Desaparición de mujeres se concentra en estos 5 estados
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Andrea Paredes @Driu_Paredes

Desaparición de mujeres se concentra en 5 estados; en Edomex ocurre una cada 12 horas

La trata con fines sexuales sería una de las principales causas de las desapariciones de menores y jóvenes. Mientras que en Tamaulipas quienes más desaparecen son hombres, en Puebla y Edomex son mujeres jóvenes.
Andrea Paredes @Driu_Paredes
6 de julio, 2021
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A Dulce nadie la ha vuelto a ver desde 2012, cuando fue secuestrada en un poblado de Tamaulipas. A Viridiana nunca la encontraron después de irse de campamento a Tenango del Valle, Estado de México, con su marido, cuyo cadáver apareció a los pocos días, también en 2012. Karina desapareció en la semana que anunció que se iba a vivir con un supuesto novio al que acababa de conocer en 2016 en Tehuacán, Puebla.

Lo que estas jóvenes tenían en común, además de estar en sus 21 años de edad, era vivir en tres de los estados que, junto con Jalisco y Nuevo León, concentran el 50% de las mujeres que han desaparecido en la última década en México.

Pero mientras que Tamaulipas, con una fuerte presencia de grupos del crimen organizado, tiene la tasa de desaparecidos más alta del país y la cantidad de hombres es más de tres veces superior a la de mujeres, en Edomex y Puebla ellas representan el 46% y 45% del total de personas que están sin localizar.

Esa proporción rompe también con el promedio nacional, que es de 24%, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), que recopila la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y del que Animal Político extrajo la información de los últimos 10 años mediante casi mil descargas manuales de datos.

De ese periodo, hay poco más de 14 mil mujeres que están desaparecidas en todo el país, es decir, cada día se le ha perdido la pista a 4 mujeres. Del total, casi 6 mil son menores de edad, 1.5 al día.

La madre de Dulce Yamellí —que pide no se dé su nombre— lleva nueve años buscando a su hija en Tamaulipas. La busca, muy a su pesar, en fosas clandestinas, convertida en restos, porque no cree que siga viva después de tantos años y cuando la causa de su desaparición fue el secuestro. Aquel 2012 fue el tercer peor año en desapariciones en ese estado, con 213 mujeres de las que no se ha vuelto a saber; luego hubo un ligero descenso, pero en 2017 volvieron a repuntar. Actualmente, acumula casi mil 850 mujeres desaparecidas desde 2011 y hasta junio de 2021.

En cambio, la madre de Viridiana Morales Rodríguez, Angélica Rodríguez, no ha dejado de buscarla viva, aunque se cumplen los mismos nueve años de ausencia. Ha perseguido pistas desde Morelos, su lugar de residencia, por Edomex, donde fue la desaparición, y otras entidades como Michoacán, Jalisco o estados del norte, donde le han dicho que van a parar mujeres que caen en manos de redes de trata de personas. Su búsqueda la ha llevado a recorrer prostíbulos, hablar con personas encarceladas y hurgar hasta en centros de rehabilitación de adicciones —los llamados Anexos—, de los que el gobierno no tiene control.

Lee: Cada día se reporta la desaparición de 9 mujeres de entre 12 y 17 años

Cuando su hija desapareció en el Estado de México, era una situación que apenas empezaba a crecer en la entidad: solo hay 58 registros de mujeres que no volvieron a casa, en 2013 se duplicaron y tres años después casi se triplicaron, hasta tocar su punto máximo en 2017, con 416 desaparecidas.

Hoy en día es la entidad con más mujeres no localizadas en números totales: hasta el 30 de junio de 2021 acumula 2 mil 72 casos.

Aunque las cifras oficiales muestran una caída atípica en 2019, ya que solo reportó 16 casos en todo el año, y en 2020 registró 118, en los últimos seis meses ya se cuentan el triple: van 358 mujeres de las que no se sabe dónde están. Una desaparecida cada 12 horas.

Esta situación ha llevado a que desde hace dos años sea la única entidad con una declaratoria de Alerta de Género exclusivamente por desapariciones, que se sumó a una Alerta anterior por violencia feminicida, la primera declarada en el país.

Trata de personas, la hipótesis oficial

La madre de Karina Alducín —que también pide reservar su nombre— está segura de que a su hija se la llevó una red de tratantes que opera en Tehuacán, Puebla, para explotarla sexualmente.

Cuando no supo de ella, se movilizó de inmediato, publicó anuncios y expuso en medios el nombre del antro al que la pareja de Karina le dijo que había ido sola. Así que el personal del bar la llamó y le facilitó los videos de seguridad, en los que se ve que la joven se fue con él. Pero la Fiscalía, cuenta, se quedó con la copia que era para ella y luego le dijo que no tenían ningún video de prueba.

Lo peor fue que la familia empezó a recibir amenazas, por lo que huyó a otro estado, desde donde ha tratado que el caso se vuelva del fuero federal y que se investigue a los funcionarios locales involucrados. Sin embargo, van a cumplirse cinco años en agosto y la carpeta de investigación ha ido y venido sin dar pistas de dónde está Karina, al grado de que piensa recurrir a instancias internacionales por la falta de acción de autoridades mexicanas.

Cuando a ella se le perdió la pista, Puebla atravesaba una ola de desapariciones de mujeres: entre 2016 y 2018 se tiene registro de 643 que ya nadie volvió a ver, el 70% de las casi mil mujeres que actualmente siguen sin ser halladas.

Entérate: Secretaría de Seguridad reconoce alza de 7% en feminicidios durante primeros cinco meses de 2021

Hasta ahora, el gobierno federal ha reconocido como hipótesis principal para la mayoría de ausencias femeninas la trata de personas. Así lo expusieron en Palacio Nacional en abril pasado, durante el último informe sobre personas desaparecidas, y el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, tanto el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.

“En todos estos datos de las mujeres que están reportadas como desaparecidas, la hipótesis principal es la trata de personas; esta hipótesis tiene que ser corroborada con información que nos tienen que dar y que todavía esta pendiente de entregar las diferentes Fiscalías y Procuradurías estatales, sin embargo, en casos de mujeres y niñas recuperadas, la hipótesis indica este delito”, señaló Quintana en noviembre.

En entrevista con Animal Político, Quintana reitera esa hipótesis y asegura que están tratando fortalecer un mecanismo de búsqueda de mujeres que ya existía, el Protocolo Alba. Esta guía, nacida en 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, por los constantes feminicidios, establece que los tres órdenes de gobierno tienen que coordinarse para empezar a buscar de inmediato con policías, y luego continuar la investigación ministerial. Pero actualmente ni siquiera es igual para todo el país.

“¿Qué estamos haciendo? Ya tenemos algunos meses trabajando en mesas con Conavim (la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y con diferentes Comisiones de Búsqueda locales, sobre todo trayendo la experiencia de varias comisionadas de Búsqueda que antes trabajaban el Protocolo Alba, también de varios estados, para poder armonizar, porque tú sabes que uno de los retos que tenemos en materia de búsqueda de mujeres en general y de niños y niñas en particular, pues es la homologación tanto de Alerta Ámber como del Protocolo Alba, y la amplitud, digamos, está muy difuso en quién hace qué”, señala.

Una de las dificultades para buscar, por ejemplo, en prostíbulos, es que se requiere una orden judicial que depende de las Fiscalías. Karla Quintana lamenta que en todo el proceso de crear un Protocolo para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de la República (FGR) nunca aceptó tener un acercamiento con la CNB.

Y es que otra razón que hace pensar en la hipótesis de la trata con fines sexuales es que la mayoría de mujeres que desaparecen son muy jóvenes o adolescentes. A principios de la década pasada, las menores de edad eran el 30% del total de desaparecidas, pero a partir de 2015 empiezan a superar el 45%.

El activista Juan Martín Pérez, que dirigía la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), explica que entre más chicas, más fácil es para los tratantes engancharlas a partir de un enamoramiento o de aislarlas de sus redes sociales y familiares, además de que el mercado sexual las prefiere niñas y así son más rentables. Asegura que esto es parte de las dinámicas de una guerra, donde los grupos armados —tanto criminales como el Ejército— buscan prostitutas o esclavas sexuales.

Lee más: Desaparecidos: la deuda permanente

“El perfil en términos de niñas, niños y adolescentes, como tú puedes ver son esencialmente víctimas mujeres, de 14 a 17 años de edad, además bastante georreferenciado la desaparición: Valle de México, el Bajío, parte de Tamaulipas, Puebla, que en realidad corresponden a las ya conocidas redes de trata, desde muchos años antes de la guerra, incluso. Hay un corredor de trata que viene desde Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, y alcanza ahora hasta Guanajuato, en general no llegaba tan lejos, era más hacia el centro. Entonces lo que nosotros vemos es que en realidad el crimen organizado cuando encontró que la trata de personas era un gran negocio, no solo para reclutar, sino también en el caso de las chicas adolescentes para esclavitud sexual, se estalló mucho la desaparición”, asegura.

Violencia machista: la desaparición como antesala del feminicidio

El 15 de mayo pasado, el esposo de Reyna González denunció que había desaparecido y logró rastrear que el último lugar al que había ido fue la casa de un hombre mayor que la acompañaba a hacer compras para su negocio. Cuando la policía fue a revisar, se destapó la más reciente historia de un presunto feminicida serial en México: Andrés “N”, de 72 años, tenía en el sótano de una casa de Atizapán, Edomex, restos humanos, objetos de uso femenino y una lista de 29 nombres, posibles víctimas de hasta tres décadas atrás.

Lo que se confirmó en cuestión de días fue que además de Reyna, estaban los restos de Flor Nínive y Rubicela Gallegos, que habían sido reportadas como desaparecidas en 2016 y 2019.

María Salguero, analista de datos que ha creado mapas para georreferenciar desapariciones de mujeres y feminicidios, recuerda que ha habido varios de estos casos a los que rápidamente se denomina como “monstruos”: tan solo en Edomex, el de Toluca, Óscar “N”, que cayó en 2019 por desaparecer y matar a tres mujeres; y el de Ecatepec, Juan Carlos “N”, detenido en 2018 con su pareja por posiblemente 20 feminicidios.

La desaparición para ellos fue solo la manera de ocultar sus asesinatos, porque sin cuerpo no hay delito, explica, y lo que les permitió además reincidir sin que se hiciera justicia para las víctimas.

“Si te fijas son varios, ¿y por qué son varios? Porque asesinaron desde la primera vez y vieron que no hubo consecuencia. Eso es lo que sucede. Y eso que no hay sanción, pues la impunidad crece”, señala.

“También se da dentro del ámbito familiar: hay veces que asesinan a la pareja y ocultan el cuerpo, lo inhumano clandestinamente, hay muchos casos así”, agrega.

La secretaria técnica del mecanismo de seguimiento a la Alerta de Género de Edomex, Yuritzi Castañeda, afirma en entrevista que la desaparición de mujeres sí tiene importantes diferencias con la de hombres, desde las causas, los efectos, y el proceso de revictimización que suele vivir la familia por estereotipos machistas.

Recuerda que el problema de las desapariciones en México empezó a crecer a partir de 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narco, pero considera que mientras los casos de hombres están más relacionados al crimen organizado, en los de mujeres se ven otros factores que apuntan a una violencia estructural.

“Aunque sí hay cierto grupo de desaparición de mujeres que tiene que ver con el narcotráfico, la verdad es que la mayoría tiene que ver con otro tipo de violencia que sufren las mujeres, que tiene que ver más allá de esto, con esta violencia cotidiana de acoso, de hostigamiento, de violencia física, de violencia psicológica, etcétera. Y bueno, que puede ser esta antesala al feminicidio”, señala.

En Nezahualcóyotl, uno de los 95 municipios donde se han creado Células de Búsqueda para hacer rastreos especializados, la coordinadora Yuritzi Hernández de la Rosa se ha topado con casos así: uno de los más recientes, el de Andrea, una joven de 21 años encontrada muerta después de haber sido torturada en un cuarto de hotel el pasado 29 de marzo.

Su presunto asesino estuvo en esa misma oficinita detrás del Palacio Municipal denunciando la desaparición de la joven porque la mamá de ella lo obligó a reportarla. Ella de inmediato pensó en el cuerpo que habían hallado en el hotel, y aunque primero no tenían elementos para aprehenderlo, cuando la Fiscalía obtuvo las primeras pruebas, ahí mismo él confesó que la había golpeado hasta que terminó por matarla.

“En los hombres tenemos una ruta de que puede ser un alcoholismo, puede ser una adicción, algún padecimiento psiquiátrico, o algún delito, también. Pero en las mujeres tenemos que fijarnos si es una problemática de que son víctimas de violencia, o de que fueron desaparecidas por su compañero de vida, porque también eso nos ha pasado: los asesinos vienen a reportarlas como desaparecidas y son los feminicidas, ellos son los que asesinan a las mujeres. Y los agresores, los feminicidas vienen descaradamente aquí a levantar el reporte”, cuenta.

En 2020 se tiene registro de 2 mil 73 mujeres desaparecidas en todo el país, tan solo 10 menos que el peor año que se había tenido, 2017. Y en 2021 ya va la mitad de esa cifra, con mil 26 casos. Un problema que pese a la creación de Comisiones de Búsqueda Nacional y locales no da señales de ceder.

Este proyecto fue apoyado por Microsoft y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin, como parte de una iniciativa de capacitación y financiamiento de periodismo de datos.

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El Halconazo: cómo fue la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
9 de julio, 2022
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de “Tiempo suspendido”, un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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