El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que en todas las señales y canales multiprogramados utilizados para la transmisión del Programa Aprende en Casa, sean utilizadas para la difusión de la Consulta Popular.
En sesión ordinaria, las y los consejeros electorales avalaron por mayoría concluir la cesión de los tiempos del Estado en radio y televisión, destinados a la programación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundida a partir de la pandemia por COVID-19.
A partir del próximo 15 de julio hasta el 1 de agosto, se destinará la totalidad de los tiempos en radio y televisión para la promoción de la Consulta Popular, la primera en el país, producto de la reforma de 2014, que se llevará a cabo el primer domingo de agosto.
El tiempo coincidirá con el periodo vacacional establecido en el calendario oficial de la SEP, que establece el inicio de las clases hasta el 30 de agosto.
Además, el Consejo General validó la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales correspondientes al tercer trimestre del año, que va del 1 al 14 de julio y del 2 de agosto al 30 de septiembre.
Por lo tanto, en sesión se acordó que la totalidad de los tiempos serán distribuidos en un 50% entre los partidos políticos de forma igualitaria y el 50% restante entre el INE y el resto de las autoridades electorales.
“Lo que se ha previsto es que el cien por ciento de la pauta sea dedicada a la Consulta, entonces para quienes suelen querer ver cosas que no hay donde no las hay, pues el INE se va a volcar a la difusión de la Consulta en los plazos legales y que determinó el Congreso de la Unión”, aseguró Ciro Murayama, consejero electoral.
Igualmente avalaron ordenar a los concesionarios de radio y televisión que a partir del 12 de julio en todas sus señales y canales multiprogramados transmitan los promocionales encaminados a la difusión de la Consulta Popular.
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Con base en esta aprobación, la Secretaría Ejecutiva será la que notifique la decisión a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), así como a los concesionarios de radio y televisión, los partidos políticos nacionales y locales y demás autoridades electorales.
Ya el pasado 19 de abril, la Secretaría de Hacienda negó al INE una ampliación de presupuesto para organizar la consulta, lo cual se suma a que el mismo Instituto anunció que había obstáculos presupuestales para el ejercicio.
Asimismo, se desplegarán menos mesas de votación de las que se utilizaron en las elecciones del 6 de junio pasado y se reutilizarán materiales empleados para las mismas.
¿De qué va la Consulta Popular?
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que con este ejercicio se busca llevar a juicio a expresidentes; sin embargo, el resultado de no obligará a instancias de procuración de justicia a procesar, enjuiciar o encarcelar en automático a exmandatarios.
Es más, la pregunta que validó la Suprema Corte no incluye en ninguna parte la palabra “expresidentes”, ni los nombres de aquellos a los que se pretende llevar a juicio.
Es cierto que López Obrador envió al Senado una petición de consulta en la que sí se mencionaba explícitamente los nombres de los exmandatarios, pero luego la Corte discutió esa propuesta de pregunta y la modificó.
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La pregunta del presidente iba así: “¿Quieres que se investigue, y de conformidad con la ley que se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?”
Mientras que la que finalmente será presentada en la Consulta será esta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
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La cuestión ha sido criticada por su ambigüedad en cuanto a la precisión sobre los actores que podrían ser enjuiciados, así como su carácter vinculante.
Para que la Consulta pueda lograr su objetivo – que es enjuiciar a actores políticos del pasado – se requiere que participe y vote el 40% del listado nominal, o sea 37 millones de personas, 7 millones de votos más que los que obtuvo López Obrador cuando ganó la presidencia en 2018.
Aquí te contamos a detalle lo que explicaron expertos sobre la Consulta Popular: De qué trata la consulta popular, cómo se llevará a cabo y por qué no es para enjuiciar a expresidentes.
