Desde principios de mayo se incrementó el número de ataques con arma de fuego que reciben comunidades de Aldama por parte de sus vecinos de Chenalhó. El promedio de balaceras diarias es de 15. Aunque hay jornadas en las que se registran más. El 26 de mayo, por ejemplo, hubo más de 30, de acuerdo con reportes de los representantes de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Magdalena, Aldama.
Desde el viernes 4 de junio, los pobladores han reportado que ahora además hay detonaciones de explosivos en la orillas del río que separa a ambos municipios.
Tanto los pobladores como el gobierno del estado descartan que el incremento de la violencia se deba a las elecciones de este domingo. Este ya es un viejo conflicto agrario que ha ido escalando de nivel, por la actuación de presuntos paramilitares, sin que las autoridades logren detener el fuego
Pero a la gente de las comunidades bajo agresión les preocupa que la jornada electoral distraiga la atención y eso abra un hueco para que las balaceras y detonaciones se recrudezcan aún más.
“Antes a veces solo disparaban al aire. Ahora si una persona o un vehículo anda en los caminos, les disparan. Y el viernes empezaron las detonaciones, no sabemos qué tipo de artefacto están usando. Los detonan de su lado, en Santa Martha, pero se escuchan muy fuertes las explosiones. Hasta hacen temblar la tierra. Nos quieren amedrentar aún más”, cuenta una de las pobladoras, a quien llamaremos Laura, para proteger su identidad y su seguridad.
El 8 de mayo, las balas alcanzaron a un muchacho de 24 años de edad, Pedro Lunes Pérez, de la comunidad de Coco Aldama. “Se encontraba en su casa cuando los atacaron con armas de fuego de altos calibres. Eran las 2 de la tarde con cuatro minutos. Los disparos provenían del punto de ataque de Nech´en Saclum, Chenalhó”, dice el reporte de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados.
El 23 de mayo resultó herido Julio César Pérez Pérez de la comunidad de Xuxch´en. “Lo atacaron cerca de la comunidad de Tabak, mientras se dirigían a su trabajo a bordo de una camioneta”, dice el reporte de ese día.
En cuatro años, desde 2017 a la fecha, seis personas han fallecido y 23 han resultado heridas (incluyendo dos que quedaron inmóviles) por los disparos de armas de fuego desde Santa Martha, Chenalhó hacia Aldama, reporta la Comisión Permanente de los comuneros.
Te puede interesar: Conflicto entre pueblos de Aldama y Chenalhó, Chiapas, continúa pese a firma de paz
“Los pobladores vivimos bajo el terror, sobre todo los que están más a la orilla del río. Cuando los disparos se intensifican, no se puede ir a trabajar a las parcelas, hay que ir a trabajar en los cafetales de noche, para evitar los balazos”, cuenta Laura.
Hace cuatro años que los pobladores de Aldama viven bajo las balas. Aunque el conflicto que originó los ataques es todavía más añejo. Empezó por un problema de tierras, que se agudizó en 2017. Ambos municipios, Aldama y Chenalhó reclaman como propias 60 hectáreas de las orillas del río que los divide.
Las autoridades federales y estatales han tratado de resolver la disputa, pero los disparos siguen. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación federal, ha acudido como testigo a varias firmas de pactos de paz. Al día siguiente o a los pocos días, las balas vuelven.
Encinas y otras autoridades han asegurado en conferencias de prensa o en la misma conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que los balazos no solo salen de armas disparadas desde Santa Martha, Chenalhó, sino también desde Aldama Chiapas, en un fuego cruzado entre vecinos.
Algo que los pobladores de Aldama y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) niegan. Los disparos salen solo desde Santa Martha, han dicho, donde, aseguran, hay grupos de corte paramilitar (herederos de los que perpetraron la matanza de Acteal) interesados en que no acabe el conflicto.
El 23 de abril de 2021, en su resolución 35/2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a favor de 12 comunidades indígenas tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México, en la que le solicita al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los pobladores, tanto al interior de sus comunidades, como durante sus desplazamientos.
La medida cautelar protege a las comunidades Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxton, Tselejpotobtic, Yeton, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera municipal de Aldama.
La CIDH específico que “si bien se han implementado diversas medidas de protección a favor de los habitantes de la zona, las mismas no han permitido mitigar la situación de riesgo”. Hasta el día de hoy “los habitantes de las comunidades identificadas no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café”.
El más reciente intento del gobierno federal y estatal por pacificar la zona incluye solucionar el pleito por las tierras. De las 60 hectáreas en pugna, Aldama ya aceptó quedarse solo con 32.5, como compensación, recibirán, además, 180 hectáreas en Ixtapa, a cinco o seis horas de Aldama. “Están muy lejos, sí, pero se aceptó para ya quedar en paz”, dice Laura.
Sin embargo, el proceso de deslinde (de medición) de las tierras, para proceder a expedir los títulos de propiedad oficiales, no se ha hecho. “La justificación es que las agresiones no cesan y que por eso no se hace el deslinde, y, claro, siguen diciendo que los balazos salen de las dos partes, cuando eso es mentira. Hasta cuando andan los rondines de la Guardia Nacional y la policía, los de Santa Martha disparan, pero eso no lo hacen público”, asegura Laura.
Animal Político solicitó tanto a la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación Federal y a la Secretaría General del gobierno de Chiapas, a través de sus oficinas de comunicación, saber cómo iba el proceso para pacificar la zona y a qué se debía el incremento en los ataques de estos días, pero hasta el cierre de esta edición la subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas no emitió ninguna respuesta.
La de la Secretaría de Gobierno del estado solo señaló que la jornada electoral no tiene nada que ver con el recrudecimiento de la violencia en la zona. “Sí se tienen reportes de detonaciones. Pero es un problema agrario que data de más de 40 años en los que se han registrado incidentes”. Respecto al deslinde pendiente de tierras aseguraron que está en proceso en la Procuraduría Agraria.
