Restos encontrados que no se indagaron y se ocultaron por años; terrenos que no fueron bien explorados pese a que había pistas para ello; una tecnología costosa pero inadecuada para explorar la superficie; conclusiones adelantadas sin la evidencia suficiente y pruebas sembradas o recolectadas sin los protocolos adecuados.
Se trata de algunas de las numerosas fallas y negligencias que han rodeado la investigación en campo sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Anomalías que, según las autoridades actuales y los abogados de las víctimas, han provocado que a casi siete años del crimen solo se haya conseguido identificar los restos de tres de los normalistas, sin que haya claridad del estado o destino de los otros 40 estudiantes no localizados.
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Luego del anuncio hecho esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la identificación de un fragmento de hueso perteneciente a un tercer estudiante, Animal Político revisó el desarrollo que han tenido las investigaciones relacionadas con la localización de los restos.
Esto a partir de los datos proporcionados por la propia FGR, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro que acompaña legalmente a los familiares de las víctimas, y de los informes de otras instancias que han intervenido en los peritajes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los funcionarios consultados insistieron en que se trata de una investigación abierta y que, por ahora, temas como los lugares en que pudieron ser asesinados los tres estudiantes identificados o el modus operandi que se habría empleado para ello no tienen aún una respuesta definitiva.
La cronología de los hallazgos
El 27 de octubre de 2014, exactamente un mes después de la desaparición de los normalistas, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que había localizado fragmentos de huesos aparentemente humanos tanto en un vertedero de basura ubicado en el municipio de Cocula, así como dentro de una bolsa de plástico hallada en el cauce del Río San Juan, en Iguala.
El procurador en aquel momento, Jesús Murillo Karam, explicó que llegaron a esos puntos luego de que un detenido de nombre Agustín García Reyes alias “el Chereje” – que hoy se sabe fue torturado por los agentes federales – declarara que los normalistas fueron asesinados y quemados en el basurero, y que sus restos se esparcieron en bolsas en el referido río.
De los 60 mil fragmentos óseos que la PGR dijo haber encontrado se enviaron 17 muestras a la Universidad de Innsbruck en Austria para su identificación con estudios de ADN avanzados. Se seleccionaron las muestras que se consideraron óptimas de entre las recolectadas. Diez de los fragmentos provenían del vertedero y siete de la bolsa de plástico ubicada en el río.
El 7 diciembre del mismo año la Procuraduría informó que como resultado de los análisis practicados se había conseguido identificar un fragmento de hueso que correspondía al estudiante Alexander Mora Venancio. Eso lo convirtió en la primera de las víctimas identificadas.
El 15 de diciembre, la PGR exploró un nuevo punto conocido como barranca de “La Carnicería” localizado a unos 800 metros del sitio donde se ubica el basurero. Esto luego de que policías comunitarios advirtieron que había más restos en la zona. Los peritos recogieron decenas de fragmentos óseos que colocaron en tres bolsas de evidencia.
Sin embargo, de este hallazgo no se informó públicamente y ninguno de esos fragmentos fue enviado a Innsbruck, como había ocurrido con los otros fragmentos.
La búsqueda de los normalistas continuó el resto del sexenio sin nuevos hallazgos. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2015 la entonces procuradora Arely Gómez informó que un nuevo análisis de fragmentos recogidos en el Río San Juan y enviados a Innsbruck arrojó coincidencias con el ADN de dos estudiantes.
Uno de ellos era Mora Venancio, quien ya se había identificado previamente. El otro fragmento con resultado positivo pertenecía al estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz, lo que lo convertía en el segundo normalista encontrado y confirmado sin vida.
Pero el anuncio de la identificación de Guerrero de la Cruz fue criticado públicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense debido a que se trataba de un resultado con solo el 17 por ciento de certeza debido a la técnica experimental que se usó. También se criticó que ni los familiares ni los peritos independientes fueron avisados a tiempo.
El 21 y 29 de noviembre de 2019, ya en el actual sexenio, peritos de la FGR realizaron una nueva búsqueda en la barranca de “La Carnicería”, pero a unos 500 metros del punto explorado por la PGR cinco años antes. Ahí se localizaron nuevos fragmentos óseos que fueron enviados al laboratorio de Innsbruck para su estudio.
El 7 de julio de 2020 la FGR hizo público que los estudios practicados a los nuevos fragmentos de hueso ubicados permitieron la identificación de un tercer estudiante: Christian Adolfo Rodríguez Telumbre.
Tras estos hallazgos, se ordenó intensificar y ampliar la búsqueda en la referida barranca. La Fiscalía confirmó a Animal Político que se realizaron al menos una decena de intervenciones más en la zona en un periodo de año y medio que permitieron recolectar 180 fragmentos.
En octubre de 2020 se seleccionó un paquete de 16 muestras nuevas que eran susceptibles de identificación y en febrero de 2021 se enviaron a Innsbruck. Esto dio como resultado la nueva identificación del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz anunciada esta semana, pero ya con una certeza del 99.9 por ciento. Además, se identificó que un hueso de un talón de Aquiles correspondiente a Rodríguez Telumbre.
La FGR indicó que enviará un nuevo paquete de restos encontrados en la barranca a Innsbruck en los próximos días. De acuerdo con los funcionarios consultados, la expectativa está sobre cuatro fragmentos seleccionados del que hay buenas posibilidades de obtener ADN suficiente. Se espera que los resultados estén listos dentro de tres meses.
Descuidos, opacidad y siembra de evidencia
Hasta ahora las autoridades han reportado el hallazgo de restos de los normalistas en tres puntos dentro de un radio de kilómetro y medio: el vertedero de basura en Cocula, la desembocadura del Río San Juan, y la barranca conocida como “La Carnicería”. Todos se ubican en los límites de los municipios de Cocula e Iguala, en Guerrero.
La PGR encabezada por Jesús Murillo Karam centró su teoría del caso solo en el basurero y en el río. De acuerdo con la denominada “verdad histórica”, los normalistas fueron asesinados en el basurero y sus restos repartidos en el referido río.
Sin embargo, los especialistas del EAAF establecieron que no hay certeza científica ni técnica que compruebe que, en efecto, alguno de los normalistas fue asesinado y quemado en el basurero. Además, dudan que los restos encontrados en la bolsa del río – y que fueron abiertos y manipulados sin la presencia de los especialistas externos – realmente provengan del basurero.
“Como se mencionó anteriormente, en los comunicados del 7 de Diciembre de 2014 y del 7 de febrero del 2015, en opinión del EAAF, por el momento no existen elementos científicos suficientes para vincular los restos hallados en el Basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en el Río San Juan”, señaló el equipo argentino en un comunicado emitido en septiembre de 2015.
Un mes después de la emisión de dicho comunicado, Animal Político reveló que existía un informe del EAAF en la carpeta de investigación que alertaba de la siembra de cartuchos de armas de fuego en el terreno del basurero, de la fallida preservación del sitio, y de la intervención de personas que no eran peritos.
Un descuido similar ocurrió en el área de la barranca de “la Carnicería”. Aunque los peritos de la PGR recolectaron cerca de un kilo de fragmentos de hueso en ese punto en 2014, dicha área no fue explorada adecuadamente ni se ampliaron las operaciones de rastreo alrededor de ese punto, a diferencia de lo ocurrido con el basurero.
De acuerdo con los fiscales que ahora están a cargo de las investigaciones, el haber descuidado la exploración de toda esa área provocó años de retraso en la indagatoria.
“La clave está en que, a pesar de que habían encontrado los pequeños huesos, la PGR no siguió buscando ni amplió el perímetro en esta zona. Si lo hubiese hecho, es posible que hubiese llegado al lugar en el que se centran las actuales indagatorias”, dijo un funcionario que participa en el caso.
Los padres de los normalistas y sus abogados han insistido en varios momentos en que la PGR omitió de forma dolosa ampliar las líneas de investigación y las búsquedas sobre el terreno, con el objetivo de mantener la narrativa de la “verdad histórica”, es decir, que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero.
La CNDH, por su parte, reveló en su informe de la recomendación del caso Ayotzinapa, que en septiembre de 2016 Innsbruck consiguió identificar una concordancia entre un resto encontrado en el basurero con otro encontrado dentro de la bolsa del Río San Juan, y que ambos correspondían al estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Sin embargo, la Comisión cuestionó que este hallazgo no se hiciera público por parte de la PGR, y que solo fuera informado al Centro Agustín Pro y al EAAF. Esto ya que se trataba de la primera prueba sólida que ligaba los restos hallados entre el basurero y el rio, lo que fortalecía la hipótesis original.
Pero peritos independientes que participaron en el caso indicaron que esta identificación no se transparentó debido a que, nuevamente, eran exámenes realizados con una técnica experimental y con una baja certeza del resultado.
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Los restos ocultos
El 24 de septiembre del 2020 el diario El País reveló que en el predio de la “La Carnicería” la PGR había localizado restos óseos desde diciembre de 2014, los cuales almacenó sin realizar una investigación adecuada de los mismos y sin informarlo públicamente. El dato cobró relevancia debido al hallazgo en este sexenio de nuevos restos en dicha zona.
La información señalaba que aun cuando los restos fueron recolectados como evidencia del caso, estos no fueron procesados hasta casi un año más tarde y con exámenes periciales incompletos. Tampoco se envió nada de lo localizado a Innsbruck, Austria.
Funcionarios de la actual FGR confirmaron a este medio que, en efecto, los paquetes con dichos restos fueron ocultados durante cinco años en diversas agencias ministeriales. Solo hasta que se realizó el cambio de administración y se dio mayor intervención a expertos independientes es que pudieron ser ubicados.
Aunque se trató de examinar varios de los fragmentos guardados con los protocolos actuales, en la fiscalía indicaron que el estado en el que se encontraban ya no permitió realizar un mayor estudio para identificarlos.
Los funcionarios subrayaron que el punto de la barranca explorado a finales de 2014 se ubica aproximadamente a 500 metros del sitio explorado en noviembre de 2019 y donde se comenzaron a recoger los nuevos fragmentos.
Tecnología costosa, pero inadecuada
En 2017, ante las numerosas observaciones de los expertos independientes e internacionales que alertaban de búsquedas insuficientes en el terreno, la PGR anunció una inversión de más de 600 mil pesos para la adquisición de una tecnología denominada “Sistema Lidar”.
Se trataba de una serie de equipos que se instalaron en aeronaves y con los cuales se buscaba identificar anomalías en el terreno que dieran pistas del lugar donde pudieron haber sido enterrados fragmentos óseos de los normalistas.
Un informe obtenido por Animal Político vía transparencia reveló que se identificaron en total 128 puntos de interés en un perímetro de kilómetro y medio en torno al basurero de Cocula. Sin embargo, tras las búsquedas realizadas con dicho sistema los resultados fueron negativos.
Autoridades que actualmente participan en la indagatoria señalaron que si bien, entre los puntos explorados con dicha tecnología se encontraba la barranca de “La Carnicería”, esta tecnología no era la adecuada para identificar fragmentos óseos que sí se localizaron con recorridos a pie sobre el terreno.
“Este sistema se usó extensivamente en los alrededores de Iguala e incluso en la zona de la carnicería. Como esta tecnología ayuda a ubicar remociones del subsuelo y por tanto fosas, no fue útil para ubicar lo que ahora se está encontrando que son pequeños fragmentos óseos en semi-superficie”, indicó una de las fuentes con conocimiento de la indagatoria.
