Corte resolverá si Chihuahua es víctima de desfalco de 250 mdp
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Corte resolverá si reconoce a Chihuahua como víctima de desfalco de 250 mdp

El Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua explicó que si la sentencia es favorable, la Fiscalía estatal podría retomar y reactivar la investigación por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y otros funcionarios federales.
Cuartoscuro
17 de agosto, 2021
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este 18 de agosto un amparo que decidirá en definitiva si el Estado de Chihuahua tiene calidad de víctima por el desvío de 250 millones de pesos en 2016 que habrían sido usados para financiar campañas del PRI, caso conocido como “Operación Zafiro” y en el que presuntamente participaron de manera concertada funcionarios del gobierno de César Duarte y de la Secretaría de Hacienda federal.

La Primera Sala de la Corte enlistó la discusión del juicio de amparo 921/2019 para la sesión pública de este miércoles. El ponente del proyecto –que aún no está disponible para su consulta— es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Jorge Espinosa Cortés, Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, explicó que si la sentencia de la SCJN es favorable, la Fiscalía General del Estado (FGE) podría retomar y reactivar la investigación por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y otros funcionarios federales de la administración de Enrique Peña Nieto.

Gutiérrez, excolaborador de Manlio Fabio Beltrones, quien era dirigente nacional del tricolor en el año de los desvíos, fue exonerado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entonces dirigida por Alberto Elías Beltrán, en lo que el gobierno de Chihuahua ha calificado como una operación de encubrimiento orquestada desde la administración de Peña Nieto y en complicidad con jueces federales.

“Si el estado de Chihuahua recupera la calidad de víctima, no tendría por qué surtir efectos el sobreseimiento (a favor del exsecretario del PRI), porque la víctima nunca dio ese consentimiento, es decir, el estado de Chihuahua nunca consintió que la hoy FGR le solicitara al juez de control federal el sobreseimiento, por lo cual, al no haberse considerado el consentimiento del estado de Chihuahua, y de recuperarse el caso, se tendría que continuar el proceso en contra de esta persona”, explicó Espinosa Cortés en entrevista.

“El gobierno federal de Peña Nieto hizo hasta la imposible por quitarle el caso a Chihuahua y llevárselo a la Federación, y allá de alguna manera pretendieron exonerar a Alejandro Gutiérrez, y obviamente hicieron una operación importante con el Poder Judicial de la Federación (PJF) para lograr esos fines”.

El Consejero Jurídico expuso que, desde febrero de 2018, jueces federales de un Tribunal Colegiado resolvieron que la investigación por la “Operación Zafiro” no era de competencia estatal, lo que provocó que la Federación, a través de la PGR, atrajera el caso, que finalmente fue sobreseído, luego de que agentes del Ministerio Público Federal retiraron los cargos contra Gutiérrez.

Para sellar la maniobra, abundó el funcionario chihuahuense, el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, determinó el 4 de mayo de 2018 que el estado de Chihuahua no tenía el carácter de víctima en la causa penal de la “Operación Zafiro”, al considerar que los recursos públicos que habrían sido desviados eran de carácter federal, no estatal.

“Es de mucha importancia lo que la Corte va a resolver el miércoles, porque, si reconoce que esos recursos son estatales, entonces se tendría que reponer todo el procedimiento penal para el que estaba en ese momento procesado (Alejandro Gutiérrez) y se pudiera continuar con investigaciones importantes que quedaron pendientes por haberse arrebatado ese asunto y llevado a la Federación”, indicó Espinosa Cortés.

“Están todos los elementos y las pruebas que acreditan que el recurso es estatal y no federal, incluso las mismas autoridades federales, empezando por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siempre han establecido que ese recurso no es federal y que al erario federal no se le ha causado ningún daño”.

El Consejero Jurídico Espinosa Cortés refirió que el gobierno de Chihuahua presentó denuncias penales y administrativas en contra del extitular de la PGR Elías Beltrán, al que se acusa de obstrucción de la justicia por haber propiciado el sobreseimiento del caso por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez.

También se promovieron quejas administrativas ante el CJF en contra de dos juzgadores federales: el juez Moreno García  —quien determinó inicialmente que el estado no puede ser reconocido como víctima del desfalco y que autorizó que el exsecretario del PRI fuese trasladado fuera de Chihuahua para ponerlo a salvo— y el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien dictó el sobreseimiento de la causa penal contra Gutiérrez.

Irían tras cómplices de Isaac Gamboa

Al margen de que la determinación de la Corte pueda permitir o no la reactivación de la causa penal contra Alejandro Gutiérrez, dos exfuncionarios del gobierno de César Duarte ya se encuentran sujetos a proceso por su presunta participación en el desvío de 250 millones de pesos que fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda federal –entonces encabezada por Luis Videgaray— a la Secretaría de Educación y Cultura de Chihuahua.

Se trata de Gerardo Villlegas, que era director de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, y Antonio Tarín, quien fungía como presidente del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. En 2017, siendo diputado federal, este último se atrincheró en San Lázaro para evitar ser aprehendido.

“El proceso penal federal por este delito ha continuado, no se ha detenido en relación con otros dos procesados, ese asunto está en el Reclusorio Norte y continúa su curso normal del proceso. ¿Qué es lo que pasaría (en caso de que la Corte se pronuncie en contra)? Que haría firme de alguna manera el sobreseimiento que pidió la anterior PGR a favor del señor Alejandro Gutiérrez y (se estancaría) el caso en esa parte nada más, pero sí continúa el caso contra otros dos de los imputados, de apellidos Tarín y Villegas, y, hasta donde tenemos conocimiento, también en contra de los representantes legales de esas empresas que se prestaron para el desvío del recurso público”, explicó el Consejero Jurídico de Chihuahua.

Espinosa Cortés señaló que, si la sentencia de la Corte es favorable para el estado, no solo podrían emprenderse acciones legales contra el exsecretario del PRI, sino también de otros funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda.

Particularmente, dijo que retomar la investigación permitiría indagar a personajes que hubieran colaborado con Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de Hacienda y quien fue involucrado por testigos de la Fiscalía de Chihuahua como una pieza clave en el desarrollo de la “Operación Zafiro”.

Desde el área que dirigía en Hacienda, Gamboa Lozano tenía el poder de repartir a los estados, mediante convenios de coordinación, recursos millonarios del opaco Ramo 23, especialmente del Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin), precisamente de donde se desviaron los recursos de Chihuahua.

“(Se revisaría) toda aquella información o documentos que en el entorno de esta persona pudiera ayudar a una investigación, y ver en esas investigaciones otro tipo de personajes que hubieran participado en este desvío de recurso público”, explicó Espinosa Cortés.

Animal Político dio a conocer que, tras el asesinato de Gamboa Lozano en mayo de 2020, las autoridades federales descubrieron que estaba vinculado a una red de lavado de dinero internacional a la que fueron inyectados recursos públicos en el sexenio de Peña Nieto y en lo que va de la actual administración obradorista.

Funcionarios del gobierno de Chihuahua relacionados con la investigación del caso Zafiro han expresado que la muerte de Gamboa resultó conveniente para la cúpula del poder peñista, pues el exjefe de Hacienda y colaborador de Videgaray estaba muy familiarizado con presuntos esquemas de desvío de recursos.

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"Dijeron que si no nos callábamos nos violarían": testimonios de manifestantes en Irán

La BBC habló con iraníes detenidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas que se desataron en todo el país.
28 de septiembre, 2022
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“Me pusieron en el suelo y un agente me colocó una bota en la espalda. Me pateó en el estómago, me ató las manos, me levantó de los brazos y luego me empujó a una camioneta”.

Maryam, una manifestante de 51 años, describió así el momento en que las fuerzas de seguridad iraníes la detuvieron.

La mujer fue arrestada la semana pasada en el centro de Teherán, durante las protestas que se han extendido por todo Irán desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, la joven de 22 años que fue detenida por la “policía moral” en la capital iraní el 13 de septiembre por presuntamente violar las estrictas reglas del hiyab (pañuelo que cubre la cabeza).

La policía sostiene que colapsó en un centro de detención después de sufrir un ataque al corazón, pero su familia alega que los agentes le golpearon la cabeza con una porra y la golpearon contra uno de sus vehículos.

Las protestas provocadas por su muerte, encabezadas principalmente por mujeres, comenzaron con demandas para poner fin a las leyes obligatorias sobre el hiyab.

Pero ahora se han convertido en manifestaciones a nivel nacional contra los líderes de Irán y todo el establecimiento clerical.

Comandantes “despiadados”

A pesar de la interrupción generalizada de internet, se han seguido publicando en las redes sociales videos de manifestantes arrestados por las fuerzas de seguridad iraníes.

“Es peor que lo que ves en estos videos”, dijo Maryam, que no es su nombre real.

“Escuché a uno de los comandantes ordenar a sus soldados que fueran despiadados. Las mujeres agentes son (igualmente) horribles. Una de ellas me abofeteó y me llamó espía israelí y prostituta”.

La BBC ha visto videos en los que se observa a los comandantes ordenando a los agentes de la policía antidisturbios que “no se apiaden de los manifestantes y les disparen”.

La lápida de Mahsa Amini

BBC
La lápida de Mahsa Amini apareció en las redes sociales.

Otros videos verificados por la BBC parecen mostrar a las fuerzas de seguridad disparando municiones reales a los manifestantes y arrestando a los que pueden atrapar.

Según los medios estatales, más de 40 personas han muerto durante los disturbios. Los grupos de derechos humanos reportan un número mayor de muertos.

Las autoridades no han compartido el número total de personas que han sido arrestadas.

Sin embargo, el fiscal jefe de Mazandaran, una provincia al norte de Teherán, dijo que al menos 450 manifestantes fueron detenidos solo allí.

Los grupos de derechos humanos dicen que miles de manifestantes están siendo detenidos.

“Empujé a un agente de seguridad hacia atrás y traté de huir, pero muy pronto llegó una segunda persona y una tercera”, cuenta Sam, un joven manifestante de una ciudad importante. “Después de unos segundos, más de 15 agentes me golpeaban sin piedad“.

Y agregó: “Sentí el sabor de la sangre en mi boca y los golpes de una pistola eléctrica en mi cuerpo. Me pusieron en el suelo, me ataron los brazos a la espalda y amarraron mis pies con los cordones de los zapatos”.

“Uno de los soldados me dio una patada en el ojo izquierdo mientras me llevaba (al lugar) donde tenían a los demás detenidos”.

Las “valientes” jóvenes

El presidente Ebrahim Raisi se comprometió a “tratar con decisión” las protestas, que ahora se han extendido a la mayoría de las 31 provincias de Irán.

Para muchos iraníes, Raisi está asociado con las ejecuciones masivas de miles de presos políticos en la década de 1980, cuando era uno de los cuatro jueces que formaban parte de tribunales secretos que los condenaban a muerte.

“Me pusieron a mí ya los otros detenidos en el piso de un autobús uno encima del otro durante una hora y media”, señala Sam.

“Estaba pensando en el papel de Raisi en la ejecución de los presos políticos, y por un momento pensé que podrían ejecutarme“.

Raisi ha insistido en que los ejecutados en la década de 1980 fueron condenados de acuerdo con la ley iraní.

Y aunque el presidente está a cargo en última instancia de la policía antidisturbios y otras fuerzas del orden, no hay evidencia de que les haya ordenado matar a las personas involucradas en las protestas de este mes.

Las mujeres han estado al frente de las protestas

Social media
Las mujeres han estado al frente de las protestas, y muchas se quitaron el hiyab o lo quemaron.

Maryam dijo que las personas detenidas junto a ella continuaron protestando mientras eran trasladadas a una de las principales instalaciones del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI).

“Había otras chicas conmigo en la camioneta, pero eran mucho más jóvenes”, dijo. “Cuando vi lo valientes que eran, me compuse. Comenzaron a ayudarme”.

“Estaban gritando y burlándose de los oficiales. Esta generación es diferente a la mía. No tienen miedo”.

Fotos y videos verificados por la BBC mostraban a los familiares de los manifestantes arrestados haciendo fila frente a la mal reputada prisión de Evin en el norte de Teherán.

Estaban esperando conocer información sobre los detenidos o presentar documentos para asegurar su libertad bajo fianza.

Una persona le dijo a la BBC que las autoridades les habían advertido que no hicieran público el arresto de su familiar “o su situación empeoraría”.

Las familias de los manifestantes arrestados esperando frente a un centro de detención

BBC
Familias de los manifestantes arrestados esperando frente a un centro de detención para recibir información sobre sus familiares.

Pero no todos fueron trasladados a los principales centros de detención. Muchos están recluidos en pequeñas comisarías e instalaciones del CGRI, muchas de los cuales son desconocidas para el público.

“Nos trasladaron a una pequeña comisaría. No estaban preparados para recibir a tanta gente”, le contó Maryam a la BBC. “Pusieron al menos a 60 mujeres, incluyéndome a mí, en una habitación pequeña. Estábamos de pie una al lado de la otra y no podíamos sentarnos ni movernos“.

“Dijeron que no podíamos usar el baño y que si teníamos hambre podíamos comer nuestras heces”.

“Después de casi un día, cuando gritamos y protestamos dentro de la habitación, comenzaron a amenazarnos con que si no nos callábamos, nos violarían”.

“Manteniendo el ánimo alto”

Otra mujer arrestada en una de las ciudades del sur de Irán le dijo a la BBC que mujeres agentes de seguridad habían hecho amenazas de agresión sexual.

“La agente que nos estaba registrando en el centro de detención preguntó mi nombre y me llamó prostituta”, dijo Fereshteh, que no es su nombre real.

“Cuando me quejé, ella dijo que si continuaba le pediría a uno de los hermanos (guardias masculinos de la prisión) que hiciera lo que quisiera (conmigo)”.

Behzad, un manifestante que estuvo arrestado en un importante centro de detención en Teherán, señala: “Mantuvieron a más de 80 personas en una pequeña habitación. Todos estábamos furiosos y doloridos”.

Confiscaron nuestros teléfonos móviles y revisaron nuestras fotos, videos y mensajes para ver si habíamos compartido alguna noticia de la protesta. Si era así, (dijeron que) la iban a agregar a nuestros archivos”.

“A la mañana siguiente, un juez vino a recibirnos. Retiraron los cargos y liberaron a la mayoría de los adolescentes”.

“Pero con los adultos el juez hizo preguntas breves y decidió nuestro destino con base en esa breve sesión judicial”.

Behzad dijo que alrededor del 10% de las personas con las que estuvo detenido fueron liberadas sin cargos, mientras que el resto fue liberado bajo fianza.

Otro manifestante que estuvo en custodia durante dos días en Teherán le dijo a la BBC que, a pesar de las “hostilidades”, los detenidos más jóvenes habían tratado de “mantener el ánimo en alto”.

“Estuve con manifestantes menores de 25 años. Algunos tenían sangre en la cara, pero estaban sonriendo, charlando y bromeando”.

“Uno de ellos me pidió que sonriera y agregó: ‘Salimos victoriosos porque tenemos razón'”.


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