La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, de haber recibido sobornos en el sexenio pasado a partir de tres declaraciones de Emilio Lozoya, de los dichos de cinco testigos aportados por este – dos de cuales se retractaron –, y de la copia del diario de los debates de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la reforma energética.
Se trata de los mismos testigos y pruebas que se usaron en abril pasado para imputar en la trama delictiva al exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, quien desde esa fecha permanece preso luego de haberse presentado voluntariamente a la audiencia. El juez del Reclusorio Norte que lo encarceló es el mismo que ahora ha citado a Anaya a comparecer.
De no presentarse a dicha audiencia, la FGR podría solicitar una orden de aprehensión y una ficha roja a la Interpol en contra del aspirante a la presidencia, lo que lo convertiría en prófugo de la justicia.
Las pruebas en contra de Anaya Cortés y de los otros implicados en este esquema delictivo fueron presentados por los fiscales de la FGR en una audiencia privada realizada en abril ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia. Animal Político tuvo acceso a las transcripciones de dicha audiencia.
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El señalamiento inicial en contra del excandidato presidencial del PAN lo planteó Emilio Lozoya en su denuncia presentada en agosto de 2020 y que amplió posteriormente en dos declaraciones más rendidas en septiembre y octubre de ese mismo año.
En dichas declaraciones Lozoya explica que entre abril de 2013 y agosto de 2014 se formó una organización delictiva a través de la cual se dispersaron 97 millones 190 mil pesos – provenientes de la constructora Odebrecht – entre legisladores del PAN y el PRI. Todo ello a través de múltiples entregas en efectivo y en billetes de denominación de 500 y 200 pesos.
En el caso específico de Anaya, Lozoya sostiene que por instrucción de Luis Videgaray se le habrían entregado 6 millones 800 mil en 2014. El presunto objetivo era que Anaya, quien en ese momento presidía la mesa directiva de la Cámara de Diputados, influyera tanto en su bancada como en el Congreso en general para agilizar la aprobación de la reforma energética.
La entrega de los recursos, según Lozoya, se habría realizado a través de un intermediario de nombre Osiris Hernández, quien recibió el maletín con el dinero en uno de los estacionamientos del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Animal Político verificó en su momento en esta nota que Osiris Hernández efectivamente era una persona cercana al excandidato presidencial del PAN, y que se desempeñó como secretario particular de acuerdo con la página web del Poder Legislativo.
En la carpeta presentada ante el referido juez, la FGR incluyó la declaración recabada el 18 de agosto de 2020 a un primer testigo de nombre Miguel Pérez Esquivel, quien trabajaba como chofer del exdirector de Pemex y de su padre, el empresario Emilio Lozoya Thalmann.
De acuerdo con los fiscales, Pérez Esquivel corroboró que participó en las operaciones de “entrega de dinero en efectivo a funcionarios del Partido Acción Nacional y a legisladores del Partido Acción Nacional”, entre los que figuraba Ricardo Anaya. La entrega de recursos, explicó el testigo, se realizaba siempre entre intermediarios, entre ellos José Velasco Herrera (quien ya falleció), Rafael Jesús Caraveo Opengo (otro testigo colaborador), y una mujer de nombre “Fabiola”.
Otro de los testigos presentados por la FGR para judicializar el caso en contra de Anaya es Froylan Gracia Galicia, exdirectivo de Pemex. En una declaración vertida el 9 de septiembre de 2020, este exfuncionario señaló que recibió en su oficina de Pemex a diversos legisladores panistas quienes a cambio de su apoyo a la reforma buscaban “cobrar diversos favores”.
En el caso específico de Anaya, lo que Gracia Galicia señala es que este presionó para que se concedieran contratos a empresarios cercanos a él. El intermediario en dichas peticiones fue otro panista de nombre Felipe de Jesús Cantú. Según este testigo, Lozoya le autorizó cumplir con las peticiones de Anaya, pues era importante para que transitara la reforma energética.
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Un tercer testigo en el caso es Norberto Gallardo Vargas, exintegrante del Estado Mayor Presidencial y quien laboró como escolta de Lozoya. En un testimonio rendido el 13 de agosto de 2020, esta persona corrobora que se implementó una operación para entregar dinero a legisladores panistas entre los que figuraba Anaya.
La FGR también recabó los testimonios de dos excolaboradores de Lozoya en Pemex: Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, quienes en declaraciones iniciales confirmaron que se implementó una estrategia de sobornos a legisladores por órdenes directas de Luis Videgaray.
Sin embargo, dichos testigos se retractaron posteriormente y se negaron a ratificar sus dichos. No obstante, el juez Fuerte Tapia consideró que eran datos de prueba válidos para sostener inicialmente que existió la presunta asociación delictiva de la que Ricardo Anaya sería parte.
Cabe señalar que en el expediente también figura la declaración de Rafael Caraveo Opengo, aunque este no identifica a Anaya sino solo a exsenadores.
El diario de los debates
Para probar la supuesta participación de Ricardo Anaya en este entramado delictivo, los fiscales de la FGR también presentaron ante el juez varios documentos legislativos para acreditar la inscripción del panista como diputado federal, así como su designación como presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja.
Entre los documentos el juez destacó una copia certificada del diario de los debates de la sesión realizada el 11 de diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados, y en la que se aprobaron los cambios constitucionales en materia de reforma energética con 350 votos a favor y 134 votos en contra.
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Lo relevante de esto, según los fiscales, es que en dicha sesión Anaya votó a favor de dichos cambios legislativos y a su vez lo hizo desde su posición al frente de la mesa directiva de San Lázaro.
“Ricardo Anaya Cortés cuando era diputado federal, posterior a emitir su voto a favor como presidente en la Cámara de Diputados refirió aprobado en lo general por mayoría calificada el proyecto…”, indicaron los fiscales en la audiencia.
La investigación de la UIF
Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda también tiene en curso una indagatoria en contra de Ricardo Anaya y de su entorno financiero, sin que hasta la fecha se hayan dado a conocer públicamente los resultados de esta.
La intervención de la UIF en el caso se dio a partir de la denuncia que presentó Lozoya en contra de más de 70 políticos, exfuncionarios y particulares, entre los que figuraba Ricardo Anaya. Todo ello ante la presunción de que hubo operaciones de lavado de dinero a través de la entrega de sobornos.
Lo que la UIF ya comprobó es que, efectivamente, hubo más de tres mil millones de pesos canalizados por Odebrecht a una red de empresas fantasma en México las cuales, a su vez, lo triangularon en el sistema bancario para que finalmente fuera retirado en efectivo. Una de las posibilidades es que dichos recursos se hayan usado para hechos de corrupción política.
Por este caso la UIF ya presentó dos denuncias formales ante la Fiscalía General de la República.
Orden de aprehensión inminente
Como el propio Anaya dio a conocer en un video, un juez de control lo citó a comparecer el próximo jueves a las 10 de la mañana a una audiencia inicial para darle a conocer la imputación en su contra por los delitos ya mencionados y a su vez, permitir a los fiscales de la FGR que soliciten la vinculación a proceso.
De acuerdo con el experto penalista, Gabriel Regino, esto significa que el caso “ya se judicializó”. Es decir que el juez ya analizó los elementos iniciales y consideró que son suficientes para proceder con el caso a través de un posible proceso. Esto complica la situación legal para el excandidato presidencial, quien se enfrenta al riesgo de que se gire una orden de aprehensión en su contra.
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“El problema que tiene esta persona (Anaya) es que él mismo ya se dio por enterado del citatorio como lo señaló en su video. Y en caso de que no se presente, como ha anunciado, la Fiscalía está ante la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión en su contra” explicó el experto.
Sobre la posibilidad de que pueda solicitar un amparo en contra del citatorio o de una eventual orden de aprehensión, Regino explicó que es una alternativa viable y que muy probablemente obtendría una suspensión provisional. Sin embargo, los jueces de amparo que se la llegaran a otorgar le pedirán que se presente voluntariamente a la audiencia, y en caso de no hacerlo perdería dicho recurso.
Finalmente, si Anaya se va al extranjero como ha anunciado, la FGR tiene la posibilidad de cumplimentar la eventual orden de arresto en contra del excandidato presidencial a través de la emisión de una ficha roja de Interpol.
Respecto a la pena de 30 años de prisión que Anaya dijo que podría alcanzar, esta solo sería procedente si luego de las fases de investigación complementaria se lleve a cabo el juicio oral en el que se pruebe, lejos de toda duda, que es culpable de los ilícitos que se le pretenden imputar.
Solo panistas, hasta ahora
La investigación que la FGR presentó ante el juez del Reclusorio Norte (y que este validó) señala a ocho políticos como integrantes de la presunta asociación delictiva. Hasta ahora solo se ha procedido judicialmente en contra de dos, ambos panistas: Lavalle quien ya está encarcelado y Anaya quien fue citado a la audiencia inicial.
En esa lista hay tres políticos emanados del PRI. Entre ellos está el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que según los fiscales fueron los líderes de esta asociación criminal y quienes le ordenaron a Lozoya ejecutar el esquema de sobornos para sacar adelante la reforma energética.
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El tercer priísta implicado es el exsenador David Penchyna Grub, quien según los fiscales habría servido como puente para acceder a los legisladores de oposición. Ello sumado al hecho de que Penchyna encabezaba una de las comisiones en donde se trabajó el dictamen para sacar adelante los cambios a la constitución.
Los otros implicados en el esquema son todos exsenadores panistas, entre ellos Francisco Javier Cabeza de Vaca en contra del cual la FGR ya procedió, pero por cargos de posible delincuencia organizada. Hasta ahora dichas imputaciones no han procedido debido a que Cabeza de Vaca mantiene fuero como gobernador de Tamaulipas.
A él se suma el exsenador Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas. La FGR confirmó en su momento a este medio que se procederá penalmente en contra de todos ellos en los próximos meses.
