INE avala multa a Samuel García por propaganda de Mariana Rodríguez
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INE avala multa a Samuel García por propaganda de su esposa, Mariana Rodríguez

A favor de la sanción se pronunciaron los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera, Ciro Murayama, Carla Humphrey, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, quienes argumentan que Mariana Rodríguez, como persona física con actividad empresarial es un ente prohibido para hacer donaciones en especie a la campaña de un candidato.
Cuartoscuro
22 de julio, 2021
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la multa de 55 millones de pesos contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por la difusión de fotos e historias fijas en Instagram que hizo su esposa, Mariana Rodríguez, durante la campaña electoral.

Con 8 votos a favor y 3 en contra, los consejeros aprobaron la multa contra el futuro gobernador con 27.8 millones de pesos, más 60 mil por la aparición de la influencer en un video que no fue reportado como gastos de campaña; también sanciona a su partido, Movimiento Ciudadano, con 55.4 millones de pesos.

A favor de la sanción se pronunciaron o los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera, Ciro Murayama, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, quienes argumentan que Mariana Rodríguez, como persona física con actividad empresarial es un ente prohibido para hacer donaciones en especie a la campaña de un candidato.

Sostuvieron también que hay una irregularidad grave porque es titular de su propia marca y está registrada ante el SAT, como persona física con actividad empresarial.

Las publicaciones que contempla el proyecto consisten en 1,300 historias de Instagram y 45 fotografías desde el inicio de la campaña (publicadas durante 90 días).

“Por supuesto que puede participar y aparecer, lo que no puede es usar la fuente de su ingreso que la convierte en empresaria y en actividad mercantil para usarlo en una campaña”, explicó Córdova.

El consejero Jaime Rivera sostuvo que la actividad de Rodríguez rebasó la libertad de expresión, e hizo proselitismo

“La actividad empresaria publicitaria de Mariana Rodríguez fue parte de la campaña de Samuel García, no se sanciona el apoyo personal ni se pretende limitar su libertad de expresión”, explicó.

En el mismo sentido, el consejero Ciro Murayama explicó que estar casado con alguien no es agravante ni atenuante en la ley electoral por lo que el matrimonio entre García y Rodríguez debe separarse de la discusión.

“Las aportaciones en especie de una persona con actividad empresarial son válidas siempre y cuando no alteren el giro de su negocio. La ciudadana cobra por hacer campañas publicitarias e hizo una campaña publicitaria, dedicó su actividad empresarial a una campaña política y eso es lo que se debió haber contabilizado”, argumentó.

En tanto, la consejera Dania Ravel y el consejero José Roberto Ruiz se manifestaron contra la sanción al argumentar que es incongruente y que se le objetiviza a Mariana Rodríguez por apoyar a su esposo.

“Es la actitud esperable de una esposa. Se le está dando una posición de marca, se le objetiviza. Me parece raro”, argumentó Ruiz.

Ravel consideró que el debate es sobre libertad de expresión y que no puede deslindarse la individualidad de Mariana Rodríguez de la marca que lleva su nombre.

La representación del Partido Verde incluso pidió aumentar los montos de la sanción y contemplar el monto más alto que cobra la influencer por publicidad en redes sociales.

En otra resolución, el INE aprobó por unanimidad otra multa a Movimiento Ciudadano por triangulaciones indebidas de la familia de Samuel García a la campaña del candidato.

Animal Político dio a conocer en abril pasado una investigación federal y bancaria que identificó que la esposa, el padre y el suegro del gobernador electo de Nuevo León están implicados en una trama de transferencias millonarias señaladas como sospechosas por las áreas antilavado del sistema financiero que ascienden a más de 180 millones de pesos.

Mariana Rodríguez denuncia violencia política de género

La influencer presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja por violencia política de género, al considerar que la Unidad de Fiscalización del INE violentó sus derechos al obligarla a cobrarle a su esposo Samuel García por la “publicidad” que le hizo a través de sus redes sociales.

“Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una ‘aportación en especie’. Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo, o ejercer libremente nuestra profesión”, publicó Rodríguez este 22 de julio, previo a la votación del INE.

Tras la resolución, Movimiento Ciudadano respondió que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

“Las publicaciones que Mariana Rodríguez realizó en sus redes sociales sobre su esposo, Samuel García, entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, que el INE pretende cuantificar como si fuera un servicio comercial, son mensajes de legítimo apoyo y en libertad de expresión”, argumentó el partido político.

También agregó que en 2018 se descartó como gastos de campaña las publicaciones que Mariana Rodríguez sobre Samuel García, entonces candidato a senador de la República.

“El Tribunal Electoral falló a favor de Samuel García. Estableció que se trató de publicaciones protegidas por la libertad de expresión que no constituyeron irregularidades en la fiscalización ni un gasto que se debe reportar”, advirtió.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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