La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por mentir en sus declaraciones patrimoniales, por lo que no podrá ejercer ningún cargo público durante este tiempo.

La SFP señaló en un comunicado que Videgaray Caso mintió en sus declaraciones patrimoniales “de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público”.

Añadió que en junio de 2019 ordenó una investigación patrimonial “luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes ‘AgroNitrogenados’, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado”.

La Función Pública explicó que esta es la máxima sanción que permite la ley por omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y que es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades.

El exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores emitió un comunicado en donde asegura que las cuentas bancarias señaladas por la Función Pública son dos tarjetas de crédito “que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración”, por lo que buscará impugnar la resolución.

“Las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales. No fueron incluidas en el apartado de pasivos (pues no tenían saldo deudor), pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones. Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración, en otro apartado)”, sostuvo Videgaray en un comunicado.

En abril pasado, un juez federal validó, por primera vez, la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de una presunta asociación delictiva encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, cuya finalidad fue sobornar con casi 100 millones de pesos a un grupo de legisladores para aprobar la reforma energética.

Animal Político tuvo acceso a la resolución íntegra del juez en donde enumera, entre otras cosas, la existencia de 37 datos de prueba que corroboran los hechos denunciados originalmente por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

La acusación señala que la asociación criminal, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas.

Las pruebas de la Fiscalía para realizar estas imputaciones se sostienen en tres declaraciones (y no una como se conocía hasta ahora) que ha rendido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores. Esto sumado a declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.