Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos-Segunda aprobaron en lo general el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Con una votación unánime de 8 votos a favor, en cada comisión, cero en contra y ninguna abstención, el dictamen pasó al pleno, donde se discutirá en lo particular.
La iniciativa de Morena contempla una pregunta directa y que el Instituto Nacional Electoral (INE) instale el mismo número de casillas que en una elección federal.
Horas antes, ambas comisiones aprobaron un receso para discutir en lo particular el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Sin embargo, al retomar la reunión de trabajo, los senadores de ambas comisiones acordaron discutir en el pleno tres propuestas de adiciones y la redacción de dos artículos.
De aprobarse el proyecto, el INE tendría que garantizar la instalación de, al menos, 156 mil 807 casillas para la consulta de revocación de mandato, que es la cifra de urnas aprobadas en los comicios de 2018.
“El Instituto implementará todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar la instalación de la misma cantidad de casillas instaladas en las elecciones federales en las que resultara electa la persona sujeta a revocación de mandato, habilitando los mismos inmuebles que fueron determinados para la jornada electoral federal inmediata anterior”, señala el artículo 35 del proyecto de Ley Federal de Revocación de Mandato, al que tuvo acceso Animal Político.
Fuentes de la dirigencia de Morena comentaron que la intención de la iniciativa es evitar que se repita la escasa participación ciudadana de la pasada consulta popular del 1 de agosto, que en gran medida se explicó por el hecho de que el INE, a falta de presupuesto, instaló sólo un tercio de las casillas que hubo en 2018, esto es, 57 mil 087.
Las fuentes afirmaron que el partido es consciente del error que significó no asignarle al árbitro electoral los recursos necesarios, por lo que, esta vez, su bancada en la Cámara de Diputados –que es mayoritaria– aprobará el presupuesto que requiera el INE específicamente para organizar la consulta de revocación de mandato, que tendrá lugar en marzo de 2022.
