Lalo tiene 14 años. Jonathan, 13. Son primos, pero parecen hermanos: van juntos a todas partes. A comer, a estudiar, a jugar futbol, a escuchar música en el celular, a comprar a la tiendita… “Son inseparables”, resume en pocas palabras su abuela, María Miguelina, de 52 años.
El pasado viernes, los primos también fueron juntos a la casa de su tío Alberto Jiménez. Querían preguntarle si tenía algún trabajo para sacarse unos pesos extra.
En La Patrona, una comunidad rural con altos índices de pobreza del municipio de Amatlán, en la zona centro de Córdoba-Veracruz, los empleos formales no abundan. Así que Lalo y Jonathan compaginaban la escuela por la mañana -cursaban el tercer y segundo grado de secundaria, respectivamente- con trabajos esporádicos por las tardes, como limpiar banquetas y lavar carros.
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Alberto explicó lunes en una conferencia que, por echarles la mano, les ofreció que le lavaran una camioneta blanca que tenía estacionada en el patio de tierra arcillosa de su domicilio, a unas cuadras de la iglesia de la comunidad.
De inmediato, Lalo se quitó la playera y Jonathan los tenis, y se pusieron a chambear.
Alberto los dejó y regresó al interior de su casa, al dormitorio, donde su esposa cambiaba a la bebé. Poco después, alrededor de las 14 horas, estalló el caos.
“Escuché una ráfaga de detonaciones y lo primero que pensé es que había un enfrentamiento armado en la calle”, narra el veracruzano. “Pero nunca pensé que nuestro hogar estaba siendo atacado”.
A continuación, Alberto asegura que él y su esposa estaban buscando un refugio en el dormitorio para proteger a la bebé de la balacera, cuando dos elementos de la Fuerza Civil, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, irrumpieron en su recámara de manera violenta.
“Nos hincaron de rodillas y empezaron a preguntarme que dónde estaban los otros y que dónde estaban las armas. Yo solo dije que estaba mi esposa, la bebé, y mis sobrinos, y que no teníamos armas. Que podían registrar la casa si querían”, afirma Alberto.
“Admito que al principio sentí tranquilidad de que eran policías -agrega-. Le dije a mi esposa: tranquila, no va a pasar de que nos interroguen y se retiren. Nunca me imaginé que íbamos a tener un desenlace así”.
Tras el interrogatorio, Alberto dice que quiso salir al patio para asegurarse de que sus sobrinos estaban bien. Pero los policías se lo impidieron y lo obligaron a que saliera por otro acceso de la vivienda.
Fue hasta después que se enteró de la noticia: habían baleado a los jóvenes. Uno quedó acostado de lado y con un impacto de bala en la espalda. El otro estaba boca arriba; con un tiro en la cabeza y la mirada en el cielo.
Eduardo y Jonathan yacían muertos a menos de un metro de distancia.
“Mis nietos planeaban irse juntos a estudiar la prepa; siempre decían que nunca se separarían -recuerda en entrevista su abuela, María Angelina-. Pero nunca imaginamos que estarían juntos en el mismo entierro”.
“Los policías dispararon a lo pendejo”
Tres días después del suceso, la conmoción y el enojo entre los pobladores de La Patrona continúa. El sábado pasado, pobladores de la comunidad hicieron un bloqueo sobre la autopista Córdoba-Veracruz para exigir justicia.
“No eran delincuentes, eran niños inocentes”, clamaban.
La protesta terminó con la intervención de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que hicieron uso de gas lacrimógeno, toletes y escudos para desalojar a la fuerza a los jóvenes y adultos que integraban el bloqueo, reportó el diario El Mundo de Córdoba.
La protesta estalló luego de que las autoridades de seguridad veracruzanas emitieran el día de los hechos un comunicado asegurando que la muerte de los menores fue el resultado de un “enfrentamiento” con “civiles armados”.
“Derivado de un reporte al C4 sobre la presencia de un grupo integrado por seis civiles armados a bordo de dos unidades vehiculares, los oficiales se trasladaron a la carretera estatal Amatlán-Cuichapa, frente al parque de la comunidad La Patrona, en donde fueron atacados con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión que tuvo como consecuencia dos menores de edad fallecidos”, narra el escrito, en el que también se detalla que los presuntos agresores huyeron dejando dos camionetas con droga y una arma de fuego.
Según los primeros reportes, al parecer los supuestos delincuentes que dispararon a los policías habrían abandonado los vehículos y trataron de escabullirse entre las viviendas de la zona. Y en esa persecución, en mitad del fuego cruzado, los menores corrieron asustados y resultaron muertos a tiros.
Sin embargo, la familia de Eduardo Jiménez Aguilar y Jonathan Herrera Aguilar rechaza tajantemente la versión de las autoridades, así como cualquier vínculo de los menores con el crimen organizado o la delincuencia.
“Estos policías nada más dispararon a lo pendejo. Ahora se quieren lavar las manos diciendo que venían persiguiendo a alguien. Pero mis nietos estaban lavando un carro, los ejecutaron”, acusa Armando Aguilar Castro, abuelo de los menores, en declaraciones recabadas por la agencia veracruzana AVC noticias.
“Queremos limpiar el nombre de mis nietos: ellos no eran narcotraficantes”, subraya por su parte María Miguelina en entrevista con Animal Político.
“Eran unos niños buenos, estudiantes, trabajadores, y muy humildes, como la mayoría de la gente de aquí. Si mis nietos fueran narcos, o anduvieran en malos pasos, ¿cree que el pueblo nos apoyaría? ¿Qué hubiera salido a protestar y a exigir justicia?”, pregunta la mujer, que demanda que la Fiscalía veracruzana abra una carpeta para investigar la actuación de la Fuerza Civil.
“Queremos saber a qué coche perseguían, a quiénes perseguían. Porque hay muchos testimonios de que los policías no estaban persiguiendo a nadie y abrieron fuego”, apunta María Miguelina.
“No fue persecución, ni enfrentamiento”
Las Patronas, una asociación civil defensora de derechos humanos muy conocida en la región por la ayuda que brindan a las personas migrantes que viajan en el tren, también rechazó en un comunicado la versión oficial de un enfrentamiento armado entre autoridades y criminales.
“Lo que constatamos fue la entrada de la Fuerza Civil a la comunidad, sin ninguna orden judicial, disparando, ocultando información y negando el reconocimiento de los cuerpos de los adolescentes a sus familiares (…). Reiteramos: no fue persecución, ni enfrentamiento”, recalcaron Las Patronas en un escrito dirigido al gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, al secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Alberto Jiménez, el tío de los menores, dio el lunes una conferencia de prensa en La Patrona para explicar que es de su propiedad uno de los vehículos que presentó la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana como implicado en el suceso.
Jiménez rechazó que tuviera drogas ni armas en el vehículo, y mostró facturas que probarían que son de su propiedad y no robados, como también apunta la autoridad.
“Lo niego rotundamente”, subrayó. “Quiero que se limpie la imagen de los dos menores y que se esclarezca todo. Que se me dé la oportunidad de demostrar que mis vehículos no tenían reporte de robo, que yo no tengo ningún arma, ni antecedentes penales”.
Ayer lunes, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que se revisará la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el caso de los dos adolescentes muertos en La Patrona.
No obstante, el mandatario insistió en que los menores murieron durante un fuego cruzado y reiteró la versión oficial de que los agentes policiacos respondieron a una agresión armada de supuestos delincuentes.
