sino también al abuelo paterno, que la mamá mandó a hacer fuera del estado ante las sospechas de influyentismo, y el hecho de que ya fue declarado culpable por sustracción de menores cuando tras el divorcio trató de robarse a las niñas, en 2019.

El abuelo materno de las pequeñas, Gustavo Peyro, cuenta a Animal Político que a diferencia de cómo está avanzando la petición del papá, a su hija le negaron un intento por pedir que más bien él pierda la patria potestad y ella se quede con la custodia definitiva.

El abuelo acudió personalmente a declarar como testigo de que Mauricio N. no solo no ha tenido contacto con las niñas desde agosto, sino que tampoco ha aportado pensión alimenticia, y como su hija perdió su trabajo por dedicarse a seguir con la demanda, él es quien se ha hecho cargo económicamente de sus nietas en todos estos meses.

Sin embargo, explica que la jueza desechó esto y las alrededor de 30 pruebas que presentaron, con el argumento de que ya había un incidente por la patria potestad, el promovido por Mauricio N.

Así que para continuar con el proceso iniciado por él, este lunes la madre tuvo que presentar a las dos niñas en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), un lugar que está diseñado para que niñas y niños convivan con familiares bajo supervisión de autoridades.

Por protocolo, tuvieron una breve explicación de que podían decirle a las autoridades todo lo que quisieran sobre cómo se sienten y lo que piensan, o callar si no querían hablar de algo. Pero después tuvieron que entrar solas a la sala con jueza, MP, representante legal y psicólogos, mientras su mamá se quedó afuera.

Esta misma situación ocurrió cuando se presentaron a declarar por la violencia sexual, a pesar de que es una irregularidad que no se haya permitido la presencia de la madre y las niñas hayan pasado más de dos horas en un cubículo rindiendo declaración ante adultos. También en ese lugar se les hicieron en su momento valoraciones psicológicas que después un contradictamen independiente consideró que no habían estado bien aplicadas y que minimizaron los indicios de violencia sexual; pero esa opinión externa fue desechada.

El abuelo de las pequeñas cuenta preocupado que el papá, Mauricio N., es peligroso, que llegó al lugar y al ver que afuera estaba su excuñado grabando con su celular, comenzó a agredirlo y la policía terminó entrando al restaurante donde estaba también la tía de las niñas con su bebé.

Después del incidente y tras horas de declarar, las niñas comentaron que habían dicho que quieren seguir viviendo con su mamá porque su papá las tocaba. Pero por ahora no le dieron acceso a la familia a las grabaciones de lo que pasó ante la jueza.

Y mientras el caso fluye por el lado de lo familiar, la demanda penal no tiene avances ni se ha judicializado en estos nueve meses. Las medidas de protección giradas para las niñas y su madre vencieron desde noviembre, por lo que actualmente no hay restricciones contra el presunto agresor.

En ese mes y después de que Animal Político y otros medios dieran a conocer el caso, por fin le dieron a la mamá acceso a la carpeta de investigación, pero fue la única vez: a pesar de que es su derecho como víctimas, la Fiscalía General del Estado de Durango se lo ha negado.

Un oficio al que tuvo acceso este medio señala que no se le permite ver la carpeta para salvaguardar la identidad de las niñas, porque no se trata de un caso de violaciones graves de derechos humanos ni de lesa humanidad, que son razones para dar a conocer un expediente, y por último, porque el caso se ha dado a conocer en Facebook.

Efectivamente, la cuenta Justicia Para las Niñas en Durango se creó para exhibir las posibles irregularidades en el manejo de la investigación, por las que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al DIF estatal intervenir —aunque la mamá había acusado también a esa institución de revictimizarla a ella y a sus hijas cuando inició la demanda—.

Después de esa llamada de atención de la CNDH, cuenta el abuelo de las niñas, se ordenó que fueran a terapias al Hospital Psiquiátrico de Durango. Pero por recomendación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las pequeñas ya estaban recibiendo apoyo psicológico de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), una organización con reconocimiento internacional en el tratamiento de estos casos.

Así que el propio Hospital decidió que era mejor no saturar a las menores y que solo llevaran la terapia de la asociación civil. Sin embargo, la madre de las niñas ya fue apercibida por el juzgado para que suspenda la atención con Adivac.

Además, la pediatra de las niñas les contó que recibió presiones para decir que las lesiones que tiene una de ellas son por estreñimiento y uso de supositorios, en lugar de por la posible violación.

La familia se queja de que las autoridades han actuado para favorecer al papá, pese a la gravedad de las acusaciones, por los nexos políticos y económicos que tiene en el estado. Por ello reclaman que el caso se atienda de manera imparcial y poniendo por encima el bienestar de las menores.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

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La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

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Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

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Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

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Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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