Sobreviviente de feminicidio busca que juez no libere otra vez a su agresor
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10 años sin justicia: Sobreviviente de feminicidio espera que juez no deje libre otra vez a su agresor

Esta es la tercera vez que Diana logra la detención de Jorge Ignacio. La primera vez, el juez Alberto Ruvalcaba reclasificó el delito contra el acusado, de tentativa de feminicidio -por el que la víctima denunció-, por el delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo su vida. Esto permitió que, con una fianza, fuera liberado para continuar así con su proceso.
Cuartoscuro
12 de junio, 2021
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El pasado 27 de mayo, autoridades de Veracruz detuvieron a Jorge Ignacio “N”, quien estaba prófugo por haber intentado matar a su expareja hace casi 10 años. Ana Katiria Suárez, abogada de la víctima, espera que esta vez no lo dejen libre.

Pese a que ha sido detenido en dos ocasiones porque su víctima denunció haber sido golpeada por él hasta dejarla inconsciente y amenazarla de muerte, un juez le permitió llevar su proceso en libertad, situación que aprovechó para darse a la fuga.

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Pero la pesadilla de Diana, quien prefiere ocultar su verdadero nombre por seguridad, inició desde antes del ataque, cuando Jorge Ignacio comenzó a mostrar actitudes violentas y controladoras. Ella decidió dejarlo, pero la noche del 29 de octubre de 2011 acudió a visitarlo a su domicilio porque él amenazó con suicidarse si no la veía.

Diana acudió y ante las súplicas de su exnovio decidió quedarse un rato. Sin embargo, Jorge Ignacio aprovechó un momento en el que se levantó para ir al baño y al salir la noqueó con un puñetazo en la cara. Después siguieron más golpes en todo su cuerpo e intentos de ahorcamiento, acompañados de la advertencia de que quería asesinarla.

“10 años mendigando justicia”

Ana Katiria Suárez, abogada penalista que lleva el caso, señala en entrevista que es un alivio saber que el Zuki, como apodan al presunto agresor, ya está fuera de las calles, porque ello significa que hay menos mujeres en riesgo de ser víctimas de violencia feminicida. También espera que esta detención termine con “los diez años que Diana ha mendigado justicia”.

Y es que esta es la tercera vez que Diana logra la detención de Jorge Ignacio. La primera vez, el juez Alberto Ruvalcaba reclasificó el delito contra el acusado, de tentativa de feminicidio -por el que la víctima denunció-, por el delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo su vida. Esto permitió que, con una fianza, fuera liberado para continuar así con su proceso.

Diana reclamó a las autoridades el haber liberado a su agresor y consiguió que en 2013 giraran una nueva orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada cuatro años después, en 2018. Sin embargo, el juez Santiago Ávila Negrón -conocido por haber sentenciado a Yakiri Rubio a prisión, por haber matado en defensa propia a un hombre que la violó- liberó al Zuki.

En aquella ocasión, la víctima fue notificada de que Jorge Ignacio había sido liberado porque solo era investigado por lesiones que no ponen en peligro la vida. El juez consideró que estas tardarían un máximo de 60 días en sanar.

Sin embargo, a la fecha, aunque han pasado casi 10 años, continúa con secuelas graves de aquella golpiza: debido a la cirugía de emergencia que tuvieron que practicarle por la costilla fracturada, que le perforó el abdomen, vive con problemas gastrointestinales y con dolores en la columna.

La perforación del abdomen tuvo que tratarse con una cirugía en la que recortaron su intestino y tiene desprendimiento de retina en el ojo derecho. Además, tiene problemas para ver, porque los golpes le provocaron lesiones en los ojos.

Tampoco ha podido volver a vivir en paz. A raíz del ataque la diagnosticaron con síndrome de estrés postraumático, y en dos ocasiones -antes de la última detención de Jorge Ignacio- fue amenazada por familiares de su agresor por haberlo denunciado.

“Ahora sigue la súplica con la sentencia”

De acuerdo con la abogada Ana Katiria Suárez, con la detención del Zuki se redujo la vulnerabilidad de la víctima, aunque “ahora sigue la súplica con la sentencia, para que se reclasifique el delito de lesiones a tentativa de feminicidio y se le condene por ello”.

Esta vez el juez encargado del caso es Apolonio Martínez, del Juzgado 64. La abogada espera que esta vez no existan motivos para que Jorge Ignacio quede libre.

Para Suárez Castro, lo preocupante es que la tardanza de hasta una década para tener justicia, en los casos donde se logra detener y sentenciar a los responsables, y que para ello las víctimas sean revictimizadas, como en el caso de Diana.

Actualmente, la abogada acompaña otros casos de víctimas de violencia sexual y violencia feminicida, como el de la niña Fátima, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Tláhuac, Ciudad de México, en febrero de 2020, y el de Lía, cuya madre se encadenó en oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en exigencia de justicia porque sufrió abuso sexual.

Por ahora, la abogada señala que no queda más que esperar que se realice la audiencia de Jorge Ignacio para buscar que el juez reconozca que lo que hizo fue intentar asesinar a Diana y juzgarlo con perspectiva de género. Por mientras, buscarán que se dicten medidas cautelares para proteger a la víctima, que teme ser atacada en respuesta a la detención.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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