Edgar Sayed Del Toro Velázquez, de 24 años, fue detenido por policías ministeriales del Estado de México el pasado 19 de mayo a las 18:00 horas en Chalco y acusado de un delito de robo con violencia del que dice ser inocente.
Doce días después él está en prisión y su familia acaba de abandonar su vivienda y todas sus propiedades: un grupo armado los amenazó con hacer daño al joven preso o a sus allegados si no entregaban un millón y medio de pesos. Aterrorizados, dejaron atrás la vida que habían construido para evitar un posible ataque. Antes de buscar un lugar seguro presentaron una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Existen más casos de extorsión, aunque nadie ha denunciado por el miedo y la falta de confianza en las autoridades”, dijo Filiberto Velázquez, tío del joven que ejerce como diácono en Chilapa, Guerrero, y que dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Desde febrero fue incluido en el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores por una disputa con la policía comunitaria de Alcozacán. Sin embargo, su papel ahora es el de representante. Quiere dar la cara él para que sus familiares no se expongan más de lo necesario.
La familia Velázquez es ahora desplazada interna. El boletín mensual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dice que en abril hubo al menos dos eventos en los que pobladores tuvieron que dejar sus viviendas, en Aguililla, Michoacán, y en las comunidades de El Maguey, municipio de Quitupan, Jalisco, y El Lobo, municipio de Cotija, Michoacán. Entre ambos casos fueron más de mil personas desplazadas. Estas investigaciones no llegan a cuantificar casos individuales como este en Edomex. Frente a la imagen personas protegidas por el grupo en su huida aquí nos encontramos con una fuga silenciosa y solitaria.
“Solo queda el silencio y salir”, lamenta Velázquez.
La historia del desplazamiento de esta familia inicia el miércoles 19 con la detención de Edgar Sayed. Asegura su tío que estaba con otras cuatro personas, que todos fueron arrestados y que se les imputa un delito perpetrado a las 10 de la noche, cuatro horas después de que fueran atrapados. Un juez de control ya lo vinculó a proceso y actualmente se encuentra en prisión.
La Fiscalía General del Estado (FGE), consultada por Animal Político, remarcó que un juez ya vio pruebas suficientes para vincular al joven a proceso. Sus familiares, por el contrario, aseguran que se trata de un procedimiento irregular.
La pesadilla de los Velázquez no quedó en el encarcelamiento de Edgar. El pasado viernes 28 de mayo relata recibieron la visita de hombres armados que les entregaron un celular. Debían responder para recibir órdenes del “jefe”. A las dos horas alguien se puso en contacto con ellos y les exigió el pago de un millón y medio de pesos si no querían ser atacados. Fue entonces cuando decidieron abandonar su vivienda.
El sacerdote señala directamente al sindicato Libertad como responsable de las extorsiones. Dice que en los últimos años, su cuñado se vio obligado a pagar una cuota para que sus dos pipas de gas pudiesen trabajar en Edomex. Integrantes de este sindicato fueron detenidos en 2020 acusados de extorsión en municipios como Chalco e Ixtapaluca. Además, consideró que estos hechos tienen vinculación con el asesinato de un familiar en 2017.
“Es un grupo criminal que tiene cara de sindicato, pero obligan a agremiarse con amenazas y extorsiones”, dijo.
Ante el temor a sufrir un ataque la familia abandonó su domicilio y presentó la denuncia ante la FGR. Ahí se encontraban, según explicó Velázquez, cuando uno de ellos recibió una nueva llamada amenazante, por lo que tuvo que recibir atención psicológica.
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“Hemos presentado una denuncia contra quien resulte responsable, pero existe un grupo delincuencial investigado”, dijo Gloria Méndez, abogada del colectivo de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que acompaña a la familia extorsionada.
“Confiamos en que autoridades van a investigar y vamos a encontrar sentencias favorables. No solo se trata de ellos sino de comunidades enteras donde hay miedo a extorsión, desaparición forzada, desplazamiento forzado”, dijo.
Por el momento la familia se encuentra buscando un lugar seguro. Ha solicitado a las autoridades que les incluyan dentro del Mecanismo de Protección en el que ya está el sacerdote. Regresar a casa, dicen, no es una opción. Además, temen por la seguridad de Edgar Sayed, el joven que sigue en prisión.
“Tomaron lo justo al salir y tienen miedo de regresar. En calidad de desplazados vamos a buscar un lugar seguro. Ellos no quieren estar ahí porque temen por su vida”, explicó.
