La noche del pasado 24 de abril, Ramiro Licea Muñoz, un joven de 20 años de Reynosa, estaba en casa de unos conocidos disfrutando de una carne asada cuando cuatro sujetos armados aparecieron de la nada y empezaron a repartir golpes mientras despojaban a los invitados de sus pertenencias.
“Uno me amagó con su arma y me golpeó hasta tirarme de la silla”, testificaría ante las autoridades uno de los presentes en la fiesta, que por motivos de seguridad se omite su nombre.
Una vez cometido el robo -los despojaron de celulares, dinero en efectivo, y algunas joyas-, los tipos armados preguntaron por las llaves de los vehículos que estaban estacionados frente al domicilio, entre los que se encontraba un Dogde tipo Charger del año 2012, color negro con azul.
Era el carro de un amigo, pero Ramiro lo manejaba esa noche. Así que él tenía las llaves en la bolsa de su pantalón cuando uno de los agresores se las encontró y lo jaló del brazo para sacarlo a la fuerza del domicilio de la fiesta, ubicado en la colonia Rodríguez de Reynosa.
-El coche es mío, llévenme a mí- asegura que gritó uno de los testigos-.
Como respuesta, solo obtuvo más golpes.
Horas después, ya en la madrugada, uno de los testigos sacó valor para ir hasta el domicilio de Ramiro Licea, en la colonia Benito Juárez.
Los padres del joven, Mario Alberto y Herlinda, abrieron la puerta alarmados.
“Unos tipos se robaron mi carro -les dijo- y se llevaron a Ramiro”.
Las extorsiones
La escena anterior forma parte de la denuncia que uno de los testigos del suceso levantó ante la Fiscalía General de Tamaulipas por el robo del Dodge Charger, y en la que también se reporta el secuestro de Ramiro y de otra persona.
Dicha denuncia, a la que este medio tuvo acceso, se interpuso el 28 de abril, casi dos meses antes de la masacre del 19 de junio, cuando integrantes del crimen organizado asesinaron al azar a 15 civiles en Reynosa. Y dos meses antes de que el 24 de junio los Grupos de Operaciones Especiales (GOPES) detuvieran a cuatro personas como los presuntos secuestradores de 18 personas que estaban retenidas en una casa de seguridad en un paraje del municipio de Río Bravo, en la frontera norte con Estados Unidos.
Sin embargo, aunque se produjeron en tiempos diferentes, el secuestro de Ramiro Licea y estos sucesos están relacionados, como se expondrá a continuación.
Mario Alberto Licea, padre de Ramiro, cuenta en entrevista que poco después del secuestro también acudió ante las autoridades ministeriales para denunciar la desaparición de su hijo.
Pero asegura que una llamada telefónica lo hizo desistir.
“Me dijeron que sabían dónde vivíamos y que mejor no le moviera al asunto”, dice el hombre, carpintero de profesión. A continuación, explica que aunque no pusieron formalmente la denuncia, sí imprimieron fichas con el letrero de ‘Se Busca’ con los datos y la fotografía de Ramiro, en la que se aprecia a un joven de tez aperlada, ojos café claros y ligeramente rasgados, y tatuajes en en el brazo derecho y el hombro izquierdo.
También difundieron imágenes en redes sociales y en grupos de whatsapp, en las que Ramiro aparece con una gorra de una cadena de cines, uno de los empleos que tuvo, como empleado en un restaurante especializado en alitas.
“Planeaba juntar algo de dinero para retomar sus estudios en Ingeniería Ambiental”.
Los letreros y la difusión en redes no sirvieron. Los días y las semanas fueron pasando, y no había ninguna pista de Ramiro. Mala señal. Especialmente en un país, y en un estado, que cuenta a los desaparecidos y las fosas clandestinas por miles.
Pero un día hubo otra llamada telefónica.
“Nos pidieron 100 mil pesos de extorsión para que los que lo tenían secuestrado lo soltaran”, dice Mario Alberto, que asegura que tuvieron que “desbaratar” su casa para empezar a juntar algo del dinero que les exigían a cambio de su hijo.
“Mi esposa se deshizo de todos los muebles, y también vendimos la televisión y el carro. Pero ni así nos llegaba. Tuvimos que pedir ayuda a los amigos de mi hijo. Batallamos mucho para reunir ese dinero”.
Por si fuera poco, les pidieron otros 10 mil pesos extra, “que porque ya habían dado la orden de soltarlo y solo faltaba ese dinero”.
Mario Alberto fue a una tienda departamental y depositó 5 mil pesos. Y su esposa depositó el resto en otra tienda.
Todo estaba listo. Entre el miedo y la esperanza, el padre fue al lugar acordado en Reynosa y esperó durante tres horas y media a que apareciera su hijo.
Pero Ramiro nunca llegó.
“Nada más nos robaron el dinero. Nunca nos entregaron a nuestro hijo”.
De secuestrado a secuestrador
En los días siguientes, Mario Alberto admite que perdieron la esperanza. Casi ya daban por muerto a su hijo. Hasta que recibieron otra llamada al mediodía del jueves 24 del pasado mes de junio, esta vez de un amigo de la familia.
“Esta persona me habla y me dice: ‘oye, pusieron a tu hijo en el Código Rojo -una publicación digital de nota policiaca-. Apareció con otras 18 personas que estaban en una casa de seguridad’”.
“Me dio una gran alegría escuchar eso -dice Mario-. Porque, la mera verdad, ya pensaba que me lo habían matado”.
El carpintero se dirigió de inmediato a las instalaciones de la policía ministerial para abrazar y traer de vuelta a su hijo a casa. Pero, al llegar, no daba crédito de lo que le dijeron los uniformados.
“Después de dos meses de secuestrado, llego y me dicen que no, que mi hijo no está en calidad de secuestrado, de víctima, sino que lo tienen detenido en calidad de secuestrador. No me lo podía creer. Casi me da algo”.
Entonces, Mario Alberto vio los medios y se enteró de la gravedad del asunto. Ese jueves 24 de junio, la Fiscalía de Tamaulipas anunció ante los medios de comunicación que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), de la Secetaría de Seguriad Pública, detuvo a cuatro sujetos, entre los cuales, señaló la Fiscalía, podrían encontrarse dos participantes en la masacre ocurrida en Reynosa el 19 de junio, en la que fueron asesinados 15 civiles a manos del crimen organizado.
La Fiscalía tamaulipeca señaló que entre los detenidos estaba Ramiro ‘L’, alias el Wero.
Mario Alberto insistió: tenía que ser un error. Ese Ramiro ‘L’, alias el Wero, era su hijo Ramiro Licea Muñoz. Pero no era un secuestrador. Al contrario, era una víctima de secuestro. Y tenían como prueba la denuncia interpuesta por uno de los amigos de su hijo el pasado 28 de abril, en la que se reportaba su desaparición. Mario dice que también presentó copias de los letreros de búsqueda y copia de los mensajes en redes sociales que difundieron con fecha de 28 de abril, a los que Animal Político también tuvo acceso.
Además, una vez que pudo platicar con él, Mario cuenta que su hijo le aseguró que, al momento de la detención, elementos de los GOPES lo golpearon durante horas para que se incriminara. Y la madre del joven, Herlinda, dice entrevista que durante una visita al penal constató que Ramiro “estaba muy golpeado”.
“Traía el ojo morado, la frente pelada y un cachete muy inflamado”, dice la mujer, que ese miércoles acudió a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos a levantar una queja.
Juez vincula a proceso a cuatro detenidos
Pero nada de todo lo anterior fue suficiente. La Fiscalía estatal alegó que hay criminales que denuncian su propia desaparición para hacerse pasar por víctimas, y acusó a Ramiro de secuestro y narcomenudeo.
“Están fabricando a un culpable -responde rotundo Mario Alberto-. Mi hijo es una víctima de secuestro, no es un secuestrador, ni un criminal. Me lo golpearon, le pusieron un arma en la mano para que quedaran sus huellas, y le hicieron abrir la puerta de un carro, que agarrara el volante. Y como se resistió a hacerlo, lo golpearon para que se incriminara”.
Ayer jueves, un juez de control vinculó a proceso a los cuatro detenidos por los GOPES el jueves 24 de junio, entre los que se encuentra Ramiro, y Alfonso Margarito Aguilar González, de 27 años, cuya familia también denunció que estaba desaparecido desde el 24 de mayo.
En el caso de Ramiro y Alfonso Margarito, la organización civil Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo explicó a este medio que “el juez de control no hizo válidas las declaraciones ni los documentos de familiares que probarían que ambos estuvieron privados de su libertad junto a las personas rescatadas”.
La vinculación a proceso se produce en el fuero común a partir de la acusación de la Fiscalía Estatal. Pero, en paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR), que también participa en la investigación del caso, podría ahora acusar a los cuatro detenidos en una carpeta aparte por otros delitos, como delincuencia organizada y homicidio, por la masacre del pasado 19 de junio en Reynosa.
Un día antes de conocer la vinculación a proceso, Mario Alberto todavía se mostraba optimista.
“Mi hijo es inocente”, recalcó. “Así que espero que salga libre de esta pesadilla. Y si no, voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Da igual a dónde tenga que ir para sacarlo de la cárcel”, concluyó.
