Más de 3.9 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en Estados Unidos, y entre el 70% y el 90% de las armas aseguradas en escenas criminales han sido traficadas ilegalmente desde ese país, aseguró el gobierno mexicano en su demanda civil de daños contra fabricantes del país norteamericano.
Del total de armas estadounidenses recuperadas en crímenes violentos, el 68.4% han sido producidas solo por siete empresas, mismas que fueron objeto de la demanda del gobierno de México: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett; también fue demandado el distribuidor Interstate Arms.
La demanda civil, presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, acusa a los fabricantes de haber “inundado” el país con armas traficadas ilegalmente; de haber “victimizado” al gobierno mexicano y a su población, y, en general, de haber “escrito una historia de horror” de este lado de la frontera.
La acusación de 139 páginas afirma que dichas empresas son responsables de armar a los cárteles de la droga y otros grupos criminales, y las señala de negligencia en sus prácticas comerciales, que incluyen el apoyo de distribuidores corruptos, en aras de obtener ganancias millonarias.
El documento estima que, de las 873 mil armas que anualmente son introducidas a México desde Estados Unidos mediante el tráfico ilegal, entre 342 mil y 597 mil surgieron de los fabricantes y vendedores acusados. Las ganancias obtenidas por estos rondaría los 170 millones de dólares al año.
La denuncia sostiene que las empresas demandadas son conscientes de que sus armas, que en su mayoría son para uso bélico, terminan en manos de los cárteles mexicanos y que son utilizadas en actividades de tráfico de drogas, homicidios, secuestros y extorsiones; incluso, señala que algunas armas son producidas o diseñadas específicamente para gusto de los narcotraficantes.
El documento menciona algunos de los casos violentos en los que fueron utilizadas armas fabricadas por las compañías demandadas. Por ejemplo, en el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020, fueron hallados tres rifles Barrett calibre .50, una pistola Smith & Wesson 9 mm, un rifle Smith & Wesson 5.56 mm, un rifle Ruger 5.56 mm, y un rifle Colt 5.56 mm.
Otro ejemplo es el de la persecución y detención -temporal- de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. La acusación indica que los sicarios superaron en poder de fuego a las Fuerzas Armadas con rifles Barrett calibre .50, armas de asalto tipo AK-47 y AR-15, y armas cortas Beretta y Glock.
“Armas de varios de los acusados (los fabricantes) fueron usadas por sicarios en una balacera con la Guardia Nacional, el Ejército y policías (…). Pero los sicarios que llegaron a la escena alcanzaron superioridad de fuego teniendo vehículos montados con armamento pesado y armas de varios de los acusados”, cita el documento judicial.
En el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en 2017, también fue utilizada un arma corta de Colt, empresa responsable de la fabricación de más de 2 mil armas de asalto recuperadas en México entre 2006 y 2018, según la demanda.
“Colt ni siquiera intenta esconder su complacencia con el mercado criminal en México. Colt produce tres modelos de armas que específicamente están dirigidos al mercado mexicano. Estos son la pistola calibre .38 ‘El Jefe’, la calibre .88 ‘El Grito’, y la calibre .38 ‘Emiliano Zapata 1911’. Estos modelos son símbolos de estatus y son codiciadas por los cárteles de la droga, y son traficadas a México desde Estados Unidos en grandes cantidades”, cita la denuncia.
Agrega que el homicidio de Miroslava Breach –periodista investigadora de círculos de tráfico de drogas, corrupción y violaciones a los derechos humanos– fue cometido, precisamente, con una pistola Colt edición “Emiliano Zapata”, un símbolo revolucionario de la libertad. La demanda califica esta situación de “cruel ironía”.
La importancia del mercado criminal mexicano para los fabricantes de armas es tal que, según la denuncia, el 47% de los distribuidores estadounidenses se iría a la quiebra si aquél no existiera.
A su vez, la Cancillería aseguró que el número de homicidios con armas de fuego en México a lo largo de los años ha aumentado a la par del incremento de la producción de armamento de tales empresas, lo que ha causado que el país sea el tercer lugar mundial en muertes por arma de fuego.
“El porcentaje de homicidios en México cometidos con un arma subió de 25% en 2004 a más de 69% en 2018. (…) Este aumento fue provocado en gran parte por el incremento en la producción en EU específicamente de armas de asalto, y su tráfico hacia México”, dice la demanda.
“Un arma fabricada en EU es más susceptible de ser usada para asesinar a un ciudadano mexicano (17 mil en 2019) que a uno estadounidense (14 mil en 2019). Y México tiene sólo el 40% de la población de EU y sólo una tienda de armas (el Ejército)”.
La acusación afirma que el Estado mexicano ha sido perjudicado patrimonialmente por las prácticas negligentes de las empresas denunciadas, por ejemplo, por los costos relacionados con la atención médica a las víctimas del tráfico de armas; las muertes y lesiones del personal de seguridad; el entrenamiento especial para militares y policías; servicios de salud mental para las víctimas y sus familias; cuidado de niños huérfanos; pérdida de la eficiencia y el tamaño de la población trabajadora; daños a la propiedad de las comunidades, y reducción de la inversión y la actividad económica.
En sus últimas páginas, la acusación menciona los nombres de personas que han sido víctimas de asesinato con armas de fuego y cuenta brevemente sus historias. “No son estadísticas”, establece el documento.
La demanda de México exige no solo una reparación económica de parte de los fabricantes de armamento, sino que estos implementen estándares verificables para monitorear a sus distribuidores y mecanismos para evitar que las armas sean utilizadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia.
“De no ser por la conducta indebida de los acusados, habría mucho menos armas en México, y mucho menos armas en manos de los cárteles. Aún habría serpientes –en la forma de organizaciones criminales–, pero tendrían mucho menos veneno para infligir daño”, dice el documento judicial.
En un comunicado, la Asociación Industrial de Comercio de Armas de Fuego en los Estados Unidos rechazó que el incremento de la violencia en México sea responsabilidad de las empresas que fueron denunciadas, y dijo que la culpa es de los grupos del crimen organizado que operan con altos márgenes de impunidad.
Ataques con armas de fuego se duplican en México, pero decomisos e investigaciones se estancan
En los últimos seis años, las agresiones con armas de fuego que han dejado personas muertas o lesionadas en el país se han elevado más del 100%. Actualmente, 7 de cada 10 asesinatos se cometen con pistolas o rifles de alto poder. Sin embargo, ni los decomisos ni las investigaciones relacionadas con la posesión y uso de estas en México han crecido en la misma proporción.
Datos oficiales aportados por las fiscalías del país ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que, en el primer semestre de 2021, se registraron un total de 16 mil 867 víctimas de ataques con armas de fuego, de las cuales, 11 mil 647 murieron y 5 mil 220 resultaron heridas.
En tanto, en el mismo periodo pero de 2015, la cifra fue de 8 mil 289 víctimas de agresiones armadas, de las cuales, 5 mil 25 fueron asesinatos y 3 mil 265 resultaron lesionadas.
Lo anterior representa un incremento superior al 103% en la cifra total de víctimas de estos ataques. Y en el caso específico de los homicidios dolosos, se trata de un alza superior al 131%.
El incremento de la violencia armada ha sido progresivo. Mientras que en el primer semestre de 2015 los homicidios dolosos con armas de fuego ascendieron a 11 mil 647, para el periodo de enero a junio de 2016 pasaron a 6 mil 171; en 2017 a 9 mil 231; en el mismo periodo de 2018 llegaron a 11 mil 459; y en 2019 alcanzaron los 12 mil 250.
En el primer semestre de 2020 el total de asesinatos con armas de fuego llegó a las 12 mil 666 víctimas, y apenas en 2021 se registró una ligera reducción con 11 mil 647.
La proporción de los asesinatos que se cometen con pistolas y rifles de diversos tipos también ha crecido. En el primer semestre de este año, los 11 mil 647 homicidios con armas de fuego representaron el 69.7 por ciento del total de homicidios cometidos. Dicho de otra forma: 7 de cada 10 asesinatos se cometieron con estos artefactos.
En 2015, en cambio, los 5 mil 24 asesinatos con armas de fuego representaron el 58.2% de todos los homicidios registrados en dicho periodo. Es un 10% menos que la proporción que se registra actualmente.
Y en 1997, el año mas antiguo del que hay registro, menos del 30% de los asesinatos que se contabilizaron se cometieron con un arma de fuego.
Decomisos e indagatorias no crecen
Aunque el gobierno de México sostiene que el incremento del tráfico de armas a través de la frontera –adquiridas sobre todo por cárteles de la droga– ha impulsado la espiral de violencia, ni los decomisos ni las investigaciones relacionados con la portación o utilización de armas de fuego en nuestro país han avanzado en la misma proporción.
Por ejemplo, datos de la campaña permanente para el combate al narcotráfico y violaciones a la Ley de Armas de Fuego que encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional arrojan que en 2020 se decomisaron, en total, 5 mil 879 armas largas y cortas, un incremento de solo el 6% respecto a las 5 mil 513 recuperadas en 2015. Sin embargo, la proporción en la que los asesinatos con armas crecieron en ese mismo periodo fue superior al 100%.
Algo similar ocurre con la cifra de cartuchos recuperados. En el primer semestre de este año se decomisaron 947 mil 508 cartuchos de todos los calibres, que, en comparación con los 922 mil 853 asegurados en 2015, representa un incremento marginal del 2.6%.
En cuanto a granadas aseguradas, la cifra incluso se desplomó al pasar de 751 artefactos en 2015 a solo 432 artefactos recuperados en 2020.
Los datos del primer semestre de 2021 son aun menos favorables; en este lapso se recuperaron 2 mil 678 armas cortas y largas, promedio que, de mantenerse, arrojaría para el final de año una reducción respecto a lo decomisado en 2020.
En el caso de los cartuchos solo se han recuperado 264 mil 075, 45% menos de los que se habían recuperado en el primer semestre de 2020.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) inició en el 2020 un total de 14 mil 416 carpetas de investigación por delitos relacionados con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se trata de casos relacionados con la portación, almacenamiento y/o uso ilegal de armas de fuego que además son de calibres reservados para las fuerzas armadas.
En comparación con el 2015, cuando la cifra de carpetas iniciadas ascendió a 15 mil 353, se trata de una reducción del 6.11%.
Es decir, pese a que se ha incrementado la violencia asociada con las armas de fuego, que el gobierno de México atribuye a una mayor producción y tráfico de estas desde Estados Unidos, las investigaciones relacionadas con dicho ilícito en nuestro país se han reducido.
